Planes sociales o puestos de trabajo. Cómo pasar de la dádiva a la libertad. ¿Y si probamos tra-ba-jan-do?

La CGT, el PJ y las organizaciones sociales le plantean al gobierno de Mauricio Macri el Plan de Emergencia Social para lo cual obtuvieron 30.000 millones de pesos a tres años, en un registro de trabajadores informales, y ahora van por una obra social para piqueteros. La cuestión social es grave en la Argentina y por eso requiere una solución integral.

Hay 32,2 % de pobreza, hay 2 o 4 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian y que cobran planes sociales o AUH sin contraprestación laboral y educacional. El 40% de la economía y de los trabajadores están en negro.

Esto último provoca el incremento e la presión tributaria año a año sobre el sector formal y más en un contexto recesivo y con baja de recaudación.

Por eso, creo que el Estado debería tomar el toro por las astas y crear un programa integral que ataque todos los problemas al mismo tiempo aprovechando el reclamo social por más derechos y exigiendo obligaciones:

1-Ordenar la obligatoriedad para todos los beneficiarios de planes sociales (AUH incluido), que no trabajan ni estudian, de cumplir una contraprestación laboral o de capacitación laboral.

2-Crear un registro de beneficiarios para convocarlos al trabajo o a la capacitación, en una coordinación entre el Estado, el sector privado, los sindicatos y la sociedad civil.

3-Inscribirlos en la AFIP como nuevos contribuyentes sociales, con un impuesto mínimo, con CUIL o CUIT, y cobrarles un impuesto mínimo sobre su ingreso, pero a partir del cual a medida que vayan consiguiendo nuevos trabajos irán tributando más pero ya en blanco.

4-Desistir de la idea de una obra social ad hoc para ellos, que requerirá seguramente más subsidios del Estado, que pagan los contribuyentes actuales, y volcarlos a las obras sociales ya existentes en el regimen de monotributo o empleada doméstica, más un mejoramiento sustancial del hospital público.

Es cierto que la llagada de las inversiones creará varios millones de puestos de trabajo, pero estos beneficiarán sólo a los sectores “empleables”, muchos sindicalizados, con experiencia laboral anterior y que tengan alta o media calificación laboral.

No impactará desgraciadamente en los sectores de pobreza estructural, beneficiarios por excelencia de planes sociales y AUH, por su bajísima o nula calificación laboral. Son vagones del tren que quedarán desenganchados. Y desde la perspectiva empresaria serán parte del problema de la falta de RRHH capacitados.

Por eso el objetivo de este programa es crear 2 o 4 millones de puestos de trabajo ADICIONALES, en el plazo de algunos años (los plazos no se pueden prever, pero sí el rumbo).

Las organizaciones sociales estarán muy conformes con esta obligatoriedad porque ellas mismas impulsan “la creación de 1 millón de puestos de trabajo” con los planes sociales. Y a partir de este programa se marchará hacia ese objetivo.

Según una encuesta de mi cuenta de Twitter, el 97% de los votantes opina que los que reciben planes sociales y no trabajan ni estudian DEBEN trabajar o capacitarse para el trabajo. En eso, el Gobierno tiene garantizado un consenso social mayoritario. Nuestros padres nos enseñaron a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente.

¿Ayudamos a los pobres dándole una dádiva o los anulamos para toda su vida si no le ofrecemos una salida hacia la libertad?

Decretada esta obligatoriedad, los beneficiarios deberán cumplirla cuando sean convocados por el Estado: el Gobierno convocará por tandas y segmentos, por los que unos deberán cumplirlo en el corto plazo, otros en el mediano y otros en el largo plazo.

Pero todos tendrán esa obligación latente.

A partir de entonces, el Estado podría convocarlos a través de oficinas de la Anses y de Trabajo, en todas las provincias, para cumplir con cursos de formación obligatorios.

En caso de no presentarse o no cumplir los cursos, el beneficiario perderá progresivamente su derecho al ingreso en un lapso de algunos meses.

Por el contrario, en caso de cumplirlo se le mejorará progresivamente el ingreso según su rendimiento. Ni más ni menos que aplicar un sistema de premios y castigos.

El beneficiario tendrá la obligación de hacer los cursos, pero tendrá también el derecho y la libertad de elegir su curso de capacitación, según su vocación laboral, de un la lista o menú de distintos cursos.

Los ministerios de Producción, Agroindustria, Trabajo y Educación podrían organizar y diseñar la lista de los cursos de capacitación por regiones según las prioridades y demandas productivas y laborales de cada zona del país y según un “mapa de inversiones”.

Para ello, Interior podrá coordinar con los Gobernadores e Intendentes, que volcarán sus necesidades y sus recursos. Producción, Agroindustria y Trabajo coordinarán con las empresas y los sindicatos.

