La impostura de la Doctora no tiene límites

La impostura de la Doctora no tiene límites. Dice que su gobierno nunca creó impuestos, pero el impuesto inflacionario está matando a la economía, pulverizó la competitividad y está desenmascarando el modelo. Además, elevó alícuotas de impuestos y retenciones, la presión tributaria es la mas alta en años, agravada y alimentada por la suba de precios, el déficit fiscal y el enorme gasto público.

Asegura que nacionalizó YPF y la rescató del colonizador español, y que nunca debería haber sido privatizada, pero ella fue la principal impulsora de los proyectos privatizadores de la petrolera nacional en los 90, cuando en 1992 defendió el pase a manos privadas como legisladora provincial de Santa Cruz y Oscar Parrilli lo justificó y celebró como miembro informante e hizo votar la ley como diputado nacional.

En 1999 la Doctora respaldó como senadora nacional la compra de Repsol impulsada por Menem y ella era esposa del gobernador petrolero Nestor Kirchner, que se había beneficiado durante toda la década con el cobro de regalías y generó los “fondos de Santa Cruz”, girados al exterior con asesoramiento de Domingo Cavallo.

Sostiene que el déficit fiscal no es por mala administración de su gobierno, sino por las elevadas importaciones de energía y los subsidios necesarios para que no se caiga la economía. ¿Y que son las subas de importaciones y el pago de subsidios sino mala administración del recurso energético? ¿Quién perdió el autoabastecimiento en los 2000? Entonces alecciona que en los 90 había petróleo excedente para exportar porque no había industrias y la gente no trabajaba tanto como ahora. Sin embargo, además del natural crecimiento de la demanda cayeron la producción y las reservas de hidrocarburos en su gestión. En este punto cruje el relato.

La crítica a los 90 la comprende a ella. Fue amiga y compañera de ruta de Cavallo, que era principal asesor economico de su marido gobernador, lo recibía en Santa Cruz semanalmente, lo reivindicó como el mejor cuadro técnico del menemismo, y dijo que era el que llevaba adelante la gestión del riojano mientras este se iba a jugar al golf. (Ver video)

Ella respaldó la convertibilidad, se presentó a elecciones durante toda la década del 90 junto a la boleta de Carlos Menem, y rechazó la posterior devaluación de Duhalde porque junto con Néstor Kirchner, que declinó ser jefe de gabinete del bonaerense, decían que el país iba a estallar y que Duhalde podía verse obligado a renunciar en 15 días. Esa devaluación tan temida, y hecha a los apurones, luego serenó la crisis y fue uno de los pilares del record de recaudación de su marido presidente junto con la suba del precio de la soja.

Entonces, ella y él, sí se acercaron a Duhalde y hasta lo usaron como padrino político para ser gobierno. Tomaron su discurso y el de Roberto Lavagna y lo radicalizaron. Todo lo anterior, que ellos defendieron cuando otros reclamaban el cambio de rumbo, era entreguismo, basura, Consenso de Washington, neoliberalismo.

Pero claro, nadie se acordaría de los 90, cuando ella, la Doctora, sostenía que ya no existen las categorizaciones de derecha y de izquierda porque se cayó el Muro de Berlín. Defendía la alianza del peronismo con el liberalismo, y elogiaba las políticas de Cavallo. Hoy en sus discursos no hace más que descalificar a la derecha, la vincula con las políticas de los 90, y se presenta como la creadora de una nueva corriente política y económica predestinada a dejar su huella en la historia, una epopeya revolucionaria que liberará para siempre a la Nación de los cipayos y gorilas.

La impostura de la Doctora no tiene límites.

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Recule de la ley antiterrorista para cerrar frentes y cambiar el pago de la deuda

LA NACIÓN,  20 de agosto de 2014

El Gobierno dijo que hubo “una confusión” y no aplicará la norma a la imprenta Donnelley.
Luego de cinco días de haberlo anunciado, la presidenta Cristina Kirchner dio marcha atrás con la aplicación de la ley antiterrorista a la imprenta Donnelley.

El Gobierno aclaró que hubo “una confusión”: la denuncia judicial que presentó contra sus accionistas norteamericanos es por “quiebra fraudulenta” y por el artículo 309 del Código Penal del capítulo de “delitos contra el orden económico y financiero” y, entre ellos, la manipulación del mercado.

