Scioli condiciona a De La Sota en el PJ y otras verdades. Programa emitido el sábado 16 de agosto de 2014

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Apertura. Mariano Obarrio

Recesion y despidos. Reacción del Gobierno. El cierre de Donelley. Aumento de planes sociales y empleo público como paliativos. Cierre de empresas y comercios.  Macartismo y ley antiterrorista para defender “el modelo”. Default, fondos buitre y la investigación de l origen de fondos de Lázaro Báez.

Editorial 1  Mariano Obarrio y José Antonio Díaz
Situación fiscal y deuda del Gobierno nacional.

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“La inflación pasó de 20% anual a 40%”

“…pese a lo que dice a Cristina el mundo crece y los países latinoamericanos también crecen siempre más que la Argentina.”

Entrevista a  José Urtubey, UIA
La quiebra de Donelley

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“Yo creo que no hay que tenerle miedo a lo que es una investigación”

Editorial 2 José Antonio Diaz y Mariano Obarrio

imageRojo Fiscal. Planes de reactivación y ajustes de recursos. Crecimiento de la pobreza

“El problema es que el Gobierno está ante la necesidad de tomar medidas extremas para custodiar las reservas … y por el otro lado tiene que empezar a invertir en estos planes de presunta reactivación”

“El Gobierno está ampliando continuamente sus niveles de gastos especialmente por los planes sociales .. eso crece al infinito”

“Está presupuestado 120.500 millones de pesos en planes sociales”

Entrevista a Daniel Scioli, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires
IMG_1917La reunión del Gobierno con Lear y Donnelley. Extremistas dentro de las fábricas. Ley antiterrorista y ley de abastecimiento. Negociación con holdouts y default. La carrera presidencial. De la Sota y Massa. Peronismo o Frente para la Victoria.

“Aquí se quiere instalar como la prepotencia de un gobierno que quiere quedarse con las empresas, nada más lejano”

“Algunos quieren instalar como que Argentina está en default […] Hoy hay una situación estable … que hay que buscar recuperar … Tampoco miremos la foto, miremos la película”

“Hoy el país necesita un peronismo unido con otros sectores […] El peronismo ya es parte del Frente para la Victoria”

Mariano Obarrio y José Antonio o Díaz
Agenda económica. Deuda y vencimientos impagos. Reclamo del Citi ante la Corte de Apelaciones.

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“Es muy probable que Argentina obtenga un medio fallo favorable, porque sigue estando en situación de incumplimiento”

“El gobierno críticó pero no apeló la medida de Griesa”

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Despidos. Reunión del gobierno con Donnelley y Lear

LA NACIÓN, 16 de agosto de 2014

Luego de que la presidenta Cristina Kirchner advirtió a los empresarios que despidan a trabajadores que aplicará la ley antiterrorista e intentará reformar en el Congreso la ley de abastecimiento, el Gobierno intentó ayer presentar la buena noticia de que “se garantizará la continuidad laboral” en dos empresas en crisis. Lo hizo tras sendas reuniones del jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, con los representantes gremiales de la imprenta Donnelley y con los directivos de la autopartista Lear.

Sin embargo, la situación aún es indefinida tras los encuentros celebrados en el Salón Norte de la Casa Rosada, entre las 15 y las 17.

Por un lado, el director general de Lear, Antonio Marín, ratificó lo que había anticipado anteayer: reabrirá sus puertas el martes próximo si el Gobierno le garantiza que las delegaciones gremiales más radicalizadas de Smata no le toman la planta tras dos meses de conflicto.

Según dijeron a LA NACION fuentes de la Casa Rosada, “Lear se comprometió a reincorporar a 60 de los 64 trabajadores despedidos”, lo cual es uno de los ejes la controversia. El Gobierno se comprometió a garantizará el orden en la fábrica. Sin embargo, Capitanich no dio información oficial del acuerdo.

