Disputa del Gobierno y Fein por el regreso de Nisman

La Nación, jueves 29 de enero de 2015

La desconfianza del Gobierno en la investigación judicial de la sospechosa muerte del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman , se transformó ayer en un intercambio de acusaciones entre la Casa Rosada y la fiscal de la causa, Viviana Fein.

Fein dijo que el fiscal volvió al país en la fecha prevista y desmintió a la Presidenta, que, al igual que muchos funcionarios, había argumentado con tono suspicaz que Nisman interrumpió sus vacaciones para regresar a Buenos Aires a presentar la denuncia contra el Gobierno por encubrir a iraníes acusados por el ataque a la AMIA.

La Casa Rosada respondió de inmediato: por medio de su cuenta oficial de Twitter presentó diversos argumentos que abonarían la tesis de un regreso imprevisto y justificarían la supuesta intención conspirativa de Nisman.

No fue el único choque. El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, reforzó la estrategia de tender un manto de sospechas sobre Lagomarsino, el empleado de Nisman que admitió haberle prestado el arma con la cual murió el fiscal. “Ese muchacho hacía servicios de inteligencia”, dijo.

Cristina Kirchner también había apuntado a Lagomarsino en su discurso por cadena nacional y pidió que se lo investigue.

El lunes pasado, la Presidenta había vinculado al único imputado con el Grupo Clarín y lo calificó de “feroz opositor” al Gobierno. Sin embargo, Lagomarsino desmintió a todo el Gobierno a través de su abogado, Maximiliano Rusconi, sobre su supuesta condición de servicio de inteligencia.

Más aún, Rusconi anticipó que pedirá ante la jueza Fabiana Palmaghini que Cristina Kirchner y Fernández declaren en la causa para que “informen lo que saben” por su condición de funcionarios públicos. Se lo interpretó en Balcarce 50 como un abierto desafío.

En el mismo día, el técnico en informática Lagomarsino hizo su aparición pública en una conferencia de prensa y reveló que Nisman le pidió la pistola porque tenía profundo temor a su custodia personal, dispuesta por la Policía Federal. En Olivos lo entendieron como un tiro por elevación al secretario de Seguridad, Sergio Berni, de quien dependen las fuerzas federales de seguridad.

Incluso, la fiscal Fein contradijo otra vez a la Casa Rosada en su ofensiva contra Lagomarsino, cuando aseguró que el ex empleado “no está imputado” por la muerte de Nisman, sino sólo por haberle suministrado un arma sin permiso de portación.

Por la cuenta oficial de Twitter de la Casa Rosada @CasaRosadaAR, el Gobierno le contestó a Fein, quien había informado que Nisman no había interrumpido sus vacaciones porque tenía previsto regresar el 12 de enero con pasaje aéreo reservado.

El tuit de la Casa Rosada cuestionó: “Nisman por whatsapp: «Debí suspender intempestivamente mi viaje». Le creemos a Nisman o a la fiscal Fein?”. Se refería a un mensaje del fiscal a sus conocidos en el que agregaba que en ese viaje festejaría los 15 años de su hija. “Imaginarán lo que eso significa”, acotaba. Ese mensaje, anticipado la semana última por LA NACION, agregaba: “A veces en la vida los momentos no se eligen. Simplemente las cosas suceden, y eso es por algo. Esto que voy a hacer ahora igual iba a ocurrir. Ya estaba decidido. Hace tiempo que vengo preparándome para esto, pero no lo imaginaba tan pronto”..

EL PASAJE DE NISMAN

La fiscal Fein había dicho que el regreso de Nisman había sido previsto con anticipación: “Información oficial de la empresa Iberia establece que sacó el pasaje de regreso el 31 de diciembre desde Buenos Aires, para arribar el 12 de enero. Sacó dos pasajes, porque quería volver con su hija, que festejaba los 15 años. Por razones privadas de la pareja, volvió solo”, dijo la funcionaria judicial.

Además, señaló que Nisman tenía pensado retornar el 19 de enero a España. “Pero como la hija no estaba en Buenos Aires, canceló también el pasaje de retorno”, aseguró Fein.

La fiscal le tomó declaración testimonial a la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, que conversó con él sobre esa situación familiar. Sin embargo, en Twitter la Casa Rosada reprodujo supuestas declaraciones de Arroyo Salgado que según el canal oficialista CN23 decían: “Yo tampoco sé por qué Nisman regresó antes al país”.