Dentro de la Casa Rosada, algunos aseguraron que en un principio buscó presionar a los empresarios para que aceptaran la sanción de una nueva ley de abastecimiento y que, al hacerlo, abrió tantos frentes que hasta peligraba el consenso parlamentario en los propios bloques del oficialismo y debió recular.
Luego de ese retroceso, la mandataria anunció por la noche el envío al Congreso un proyecto de ley para un nuevo canje de la deuda global en default, con cambio de jurisdicción a Buenos Aires. El cambio de estrategia de la Presidenta pudo obedecer a la necesidad conseguir votos en el Parlamento y descomprimir las tensiones con bonistas y empresas.
El encargado de aclarar la “confusión” por la mañana fue el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, que a través de varias radios atribuyó “la confusión” a la oposición, los empresarios y los medios de comunicación.
Señaló que la denuncia de la AFIP, que dirige Ricardo Echegaray, radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas, apuntó a una supuesta “quiebra fraudulenta” de Donnelley. Sin embargo, la Presidenta había anunciado el jueves último de manera explícita y contundente la aplicación de la ley antiterrorista.
Vanoli explicó que la denuncia invocó el artículo 309 del Código Penal, que fue incorporado en 2011 por la ley 26.733, de Delitos Económicos, y penaliza prácticas fraudulentas.
Esta ley había sido sancionada junto con la ley de financiamiento del terrorismo, la 26.734, la llamada “antiterrorista”, que también reformó el Código Penal e introdujo los artículos 303 al 308, que tipifican sí delitos y penas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Desde el artículo 303 hasta el 313 están comprendidos en el Título XIII del Código Penal, que estipula los Delitos contra el Orden Económico y Financiero.

“Fue un error semántico”, dijo un alto funcionario a LA NACION.

Otra alta fuente oficial aseguró a este diario que “la Presidenta fue mal asesorada” para su discurso.”Esto (el 309) no tiene nada que ver con la ley de financiamiento del terrorismo”, dijo Vanoli.

La Presidenta, con todas las letras, había afirmado: “Estamos haciendo uso por primera vez de la ley que se llamó «ley antiterrorista»? Bueno, ya pensaban que esto era contra la protesta social, contra los sindicatos, contra los trabajadores. No”.

Y agregó: “El primer caso que vamos a tener de aplicación de ley antiterrorista, es por el artículo 309 del Código Penal, incorporado por la ley 26.733 (que no es la ley antiterrorista). Es decir, confundió aquí dos leyes que reformaron el Código.
“Hemos formulado denuncia penal ante la Justicia Federal, porque se trata de un delito federal, alteración al orden económico y financiero, artículo 309, inciso 1º, apartado a), del Código Penal de la Nación”, señaló la Presidenta. Esta afirmación, en cambio, fue correcta.
Según confiaron a LA NACION algunas fuentes, la presentación de la Presidenta fue algo más que un error.

“Presionó a los empresarios con la ley antiterrorista para ablandarlos y aceptaran la reforma de la ley de abastecimiento”, dijeron dentro de la Casa Rosada.

“Pero los empresarios no cedieron y en cambio se le complicó el panorama en el Congreso con los diputados y senadores del Frente para la Victoria, que no quieren votar la ley de abastecimiento ni la de hidrocarburos”, agregó otro funcionario.
Con esta aclaración de Vanoli, la Presidenta buscó descomprimir la tensión en los bloques oficialistas para asegurarse votos para hidrocarburos y abastecimiento, criticada incluso por el jefe del bloque, Miguel Pichetto, y para el nuevo canje de deuda global, que busca unificar la tropa con épica patriótica.

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Papelón antiterrorista, fugas del barco y manotazos para reflotar lo que hundieron

Los bloques K son un hervidero. Miguel Pichetto criticó el proyecto de ley de abastecimiento. Dijo que lo apoyará de todos modos, pero está tratando de quitarle quorum a la iniciativa. Teme otra 125. Lo mismo pasa con la ley de hidrocarburos. Alejandro Vanoli tuvo que desmentir a la Doctora: no se le aplicará la ley antiterrorista a Donnelley sino que se la denunció por quiebra fraudulenta. Pero la abogada exitosa había dicho otra cosa. Y con todas las letras: anunció con aires triunfales que le aplicaría la ley antiterrorismo a una multinacional, que conspiraba contra el orden economico, y no a los trabajadores. El papelon adquiere dimensiones astronómicas.