En el caso de Donnelley, Capitanich se reunió con la Federación Gráfica Bonaerense, representada por Mario Abraham, y acordó que “el espíritu será mantener las fuentes de trabajo”, para evitar el despido de los 400 empleados; garantizó que “seguirá existiendo la imprenta”, y dijo que para ello intentará buscar un “inversor privado” o conformar una “cooperativa” en manos de los trabajadores.

El Gobierno se comprometió además a “no desalojar la planta”.

Los accionistas y directivos de Donnelley, que pidieron la quiebra que les fue concedida por el juez comercial Gerardo Santichia, no asistieron a la reunión porque, según el Gobierno, “no están ubicables”.

Cristina Kirchner había anunciado anteayer que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que dirige Ricardo Echegaray, solicitaría la aplicación a Donnelley de la ley antiterrorista, y la denunció penalmente por alterar el orden económico y financiero. La demanda recayó ayer en juez federal Daniel Rafecas.

Según ella, la imprenta invocó una “quiebra falsa, fraudulenta y mafiosa”, por estar supuestamente vinculada al fondo buitre NML Elliot, de Paul Singer.

La mandataria dijo que Singer buscaría así una represalia contra el Gobierno por no acordar una forma de pago, tal lo dispuesto por el juez de Nueva York, Thomas Griesa, y caer así en default selectivo.

Según trascendió en la Casa Rosada, la Presidenta, que ayer viajó a Santa Cruz, está muy preocupada por la posibilidad de que se acentúe la crisis de cierres de empresas y despidos de trabajadores, y por la investigación judicial que los fondos buitres activaron en Estados Unidos para rastrear cuentas y empresas fantasma del empresario Lázaro Baez y así vincularlas con supuestas maniobras de lavado de dinero de la familia Kirchner.

Es así como adoptó la estrategia del amedrentamiento con las leyes antiterrorista y de abastecimiento.

De las reuniones de ayer participaron además los ministros de Trabajo, Carlos Tomada; de Industria, Débora Giorgi, y de Seguridad, Cecilia Rodríguez. También estuvieron el jefe del gabinete bonaerense, Alberto Pérez, y el ministro de Trabajo de la provincia, Oscar Cuartango.

“Se garantizará la continuidad laboral en ambas empresas. El martes abrirá Lear. Y el Gobierno y los sindicatos acordarán una manera de mantener abierta la imprenta Donnelley con un inversor privado o con una cooperativa”, señalaron fuentes del Gobierno a LA NACION.

La continuidad de Donnelley encierra aún más dudas que certezas. Fuentes gremiales y gubernamentales confiaron a LA NACION que la definición del conflicto dependerá la evolución judicial de la quiebra, para lo cual se reunirán el martes próximo con el juez Santichia.

“El juez y el síndico son permeables a la continuidad”, dijo un dirigente gremial en Balcarce 50.

El conflicto en Lear, en tanto, no está saldado. El miércoles próximo habrá una reunión interna en Smata, donde el sindicato que dirige Aldo Pignanelli podría desplazar a la comisión gremial interna de la empresa, de la izquierda combativa y enfrentada al jefe sindical.

Por su parte, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, aseguró ayer que si Rafecas acepta la figura de terrorismo para Donnelley, pedirá congelar activos de sus accionistas en la Argentina y en los países miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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AUN A RIESGO DE ROMPER UNEN, CARRIO VA POR EL PODER. PINO QUIERE MORIR CON SU IDEOLOGIA

