EL PROTOCOLO DE GINES ALTERA Y VIOLENTA LAS LEYES QUE PROTEGEN AL BEBE DESDE EL VIENTRE DE SU MADRE

SE TRANSCRIBE UN RESUMEN DEL INFORME DEL CENTRO DE BIOETICA Y LA ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES EN EL QUE DESCRIBE CÓMO EL PROTOCOLO VIOLA EL CODIGO PENAL, EL CODIGO CIVIL Y LA CONSTITUCION, ENTRE OTRAS LEYES. PERMITE EL ABORTO IRRESTRICTO Y A SIMPLE DEMANDA, ALGO QUE EL CONGRESO RECHAZO EL 8/8/2018; MUCHAS CAUSAS DE INCONSTITUCIONALIDAD

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Por Mariano Obarrio

El gobierno de Alberto Fernández legalizó el aborto por decreto. Sancionó por una simple resolución todo lo que el Congreso rechazó el 8 de agosto de 2018 al perder por votación en el Senado el proyecto de aborto legal e irrestricto. El ministro de Salud, Ginés González García, firmó un protocolo de aborto ILE de carácter casi macabro mediante la Resolución “N° 1” que replicó casi con exactitud la Resolución 3158/2019 del ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. Por lo tanto, la resolución 1 (uno) es inconstitucional. Invade y altera cuatro leyes del Congreso, algo que está expresamente prohibido en la Constitución. Y afecta el derecho a la vida del niño por nacer, consagrado en los tratados internacionales que tienen rango constitucional en el artículo 75 inciso 22.

Según un detallado análisis del Centro de Bioética, Persona y Familia y de la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (Prodeci) del 15 de diciembre de 201, como problema de fondo, el Protocolo “pretende convertir en derecho” ampliado a todos los casos lo que sigue siendo un caso excepcional de “no punibilidad” previsto en el Código Penal.

Por un lado, amplia las causales de “no punibilidad” de una manera tan amplia y difusa que termina extendiendo a cualquier caso la posibilidad de invocar la no punibilidad. Por otro lado, desconoce que cuando el Código Penal señala que la conducta “no es punible” está “indicando que por política criminal se considera que ese hecho sigue siendo un delito y por tanto un acto disvalioso, pero se renuncia a su persecución penal”.

Las instituciones señalan entonces que “esta transformación de los casos de no punibilidad en supuestos derechos” tiene como antecedente el fallo FAL de la Corte Suprema. Y considera que al margen de “las críticas que ha merecido ese fallo por afectar directamente el derecho a la vida, hay que señalar que toda sentencia judicial tiene un efecto vinculante en el caso concreto y no puede sustituir al legislador”.

Texto completo:

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Y consigna que esta legalización del aborto por vía de una simple resolución ministerial sorprende por “la premura” luego de que “hubiera un debate en el Congreso que culminó con el rechazo de un proyecto de ley de legalización del aborto el 8 de agosto de 2018”. Es decir que se dictó por una resolución con rango menor algo que el Congreso rechazó como proyecto de ley. Y modifica, por resolución ministerial, los contenidos de las leyes vigentes, algo prohibido en la Constitución. El protocolo, señala, incurre en al menos 18 irregularidades jurídicas:

1-Tergiversa el Código Penal en la causal “salud”. Para justificar la “no punibilidad” del aborto invoca el artículo 86 del Código Penal, que establece la “no punibilidad” en el caso de riesgo de “salud” o de “vida” de la madre. Omite deliberadamente transcribir las condiciones de ese riesgo de vida o salud. El Código Penal permite el aborto “si este peligro (de vida o salud) no puede ser evitado por otros medios”. En cambio el protocolo omite transcribir la obligación de intentar “evitar ese peligro (de salud o de vida) por otros medios” y así permite el aborto para cualquier caso de riesgo de salud, con lo cual amplia a todas las personas ese permiso porque cualquier embarazo puede implicar potencialmente un riesgo más o menos difuso para algún tipo de “salud física, social o mental”. Un estado anímico determinado, por caso, podría implicar un “riesgo” y ser causal de “no punibilidad”. El Código Penal original sólo hablaba de riesgo de salud física y reservaba el aborto como último recurso cuando no había otra manera sortear ese riesgo y ya se habían extremado todas las alternativas para salvar las dos vidas. Ahora el protocolo dice: “No requiere la constatación de una enfermedad y, en este sentido, no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada. Bastará con la potencialidad de afectación de la salud para determinar el encuadre como causal de no punibilidad para el aborto. El concepto de peligro no exige la configuración de un daño, sino su posible ocurrencia” (p. 16)

2) Invoca como fundamento una ley que excluye el aborto: Es la ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, que expresamente excluye los “métodos” abortivos (art. 6.b).

3) Obliga a ofrecer el aborto a toda embarazada: direcciona la conducta del médico para obligarlo a que se limite a proponer y realizar el aborto como una simple elección. O sea, no regula 3 casos excepcionales de “no punibilidad”, sino que convierte al aborto en un procedimiento rutinario ofrecido sistemáticamente en la primera entrevista. “Si bien es posible que sea la mujer la que se acerque para solicitar la ILE, en muchos casos es el equipo de salud el que detecta que la persona que está atendiendo presenta alguna de las causales que le dan derecho a solicitar la práctica. En estos casos, el/la profesional interviniente debe ofrecer a la persona que consulta una consejería o derivarla donde pueda realizarla, para que ella pueda decidir, informada y autónomamente, si desea continuar o no con el embarazo. Asimismo, si ella lo decide, se debe disponer la realización de la ILE lo antes posible”. Luego enumera una serie tan amplia de situaciones posibles que siempre se ofrecerá el aborto a las embarazadas. Afirma que “todo el personal de los efectores de salud… es responsable de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo” (p. 10). O en p. 26: “Todas/os los/as profesionales, aunque objeten, están obligados/as a cumplir con el deber de informar sobre el derecho a acceder a una ILE…”. Incluso, en p. 31 afirma que “si [el médico] detecta a una persona que cursa un embarazo no planificado pero que no se encuadra en las causales para realizar una ILE, se recomienda realizar una consejería en reducción de riesgos y daños para evitar situaciones de abortos inseguros y la consecuente morbimortalidad materna”. Y en negrita afirma: “Es esencial identificar precozmente a las personas que presentan un embarazo en el contexto de las causales de ILE, realizar una consejería adecuada y, en los casos en los que la decisión sea interrumpir la gestación, acompañar la decisión y no demorar la práctica” (p. 31).

4) Coarta la libertad de los médicos y los responsabiliza por mayores daños: la obligación de ofrecer el aborto a toda embarazada se refuerza porque el Protocolo amenaza a los médicos con juicios de responsabilidad civil, penal o administrativa (p. 24 y 25). Entonces, si el médico no ofrece el aborto, podría llegar a ser pasible de un reclamo por haber perdido la chance de abortar, como si se tratara de un pretendido derecho. Todo ello configura una coerción sobre la libertad de los profesionales de la salud, que no solo viola sus deberes deontológicos y el juramento hipocrático, sino que además atenta contra las libertades más básicas. No se puede ejercer una profesión bajo amenaza. El caso Rodríguez Lastra es demostrativo de esta situación. Además, la introducción de ciertas prácticas médicas que trae aparejada la ILE –como ser la provisión de misoprostol para uso domiciliario- crea nuevos y mayores peligros para la salud de la mujer, con la consecuente responsabilidad del profesional que prescribió tal tratamiento o medicamento. Esto se traducirá en mayor cantidad de juicios por responsabilidad civil y penal, aumento de las primas de las pólizas de seguro de mala praxis, amén de los mayores costos al sistema de salud que la promoción de estas prácticas conllevan, con su consecuente impacto fiscal.

5) Promueve el aborto a simple demanda: En p. 16 se afirma que “la decisión de la mujer sobre qué tipo de peligro está dispuesta a correr debe ser el factor determinante en la decisión de requerir la realización de una ILE”. La otra puerta para legitimar el aborto a simple requerimiento de la mujer es la salud “social”. Cualquier situación de adversidad daría lugar a la posibilidad de invocar la causal de “no punibilidad”. En p. 15 se incluye los casos de “inequidades en las condiciones de vida, limitaciones a la autonomía, etc.”. El Código Penal considera no punible el aborto sólo si el peligro para la vida o la salud que “no puede ser evitado por otros medios” (art. 86 inciso 1). El Ministerio de Salud carece de atribuciones para legislar y ampliar los supuestos de no punibilidad.

6) Promueve el aborto hasta el final del embarazo: el capítulo dedicado a los procedimientos para hacer el aborto incluye referencias a cómo hacer un aborto incluso luego de la semana 28 (p. 45, nota al pie), o sea con un bebé de casi siete meses en el vientre.