La Mesa del Dialogo por la Producción y el Trabajo podría diseñar los primeros cursos con recursos y capacitadores de empresas y sindicatos, según el mapa inmediato de inversiones.

Las provincias y municipios podrían aportar sus estructuras estatales –oficinas, edificios, espacios ociosos- para organizar los cursos.

Los cursos deberían ser de 6 horas diarias, con descanso para almuerzo,  y tendrán una duración de un año lectivo tras el cual se graduaran con diploma del Ministerio de Educación. Combinará conocimientos técnicos de oficios, formación actitudinal y terminalidad educativa.

Las empresas y los sindicatos podrían aportar capacitadores, maquinarias, espacios físicos y/o talleres para las capacitaciones.

Las Fuerzas Armadas podrían aportar espacios físicos, campos, tierras, transporte terrestre y aéreo, logística, cocinas, talleres, fabricas (de aviones como Fadea), entre otros.

La Iglesia y diversos cultos religiosos pueden aportar en el marco de diálogo intersectorial y de contención espiritual para los beneficiarios que se inscriban en  los cursos.

El ministerio de Salud puede organizar un censo sanitario del estado de salud de los beneficiarios y disponer de las primeras atenciones médicas para su mejoramiento en el caso de ser necesario. Censo sanitario.

La secretaría de Deportes podrá organizar actividades deportivas alrededor de los cursos para la recreación y el mejoramiento del estado físico de los beneficiarios. Podrá hacerlo en coordinación con las provincias y clubes locales.

Las ONGs dedicadas a formación laboral (ej. Conciencia, Pescar, Techo, Forge, Residuca, etc) podrían aportar capacitadores en formación “actitudinal” para el trabajo: se les enseñará disciplina, vestimenta, nociones de trabajo en equipo, compromiso, presentismo, etc.

Muchos capacitadores de empresas y de ONGs podrían formar a otros capacitadores para capacitar a beneficiarios, como en una “cadena proactiva” de capacitación.

Los ministerios de Producción, Agroindustrias y Trabajo conformarían una lista de empresas demandantes de trabajo para identificar a los beneficiarios que van graduándose con diplomas y así derivarlos a los trabajos formales, de calidad y bien remunerados.

Los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social pondrían a disposición los distintos cursos de capacitación laboral ya existentes en sus jurisdicciones.

La Mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo podrá tener un papel central en el seguimiento del programa.

Fundamentos

Existen 2/3 millones de jóvenes NINI de entre 18 y 40 años, sin calificación laboral, excluidos culturalmente del mercado laboral. Producto de tres o cuatro generaciones que no trabajan ni estudian. Es una preocupante pobreza estructural que traba a un sector importante de la economía.

En la Argentina está todo por hacer y por explotar en materia de recursos naturales y habrá una corriente de inversiones en los próximos años que demandará recursos humanos muy por encima de la oferta laboral calificada.

De cada 10 empresas, 7 buscan RRHH y la mitad no los pueden conseguir por falta de calificación laboral.

Existe una masa de trabajadores y desocupados no registrados por la Anses y la AFIP, lo cual incrementa la presión tributaria sobre el sector formal e impacta en la recaudación fiscal.

El Estado reparte más de 20 millones de planes sociales que no tienen contraprestación productiva y ello genera la cultura del acostumbramiento a “vivir del Estado” sin esfuerzo ni obligaciones. Esa cultura debe quebrarse por una “cultura del trabajo y el esfuerzo”.

Esa inercia termina perjudicando, paradógicamente, a los beneficiarios porque los introduce en un circulo vicioso de falta de actividad, changas precarias en el mejor de los casos, protesta social, delincuencia o narcotráfico.

Todos los derechos de los ciudadanos, pobres o ricos, debe ser correspondidos con obligaciones hacia la sociedad y hacia el Estado, que es la sociedad organizada.

Todos los ciudadanos deben comprender que la remuneración se “gana” con el trabajo y con el esfuerzo.

La capacitación laboral no debe ser vista como una restricción a la libertad de los más pobres, sino como un “pasaje a la libertad” para construir su propio futuro y el de sus hijos.

Escalas y objetivos

El programa puede aplicarse progresivamente a medida que vaya aumentando la capacidad operativa y logística del Estado, de las provincias, de los municipios, de las empresas y de los sindicatos.

Podrá comenzar con unos cientos de beneficiarios y a medida que el plan vaya creciendo en credibilidad y en resultados podrán ir sumándose cursos, actores, zonas y organismos.

Podrá terminar formando hasta 1 o 2 millones de nuevos trabajadores ingresados al sistema. Allí estaría cumplido el objetivo de las organizaciones sociales y de todos: que los beneficiarios de planes sociales pasen a ser trabajadores formales.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s