Elisa Carrió está resuelta a romper el frente UNEN si la discrepancia llega a un extremo por Mauricio Macri. Su nuevo novio, como dijo, es Ernesto Sanz. El presidente de la UCR está decidido también a cerrar con el macrismo. Los radicales y Carrió comenzaron a darse cuenta de que Macri sin ellos no tiene seguridad de ganar, y que ellos sin Macri seguramente no pueden llegar al gobierno. La prioridad ahora, de unos y otros, es desaoljar al peronismo del poder.
Carrió aprendió del 1,8% que sacó en 2011. En ese momento no aceptó aliarse con Binner ni con Alfonsín. Los tres terminaron solos y Macri terminó sin candidato. La paliza fue memorable: la Doctora sacó el 54% porque aún el modelo podía engañar a muchos y porque el peronismo unió al agua y al aceite.
La lider de la Coalición está aprendiendo de los peronistas cómo son los métodos para llegar al poder. Si hay que aceptar a Macri para terminar con el PJ, esa será su premisa. Los radicales también aprenden.
Cobos y Sanz se preguntan si Alfonsin quiere cerrar con PRO. Pero se responden que Alfonsin no puede protestar porque en 2011 terminó abrazado a Francisco De Narvaez. ¿Hay mucha diferencia entre uno y otro?
Los radicales además ya cerraron alianzas con el pro en Cordoba, Mendoza y se sacan fotos juntos en Santa Fe (Barletta y Del Sel). Cerca de Carrió aceptan que el socialismo, Victoria Donda y Pino podrían partir UNEN. Pero consideran que el polo de atracción de votos (el voto útil) que se formaría con una alianza con Macri serviría para ganar y formar parte de un gobierno repartiendo espacios desde donde transformar la Justicia o la Educacion. La coherencia en las ideas o en las ideologías, que defiende Pino, los dejaría otra vez afuera de todo.
Solanas considera que su triunfo en Capital en 2013 contradice ese argumento. En realidad Pino no quiere aceptar que fue votado para senador porque muchos sectores de centro porteños lo eligieron para que se asegurara el segundo lugar y obtuviera el senador por la minoría, para que no llegue Filmus.

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Despidos y mani pulite. La Doctora reaccionó con el terror hacia los empresarios

Acorralada por los despidos y por las denuncias e investigaciones que los fondos buitres y los jueces de USA comenzaron a hacer del patrimonio de los Kirchner y del empresario K Lazaro Baez, la Doctora resolvió dar pelea: el nuevo adversario son los empresarios que cierren y dejen gente en la calle y se les aplicará la ley antiterrorista por alterar el orden económico y financiero y les redoblará la apuesta con la ley de abastecimiento.
La Doctora está nerviosa porque está convencida de que el gobierno de los Estados Unidos alienta a los buitres y a los jueces para investigar supuesto lavado de dinero de los Kirchner y Baez. Ella denuncio a los que amenazan “con que algo peor está por venir” y denunció que era un complot contra la Argentina. Pero siente que la persecución a Baez en USA la tiene a ella como destinataria. Los despidos serán el pretexto. Ahora las quiebras podrían ser denunciadas como falsas o fraudulentas, porque las empresas ganan más plata que nunca con el modelo, pero quieren conspirar porque saben que la Argentina tiene recursos naturales para ponerse de pie y la quieren de rodillas.
Ahora los empresarios ahogados por la inflación y la falta de competitividad saben que pueden ser sometidos a la ley antiterrorista si despiden empleados. Es toda una advertencia la denuncia penal a Donnelley. Deberán someterse a ser tratados como buitres o como terroristas del modelo.

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Frente al crecimiento del desempleo, aumentaron 27% los empleados públicos

