Lipovetzky esgrimió un documento de la CIDH para apoyar el aborto y la Cancillería dijo que no era valido porque la CIDH lo desconoció

POR MARIANO OBARRIO

El gobierno de Mauricio Macri y el bloque de diputados de Cambiemos está en medio de una gran polémica con pases de facturas: el 9 de junio último el diputado Daniel Lipovetzky, que promueve la legalización del aborto, informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en favor de la despenalización; era compatible con Convención y señalaba que “el embrión no es persona”.

El documento, con membrete de la CIDH y el formato habitual de la CIDH, resultó ser falso. La Cancillería informó que la embajada ante la OEA, que dirige Paula Bertol, dijo que la consulta “fue contestada por una funcionaria menor y no está avalado por la Comisión. No tiene firma y es un recorte de fallos. No fue enviado por los siete comisionados de la CIDH ni por el Secretario Ejecutivo, el brasileño Paulo Abrao”.

“Está firmada por la jefa de gabinete de la secretaría de la CIDH y no es adecuado el proceso a través del cual se pidió la información ni a través de la cual se expresó la CIDH”, dicen en Cancillería con malestar por el error de haber invocado un documento internacional apócrifo.

Según el estatuto de la CIDH, los pedidos se hacen a través de los estados parte y las respuestas a través de las representaciones de esos estados.

La obtención de este pretendido aval al proyecto por parte de un organismo internacional fue blandida por Lipovetzky y todo el bloque abortista como un trofeo a tan pocos días de la votación. Y sirvió para intentar convencer a algunos indecisos, en medio de un lobby infernal, donde descollan desde el actor Pablo Echarri hasta los radicales Ricardo Gil Lavedra o Ernesto Sanz.

LIPO

DANIEL LIPOVETZKY

La explicación de Lipovetzky es que él pidió por mail una opinión de la CIDH a una funcionaria de menor rango y recibió una respuesta que le decía que “en representación de la CIDH” y reproducía fallos y opiniones de ella.

Ese documento, así planteado, carece de total validez oficial. “Yo no tenía por qué saber si eso era en representación de la CIDH o no, no descarto que lo sea porque hasta ahora no me dijeron ni que sí ni que no”, dice el diputado.

En el protocolo, que no se respetó, es el Estado parte, es decir nuestra Cancillería, la que debe requerir un consejo, opinión o dictamen, por canales diplomáticos. Y la CIDH debe producirla con un tiempo prudencial y con la firma de los siete comisionados y del secretario ejecutivo. Nada de eso ocurrió.

Sin embargo, el diario Clarín publicó una nota titulada “Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ‘el embrión no es persona’”, y dice que “el organismo fijó posición a partir de un pedido del diputado Daniel Lipovetzky, quien ha conducido los debates en el plenario”. Tampoco aparece la fuente de dichas aseveraciones.

Recién al día siguiente, se hizo público un documento de ocho páginas que se titula “Principales estándares y pronunciamientos relativos a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. El documento no aparece en la página web de la Comisión, ni en su cuenta de Twitter. No está firmado, ni por el Secretario Ejecutivo ni ninguno de sus adjuntos. Por nadie, en realidad. No tiene introducción, donde diga el origen de la consulta, ni un final. Simplemente es una colección de citas de pronunciamientos de la Comisión Interamericana (CIDH) y de la Corte Interamericana.

Muchas citas son textuales, aunque también hay texto que no pertenece a ningún pronunciamiento anterior, y que son interpretaciones forzadas y fuera de contexto de lo que habría opinado alguno de estos órganos.

Por ejemplo, dice que “la Corte Interamericana de Derechos humanos ha establecido que no es admisible otorgar la condición de persona al embrión”, se trata de una afirmación dogmática del autor del paper. Entre las citas hay algunas, pocas, de sentencias de la Corte. Otras más se refieren a pronunciamientos varios de la CIDH, de diversas naturalezas y valor jurídico: algunas son informes temáticos; otras, casos contenciosos (pero sobre temas muy poco relacionados con el aborto, como el caso de la mujer boliviana que fue esterilizada contra su voluntad).

Por último, se entremezclan hasta comunicados de prensa, que no tienen ningún valor jurídico, y son emitidos por la oficina de prensa de su Secretaría; o pronunciamientos de tribunales de otros continentes, que no tienen jurisdicción sobre nuestro país. Finalmente, y sin profundizar más en su contenido, el documento ni siquiera versa sobre el objeto del proyecto de ley en discusión, puesto que no promueve la legalización del aborto, sino que simplemente condena la “criminalización absoluta” del mismo.

Este conflicto desató un malestar profundo en la Cancillería por el error (¿forzado o no?) de Lipovetzky y generó un revuelo en el chat de los diputados que están en contra del aborto y diseñan sus estrategias legislativas.