El malestar de la Casa Rosada con la jueza Palmaghini y con la fiscal Fein fue anticipado el domingo por LA NACION. La Presidenta y Berni consideran que son lentas, que no piden medidas de prueba y que no dirigen bien la investigación.

También Fein pareció enfrentarse abiertamente a Olivos cuando ayer señaló que “no hay elemento por el momento que pueda comprometer a Lagomarsino en un hecho doloso de mayor gravedad”. Aclaró que por ahora no le tomará declaración indagatoria y que sólo está imputado por prestarle el arma a Nisman.

“El señor Lagomarsino está imputado en forma muy genérica por mí, sin haber pedido indagatoria, que por el momento no la voy a pedir, solamente por la facilitación del arma”, señaló Fein. Sin embargo, Aníbal Fernández había echado un fuerte manto de sospecha. “Nos empieza a preocupar la situación de este muchacho que hacía servicios de inteligencia en las marchas de familiares de las víctimas de Cromagnon”.

Fundó su acusación en una denuncia del abogado José Iglesias, padre de un joven que murió en la tragedia de Cromagnon y que lo señaló como quien tomaba imágenes como “aficionado” de un acto de conmemoración de las víctimas. Según esa denuncia, Lagomarsino acusó un desperfecto en su cámara y luego se retiró al ser descubierto.

“Llama la atención alguien que no iba a la fiscalía, que prácticamente no lo conocían, que dicen que era especialista en informática y cobraba $ 40.000 por mes”, dijo Fernández.

Como respuesta, el abogado Rusconi anticipó que pedirá que la Presidenta y Fernández declaren en la causa. “Voy a sugerir que Cristina Fernández y Aníbal Fernández, ya que tienen tanta información, se presenten como testigos”, dijo.

“LLAMATIVO SEGUIMIENTO DE LA CÁMARA”

Ayer, en el comunicado difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ), en el que se informaron las medidas que tomó la jueza Fabiana Palmaghini, se explicó que el 23 de este mes se le pidió a la fiscal Viviana Fein que se incorpore al expediente una copia de la grabación difundida por el canal C5N que da cuenta del último arribo de Nisman al aeropuerto internacional de Ezeiza, “ante lo llamativo que resulta el constante seguimiento que la cámara realiza sobre el nombrado”.
Según informó a la nacion una calificada fuente oficial, el video habría sido editado por personal de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) que cumple tareas especiales en el aeropuerto de Ezeiza. Según el informante, los espías grabaron y compilaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad que hay en Ezeiza.

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Carlés, un discípulo de Zaffaroni, el elegido de la Presidenta para la Corte

La Nación, jueves 25 de enero de 2015

El gobierno de Cristina Kirchner anunció ayer que propondrá como candidato para cubrir una vacante en la Corte Suprema al abogado penalista Roberto Manuel Carlés, de apenas 33 años, que, según los primeros trascendidos de la Casa Rosada, fue sugerido por el ex ministro del tribunal Raúl Eugenio Zaffaroni , de quien es discípulo y con quien comulga en lo doctrinario. Tendría el aval del papa Francisco.

La propuesta, que debe ser convalidada por el Senado, con los dos tercios de los votos, tropezará con el anticipado rechazo de la oposición, lo que dificultará su aprobación.

La más reciente aparición pública de Carlés es su actuación como coordinador de la Comisión de Reforma del Código Penal, cuyo proyecto no fue tratado aún en el Congreso porque mereció fuertes críticas de la oposición. Entre otras cosas, eliminaba la reincidencia y reducía las penas para delitos graves.

“Es un zaffaroniano puro. Es como Zaffaroni, pero con 33 años y tiene un gran aprecio del papa Francisco. Se podría decir que ambos lo sugirieron como hombre para la Corte”, resumió a LA NACION un altísimo funcionario del entorno presidencial.

“No es de La Cámpora ni de Justicia Legítima”, agregó ese informante después del anuncio del ministro de Justicia, Julio Alak. Sin embargo, se lo considera un militante de la doctrina del abolicionismo penal, según la cual las penas no deben ser un castigo, sino una herramienta para reinsertar a los reclusos en la sociedad.

La oportunidad para formular el anuncio no fue tomada al azar. Por un lado, vencía el plazo legal de 30 días para presentar el nombre del candidato a suceder a Zaffaroni, que renunció el 31 de diciembre.