LA NACIÓN, viernes 15 de agosto de 2014

La presidenta Cristina Kirchner aseguró ayer en la Casa Rosada que el trabajo es el principal ordenador social. Desde que asumió en 2007, hasta el comienzo de 2014, su gestión incorporó 80.994 empleados públicos en la Administración Pública Nacional. Ello implicó un salto exponencial del 27% de la planta permanente, la transitoria y de los contratos temporarios.
Hace siete años, el Estado nacional registraba 295.151 agentes públicos. Al comenzar el año actual, la dotación de personal había trepado a 376.145 empleados.
Este fenómeno generó un salto abismal en el gasto público. En 2007, la partida de gastos en personal era de $ 14.912 millones, mientras que al final del ejercicio 2013 había aumentado a $ 82.336 millones. Se incrementó el gasto en $ 67.424 millones, un 452% en siete años.
El informe fue publicado en el portal http://www.elauditor.info de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC), el sindicato de auditores que dirige Hugo Quintana, y se elaboró sobre la base de los datos oficiales de la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía.
De ese crecimiento se desprende que la política oficial consiste en seguir aumentando el gasto en personal. Hace dos semanas, el jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, firmó la decisión administrativa 609, que dispuso el pase a planta permanente de 7500 agentes, a quienes les otorgó estabilidad laboral.
El reclutamiento masivo en el Estado favoreció principalmente en estos años a los militantes, familiares y amigos del kirchnerismo. En especial, los simpatizantes de las agrupaciones que componen Unidos y Organizados: La Cámpora, Kolina o JP Evita, entre otros.
Según confiaron a LA NACION funcionarios del Estado, las nuevas contrataciones no respetaron la obligación legal de establecer concursos de mérito y la mayoría de las designaciones se hicieron por excepciones a las leyes que rigen el empleo público, como la ley marco 25.164, y a las prohibiciones presupuestarias de nombrar personal, una muestra más de la discrecionalidad en los nombramientos.
Por otra parte, esa política de recursos humanos fortaleció el aumento del gasto, en un contexto de creciente déficit fiscal, emisión monetaria, inflación, descenso del consumo y la actividad económica, que desemboca ahora en despidos, suspensiones y cierres de empresas en el sector privado.

La evolución de la planta en la Administración Nacional entre 2007 y 2014 tuvo diferente intensidad en sus diversos sectores: administración central (Poder Ejecutivo, ministerios, Poder Legislativo y Judicial), organismos descentralizados (Conicet, INTA, Parques Nacionales, Senasa), e instituciones de la seguridad social (Anses y PAMI).
En la administración central, se pasó de 255.068 empleados a 303.218, una suba de 48.150 (19%). En organismos descentralizados, de 34.223 agentes a 56.471, un salto de 22.248 (65%), y en seguridad social, especialmente en la Anses, el personal se triplicó: de 5860 a 16.456 trabajadores, una diferencia de 10.596 (181%).
Hubo 11.570 incorporaciones por año; 31 por día. El ministerio más beneficiado fue Planificación Federal, de Julio De Vido. Pasó de 2838 agentes a 7875, un aumento de 5492 personas (230%) en siete años. En Justicia y Derechos Humanos, cuyo poderoso viceministro Julián Álvarez, segundo de Julio Alak, es un pope de La Cámpora, se incrementó de 11.142 empleados a 15.604, un aumento de 4462 agentes (40%).
El Ministerio de Trabajo, de Carlos Tomada, hizo honor a la creación de empleo: de 1620 personas trepó a 3874, sumó 2245 empleados (139%). El informe consigna que se duplicaron los ministerios, de 8 a 16, y que este año se creó el de Cultura por lo cual el personal volverá a registrar una suba.
El Poder Judicial, en tanto, incorporó 3811 personas y tiene 23.814 agentes. El Ministerio Público contrató 3074 trabajadores y alcanzó 7420 empleados. El Poder Legislativo, pasó de 10.146 a 12.986: sumó 2840 trabajadores.
Entre los organismos descentralizados, el Conicet sumó 3737 agentes y llegó a 11.686 trabajadores. El INTA reclutó a 3233 empleados y ahora tiene 7533, Parques Nacionales incorporó a 1373 personas y alcanzó 2521 y el Senasa contrató a 801 y completó 3480.
Por otra parte, la Anses, la caja de jubilados que dirige Diego Bossio, tenía 5441 empleados y aumentó un 195%: tiene ahora 16.038; agregó 10.597 personas a su planta.

La partida de gastos de la planta permanente y temporaria ascendía en 2007 a $ 13.772 millones y al final de 2013 se ejecutaron $ 73.696 millones, un incremento del 435 por ciento. En cambio, la partida de personal contratado creció un 658%: de $ 1140 millones en 2007 a $ 8640 millones a enero pasado..