7) Limita la objeción de conciencia, discrimina a los trabajadores y restringe su carrera profesional: reconoce la objeción de conciencia solo individual y de forma muy restrictiva. Los profesionales están obligados a informar sobre la existencia del pretendido derecho a abortar (p. 26) y dispone que “no podrá ejercerse la objeción de conciencia si no existiera un/a profesional disponible para realizar la práctica de forma oportuna, tal y como lo establecen las leyes de derechos del paciente y de ejercicio de la medicina (Ley 26.529, artículo 2.a; Ley 17.132, artículo 19.2)” (p. 26). “Tampoco podrá ejercerse objeción en los casos de emergencia, cuando la práctica deba realizarse de forma urgente, pues pondría en riesgo la vida o salud de la paciente” (p. 26). Eso conduce a que los objetores se vean forzados a violentar su conciencia y realizar abortos cuando se presenten las circunstancias aludidas por las normas citadas. Elimina la objeción de conciencia institucional para hospitales que no comulguen con ese ideario. Dice (p. 26). “Todos los efectores de salud en condiciones de practicar ILE deberán garantizar su realización en los casos con derecho a acceder a la misma. Asimismo, deberán contar con recursos humanos y materiales suficientes para garantizar en forma permanente el ejercicio de los derechos que la ley les confiere a las personas en relación a esta práctica (CSJN, 2012, considerando 29)”. Es contrario a la libertad de asociación y a la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión, pues las instituciones privadas también tienen derecho a establecer en sus idearios los valores que las inspiran y ninguna ley las obliga ni podría obligarlas a realizar abortos. Contradice el art. 19 de la Constitución Nacional. No se contempla la objeción de quienes realizan actos previos o posteriores como ecografías, toma de tensión arterial, informes médicos o psicológicos, etc. Viola el principio de no discriminación al trabajador del artículo 17 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Al dividir entre “objetores” y “no objetores” se crea una categoría “sospechosa”, prima facie, de inconstitucionalidad, violatoria de la garantía de igualdad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Podría restringir el progreso de sus carreras profesionales y erigirse en una práctica discriminatoria. Los que se declaren objetores estarán en desventaja porque sus empleadores podrían postergarlos en los ascensos profesionales. No prevé la confidencialidad del registro violando la Ley 25.326 de Protección Datos Personales. La manifestación de la objeción de conciencia es un dato sensible (art. 2) que debe ser resguardado en confidencialidad (art. 10).

8) Retacea información para el consentimiento e incumple de la ley de derechos del paciente: Incumple las normas vigentes sobre consentimiento informado. Según el art. 5 inciso e) de la ley 26.529 de Derechos del Paciente, el consentimiento se brinda luego de recibir información respecto a “la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto”. También se deben informar “Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados” (art. 5.f). En (p. 74) no se hace mención a esos “procedimientos alternativos”. En todo el Protocolo se insiste en que el único contenido que informa el médico es el referido a la realización del aborto y no se ofrece ninguna alternativa. Es una manipulación de la información que se brinda a la mujer y que condiciona su decisión. Induce al aborto y hay vicios en el consentimiento. La firma del consentimiento “podrá emitirse en cualquier formato (braille, manuscrito, digital, audio, etc.)”. Ello contradice la ley de derechos del paciente que establece que para intervenciones invasivas se requiere consentimiento escrito (art. 7 ley 26529).

9) Manipula los resultados de la ecografía: para asegurar la falta de información y toma de conciencia de la paciente respecto de la práctica, establece que “se deberá explicar a la usuaria su derecho a solicitar no ver las imágenes ni escuchar los sonidos. En caso de realizarse la ecografía, solo se compartirán con la persona la imagen o el sonido de los latidos si ella lo solicita expresamente. Si no lo hace, es de suma importancia tomar los recaudos necesarios para que aquello no suceda. A su vez, si es posible, facilitar distintas áreas donde se puedan evaluar separadas aquellas mujeres que buscan una interrupción de aquellas que reciben cuidados prenatales” (p. 38). Esto busca que las mujeres que piden el aborto no se contacten con aquellas que quieren tener sus bebés para no ser inducidas a evitar el aborto.

10) Promueve el aborto a través de medicamentos no autorizados en Argentina: son dos procedimientos: a) por misoprostol solo; b) por mifepristona y misoprostol. Sin embargo, la mifepristona no ha sido aprobada ni registrada por ANMAT (p. 43). En el mismo sentido, se brindan confusas referencias al misoprostol y su autorización por ANMAT (p. 42), desconociendo los problemas que ha generado el abuso de esa droga para causar abortos.

11) Interpreta la causal “violación” del Código Penal contra el principio en favor de la persona: el Protocolo también adopta la interpretación del segundo inciso del art. 86 inciso 2 CP que declara no punible el aborto si el “embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”, ya que siguiendo al fallo FAL (CS, 13-3-2012), entiende que esta causal incluye todo caso de violación. Prodeci y el Centro de Bioética sostienen que esta causal es inconstitucional por afectar el derecho a la vida de la persona por nacer. En caso de duda interpretativa, según los distintos tratados de derechos humanos, debe adoptarse la postura que sea más favorable a la persona. Prodeci y el Centro de Bioética sostienen que no puede aceptarse esa interpretación amplia del art. 86.2 CP. Por otra parte, el Protocolo dispone que en los casos de violación contra niñas menores de edad “debe realizarse la comunicación de la situación de abuso o violación a los organismos de protección de derechos de cada jurisdicción (art. 9, ley 26.061)” (p. 18). En consecuencia, queda en evidencia que ya no es aplicable lo que recomienda la Corte Suprema en el caso FAL sobre la posibilidad de prescindir de la denuncia policial, ya que se trata de un delito de acción pública (art. 72 Código Penal, según ley 27455 del 2018). Por lo tanto la violación debe ser denunciada en sede judicial y se deben activar todos los mecanismos para que no quede impune el delito y se castigue con el máximo rigor al violador de una menor y se lo aparte del entorno. Si esto no ocurre, puede ser posible que la menor vuelva a su entorno familiar donde sufrirá nuevos abusos por parte de allegados o familiares.

12) Desconoce las disposiciones del Código Civil y Comercial sobre capacidad de las personas menores de edad y responsabilidad parental: Invoca el art. 26 del Código Civil y Comercial pero luego lo desconoce y lo altera. Respecto de las menores de 13 años, afirma: “Todas las niñas, es decir menores de 13 años, podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, 7 representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado, personas “allegadas” o referentes afectivos. Estas/os deberán participar en conjunto con la niña en la toma de decisiones y deberán firmar ratificando el consentimiento informado de la niña. El principio de autonomía progresiva debe guiar el accionar del equipo de salud y de las/os adultas/os que la acompañan” (p. 21). Ahora bien, en ningún momento el Código Civil y Comercial habilita a otras personas distintas a los padres para intervenir en la toma de decisiones sobre la salud de las niñas. Por otra parte, las figuras de “personas allegadas” y “referentes afectivos”, además de su notoria ambigüedad y falta de precisión, carecen de todo significado para nuestro ordenamiento jurídico. Respecto a las niñas entre 13 y 16 años, el Protocolo pretende facultarlas para decidir por sí mismas invocando una resolución ministerial, cuando en realidad el aborto es un procedimiento invasivo y en tal supuesto el Código Civil y Comercial exige que la decisión sea tomada por la persona menor de edad y también por sus progenitores. Nuevamente en este punto el Protocolo altera las disposiciones del Código Civil, que tienen rango legal (y han de prevalecer, por tanto, sobre una mera resolución ministerial), y pretende legitimar “personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado, personas “allegadas” o referentes afectivos” (p. 20). Cuando se trata de incentivar que las niñas decidan el aborto sin que sus padres se enteren, el Protocolo asume que el aborto no es riesgoso, pero para justificar el aborto a toda niña sostiene que el “embarazo en menores de 15 años debe considerarse siempre la posibilidad de acceso a ILE por riesgo para la salud o la vida” (p. 16). Y violenta el Código Civil cuando dice “Si existiera una negativa de progenitores, tutores o encargados de acompañar la decisión de la niña, podrá ser acompañada para brindar su consentimiento por otro/a referente afectivo” (p. 21). Desconoce el art. 26 CCC que fija que el conflicto entre la niña y sus padres “se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico” e ignora los artículos 638 y 639 del Código Civil y Comercial sobre la responsabilidad parental y los derechos y obligaciones que ella implica, que a su vez tienen raigambre constitucional en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

13) Impone una premura por abortar: Dice que “el plazo entre la solicitud de la práctica y su realización, no debería ser mayor de 10 (diez) días corridos” (p. 25). Ello conspira contra otras disposiciones que permiten por ejemplo que el médico pueda hacer una interconsulta en los casos de salud psicosocial (p. 24).

14) Invisibiliza a la persona por nacer: el Código Civil y Comercial establece que la existencia de la persona comienza con la concepción (art. 19), pero el Protocolo se ocupa especialmente de evitar nombrar a la persona por nacer. Usa eufemismos como “evacuación uterina” (p. 41, 44, 51, 52, 56, 58), “contenido uterino” (p. 51 y 55) u otros para designar al bebé. Es particularmente ofensiva la forma en que se refiere a los procedimientos de aborto (p. 39 y siguientes) y a las formas de disponer de los restos mortales de las personas en gestación.

15) Violenta el derecho a la vida: promueve acciones que violan los distintos Tratados que consagran el derecho a la vida que nuestro país reconoce desde la concepción. En especial, la Convención sobre los Derechos del Niño, tal como se encuentra vigente por nuestro país a través de su aprobación por ley 23849, reconoce que el niño tiene derecho a la vida desde la concepción.