En la oposición sostienen que con el nombramiento la Presidenta buscó desplazar del foco de la atención pública el caso de la sospechosa muerte del fiscal especial de la AMIA, Alberto Nisman. El radicalismo ya anunció que no le dará al Gobierno los dos tercios de los votos en el Senado para que nombre en la Corte a un “militante” del kirchnerismo. Podría ser ésa la próxima pulseada política. Así, como una bomba de humo, la Casa Rosada lograría sacar de la discusión el conflicto por la muerte de Nisman, que claramente le incomoda frente a las elecciones.

Lo cierto es que ayer la Casa Rosada estaba embretada en una pelea con la fiscal Viviana Fein, que investiga la muerte de Nisman, y con el imputado Diego Lagomarsino, que negó su vinculación con el hecho y con la Secretaría de Inteligencia, dos acusaciones que le formuló el Gobierno.

El anuncio de Carlés agregó otro tema al debate. El abogado penalista dijo en el canal chavista Telesur que apoyaría la disolución de la SI y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que, según dijo, era una “deuda con la democracia”.

En la oposición, se abren ahora dudas sobre la aprobación del pliego de Carlés en el Senado. “La UCR no podía negarse a aprobar a León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra o Mónica Pinto. Pero no puede aprobar a Carlés, que es abierto militante K”, decían ayer en el Parlamento.

De acuerdo con el decreto 222/03, a partir de la propuesta, el Gobierno debe publicar durante tres días, en el Boletín Oficial y en dos diarios nacionales, los antecedentes del candidato, para que, en un plazo de 15 días, los ciudadanos, ONG, colegios y asociaciones profesionales y entidades académicas y de derechos humanos puedan presentar observaciones.

En la Casa Rosada, defendieron a Carlés. “Tiene formación católica y era muy amigo de Alicia Oliveira, muy cercana a Francisco“, dijo una alta fuente oficial. “Tiene excelente relación con el Papa”, agregó. De hecho, se entrevistó dos veces con el Santo Padre en Roma y le presentó el nuevo proyecto del Código Penal.

¿Lo sugirió Zaffaroni o el Papa?, preguntó LA NACION a un allegado a la Presidenta. “Ambos tuvieron que ver”, dijo una fuente oficial.

Pero la buena relación con Francisco, al parecer, no siempre fue así. En 2011, cuando el kirchnerismo estaba enfrentado con Bergoglio, Carlés escribió en su cuenta de Twitter: “¿Cómo puede Bergoglio hablar de trabajo, y a los trabajadores? Bergoglio, que no laburó nunca en su vida!”.

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El Gobierno quiere extender su poder en Inteligencia

La Nación, miércoles 28 de enero de 2015

El nuevo proyecto del Gobierno para “democratizar” los servicios de inteligencia profundizará la concentración en la presidenta Cristina Kirchner de todos los factores del poder real en la materia. Las escuchas telefónicas con orden judicial seguirán en manos del kirchnerismo y no se afectará al jefe del Ejército, César Milani, al que se le atribuye el mayor peso en el espionaje oficial.

Además, se le incorporará a la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) el área de investigaciones criminales. Se crearía así una “superagencia” de inteligencia.

La sospechosa muerte del fiscal Alberto Nisman, el domingo pasado, desencadenó el anuncio de la reforma de la ex SIDE para atenuar el impacto de la crisis política. Pero Cristina Kirchner aprovechó el conflicto para reforzar su poder.

La AFI estará conducida por un director y un subdirector nombrados por el Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, informó ayer que su mandato durará “lo que dura un presidente”.

Los partidos opositores cuestionaron duramente el contenido del texto y amenazaron con boicotear el debate legislativo. Denunciaron que Cristina Kirchner podría designar por cuatro años a los nuevos directores de la AFI y bloquear así el nombramiento de los jefes al presidente que asuma en diciembre próximo. En la Casa Rosada lo niegan de manera terminante.

Aclararon que “el plazo del mandato del Presidente” implica que el próximo jefe se irá con Cristina Kirchner.

En rigor, los funcionarios destacaban ayer como relevante el traslado de las escuchas telefónicas al Ministerio Público.

“La SI perderá el control de las escuchas, que es el principal factor de poder. El juez las tendrá que pedir al fiscal y las controlará la Procuración”, dijo a LA NACION un ministro.

“Es el avance más importante”, agregó. Sin embargo, la procuradora general de la Nacion, Alejandra Gils Carbó, responde incondicionalmente a la Presidenta. En buen romance, Cristina controlará esas intervenciones.

