LA HAYA. COMO UN AUTITO CHOCADOR, LA DOCTORA NO TIENE RUMBO NI FRENO

El gobierno de Barack Obama rechazó la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya para dirimir el conflicto de los fondos buitres. Con esto la Doctora confirma que su estrategia judicial es la de los autitos chocadores: no tiene dirección, ni freno y el rumbo es hacia cualquier lado.
Originalmente, la Doctora impulsó la reposición del Stay, la cautelar que suspendía los efectos del fallo del juez Thomas Griesa. Por supuesto el magistrado la desestimó. Luego, la Argentina pidió el desbloqueo de los pagos a los bonistas. Era un pedido sensato, pero igualmente el juez la rechazó.
Hace unos días, nuestros abogados pidieron que Griesa desplace al mediador Pollack. Por ser “parcial”.

Pero el magistrado dijo otra vez… NO.

Luego la Argentina intimó a los bancos Bank of New York y Citibank para que destraben los pagos a los tenedores de bonos. Pero Griesa lo impidió. Luego, la Presidenta exhortó a los bonistas a demandar a los bancos en diversas solicitadas.
Ayer Griesa pidió que no siga con el discurso del “ya pagamos” porque la declararía en desacato.Ayer, la Argentina se presentó ante La Haya y demandó al propio gobierno de Washington. Ayer Estados Unidos rechazó la jurisdicción.
Era una obviedad. La crónica de un rechazo anunciado. La exitosa abogada parece chocar con cada paso judicial. La Doctora no tiene rumbo ni freno.

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La Presidenta lanzó un paquete de medidas económicas para reactivar el consumo

La Nación, viernes 8 de agosto de 2014

Cristina Kirchner formuló ayer en un discurso de 58 minutos por cadena nacional un paquete de anuncios económicos para contener la caída de la actividad económica que se registró en los últimos dos trimestres, para reactivar el consumo e impedir que haya despidos como consecuencia de la parálisis económica y de la entrada en default hace más de una semana, aunque la Casa Rosada lo negaba y aseguraba que no tendría efectos negativos.
Con elogios al modelo económico y curiosas descripciones de la caída de actividad en otros países, como Brasil y Estados Unidos, la Presidenta intentó darles una lectura positiva a las medidas que presentaba, aunque en sí mismas significan una admisión de los problemas de la economía.
Por ese motivo anunció ayer una extensión y aumento del Programa de Recuperación Productiva (Repro), para evitar despidos de trabajadores en empresas; un relanzamiento de los Certificados de Depósitos de Inversión (Cedin), para reactivar la actividad inmobiliaria, paralizada luego del cepo cambiario, y un plan de créditos para fabricar ómnibus de corta distancia.
Además, en un discurso lleno de autoelogios, la Presidenta hizo un llamado desesperado para que los trabajadores “consuman” y no retengan sus ahorros, porque de ese modo, señaló, “pueden perder sus empleos” en el mediano plazo.
La presidenta Cristina Kirchner, que la semana última también había presentado medidas de reactivación, habló casi durante una hora en el Salón de Mujeres y presentó todos los anuncios con unas filminas que tenían una consigna casi deportiva “El Gobierno sale a la cancha”.
En cuanto a la nueva etapa para los Cedin, para impulsar la actividad inmobiliaria, la jefa del Estado señaló que “ahora los bancos podrán cobrar hasta 1,5% de comisión” del monto de esos certificados para la compra de inmuebles. El Cedin fue el instrumento que usó el Gobierno para el plan de blanqueo de dólares en 2013. Se estima que el éxito del relanzamiento también dependerá del futuro blanqueo de dólares.
Sin el cobro de comisiones, y con los cedines inmovilizados en el mercado, Cristina admitió que el mecanismo que impulsó su ex secretario de Comercio Guillermo Moreno “estaba destinado al fracaso”.
Confesó así que la medida apuntó a “incentivar el mercado inmobiliario”, con lo cual admitió implícitamente la parálisis de esa actividad. Cristina explicó que el Banco Central, que preside Juan Carlos Fábrega, dispuso que las comisiones serán de 1% por suscripción; 0,3% por liquidación, y 0,2% por el pago.
Respecto de los planes Repro, para evitar despidos, Cristina lanzó el plan Proemplear, por el cual dispuso un aumento de 1500 a 2000 pesos en la suma que se otorga por empleado a las empresas en situación de crisis y también anunció una extensión de seis meses a un año la duración de este subsidio que se otorga a los empresarios para no despedir personal.
Además, anunció planes de capacitación del Ministerio de Trabajo y dijo que se sumarán al plan Progresar beneficios por 2000 y 2700 pesos. Se lanzó un “programa de financiamiento” para la “renovación” de los ómnibus de corta distancia.
En medio de su discurso, la Presidenta citó ayer al economista liberal Adam Smith, al parafrasear a su ministro de Economía, Axel Kicillof. “El doctor Kicillof me dice que todos quieren ganar plata, terminen con esa locura del socialismo”, sorprendió la mandataria.