16) Avasalla las facultades provinciales en materia de salud. Las provincias se reservan todo el poder no delegado en el gobierno federal (artículo 121 de la CN). La Corte reafirmado ese criterio para cuanto concierne al sistema sanitario (Fallos 323:3229). El Congreso nacional ha sido especialmente cuidadoso de no franquear el límite de sus atribuciones territoriales en materia de salud (leyes 17.132 -artículo 1°-, 25.929 -artículo 5°- y 26.529 -artículo 22-). La Corte Suprema en el caso “FAL” no puede ser más explícita en que se trata de una materia reservada a los poderes locales. En el punto 2) decidió “exhortar a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con competencia en la materia, a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, en los términos aquí sentados, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles”. El Ministerio de Salud ha obrado fuera de su competencia al consignar que el protocolo “contiene lineamientos para la aplicación en diferentes contextos, tanto en instituciones públicas como privadas de todo el territorio argentino”. Tal extralimitación se torna aún más ostensible ante la presencia de otros tantos protocolos locales con pautas diferentes a este. Por lo tanto, avasalla las facultades propias de los Colegios profesionales médicos, cuya creación y atribución de competencias corresponde a las provincias.

17) Declama un inexistente “principio de no judicialización”: En p. 13, invoca un novedoso e hipotético “principio de no judicialización”, que no solamente carece de todo respaldo en nuestro ordenamiento positivo, sino que resulta francamente contrario al “principio a la tutela judicial efectiva”, que tiene reconocimiento con rango constitucional a través de su consagración expresa en los tratados de derechos humanos incorporados a nuestro Derecho con esa jerarquía a partir de la reforma de 1994 (cfr. los artículos 18 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, y los artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

18) Otros problemas: en p. 66 se afirma: “El aspirador Ipas AMEU Plus es un dispositivo reutilizable luego de ser sometido a esterilización o DAN por los procedimientos mencionados”. Las cánulas Ipas EasyGrip®, por su parte, si bien están rotuladas para un solo uso (según la ANMAT las cánulas deben ser descartadas como desechos contaminados), el fabricante señala que pueden ser reutilizadas después de ser esterilizadas o sometidas a DAN, con alguna de las opciones descriptas en el apartado anterior. El número de veces que se puede reutilizar el aspirador o las cánulas varía de acuerdo con su uso y mantenimiento. Entre los motivos para desechar el aspirador se pueden señalar: el cilindro se puso quebradizo o agrietado; tiene depósitos minerales que impiden el movimiento del émbolo; las piezas de la válvula están agrietadas, dobladas o rotas; los botones están rotos; los brazos del émbolo no se aseguran en su lugar; el dispositivo ya no tiene la capacidad de conservar el vacío. Por su parte, las cánulas deben desecharse si se vuelven quebradizas, si están agrietadas, torcidas o dobladas, en especial en el sitio de la abertura, o si no se puede extraer el tejido al lavarlas”. En p. 14 cercena las facultades judiciales, cuando dispone que “ante cualquier solicitud de entrega de la Historia Clínica (incluyendo los pedidos de funcionarios/as judiciales o policiales) debe existir autorización previa y expresa de la persona usuaria”. Finalmente, no puede dejar de mencionarse la sugerente supresión del párrafo que figuraba en la versión anterior del protocolo, referido a las condiciones de venta del misoprostol, que decía: “Luego, en octubre de 2018, por la disposición 946, la ANMAT autorizó su venta en farmacias bajo receta archivada en las presentaciones de 4, 8 y 12 comprimidos” (ver p. 42). La eliminación de esa referencia coincide en el tiempo con la decisión de la Justicia suspender cautelarmente la norma en cuestión, fundada en la convicción del tribunal de que se trataría de una disposición “prima facie” inválida. Pese a que el propio Ministerio apeló, con carácter suspensivo, tal decisión cautelar, frente a la abrumadora evidencia de la nulidad de la disposición del ANMAT ha preferido omitir su cita en esta edición del protocolo.

ES HORA DE CAMBIAR LA RECETA: EL PERSONALISMO DEBE DAR PASO AL LIDERAZGO DE LOS EQUIPOS Y EL DIALOGO

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Marcos A. Hermansson *

Desde hace ya mucho tiempo venimos ejecutando las mismas recetas. Lo que sorprende verdaderamente es el hecho de esperar otros resultados a partir de las mismas acciones a lo largo del tiempo.
Por supuesto que a la hora de entender y comprender lo que nos aqueja, son muy pocos los que logran interpretar algo tan sencillo como esto.
En ningún orden de la vida el gasto puede superar el ingreso. Un axioma tan simple pareciera ser de muy difícil interpretación.
El “elefante blanco” es alimentado por todos y cada uno de los que cuando llega el momento de administrar, hacen caso omiso de lo que tanto pregonaron en la etapa previa a su llegada al poder.
Una y otra vez esto se ha hecho recurrente a lo largo de las distintas administraciones.
Las grandes transformaciones o los cambios profundos a lo largo de la historia han requerido enormes cuotas de sacrificio y de prodigalidad por el bien común. Esto no puede ser siempre responsabilidad del “otro” y no propia.
Del “poder” devienen más obligaciones que derechos. El “estado” somos todos, por ende, la caja y los recursos de quien administra no le son propios.
A medida que escribo estas líneas, me parece chocar contra la lógica de lo que expreso.
Me repito a mí mismo, “esto es algo elemental”, casi primario a nivel del pensamiento. Cualquiera que tuviese que gobernar se daría cuenta de algo tan sencillo. Sin embargo, ahí radica en gran medida parte de este flagelo que nos coloca en situaciones por demás complejas.
Pareciera que el arribo al poder marcase un divorcio con la manera de administrar nuestros hogares o empresas.
Me he preguntado una y otra vez qué es el poder. En esta pregunta creo que radica gran parte del problema.
El poder se vuelve algo sumamente negativo cuando los criterios de superación personal y de contribución a la sociedad no logran migrar de la persona que ejerce ese poder hacia su propio espacio, que en este caso es lisa y llanamente la función pública.
A partir de esto, los que detentan el poder suelen ser indiferentes al pensamiento de propios y ajenos, mostrando una gran frialdad hacia los sentimientos y las necesidades de los demás.
Esto se ha puesto de manifiesto en muchos dirigentes. Cuando ello sucedió hubo toma de decisiones, erróneas por cierto, a partir de una equívoca lectura de la realidad.
Con todo esto se termina creyendo que los demás son meros instrumentos, ejecutando en consecuencia un rol de exagerado protagonismo.
La sobrevaloración de las propias capacidades hace que la lectura de la realidad sea cada vez más simplista, desinhibiendo la conducta del que ejerce el poder.
Todo esto se transforma con el paso del tiempo en un círculo verdaderamente vicioso.
Para poder desinstalar este mal se deberá trabajar a destajo desde y para las instituciones. El trabajo en equipo es una de las herramientas que pueden colaborar con esa tarea.
En definitiva, un buen dirigente es aquel que aprende a confiar en las personas para que estas le ayuden a ver la realidad tal como es y no como se quiere ver. Asimismo, debe saber escuchar y ser capaz de tomar decisiones apoyado por sus equipos.
En una oportunidad y luego de haber logrado la fusión del MATba y el Rofex, un comunicador me preguntó qué entendía yo por liderazgo. Le dije que liderar es saber elegir y disponer los talentos necesarios para, trabajando en equipo, poder arribar a los objetivos propuestos. Trabajemos pues a conciencia, agregando valor y sabiendo delegar.
Desde lo que logremos poner en funcionamiento entre todos, será desde donde podremos construir ascendentemente un espacio o entidad que nos permita acceder a la mesa de las discusiones y decisiones con peso propio. Nuestro país, el Agro en su conjunto y los que creemos en el bien común, debemos intentarlo.

*Vicepresidente de MATba-Rofex

EL SINDROME DE LOS MALOS COMIENZOS QUE ALBERTO DEBERÍA REVERTIR PARA LOGRAR LA REACTIVACION

SE ESPERABA UN PLAN PARA INCENTIVAR LAS INVERSIONES Y LAS PYMES Y PARA LA GENERACION DE EMPLEO. PERO LAS MEDIDAS DE SUBAS DE RETENCIONES Y DE DOBLE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO GENERARON MALESTAR EN EMPRESARIOS QUE TENIAN EXPECTATIVAS POSITIVAS

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Por Mariano Obarrio

La mala noticia es que Alberto Fernández empezó con el pie izquierdo. La buena noticia es que puede remontarlo. Por decreto, aumentó en forma inconsulta las retenciones al campo y fijó por 180 días la doble indemnización por despido. También por resolución incurrió en una legalización del aborto de hecho, al alterar cuatro leyes, entre ellas el Código Penal. Quizás pueda revertir el mal comienzo en los próximos días con otras medidas positivas.

Tal como prometió en su campaña, se esperaba que Alberto rompiera la inercia del círculo vicioso de Macri con medidas para incentivar la creación de empleo, un paquete de ayuda a las Pymes, y grandes planes para incentivar el consumo y la producción.

Pero las dos primeras medidas económicas podrían derivar en efectos contrarios a los buscados. Mayor recesión y más desincentivos a las inversiones y a la creación de empleo. La medida en favor del aborto puede reabrir la grieta en la sociedad, como en 2018, y en el propio peronismo, además de un conflicto con la Iglesia.

El Presidente había prometido reactivación económica, más empleo, y cerrar la grieta. Por ahora, pese a las buenas expectativas de los mercados y de los empresarios en estos días, hizo lo contrario. Había prometido ir a Mar del Plata y fue para Rosario, como señala Carlos Melconián en su libro sobre el gobierno de Macri.