 

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Fuente: LA NACIÓN, elaborado en base a datos de elauditor.info y MECON
Fuente: LA NACIÓN, elaborado en base a datos de elauditor.info y MECON
Fuente: LA NACIÓN, elaborado en base a datos de elauditor.info y MECON
Fuente: LA NACIÓN, elaborado en base a datos de elauditor.info y MECON

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El gobierno respondió a la iglesia. ¿Tiembla La Paz con Francisco?

LA NACIÓN, jueves 14 de agosto de 2014

El Gobierno reaccionó ayer con malestar y críticas al mensaje de la Iglesia, que anteayer había expresado su preocupación por los recientes despidos de trabajadores, suspensiones y cierres de fábricas.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reclamó que la Conferencia Episcopal “trate el impacto de los fondos buitre”. En la Casa Rosada afirmaron que a la Presidenta le cayeron muy mal las expresiones de los obispos y le ordenó a Capitanich responder en un tema que considera sensible.
El vocero del Episcopado, padre Jorge Oesterheld, que había mencionado el día anterior la inquietud por la inestabilidad laboral, intentó ayer bajarle el tono a la confrontación. De todas formas, recordóque los prelados “ya se pronunciaron sobre la situación de la deuda externa en una declaración que se hizo pública el 24 de junio, luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos”. En ese momento, afirmó Oesterheld, la Iglesia abogó por una “justa negociación” y pidió a la dirigencia “unidad y responsabilidad”.
El vocero del Episcopado dijo a LA NACION que la situación laboral “es una inquietud permanente” de los obispos, pero aclaró que el tema no estaba formalmente incluido en la agenda de la 168» reunión de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal, que terminará hoy.
Pese a que había trascendido que la Iglesia emitiría hoy un documento sobre los despidos, la inseguridad y las adicciones a las drogas, Oesterheld descartó cualquier pronunciamiento en ese sentido luego del cónclave de unos 20 obispos.

“La Presidenta le bajó la orden a Capitanich de contestarles a los obispos”, confiaron a LA NACION en la Casa Rosada.

Sugestivamente, Cristina eligió al funcionario que en sus habituales conferencias de prensa matutinas se manifiesta abiertamente favorable a la Doctrina Social de la Iglesia y se confiesa como un católico practicante.
En su conferencia de ayer, Capitanich aseguró que la opinión de Oesterheld del día anterior “no implica que haya sido de la Conferencia Episcopal” y, si bien dijo “respetar” las opiniones, consideró que “la expresión de un vocero no implica la síntesis de un documento”.
En el contexto de la 168a reunión de la comisión permanente del Episcopado, Oesterheld había dicho anteayer en declaraciones a la agencia DyN que

“preocupa a los obispos la inestabilidad laboral creciente que se manifiesta en despidos, suspensiones y el cierre de fábricas”. Y agregó que “son inquietantes los altos niveles de inseguridad y adicción a las drogas”.