Por otra parte, la controversia sobre las “pinchaduras telefónicas” nunca estuvo en las intervenciones telefónicas con orden judicial. Las que implicaban “espionaje político” eran aquellas sin orden judicial, las ilegales. El nuevo proyecto nada diría sobre éstas porque, en teoría, “no existen”.

Sin embargo, la nueva AFI podría retener la tecnología que hoy utiliza la Secretaría de Inteligencia (SI) para interceptar comunicaciones de todo tipo. Además, en la Casa Rosada le atribuyen a Milani haber incorporado tecnología para seguimiento de comunicaciones telefónicas e informáticas. Milani no será rozado por el proyecto de ley que enviará la jefa del Estado al Congreso en estos días. Las pinchaduras ilegales podrían ahora quedar en manos de la AFI, el Ejército o de la Procuración.

Milani no es un actor de reparto. Desde 2010, en plena “guerra de espías” en la SI, con peleas sordas de algunos de ellos con la Presidenta, Cristina Kirchner le aumentó a Milani su presupuesto un 156% hasta 2014. Y lo incrementó 32% en 2015. La Inteligencia del Ejército tiene una partida de 568 millones de pesos.

La mandataria no anunció el presupuesto de la AFI. Ni tampoco aclaró cómo se trasladarán los 2000 empleados de la SI a la nueva agencia.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, señaló ayer que “la conformación del personal de Inteligencia será motivo de la nueva constitución orgánica, de los procesos de selección de su personal, conforme al perfil que adquirirá la agencia”.

En el Gobierno aseguraban ayer que se pasará a disponibilidad el actual personal y luego se producirá una nueva selección, que podría tener filtros ideológicos para asegurar una purga en la nueva planta.

Nadie podía responder ayer cómo seleccionarán el personal. El texto del proyecto de ley esta aún en manos del secretario legal y técnico Carlos Zannini, para revisar todas las incompatibilidades que podría tener. Por lo pronto, debería modificar dos leyes: la de defensa y la de inteligencia nacional.

El discurso de anteayer de Cristina Kirchner para anunciar la disolución de la SI tras el caso Nisman y crear la AFI se argumentó en la necesidad de terminar con las malas prácticas de los servicios de inteligencia que se utilizan para presionar, perseguir y extorsionar a jueces, fiscales, dirigentes opositores, legisladores, periodistas y empresarios.

Sin embargo, la mandataria echó entre diciembre y enero al ex director de Operaciones de la SI Antonio “Jaime” Stiusso, y a unos 30 agentes que le respondían, a los que el Gobierno le atribuía esas costumbres en forma excluyente. Se suponía que los agentes que quedaron bajo las órdenes de Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, la nueva conducción, estaban controlados por el kirchnerismo.

La mandataria acusó a Stiusso de la muerte de Nisman, pero luego disolvió la SI de la que había expulsado a ese agente hace un mes. ¿En quién no confiaba ahora la Presidenta? No hubo respuesta en Balcarce 50.

La nueva AFI retendrá la competencia de hacer inteligencia sobre terrorismo, narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, delitos informáticos y económicos. Pero además, según anunció la Presidenta, incorporará la Dirección de Inteligencia Criminal, que hoy depende del Ministerio de Seguridad (Sergio Berni) y que reúne los servicios de inteligencia de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y policías provinciales. La nueva AFI podría ser así una Superagencia de Inteligencia.

En cambio, Capitanich señaló ayer que la reforma de los servicios de inteligencia es “un avance cualitativo y contundente”, y sostuvo que “se terminará con las especulaciones” sobre las escuchas telefónicas.

PRINCIPALES CAMBIOS
  • Cristina Kirchner disolverá la Secretaría de Inteligencia y creará la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
  • Nada dijo sobre el papel de Milani, al que muchos creen fortalecido.
  • El control de las escuchas telefónicas con orden judicial pasará al Ministerio Público Fiscal, que controla Alejandra Gils Carbó.
  • La Agencia retendrá la competencia de hacer inteligencia sobre terrorismo, narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, delitos informáticos y económicos. Sumará la Dirección de Inteligencia Criminal, que hoy depende del Ministerio de Seguridad.
  • La AFI estará dirigida por un director y un subdirector, designados con acuerdo del Senado. Tendrán mandatos por cuatro años
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