El Presidente debería aprender de los errores ajenos del pasado. El gobierno de Fernando de la Rúa asumió en 1999 con una profunda recesión con déficit fiscal y una deuda creciente. Y arrancó con la recordada “tablita de Machinea”, que en los hechos significaba un aumento del impuesto a las ganancias. Busca revertir el desequilibrio fiscal pero agravó la caída de la actividad.

En un contexto recesivo, la tablita profundizó la recesión y finalmente el déficit. Terminó con su renuncia en medio de una depresión galopante, en la crisis de 2001 y sin poder hacer frente a la deuda.

José Luis Machinea

El gobierno de Mauricio Macri comenzó en 2015 con una eliminación de las retenciones y reducción de impuestos, levantó el cepo sin tomar recaudos contra la inflación, le pagó a los fondos buitres, colocó deuda en los mercados de capitales y en cambio aumentó el gasto: lo aumentó  en el sistema previsional, en los planes sociales, la obra pública, las transferencias a las provincias y en la planta de empleados públicos.

Creía que habría una lluvia de inversiones. Pero no la hubo y, como dijo Melconián, tomó el camino a Rosario en lugar de ir a Mar del Plata.

Macri y sus consejeros Marcos Peña y Jaime Duran Barba buscaban reactivar la economía con “gradualismo”, sin hacer fuertes recortes en el presupuesto para no agitar la crisis social. Sólo hizo –nada menos- una poda brutal en los subsidios al gas, la energía y el transporte y por ello aumentó las tarifas. Consecuencia: un fallo en contra de la Corte Suprema y un fuerte desgaste político. Sumó desconfianza.

Marcos Peña y Mauricio Macri

Y peor aún: pese a vivir del financiamiento internacional, puso un impuesto a la renta financiera que castigaba a los que le prestaban al Estado. Le mordió la mano al que le daba de comer.

No logró la lluvia de inversiones productivas y agravó la desconfianza de los inversores financieros, profundizó el déficit por la pérdida de ingresos y la suba de gastos. En ese contexto la inflación aumentó, al igual que la recesión y se produjo la crisis cambiaria y fiscal.

El gobierno de Néstor Kirchner tuvo la suerte de heredar en 2003 una economía en crecimiento y tuvo el acierto de retener al ministro de Economía, Roberto Lavagna, por lo cual sólo tuvo que continuar el plan en contexto externo favorable por los precios internacionales y sin mayor suba del gasto. Pero eso ocurrió hasta que Lavagna renunció porque Kirchner buscó afirmarse en el poder y prolongar el proyecto político con más gasto público.

El problema lo heredó Cristina Kirchner, que para revertir la falta de dólares y el creciente desequilibrio fiscal dictó la resolución 125 que aumentó brutalmente las retenciones al agro y generó una parálisis del país en un debate que abrió a la sociedad en dos. No atinó a bajar el gasto, sino a aumentar los ingresos. La 125 fue una obra maestra de su entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, y la principal consecuencia política fue que su jefe de Gabinete, Alberto Fernández, debió renunciar al gobierno peleado con la Doctora.

La economía se fue paralizando y la inflación comenzó a crecer pese a Guillermo Moreno y sus apretadas. Hoy Alberto Fernández es presidente, la Señora vice, y Lousteau es senador opositor. Y es el propio Alberto quien dispone las retenciones. Y otra vez el campo se prepara para una dura batalla. Otra vez la misma piedra.

La crisis del campo en 2008

A partir de aquel episodio del gobierno de Cristina se licuó su legitimidad: luego fue por los fondos de la Anses (2009) y por las reservas del Banco Central (2010) para pagar la deuda, con la única receta de la emisión para cubrir el déficit y generar sensación de bonanza. Asi terminó en 2015 entregándole el poder a Macri.

Alberto Fernández había asumido con una agenda de reactivación económica, generación de empleo e incentivo a las inversiones a través de una política favorable al consumo: poner dinero en el bolsillo de la gente.

Pero el problema fiscal esta ahí, aunque no lo quiera aceptar. El modo de aumentar las retenciones, de manera inconsulta, sin consensos como había prometido, puede asustar a los productores agropecuarios y a otros sectores empresariales ante el temor a una mayor presión tributaria y desincentivar las inversiones y las exportaciones.

La manera en que fijó la doble indemnización por despido –aunque no rija para los nuevos trabajadores- puede desalentar a los empresarios grandes y a las Pymes a contratar nuevos trabajadores y más aún a contratarlos en blanco. Esto lo decía la propia vicepresidenta Cristina Kirchner el 6 de octubre de 2010 cuando era la presidenta de la Nación:

“En marzo me vino a ver la CGT para que sacáramos la doble indemnización por despido y yo les dije que no iba a tomar ninguna de esas medidas. Que discursivamente sonaban muy bien, que iba a estar toda la sociedad de acuerdo, pero iba a tener efectos totalmente opuestos en los objetivos que perseguíamos”.

Cristina Kirchner

“Uno puede tener los mejores objetivos, lo aprendí hace unas cuantas décadas atrás. Uno puede tener las mejores ideas, los mejores objetivos, los mejores sentimientos, pero si se equivoca los instrumentos se va al demonio y el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Qué dije entonces? No voy a sacar ninguna norma, que lo único que va a hacer va a ser asustar al capital que es lo más asustadizo que hay”.

El Presidente se propuso trabajar para las Pymes. Pero un empresario Pyme, de altos cargos en el nivel gerencial, dijo en estas horas: “No empezaron muy bien. Lo primero era tomar medidas por la positiva, para fomentar el empleo, para el paquete de ayuda a las Pymes, y luego ves: ni la CGT lo pidió ni lo apoyo”.

Quizás la CGT recordó lo que le había dicho la ex presidenta en 2010. Lo bueno es que el Presidente ahora podrá comenzar a tomar medidas para la reactivación, sin matar a la gallina de los huevos de oro: la producción. Siempre es bueno escuchar y corregir el rumbo a tiempo.

EL GOBIERNO DE MACRI APELÓ LA PROHIBICIÓN DE VENDER MISOPROSTOL Y LA DROGA SEGUIRÁ EN LAS FARMACIAS

EL 5 DE DICIEMBRE UNA JUEZA HABIA PROHIBIDO LA VENTA AL PÚBLICO POR LA ALTA PELIGROSIDAD DEL MEDICAMENTO. LA ANMAT Y LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GESTION MACRISTA APELARON LA MEDIDA Y EL PRODUCTO CONTINUARÁ EN LA CALLE

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Por Mariano Obarrio

Pocas horas antes de que el gobierno de Alberto Fernández dispusiera la ampliación del protocolo de aborto ILE por resolución ministerial, que amplía las causales del Código Penal, el gobierno saliente de Mauricio Macri apeló la resolución judicial del 5 de diciembre que disponía la prohibición de la venta casi en forma libre del Misoprostol, la droga que se utiliza para los abortos farmacológicos y que puede tener graves consecuencias médicas para las mujeres. Pero con esa apelación de efecto suspensivo la droga podrá seguir estando a disposición del público en las farmacias.

Se estima que el 30% de las mujeres que se realizan abortos con el suministro del misoprostol terminan en internaciones hospitalarias. Sin embargo, Macri y la ex ministra de Salud y Desarrollo Social, avalaron la apelación el 9 de diciembre, un día antes de dejar el poder, de la Secretaría de Salud y de la ANMAT a la interdicción judicial y así ese “medicamento” se podrá seguir vendiéndose libremente en las farmacias bajo receta archivada.

“El 9 de diciembre Macri y Stanley avalaron que el gobierno nacional apelara la medida judicial que prohibía la venta de misoprostol en la farmacias. Si el gobierno nacional a través de la Anmat y la Secretaría de Salud no hubiera apelado, al día de hoy no se hubiera estado vendiendo el misoprostol en las farmacias como un caramelo”, dijo el diputado provincial de Córdoba Aurelio García Elorrio, autor de la denuncia por la cual la justicia había prohibido la venta de esa peligrosa droga. García Elorrio había presentado el recurso en nombre de la Asociación Civil Portal de Belén y la justicia le había dado la razón.

Aurelio García Elorrio

El gobierno nacional apeló por dos vías diferentes. Por un lado, la doctora Claudia Beatriz Rivero, T° 20 – F° 38 , C.P.A.C.F. , lo hizo en representación de la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, con fecha de 9 de diciembre.

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Apelacion%20Secretaria%20de%20Salud.pdf

La causa está caratulada como “ASOCIACION CIVIL PORTAL DE BELEN C/EN-M SALUD Y DESARROLLO SOCIAL Y OTRO 5/AMPARO LEY 16986” – Expíe. n° 93016/2018.

Por otro lado, el mismo día presentó una medida cautelar con reserva del caso federal el doctor Adrián Ernesto Galli Basualdo, letrado apoderado de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.), en la misma causa.

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Apelacion%20ANMAT.pdf

La apelación recayó así sobre la resolución judicial del 5 de diciembre último en la que se hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Asociación Civil Portal de Belén que suspendió el artículo 2° de la Disposición ANMAT 946/18 y solicitaron que esa apelación tenga carácter suspensivo para que la medida judicial no tuviera efecto. De ese modo, se pudo permitir la continuidad de la venta de misoprostol.