Este último concepto del párroco de la parroquia Virgen de las Flores, en Morón, se produjo justo cuando trascendió, tal como informó LA NACION el domingo último, que el Gobierno estudia un proyecto para despenalizar el consumo de drogas, iniciativa que precisamente impulsa un sacerdote católico en uso de licencia, como es el titular de la Sedronar, Juan Carlos Molina.
El conflicto social por los crecientes despidos y suspensiones, además del debate por la lucha contra el narcotráfico, aparecieron así como dos temas amenazantes para la relación recompuesta entre el Gobierno y la Iglesia, que había salido de un clima de desconfianza y tensión luego de que el papa Francisco recibió tres veces a la presidenta Cristina Kirchner en el último año y medio.
Según confiaron a LA NACION fuentes oficiales, el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, no mantuvo ayer contactos oficiales por este tema, aunque informalmente algunos obispos lo visitaron y le adelantaron que no habría documento luego de la Conferencia Episcopal.
La reacción de Capitanich exhortando a la Iglesia a explicar el impacto de los fondos buitre se contradijo con el discurso oficial de Cristina y del propio jefe de Gabinete, que habían dicho recientemente que luego del default “la vida sigue” y no habría efectos sobre la economía.
La Casa Rosada está realmente preocupada por los crecientes despidos, a tal punto que hoy a las 18 la Presidenta hará anuncios en la Casa Rosada tendientes a promover la actividad a partir del relanzamiento de un plan de viviendas del Ministerio de Planificación, entre otras medidas.
Pese a que Oesterheld intentó suavizar el clima, el obispo de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez, advirtió ayer que en América latina, en la Argentina y en la provincia de Misiones “la falta de trabajo estable y digno aún sigue siendo causa de pobreza y exclusión”.
Capitanich fue muy claro al contestarle a la Iglesia. “Aunque no se dijo, supongo que la Conferencia Episcopal Argentina tratará de un modo detallado el impacto que tiene la acción de grupos minúsculos de especuladores de forma internacional denominados fondos buitre respecto de los niveles de afectación a la condición soberana del país y a las implicaciones que esto tiene a nivel mundial y nacional”, dijo.
El jefe de Gabinete fundó su reclamo en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, del papa Francisco, que en su párrafo 59, señaló, dice que “hasta que no se revierta la inequidad será imposible erradicar la violencia”. Curiosamente, luego Capitanich admitió que “el Estado interviene para garantizar el trabajo”, con lo cual admitió la preocupación oficial sobre el tema.
“El desempleo y la inseguridad no figuran en el temario de la reunión”, contestó luego Oesterheld a LA NACION. Y aseguró que el conflicto sobre los fondos buitre había sido abordado por el Episcopado.

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Despidos, los fantasmas que La Doctora había olvidado

El cierre de la imprenta Donnelley es un espejo que anticipa el final del modelo. El gobierno de La Doctora sabía desde hace meses que muchas empresas sufrieron crisis profundas de competitividad y sólo mantienen abiertas sus persianas a la espera de que el mandato de la abogada exitosa termine en diciembre de 2015. Ese es el único horizonte por el cual algunas empresas todavía piensan en planes de negocios para el año próximo. Pero el default, esa pavada atómica, también sumó fuertes dudas a las decisiones que muchos empresarios pensaban ejecutar al promediar el año electoral.
El sector automotriz, con suspensiones, despidos y anticipos de vacaciones, era un claro ejemplo de que el modelo de inclusión estaba haciendo agua. Las crisis en sucesivas autopartistas ratificaban esa perspectiva. La noticia de la imprenta de Garin y sus 400 despidos terminó de ponerle el sello a una época de restricciones que parece inexorable aunque la Doctora lo quiera negar con miles de discursos por cadena nacional.
Los anuncios de ella la semana pasada pretendieron disimular la crisis, pero en si mismos estaban dirigidos a contener los despidos. El más claro fue el aumento a 2000 pesos y la extension a 12 meses de los Planes Repro (subsidios a empresas para no despedir gente). El gran tema de la segunda mitad del año serán estas cesantías.
No puede haber fracaso mayor para un gobierno popular e inclusivo que la caída de empleos en el sector productivo. Es por eso que Augusto Costa, secretario de Comercio, les pidió a los capitanes de la Unión Industrial que no despidan empleados. Suspendan, tomen planes Repro, adelanten vacaciones… pero no despidan por favor!
Ese ruego desesperado contrastó con la aparente dureza de un ministro desconcertado, como Axel, que no se dignó a recibir a los industriales y les mandó a su segundo. Esas demostraciones de poder sin sentido causan estupor y más en tiempos de crisis. Con esa fiereza de gobierno inflexible, Costa les prometió más apertura a las importaciones y financiamiento para las exportaciones.
Pero así es el populismo. Si no puede solucionar los problemas, lo mejor es encontrar un buen culpable. Axel está enamorado del default generalizado para abrazar la teoría del enemigo externo para explicar los fracasos. El nuevo Magnetto se llama Griesa y las corporaciones mediáticas ahora se transformaron en fondos buitres. Los de afuera y los de adentro.

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