Gestos del Gobierno para bajar la tensión con gobernadores del PJ

LA NACIÓN, 28 de enero de 2016

El gobierno de Mauricio Macri les dio contención política a los gobernadores del PJ. El ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, recibió ayer a once mandatarios y dos vicegobernadores del peronismo y acordó con ellos negociar dentro de dos semanas la restitución progresiva del 15% de coparticipación que la Nación les retiene a los distritos y devolver en cinco semanas más de 10.000 millones de pesos adeudados en obras públicas y planes sociales.

Frigerio anunció además que el Presidente firmará un decreto correctivo del decreto 194 de 2016, que aumentó la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires (CABA) de 1,4 a 3,75% de la torta coparticipable. Se trata de 14.500 millones de pesos que deben financiar el traspaso de la Policía Federal (PFA) a la Ciudad.

El nuevo índice de coparticipación disparaba automáticamente un aumento idéntico para la Capital en el fondo de la soja, que se reparte entre todas las provincias. Esto último, considerado un error político del Gobierno, provocó el reclamo de todos los gobernadores y es lo que se corregirá, tal como se informa por separado.

Según confiaron a LA NACION allegados a Frigerio, “la reunión fue positiva, hubo gestos del Gobierno, que asumió errores, y logros políticos de los gobernadores, y un compromiso conjunto de apostar al federalismo”.

Los acuerdos, logrados luego de más de dos horas de reunión, fueron anunciados por Frigerio y por los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey, y de San Juan, Sergio Uñac, en una rueda de prensa en el Salón de Conferencias de la Casa Rosada.

El funcionario macrista adelantó que el Gobierno se comprometió a “ponerse al día en cinco semanas” con una deuda que mantiene con las provincias de más de 10.000 millones de pesos: más de 7000 millones corresponden al pago atrasado de obras públicas y más de 3000 millones, a planes sociales demorados.

También informó que dentro de dos semanas comenzará una negociación entre la Casa Rosada y todos los ministros de Hacienda provinciales para la devolución progresiva del 15% de la coparticipación que la Nación les retiene a las provincias desde 1992 para la Anses y que los gobernadores del PJ nunca reclamaron a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Ese porcentaje fue restituido en diciembre último por la Corte Suprema a las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis, que habían demandado a la Nación, juicio que duró diez años. El gobierno de Macri comenzó a cumplir el fallo en diciembre mismo y el resto de las provincias ahora reclaman idéntico trato.

Fondos que no están

Para las tres provincias beneficiadas por el fallo, ese 15% equivale a 12.000 millones de pesos anuales. Si la Nación debiera restituir esos recursos a todas, necesitaría entre 80.000 y 90.000 millones de pesos en 2016, recursos que hoy no tiene.

Por eso se anticipa una ardua negociación. Un gobernador aseguró a LA NACION que las provincias descuentan que la devolución será progresiva y no inmediata. “Esto no es dogmático. Sabemos que no podrán darnos 80.000 millones. Pero vamos a ponernos en un punto intermedio y negociar otras cosas: peras, manzanas o bananas”, aseguró.

Con ese 15%, el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner financiaba la Anses y todos sus programas de “distribución del ingreso”, que eran aplaudidos por todos los gobernadores en los actos celebratorios en la Casa Rosada.

Pero ayer no hubo autocríticas. Urtubey aseguró que siempre impulsó un fondo de convergencia y Uñac señaló que el nuevo reclamo obedecía al fallo de la Corte -su antecesor, José Luis Gioja, de San Juan, nunca demandó judicialmente en épocas kirchneristas- y al decreto que beneficiaba a la Capital, lo cual dejaba en desventaja a 20 provincias.

De la reunión participaron Frigerio; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, y el secretario de Relaciones con las Provincias, Alejandro Caldarelli.

De los gobernadores, además de Uñac y Urtubey, estuvieron Gustavo Bordet (Entre Ríos), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Domingo Peppo (Chaco), Carlos Verna (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Sergio Casas (La Rioja), Lucía Corpacci (Catamarca) y Juan Manzur (Tucumán).