Las dos apelaciones llamaron poderosamente la atención porque contrastaron con el pronunciamiento de Macri durante la campaña en el sentido de defender “Las Dos Vidas”. Para los sectores provida, la venta de misoprostol es un elemento que facilita el camino a la propagación de los abortos de manera irrestricta bajo la apariencia legal, fundados en la no punibilidad que fija el Código Penal en el artículo 86.

La presentación de la Asociación para la Promoción de Derechos Civiles y la Asociación Civil Portal de Belén se formuló ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de la jueza Cecilia Gilardi de Negre. Hace más de un año, la Anmat había autorizado por la disposición 946-12/10/2018 que el misoprostol 200 se vendiera libremente en las farmacias bajo receta archivada en cajas de 4, 8 y 12 comprimidos.

La jueza a Gilardi de Negre destacó que el prospecto del medicamento establece “precauciones y advertencias”, entre las cuales destaca que “debe ser utilizado siguiendo una estricta observación de la dosis y régimen recomendados”. Además, prescribe que “debe ser utilizado únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. Su uso indebido, tanto en las dosis como en las indicaciones, puede ser nocivo para la salud fetal y materna. Debido a la peligrosidad clítica del medicamento la magistrada procedió a suspender la venta.

Hasta ese momento, los ginecólogos y obstetras podían recetar el misoprostol y las pacientes podían comprarla directamente en la farmacia. El laboratorio que lo produce es Dominguez SA.

El caso Keyla Jones y Rodríguez Lastra

El misoprostol, por ejemplo, mató a la joven de 17 años Keyla Jones, en diciembre de 2015. Llevaba siete semanas de embarazo cuando solicitó una interrupción legal del embarazo y su pedido fue respondido por una trabajadora social y por la doctora María Estrella Perramón, en la localidad de El Maitén. Perramón fue quien le suministró misoprostol.

La joven presentó fuertes dolores y hemorragia, que la médica consideró “una menstruación fuerte”. La víctima fue trasladada al Hospital de Esquel donde se informó a los padres que habría sufrido un aborto. Poco después murió.

Un caso similar ocurrió con el doctor Leandro Rodríguez Lastra, de Cippoletti, que atendió a una joven que había sido medicada con misoprostol y presentaba un caudro de infección general con 40 grados de fiebre y tenía serias posibilidades de morir si continuaba con el aborto.

El doctor Rodriguez Lastra evaluó que lo mejor era interrumpir el aborto y salvar al niño, con lo cual pudo salvarse la joven y se recuperó. Sin embargo, los activistas abortistas demandaron al médico por no haber avanzado con el aborto, lo cual pudo haber causado la muerte de la joven, además de su bebé. Hoy el niño salvado tiene casi tres años y está adoptado por una familia, mientras la madre está en perfectas condiciones físicas.

El doctor Rodriguez Lastra, en el banchillo de los acusados por salvar Dos Vidas

ALBERTO PROMETIO “DIALOGO Y CONSENSO”, PERO GOBIERNA POR DECRETO Y SUPERPODERES – PROGRAMA DEL 14 – 12 -2019

UNAS CUANTAS VERDADES

Primera hora

https://ar.radiocut.fm/audiocut/1era-hora-unas-cuantas-verdades-cultura979/

Segunda hora

https://radiocut.fm/audiocut/2da-hora-unas-cuantas-verdades-4996/

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LOS MEJORES MOMENTOS

MARIANO OBARRIO, APERTURA

https://ar.radiocut.fm/audiocut/editorial-mariano-obarrio-en-cultura979-7251/

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RAUL ZYLBERSZTEIN, SECRETARIO GENERAL DE CGERA (PYMES)

https://ar.radiocut.fm/audiocut/raul-zylberstein-secretario-cgera-en-cultura979/

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FERNANDO “CHINO” NAVARRO, SECRETARIO DE RELACIONES PARLAMENTARIAS DEL GOBIERNO

https://radiocut.fm/audiocut/fernando-navarro-secretario-relaciones-politicas-y-parlamentarias-jefatura-gabinete/amp/?__twitter_impression=true

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RICARDO BURYAILE, DIPUTADO UCR Y EX MINISTRO DE AGROINDUSTRIA

https://radiocut.fm/audiocut/ricardo-buryaile-diputado-y-ex-ministro-agroindustria-en-cultura979/

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EDUARDO DUHALDE, EX PRESIDENTE

https://ar.radiocut.fm/audiocut/eduardo-duhalde-ex-presidente-en-cultura979/

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ROBERTO CACHANOSKY, ECONOMISTA

https://ar.radiocut.fm/audiocut/roberto-cachanosky-economista-en-cultura979-1/

EL PROTOCOLO DE ABORTO ABRE LA PUERTA A UNA LEGALIZACION POR DECRETO, DICEN SECTORES PROVIDA

EN SU PRIMERA MEDIDA DE GOBIERNO, ALBERTO FERNANDEZ DICTO POR RESOLUCION UN NUEVO PROTOCOLO QUE AMPLIA LA NO PUNIBILIDAD A CAUSALES QUE EXCEDEN EL CODIGO PENAL Y QUE EQUIVALEN AL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY QUE RECHAZÓ EL CONGRESO EN 2018

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Por Mariano Obarrio

Sin que se hayan ocupado aún muchos organismos, el gobierno de Alberto Fernández firmó como primera medida de gestión el nuevo protocolo de aborto ILE. La principal objeción de los sectores que defienden “las dos vidas” radica en que con una simple resolución el ministro de Salud, Ginés González García, habilitará abortos más allá de las causales de no punibilidad previstas en el artículo 86 del Código Penal y en el fallo FAL de 2012 y abre la puerta a una legalización de hecho del aborto, lo cual fue rechazado por el Congreso en 2018.

“Un protocolo es un procedimiento legítimo y necesario, siempre y cuando no contradiga una normativa superior. El que se presentó hoy para intervenir en el caso de abortos no punibles pareciera tener la intención de legislar lo que el Congreso Nacional ya decidió rechazar en 2018”, dijo por Twitter la diputada Victoria Morales Gorleri, de PRO. En un argumento central, la legisladora señaló que “mientras que el artículo 86 del Código Penal establece que debe darse sólo “si hay peligro para la salud que no pueda evitarse por otro medio”, en el protocolo se abre esta práctica para cualquier tipo de riesgo a la salud y sin mencionar “que no pueda evitarse por otro medio”.

También la Iglesia, que estaba en buenas relaciones con el gobierno albertista, se pronunció enérgicamente en contra de la resolución publicada en el Boletin Oficial. En declaraciones a la agencia AICA, el presidente de la Comisión de Pastoral de la Salud del Episcopado, el obispo Alberto Bochatey, condenó la actualización del Protocolo y consideró que “se instala el aborto libre en la Argentina”. Y agregó: “No sorprende porque el ministro González García es abortista y ya había advertido que no iba a entrar en una discusión por la ley, sino promulgar el Protocolo vía ministerio y obligar a las provincias a que se adhieran. Y así ya se instala el aborto libre en la Argentina”.

La decisión de Alberto Fernández abre una grieta en su relación con la Iglesia, que pareció fortalecerse el domingo último cuando el Presidente y su antecesor, Mauricio Macri, asistieron a una misa por la unidad nacional en la Basílica de Luján, previo al recambio presidencial. El jefe del Estado se mostró fraterno con los obispos e introdujo varios pasajes del papa Francisco en su discurso de inicio de mandato en el Congreso, el martes último. Más allá de sus oraciones en la misa de Luján, su primera medida de gobierno fue legalizar virtualmente el aborto en el país del cual es oriundo el papa Francisco, nada menos.

Victoria Morales Gorleri

No se descarta que el debate escale y ello abra una fisura también dentro del peronismo, donde muchos sectores siguen las enseñanzas del recordado presidente Juan Domingo Perón y Eva Perón, que defendían la vida del niño por nacer y que impulsaron a través del ministro de Salud Ramón Carrillo un cúmulo de derechos sanitarios para los bebes. Perón consideraba el aborto una imposición del imperialismo y de los organismos internacionales para el control poblacional.

Por otra parte, la resolución que habilita el nuevo protocolo se contradice con la intención manifiesta del Presidente de luchar por la unidad y erradicar “la grieta” con políticas de consensos. La práctica de gobernar por decreto o resolución es contraria al espíritu democrático de habilitar debates en el Congreso. Una resolución como esta podría traer fuertes divisiones sociales en un momento de alta necesidad de avanzar en los grandes debates económicos.

También contradice al propio Presidente que dijo que trabajará por un país en donde no sobra nadie: con estas resoluciones se autoriza una vía libre a la cultura del descarte y de eliminación discrecional de vidas humanas y de las vidas de los más indefensos.

Morales Gorleri aseguró también que el protocolo “también habilita a niñas de 10 años a abortar con autorización de un ‘allegado’ mientras que el Código Civil y Comercial (Art 26) establece que los menores ejercen sus derechos a través de sus representantes legales”. La legisladora se pronunció en favor de confiar “en la voluntad de diálogo del Presidente @alferdez” y dijo “espero se revise y modifique esta normativa”. La diputada de Cambiemos señaló: “No importa qué pañuelo uses, la modificación de una ley penal, y en particular de un tema tan sensible, corresponde y debe debatirse en @DiputadosAR, la Casa de la Democracia, y las atribuciones del ejecutivo deben ajustarse con responsabilidad a la norma”.