OBAMA PODRÍA PONER PUNTO FINAL A LA DISPUTA
Cristina Kirchner volvió a criticar al juez Thomas Griesa por su actitud en el caso de los holdouts que litigan contra la Argentina y citó un artículo del diario británico The Guardian en el que se explica que una simple nota del presidente de EE.UU., Barack Obama, podría cerrar el caso.
“El presidente de los Estados Unidos cuenta con una facultad que es la cláusula de separación de poderes, por la que puede pedirle a un juez que no interfiera con la política exterior”, señaló la Presidenta. “El mismo fondo buitre de Paul Singer quiso embargar a los fondos del Congo, George Bush intervino y bloqueó el embargo de bienes” agregó Cristina Kirchner.

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El Gobierno demandará a EE.UU. ante La Haya por los fondos buitre

La Nación, viernes 8 de agosto de 2014

El gobierno de Cristina Kirchner demandó ayer a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar una “violación de sus inmunidades soberanas” la sentencia del juez de Nueva York Thomas Griesa que obligó a la Argentina a pagar 1500 millones de dólares a los fondos NML Elliott y Aurelius y congeló el pago del bono Discount por casi 900 millones a los bonistas de los canjes de 2005 y 2010.
Debido a la imposibilidad de los tenedores de bonos de cobrar antes del vencimiento el 30 de julio último, nuestro país entró en “default selectivo”, según determinó la mayoría de las calificadoras internacionales. Griesa sostiene que la Argentina no les puede pagar a los bonistas si antes no cumple el fallo con los fondos buitre.
Luego de que se haga la presentación argentina en La Haya, los Estados Unidos deberán decidir si aceptan la jurisdicción del tribunal, algo que según los analistas es improbable que ocurra y podría desembocar en otro fracaso judicial.
La administración kirchnerista consideró que las decisiones de tribunales norteamericanos incurren en “la violación de su obligación internacional de respetar la soberanía de la Argentina, en particular sus inmunidades soberanas”.
También lo acusó de “violación de su obligación internacional de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado” y vulnerar “la obligación internacional de ejercer de buena fe y conforme a derecho las funciones judiciales que la República Argentina ha aceptado en el marco exclusivo del alcance de esta aceptación”. En suma, señaló el Gobierno, “vulneran la determinación soberana de la Argentina de reestructurar su deuda externa”.
El Gobierno acumula una sucesión de traspiés en su estrategia judicial. Originalmente reclamó a Griesa que repusiera el “stay” (medida cautelar) para suspender los efectos del fallo hasta diciembre próximo, algo que el juez rechazó. Luego pidió el desbloqueo de las transferencias congeladas en los bancos pagadores, que también fue desestimado por el juez.
Anteayer, la Argentina intimó a esos bancos a que les pagaran a los bonistas y exhortó a éstos a que reclamen a los bancos, pero Griesa lo volvió a impedir.
En caso de rechazar los Estados Unidos esa jurisdicción, la Argentina dijo que “ese país está en la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo para resolver la presente controversia”. Con esta explicación, emitida por un comunicado del jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, el Gobierno pareció prever el desenlace.
El Gobierno invocó como argumento que esa obligación surge “de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la OEA y del derecho internacional, que imponen a los Estados la obligación de solucionar sus controversias por medios pacíficos”.
En un discurso emitido anoche por cadena nacional desde la Casa Rosada, la presidenta Cristina Kirchner explicó que la Argentina demandó a los EE.UU. y que ahora ese país “tendrá que decidir si acepta esa jurisdicción”.
La mandataria precisó que “se ha presentado en La Haya una demanda contra los Estados Unidos por la actividad de su Poder Judicial” y explicó que “empleados dependientes de ese país han provocado daño conforme a derecho”.

Cristina Kirchner descalificó a Griesa como un “juez municipal, que quiere atropellar y llevar por delante la soberanía de un país” y dijo que sus sentencias “no tienen pies ni cabeza” y caen en un “limbo jurídico”.

Señaló también que La Haya existe “para que los países no nos agarremos a los bombazos o a los misilazos” y resuelvan “pacíficamente sus diferencias”. En su comunicado, el jefe del Gabinete informó en sintonía con la mandataria que “la responsabilidad internacional de los Estados Unidos por la violación de las obligaciones mencionadas surge, principalmente, de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial”.
Sostiene por ello que “un Estado es responsable por la conducta de todos sus órganos” y que “las violaciones mencionadas han generado una controversia entre la República Argentina y los Estados Unidos, que nuestro país somete a la Corte Internacional de Justicia para su resolución” por ser principal órgano judicial de la Naciones Unidas.

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