Además, participaron los vicegobernadores de Santiago del Estero, José Emilio Neder, y su par de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.

“Hay que transferir recursos, pero también hay que transferir responsabilidades”, expresó Frigerio durante la conferencia de prensa. Se refería a que las provincias se hagan cargo de financiar las obras públicas y la seguridad, sin asistencia de la Nación.

Urtubey y Uñac dijeron que quieren agotar la discusión política y administrativa, pero que si éstas fracasan, recurrirán ante la Corte Suprema. Consultado sobre posibles acuerdos parlamentarios a cambio de recursos, como un día antes había sugerido el senador Miguel Pichetto, jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Frigerio dijo que el Gobierno “no canjea obras por leyes”.

Para Larreta no fue una sorpresa

La Casa Rosada se comprometió a corregir el decreto que traspasó la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires, ya que contemplaba recursos extras provenientes del Fondo de la Soja y el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi). El anuncio no tomó por sorpresa al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Era lógico que se corrigiera el decreto porque estaba adosado lo de la soja y eso no nos correspondía. No hay ningún inconveniente”, informaron ayer a la nacion fuentes oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El traspaso de recursos extras al distrito que lidera Rodríguez Larreta, aliado del presidente Mauricio Macri, fue el disparador para que los gobernadores del PJ unifiquen sus reclamos contra la administración nacional. Así lo reconoció ayer el mandatario de Salta, Juan Manuel Urtubey.

Una tratativa con avances

Detalle de lo acordado por la Nación y los gobernadores

Coparticipación federal

En dos semanas se comenzará con una restitución progresiva del 15% que la Nación les retiene a los distritos. Sin embargo, los gobernadores dejaron latente su amenaza de judicializar el reclamo

Pago de deuda

En cinco semanas, se desembolsarán más de $ 10.000 millones adeudados en obras públicas y planes sociales

Mesa de trabajo

Se conformará una mesa técnica para analizar la descentralización de recursos y evaluar un mecanismo para la distribución de la coparticipación federal

Decreto correctivo

Se corregirán los montos de dinero que serán destinados a la Ciudad de Buenos Aires para solventar los gastos por el traspaso de la Policía Federal

Asistentes

Participaron ayer 11 gobernadores y dos vicegobernadores del peronismo. Los distritos que estuvieron representados fueron San Juan, Salta, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Chaco, La Pampa, Formosa, Santa Cruz, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Misiones

del editor: qué significa. La relación del Gobierno con los gobernadores podría guardar la llave de los proyectos oficialistas en el Congreso; las señales de ayer atienden ese frente.
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Las correcciones al decreto de la polémica

LA NACIÓN, 28 de enero de 2016

El ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, acordó ayer con los gobernadores del PJ que Mauricio Macri firmará un decreto correctivo del decreto 194 de 2016, que hace dos semanas le aumentó la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) de 1,4 a 3,75% de la masa coparticipable. Si bien se mantendrá el porcentaje, se aclarará que no afectará al reparto del fondo sojero y del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) a las demás provincias.

El decreto cuestionado estableció una transferencia de $ 14.500 millones para cubrir el traspaso de la Policía Federal -sueldos y gastos operativos- desde la órbita nacional al gobierno porteño que dirige Horacio Rodríguez Larreta.

Pero el nuevo índice de coparticipación de la CABA disparaba automáticamente un aumento idéntico en lo que la Capital Federal recibiría por el Fondo Federal Solidario (exportaciones de soja) y por el Fonavi.

El fondo sojero reparte entre todas las provincias el 30% de la recaudación nacional de retenciones a las exportaciones de soja. Se distribuye automáticamente según el índice de la coparticipación federal, aunque no forma parte de ésta.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, explicó que el Fonavi se repartía según los mismos índices y que también resultaría afectado.

El aumento del fondo sojero y del Fonavi a la Capital fue lo que de-sencadenó la protesta general de los gobernadores del PJ e incluso de algunos afines al macrismo, como Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Ricardo Colombi, de Corrientes. Por lo tanto, esto último es lo que se corregirá.