Monseñor Alberto Bochatey

Por otro lado, dijo que “queriendo resolver cuestiones de práctica médica, el Ministro de Salud, @ginesggarcia , está excediendo lo establecido en la normativa vigente o ejerciendo atribuciones correspondientes al Congreso”. Y dijo que “el Protocolo considera al aborto como práctica no invasiva ni riesgosa, permitiendo que una niña de 13 años no necesite autorización de los padres, mientras que nuestra legislación sí considera como practica invasiva a un tatuaje… Y así podría seguir enumerando contradicciones”.

La respuesta de la Iglesia al protocolo, en tanto, se produjo mientras que la primera dama Fabiola Yáñez se encuentra en el Vaticano donde visitó al Papa y participa de un evento organizado por la Fundación Pontificia Scholas Ocurrentes. El obispo Bochatey cuestionó la actualización de medicamentos y una nueva droga, la mifepristona, no aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). “A nivel internacional se utiliza la asociación de esta droga con el misoprostrol para aumentar la eficacia del aborto y disminuir los efectos secundarios”, dijo Bochatey. Y objetó que permite practicar aborto a los 13 años: “Las niñas de esta edad podrán hacerse un aborto, incluso sin el consentimiento de sus padres. Esto es peor que la ley que quisieron promulgar en 2018, que lo aceptaba desde los 14 años”.

“Otro cambio grande es el paradigma del concepto de salud integral, que es física mental y social. Dicen que es exactamente igual que lo que estaba en el código de 1921, pero no es así”, señaló. De hecho, en 1921 no existía la división del concepto de salud entre mental, social y física. Sólo se entendía por salud el estado físico de una persona. El Código Penal establece la no punibilidad solo en caso de riesgo de vida, salud o violación de una mujer. “Este Protocolo avala muchos otros factores que no tienen que ver con riesgos de vida o de violación”, señaló. “Este Protocolo avala muchos otros factores que no tienen que ver con riesgos de vida o de violación”, dijo.

El protocolo se oficializó mediante la resolución 1/2019, es la primera medida firmada por el nuevo ministro de Salud. Bochatey dijo que “la táctica es clarísima y era muy previsible, evitando que se genere todo tipo de discusión y un debate democrático. La ciudadanía no está a favor del aborto en la Argentina, como quedó demostrado democráticamente en 2018”. Asimismo, dijo que el Protocolo no respeta la objeción de conciencia de los médicos y las instituciones de salud.

Luego el prelado reafirmó que esta medida también sucedió en muchos países latinoamericanos, en los que “metieron el aborto por la ventana, no por la línea de debate legislativo, contrario a la cultura del pueblo, sin otras propuestas para el cuidado de la mujer”. “Esto no es simplemente un tema de salud publica o de medicamentos, sino que se trata de algo más profundo, que es la vida misma”, concluyó el obispo. Llamó la atención que Alberto Fernández impusiera el protocolo antes de anunciar cualquier medida para superar la crisis económica.

LANZAN UNA PROPUESTA DE INTEGRAR EMPRESAS, SINDICATOS, Y ONGS PARA FORMAR TRABAJADORES EN LOS OFICIOS DEL FUTURO

Las empresas, los sindicatos y la sociedad civil pueden comenzar una integración en red para generar un múltiple impacto estratégico: el desarrollo de regiones, la formación laboral de jóvenes, el empleo de calidad, la empleabilidad y la inclusión social. Esa fue la conclusión principal de un grupo de dirigentes, empresarios, periodistas y académicos comenzó este miércoles 11 de diciembre una discusión sobre la necesidad de “empoderar a la sociedad civil” para generar iniciativas de recuperación de la cultura del trabajo e integración social, mediante la formación laboral de jóvenes excluidos, por lo general titulares de planes sociales, basadas sobre la demanda futura de las regiones y de las empresas.

Del panel participaron Lourdes Puente, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica (UCA), Pascual Albanese, periodista y dirigente peronista. El presentador fue Jorge Arias. Eran los convocantes y son fundadores del Foro del Peronismo del Siglo XXI, que preside Lourdes Puente. Los otros panelistas fueron Roberto Alvarez, Secretario de Asuntos Fiscales de del sindicato de la AFIP, Raúl Zylbersztein, secretario general de la Confederación General Empresaria de de la República Argentina (Cgera), y el periodista independiente Mariano Obarrio.

Por ahora, empresas y cámaras empresariales comenzaron a exhibir interés en sumarse a la iniciativa. De hecho, hubo en el encuentro representantes de Coninagro, la entidad rural que preside Carlos Iannizzotto, que mostraron interés en participar de la iniciativa. La organización del emprendimiento busca una horizontalidad de sectores interesados en complementar el trabajo del sector público.

Todas las intervenciones hicieron hincapié en la necesidad de fundar una nueva cultura de trabajo basada en la planificación estratégica de las demandas del futuro, de las nuevas tecnologías, y de las nuevas competencias y habilidades laborales que requieren la industria y las Pymes. Zylbersztein, por ejemplo, puso el ejemplo de que la Cgera identificó en un municipio la necesidad de tener mecánicos de motocicletas porque el uso masivo de ese medio de transporte generaba desperfectos mecánicos y se abrieron muchos emprendimientos.

La idea sería entonces identificar esas necesidades de los municipios, las regiones y las empresas para que muchos estamentos de la sociedad civil puedan coordinar programas de formación laboral: empresas, sindicatos, ONGs, instituciones educativas y movimientos sociales.

Los siguientes serían los lineamientos básicos de la idea.

PROPUESTA – PROGRAMA DE RECONVERSIÓN LABORAL

Misión

La misión del Programa de Reconversión Laboral es contribuir a la formación laboral, técnica y actitudinal de jóvenes vulnerables sin calificación laboral y en condiciones muy precarias de empleabilidad. El universo serán los titulares de planes sociales y de AUH. Se buscará su incorporación en el mercado de trabajo, a través de un programa integrado entre distintos actores: el sector privado, público y la sociedad civil. 

Visión

1-Una sociedad más educada, con mayores niveles de empleabilidad y menos gasto social. 

2-Un empresariado reposicionado en la sociedad e involucrado en brindar soluciones para la inclusión social antes que en los reclamos sectoriales.

Propuesta de valor 

Proveer educación y capacitación técnica a titulares de planes sociales desempleados y sin estudios, considerando las necesidades concretas de las empresas adheridas y aprovechando los recursos ociosos del Estado y de la sociedad civil. A través de esta sinergia, se busca mejorar la calidad de la oferta de fuerza de trabajo y reducir el número de beneficiarios de planes sociales liberando recursos contribuyendo a hacer más sostenible el equilibrio fiscal. 

Actores involucrados

  • Sector privado
  • Sector público
  • Sindicatos 
  • Organizaciones de la Sociedad civil

Implementación

  • Las empresas y cámaras empresariales propondrán una “estrategia de desarrollo de cadenas productivas” de alto valor agregado para los próximos 30 años y determinarán las habilidades y competencias necesarias para los futuros RRHH: diseñara los nuevos trabajos del futuro.
  • Se ofrecerá a jóvenes de distintas organizaciones o independientes, que no tengan alta calificación laboral, incorporarse en cursos ofrecidos en un listado diseñado por la “estrategia de desarrollo”.
  • Las empresas, los sindicatos y las escuelas de oficios se articularán para dar la capacitación técnica de un año a seis horas diarias.
  • Se ofrecerá al Ministerio de Educación un convenio para darles terminalidad educativa mediante el Plan FINES a los beneficiarios del plan que no terminaron el nivel primario o secundario, según los casos.
  • Se convocará a las ONGs dedicadas a la capacitación actitudinal (hábitos de trabajo, presentismo, presentación personal, trabajo en equipo, compromiso, relaciones interpersonales) para que colabore en el plan.
  • Se invitará a la Secretaría de Deportes a organizar actividades físicas, competencias, educación deportiva para mejorar el estado físico de personas que llegan de sectores vulnerables. Se podría instituir un módulo de 4 o 6 horas semanales de actividad física.
Pascual Albanese, del Foro del Siglo XXI, Roberto Alvarez, de AFIP, Lourdes Puente, de la UCA, Raúl Zylbersztein, de Ggera, y Mariano Obarrio, periodista independiente
  • Las empresas, los sindicatos, las ONGs y los movimientos sociales podrán celebrar convenios con Ministerio de Educación, Desarrollo Social, Seguridad y Defensa para disponer espacios físicos como lugares de capacitación, capacidad logística, transportes, materiales, herramientas, vehículos, aviones y espacios físicos para que sean usados por los beneficiarios en sus actividades formativas.
  • Se invitará al Ministerio de Salud a atender a todos los beneficiarios del plan y hará un censo sanitario (tratamientos oftalmológicos, odontológicos, enfermedades crónicas, adicciones y falta de alimentación).
  • Se propondrá al Ministerio de Trabajo y Economía un nuevo régimen laboral a fin de que los futuros graduados puedan incorporarse como personal estable de las empresas sin que éstas deban pagar cargas laborales por tres años y se comprometan a pagar la diferencia entre el plan y el salario básico de convenio.
Jorge Arias, del Foro del Peronismo del Siglo XXI
  • También podrá organizar cursos de cooperativismo para promover un nuevo régimen de cooperativas de alto valor agregado que puedan proveer insumos, servicios o productos de consumo masivo.
  • Las cámaras o las empresas otorgarán un diploma de graduación de los alumnos autorizado por el Ministerio de Educación. Esto servirá de fuerte incentivo para los jóvenes, que deben sentir que esos diplomas son logros personales importantes.
  • Las cámaras otorgarán los premios y las calificaciones por mérito para que los nuevos trabajadores sean incorporados ante la demanda de las empresas.
  • Se organizarán en cada centro de capacitación unidades de atención para los hijos de las mujeres que estén capacitándose, guarderías, salitas de jardines maternales, con las mismas beneficiarias del plan capacitadas para ello.

MACRI AUMENTO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 2019 UN 19,5%: AGREGÓ GASTO POR $ 814 MIL MILLONES

SEGÚN UN INFORME DE ASAP, POR EFECTO DE LA INFLACIÓN Y LA SUBA DEL TIPO DE CAMBIO EL CRÉDITO INICIAL SUFRIÓ SUCESIVOS INCREMENTOS EN LOS PRIMEROS 10 MESES DEL AÑO. EL GASTO PREVISTO ERA DE $ 4,1 BILLONES Y EN OCTUBRE LLEGO A 4,9 BILLONES. EN 2018, EL INCREMENTO HABÍA SIDO DEL 5,3%.

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Por Mariano Obarrio

El gobierno de Mauricio Macri termina su mandato criticado por haber hecho el mayor “ajuste” de la historia. Sin embargo, en los primeros diez meses de este año aumentó el gasto en un 19,5% respecto del presupuesto inicial. Hasta octubre, sumó gastos por $ 814.479,2 millones. El presupuesto original de 2019 preveía un gasto de $ 4,172 billones y luego de decretos, resoluciones y decisiones administrativas en octubre pasó a ser de 4.986 billones.

Así lo indica el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). El dato es llamativo porque el último acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional ordenaba una meta en 2019 de un déficit fiscal no mayor a 0,48% del PBI.

El ministro de Hacienda saliente, Hernán Lacunza, dijo que entregará la gestión el 10 de diciembre con equilibrio fiscal. Sin embargo, los gastos estacionales de diciembre (aguinaldos en jubilaciones, salarios, asignaciones familiares y universales por hijo –AUH-) incrementarían el gasto en 200 mil millones de pesos adicionales.

Hace unos días, Lacunza dijo que “se está cumpliendo consistentemente con la meta” del déficit fiscal primario del 0,5% fijado con el FMI. “La deuda flotante es la más baja de la historia. Un tercio menos que en 2015”, dijo.

Sin embargo, el gasto corriente y de capital para toda la administración pública aumentó en los primeros 10 meses del año en $ 814.479,2 millones (19,5%) sobre el presupuesto original. En el mismo lapso de 2018 se había ampliado sólo en 5,3%. Esto significa que el Presupuesto 2019, al momento de ser sancionado, previó un gasto mucho menor a la inflación y a la devaluación prevista.

Esto se pudo financiar gracias al impuesto inflacionario, que también incrementó la recaudación más de lo previsto; a los ingresos por desembolsos del FMI, y al aumento de retenciones a las exportaciones por una mayor liquidación de exportaciones por miedo a que suban las alícuotas con el cambio de gobierno.

“El problema es que ese presupuesto tenía una serie de supuestos macro que no se cumplieron y que explican ese comportamiento: la tasa de inflación y el tipo de cambio, esencialmente”, dijo Rafael Flores, economista especializado en Política Fiscal.

VER INFORME ASAP. OCTUBRE 2019

https://docs.asap.org.ar/public/doc/APN%20Octubre%202019

Los incrementos de gasto comenzaron con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 193 del 15 de marzo. Dispuso un aumento de $34.578 millones, destinados a financiar: Un aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ($+13.000 millones), el programa “Acuerdo Nación – Provincias Ley 27.260” que subsidia las tasas de interés de los préstamos que el FGS a las provincias (+$13.000 millones), y el programa “Coordinación de Políticas de Transporte Vial” (+$6.500 millones).

La Decisión Administrativa (DA) 194/19 del 19 de marzo un aumento de $180,1 millones y de gastos por $5.733,9 millones. La DA 288/19 del 15 de abril, autorizó un aumento de recursos $644,7 millones y de gastos por $16.624,4 millones, para la Secretaría de Energía.

La DA 398/19 del 17 de mayo autorizó gastos por $13.600,8 millones para la Secretaría de Energía, la de Transporte y los Ministerios de Seguridad. La DA 567/19 del 3 de julio dispuso más gastos por $17.759,9 millones, para el Ministerio de Transporte y al de Producción y Trabajo. La DA 732 del 28 de agosto aumentó gastos por $24.788,2 millones para los Ministerios de Salud y Desarrollo Social, de Hacienda y de Interior, Defensa y de Relaciones Exteriores.

El DNU 668 del 28 de septiembre autorizo gasto en $9.105,2 millones para Desarrollo Social, en virtud de la Ley 27.519 que prorrogó la Emergencia Alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2022.

Por otra parte, se ampliaron las aplicaciones financieras por $60.000,0 millones en la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro, con el objeto de asistir al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y financiar el “Programa de Asistencia para la Recomposición Financiera”.

Por último, por el DNU 740/19, del 28 de octubre aumentó el gasto en $ 664.079,5 millones, lo que determinó, según ASAP, una desmejora en el resultado financiero de la Administración Pública Nacional de $337.979,5 millones. La mayor parte se destinó al Servicio de la Deuda Pública ($308.693 millones).

También se amplió el crédito del Ministerio de Salud y Desarrollo Social en $102.123,9 millones para el pago de la Movilidad de los Haberes en las Prestaciones Previsionales, las Asignaciones Familiares, y las Pensiones no Contributivas, además de incrementarse gasto para cubrir déficits de Cajas Previsionales Provinciales y financiar programas sociales.

Otros incrementos importantes fueron los otorgados al Ministerio de Transporte (+$86.067,7 millones), a la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro (+$47.166,2 millones), que se destina a las provincias y municipios, y también se amplió el presupuesto (+$6.600 millones) para Aportes de Capital a Aerolíneas Argentinas S.A.

Además, se aumentó el gasto en la regularización contable de los certificados de crédito fiscal de “Petróleo Plus y Refinación Plus” destinados a la exploración y explotación de petróleo a efectos de incentivar la producción y la incorporación de reservas de petróleo y la producción de combustibles (+$14.798 millones).

Así mismo se aumentó el presupuesto del Ministerio de Hacienda en $80.121,3 millones destinado en su mayor parte a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico SA (CAMMESA), entre otros incrementos.

PICHETTO BUSCA LIDERAR LA “CUARTA PATA” DE JUNTOS POR EL CAMBIO PARA 2021

EL EX CANDIDATO A VICEPRESIDENTE TRABAJARÁ PARA FORTALECER SU ESPACIO CON PARTIDO PROPIO; SUMARA A DIRIGENTES QUE ACEPTEN ENGROSAR LAS FILAS DEL ESPACIO PARA CONSOLIDAR UNA OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA Y AGREGAR VOTOS PARA LAS ELECCIONES DE MEDIO TERMINO

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Por Mariano Obarrio

La despedida multitudinaria de Mauricio Macri en la Plaza de Mayo fue un punto de partida para la intención del presidente saliente de convertirse en el líder de la oposición y de Juntos por el Cambio. Pero su ex candidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto buscará construir la “cuarta pata” de la coalición de Juntos por el Cambio para articular un frente que tenga posibilidades de constituirse en una oposición sólida y unida, competir en las elecciones legislativas de 2021 y organizar una alternativa de poder en 2023.

Más allá de la euforia por la despedida de Macri, en la que Pichetto ocupó un lugar central en el escenario, la candidatura presidencial para dentro de cuatro años no está definida, ni mucho menos. Saldrá de una competencia que podría dirimirse en las PASO tanto en las legislativas de medio término como luego en las elecciones presidenciales.

Para contribuir a ese ordenamiento, quiere sumarse Pichetto como líder de la “cuarta pata” del frente. En la actualidad Juntos para el Cambio está conformado por tres “patas” fundamentales: el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Los dos primeros enfrentan una crisis de liderazgo por lógicas razones. En el PRO, Macri pareciera ser el jefe, obtuvo 41 puntos hace un mes, pero Horacio Rodríguez Larreta fue reelegido con el 55% y también quiere competir para las presidenciales.

Miguel Pichetto

Además, la gobernadora bonaerense saliente, María Eugenia Vidal, conserva un fuerte liderazgo en la provincia de Buenos Aires aunque pareció perder potencia tras su derrota de las elecciones de octubre frente a Axel Kicillof. Y está enfrentada con Marcos Peña, el alter ego de Macri. Emilio Monzó conserva su relación con Rodríguez Larreta pero rompió con Marcos Peña, con Macri y con Vidal. En un intento de recomponer este entuerto, Macri designó a Patricia Bullrich como presidenta del PRO, para no darles a ninguno de estos el liderazgo pleno y resolver esos enfrentamientos internos.

También falta resolver la pelea interna en la UCR, que deberá dirimir su presidencia entre el diputado mendocino Alfredo Cornejo, actual jefe partidario, y el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, que aspira a sucederlo.  La Coalición Cívica, en tanto, tiene como presidente a Maximiliano Ferraro y el retiro político de Elisa Carrió encierra muchas incertidumbres sobre su integración.