El decreto 194, que según pudo saber LA NACION es considerado un error político en la propia Casa Rosada, será corregido por otro decreto, que especificará que ese giro, de 14.500 millones de pesos, se aplicará estrictamente a los gastos del traspaso reciente de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal, del gobierno nacional a la Ciudad. Esta afectación específica de los recursos no estaba consignada en la norma.

En el mismo sentido, dejará aclarado que ese aumento de 1,4 a 3,75% (la diferencia es 2,35%) en la coparticipación federal no se traducirá automáticamente en un incremento idéntico para la CABA en el fondo sojero ni de la vivienda. Ese anuncio, a todas luces, dejó más tranquilos a los mandatarios del peronismo.

“No se reducirá el 3,75%, ni los 14.500 millones de pesos, sino que se especificará que sólo se aplicarán a cubrir los gastos de la Policía Federal y no se aplicarán al fondo sojero”, dijo a LA NACION una fuente oficial del Ministerio del Interior que dirige Frigerio.

“Hemos acordado con los gobernadores que el traspaso de la Policía Federal a la CABA se haga como dicta la ley con los recursos correspondientes”, dijo Frigerio en la conferencia de prensa. Y aclaró lo del decreto correctivo, un mal paso que desató el mayor conflicto entre los gobernadores y la Casa Rosada desde la llegada de Macri al poder.

En una tensa reunión, Carlotto le transmitió reclamos al Gobierno

LA NACIÓN, 28 de enero de 2016

El gobierno de Mauricio Macri recibió ayer, en una tensa reunión, a los organismos de derechos humanos, encabezados por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Las entidades presentaron duros reclamos por la detención de Milagro Sala y los despidos de empleados públicos, y exigieron la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad.

Los organismos fueron recibidos por el jefe del Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis. Garavano les garantizó que continuarán los juicios, pero sus interlocutores no se retiraron conformes. Además de Carlotto, concurrieron la organización Hijos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otras.

Los funcionarios dijeron en la reunión -y luego a la prensa- que “es responsabilidad del que gobierna llevar adelante las políticas públicas” en el área. Garavano aseguró que el Gobierno “ratifica la política del Estado en materia de memoria y justicia”, aunque admitió que “hubo puntos de coincidencias y algunos de divergencia”.

Carlotto planteó sus duras quejas por no haber sido recibida por el presidente Mauricio Macri, como ocurría en la época del kirchnerismo. Dijo que la reunión fue “extensa y clara” y que “hubo momentos de discrepancia, donde nosotros nos sentimos muy preocupadas por los despidos masivos, por la detención de Milagro Sala y la estructura de achicamiento en lugares de trabajo de derechos humanos”.

Las organizaciones entregaron un documento en el cual reclamaron la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, la búsqueda de personas nacidas en cautiverio, la búsqueda e identificación de los cuerpos de miles de desaparecidos y la preservación de los sitios y espacios de memoria.

Carlotto relató que tuvo un contrapunto con Peña cuando presentó el documento, en el que se culpa al Gobierno de tener “las puertas cerradas en el debate de temas centrales de nuestro país”, lo cual -añade- “nos remite a períodos a los que los más de 40 millones de argentinos ya dijimos «Nunca Más»”. Ello molestó al jefe de Gabinete, por la comparación con la dictadura militar. También exigieron que no se nombren represores en la nómina del Estado y que funcione el Congreso.

“No les gustó la frase «Nunca Más» que nos recuerda el Parlamento cerrado”, dijo Carlotto. Y señaló que el objetivo de la reunión no fue “agraviar, sino dialogar; si hubiéramos sentido como agravio cuando, en campaña, el Presidente dijo que éramos «un curro», no hubiéramos venido. Son accidentes que hay que dejarlos pasar”.

Garavano dijo que la continuidad de los juicios “está fuera de discusión” y que es “una política de Estado”. No obstante admitió discrepancias: “Plantearon algunas cuestiones que exceden a la agenda de derechos humanos y tienen que ver con una agenda política. Nosotros señalamos que no compartíamos ese enfoque”.