En ese contexto Pichetto pretende agregar “la cuarta pata” del espacio, la que “le daría estabilidad”. Para cumplir ese objetivo, se dedicará a constituir un partido político o a hacer una alianza con algún partido existente para fortalecer su pequeño espacio y decidir como miembro más del futuro frente en 2021. El nuevo pichettismo estará conformado por dirigentes afines al peronismo no K e independientes. Por ahora, cuenta con dos experimentados operadores políticos del peronismo, como Ramón Puerta y Miguel Angel Toma. Puerta es amigo histórico de Macri y Toma mantiene buenas relaciones con todo el espacio.

Ramón Puerta
Miguel Angel Toma

Macri quería que Pichetto se hiciera cargo de la Auditoría General de la Nacion, organismo de control del Parlamento que debe dirigir la primera bancada opositora. Pero ante la deserción de tres diputados de PRO, que Macri calificó de “traición”, el bloque de la UCR quedó con un miembro más que el PRO, si se contabiliza entre diputados y senadores. Es por eso que la UCR propondrá a Jesús Rodríguez.

Plaza de Mayo del 7D

Si bien Macri se despidió del gobierno con una Plaza de Mayo multitudinaria, la realidad empírica es que parece tener un techo para las elecciones. Tanto en 2017 como en 2019, no pudo superar el 41% de los votos. Y una parte de esos votantes siempre respondieron al reflejo de oponerse al kirchnerismo más que adherir a las políticas macristas (en las PASO Macri tuvo 32%). Votaron por espanto y no por amor.

Para ganar las presidenciales, es necesario superar el 45% para imponerse en primera vuelta o el 50% en la segunda vuelta. ¿De donde sacará esos votos que le faltan Juntos para el Cambio en 2023 si quiere competir en las presidenciales? El máximo esfuerzo pareció hacerlo con las “Marchas del Sí se Puede” en octubre pasado, cuando el país estaba hiper polarizado entre Macri o el kirchnerismo y allí obtuvo 40 puntos.

Por otra parte, en las elecciones de 2015, Macri había obtenido 34% en la primera vuelta y ganó el ballotage con 51%. Pero era otro escenario por completo. Los votos agregados los obtuvo del massismo que en aquel momento también quería bloquear al kirchenrismo (Cristina Kirchner era la rival a vencer) y Macri despertaba cierta esperanza de “cambio”. En 2019, Massa se volcó hacia el kirchnerismo con votos decontentos de Macri y le dio el triunfo a Alberto Fernández. ¿Cómo recuperar esa franja que fluctúa entre el peronismo y el no peronismo y que determina las elecciones en la Argentina?

Ahí entraría en juego Pichetto. Macri necesitará ahora de una cuarta pata que le acerque votos que puedan quedar descontentos de una eventual gestión de Alberto Fernández. La “pecera” para pescar pareciera el “peronismo no K” y por eso Pichetto apuesta a fortalecerse como “cuarta pata” de Cambiemos. La primera “parada” sería 2021: Macri podría ser candidato a diputado nacional por CABA y María Eugenia Vidal por la provincia de Buenos Aires. Pichetto jugaría un rol en esas elecciones, al igual que la UCR y la CC.

Pichetto, presente en el escenario de la despedida

El objetivo de mínima es mantener en 2021 el piso de 41% de 2017 y para eso Macri se propone mantener unido a todo el espacio de Juntos para el Cambio. Y para evitar las fugas hacia otras fuerzas, lease el Frente de Todos, el presidente saliente apuntará a garantizar las PASO en las legislativas y quizás también en las presidenciales. Esa unidad será la condición necesaria para mantener la expectativa de una fuerza que sea una alternativa de poder.

SABINO VACA NARVAJA SERÁ EMBAJADOR EN CHINA, ARGÜELLO EN EE.UU. Y ALBERTO IRIBARNE EN URUGUAY

EL EQUIPO DE EMBAJADORES TENDRÁ TAMBIEN UN REPARTO ENTRE ALBERTISTAS Y CRISTINISTAS; CARLOS BETTINI PODRÍA IR A ESPAÑA, SCIOLI IRÁ A BRASIL Y JUAN CARLOS GIOJA A CHILE

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Por Mariano Obarrio

Luego de confirmar su gabinete de ministros con el que gobernará desde el 10 de diciembre, el presidente electo, Alberto Fernández, termina de diseñar el equipo de embajadores que lo acompañará en su política exterior. El canciller Felipe Solá tendrá como embajador en la República Popular China a Sabino Vaca Narvaja, un amigo de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner, hermano de Camilo, ex pareja de Florencia Kirchner, y técnico especializado en asuntos argentino-chinos.

Sabino también es hijo de Fernando Vaca Narvaja, que fue tercero en la conducción nacional de la organización Montoneros, a la que se le atribuyeron atentados contra militares, civiles y soldados del Servicio Militar Obligatorio en los 70. Más recientemente, Fernando fue ministro de Obras Públicas del gobierno de Río Negro y militó en el Frente para la Victoria. Tanto el padre como el hijo son kirchneristas puros.

Pero el reparto de poder entre albertistas y cristinistas también existirá en el cuerpo de la diplomacia. En los Estados Unidos, Alberto Fernández tendrá como embajador a su amigo de muchos años Jorge Arguello, de excelente vínculo con el Departamento de Estado y la Casa Blanca: se desempeñó como embajador en Washington y también como representante ante las Naciones Unidas durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. Pero siempre desde una relación privilegiada con el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

En Uruguay, el presidente electo nombró como embajador a su otro amigo Alberto Iribarne, ex ministro de Justicia. Tanto Argüello como Iribarne son albertistas.

Jorge Arguello

Todavía es una incógnita quién será el embajador ante España. Originalmente se mencionó con mucha fuerza a Leandro Sigman, CEO del Grupo Insud, de los laboratorios Biogénesis Bagó. Leandro vive en Madrid y atiende los negocios del grupo que dirige su padre Hugo Sigman tanto en España, Suiza y China. Pero en las últimas horas volvió a crecer el nombre de Carlos Bettini, que fue embajador en Madrid durante los 12 años K. También sería un nombre del círculo íntimo cristinista.

Sabino Vaca Narvaja es un técnico especializado en el vínculo con la República Popular de China, un país considerado clave por Alberto Fernández para el flujo de inversiones. Dirige el Programa de Cooperación y Vinculación Chino-Argentino del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús.

Alberto Iribarne

Además es Licenciado en Ciencia Política y logró el llamativo respaldo de Diego Guelar, embajador del actual gobierno. En su cuenta de la red social Twitter, Guelar dijo: “Sabino es un joven que no tuvo nada que ver con la violencia fratricida de los 70’s . Si fue algo, fue una víctima inocente como un infante en esos años!!! Si es mi sucesor, le deseo lo mejor y puede contar con toda mi colaboración para poder continuar una agenda en plena marcha”.

Se sabe que Sabino tiene un fluido contacto con la embajada china en Argentina y su postura sobre ese país es que “América Latina debe asociarse para aprovechar la nueva estrategia global china y así dinamizar el comercio regional a través de la infraestructura que China ofrece. Esta relación debe establecerse desde una perspectiva continental, a través del establecimiento de políticas adecuadas y coordinadas en el plano regional”. El encargo que tuvo de Alberto Fernández es el de promover el comercio bilateral y las inversiones del gigante asiático en la Argentina.

Entre tanto, Arguello será un “casi canciller” porque tendrá a su cargo la principal relación de la Argentina con el mundo en el contexto de una crisis que tiene como problema central la deuda: facilitará los vínculos con el FMI, los organismos, la Casa Blanca, y todos los “think tanks” que tengan relación con la Argentina. Además, hablará con el Departamento de Estado y de Comercio para mejorar las relaciones comerciales y las inversiones. Su próximo objetivo es ponerle fecha a una visita de Alberto Fernández a Donald Trump.

Carlos Bettini

Alberto Iribarne finalmente no será titular de la AFI como se especuló en las ultimas semanas. Alberto Fernández lo convocó esta semana para que se haga cargo de la embajada argentina en Montevideo para mantener las relaciones bilaterales con el nuevo gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou. Iribarne es uno de los dirigentes del peronismo porteño que más confianza tiene con Alberto Fernández y militó siempre en la agrupación Victoria Peronista, que completaban Fernández, Jorge Arguello y Julio Vitobelo.

Por otra parte, Daniel Scioli irá como embajador a Brasil, donde buscará cultivar una relación personal con el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro para remontar las relaciones bilaterales dañadas por las críticas del mandatario brasileño al presidente electo. En este caso, Scioli actuará por cuenta y orden del albertismo.

Daniel Scioli

Juan Carlos Gioja, hermano del presidente del PJ y ex gobernador de San Juan José Luis Gioja, irá a Chile. Procurará allí acercar vínculos con el gobierno de derecha de Sebastián Piñera que transita por una crisis política y social. Se descartó así el nombre de Rodolfo Gabrielli, que había sonado en las últimas semanas. Por otra parte, Fernando “Pino” Solanas será embajador ante la Unesco, Carlos Tomada en México y Archibaldo Lanús en Francia. Lanús es un diplomático de carrera que cultivó una buena relación con Cristina Kirchner y tiene una alta experiencia como embajador en París de otros gobiernos.