Pero tiene explicaciones políticas. Esa ley fue resistida en todos los sectores económicos y políticos, e incluso dentro del propio núcleo del peronismo. Ella no tiene ahora seguridad de contar con los votos para aprobar siquiera la ley de hidrocarburos. Ni la de abastecimiento ni la ley antipiquetes. Eso la hizo dar marcha atrás.

Juega su futuro político en esas batallas inviables. Son intentos brutales de revertir la crisis energética, económica y social que ella misma generó con las delirantes políticas de Néstor Kirchner, Guillermo Moreno y Axel Kicillof. El gobierno es el que se ha vuelto terrorista: siembra el terror para imponer el autoritarismo y la arbitrariedad.

¡No se olviden de Néstor! Dio la receta magistral para desembocar en este desastre. Inspiró la política energética de Julio De Vido y sus amigos. Y le dio rienda suelta a Guillermo Moreno, ahora exiliado en Italia, en la economía. El bloque del peronismo perdió dos diputados de Rio Negro y está a punto de irse Martin Insaurralde.

El propio Massa frenó el pase del ex intendente de Lomas para que no se le rebele su vieja tropa de intendentes, Jesus Cariglino y Darío Giustozzi. Massa crece en las encuestas y la transferencia de Insaurralde es un hecho. No tiene regreso al kirchnerismo. De 134 diputados, el bloque del FPV pasará a 131. El quórum es de 129. Pero pueden continuar las fugas del barco. La ley de hidrocarburos podría llevarse a los diputados de Chubut, Mendoza y Neuquén. Si se le quiebra la mayoría en diputados, en 2015 no habrá Congreso funcionando.

La Doctora está ante una encrucijada. Si el PJ le sanciona la ley de abastecimiento, se caerá definitivamente la economía. La industria se paralizará del todo, proliferarán los despidos y estaremos en Venezuela, donde el desabastecimiento es atribuido a la conspiración de los industriales en contra del gobierno popular y revolucionario de Maduro.

Si no se sanciona esa ley, la de piquetes e hidrocarburos, la alianza de la Señora con el peronismo quedará herida de muerte. Las reformas de los códigos Civil y Penal están dormidas. El test será la ley de hidrocarburos. Porque la de abastecimiento deberá esperar. El debate comienza hoy en el Senado pero dicen que será de largo aliento. No hay acuerdo ahora. Antes se tratarán leyes más sencillas de ese paquete, como la creación de un tribunal del consumidor.

Los bloques legislativos están saturados de los conflictos de corrupción de Boudou y del default de Kicillof. Las ensoñaciones económicas ya no contagian ni emocionan. El peronismo considera al ministro un inepto que se vale de la Doctora para mostrar sus hipótesis universitarias setentistas. Un personaje de la decadencia del ciclo, que no cuida a su jefa y que parece disfrutar con el hundimiento y la venganza.

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Fracasó el modelo. Múltiples planes, subsidios y créditos no logran reactivar la economía

LA NACIÓN, domingo 17 de agosto de 2014
En siete años de gestión, el gobierno de Cristina Kirchner aumentó de manera drástica los planes sociales, subsidios y créditos de fomento a la industria, las Pymes, las economías regionales y de consumoIMG_1930.JPG, hasta superar los 500.000 millones de pesos en ese lapso. Pero el “modelo productivo de inclusión social” entró en crisis por el cierre de empresas, suspensiones y despidos.
Por cadena nacional, la Presidenta anunció en los últimos cinco meses 18 medidas “contracíclicas” para sostener el modelo. Entre ellas, más viviendas, ómnibus y subsidios para no despedir trabajadores. Se esperan decenas de anuncios más en las próximas semanas.
Según un informe para LA NACION de la Fundación Libertad y Progreso (LyP), en base al análisis de ejecución presupuestaria, los planes sociales se multiplicaron ocho veces desde diciembre de 2007, cuando asumió Cristina Kirchner. En 2008 la partida fue de 15.200 millones de pesos y en 2014 de 120.000 millones. Se gastaron 370.000 millones en todo el lapso. Existen 60 planes en 5 ministerios y en la Anses.
Al mismos tiempo, se multiplicaron las líneas de crédito para alentar la producción. El ministro de Economía, Axel Kicillof, lanzó en abril el Fondo para Desarrollo Económico (Fondear) por 10.000 millones de pesos para 2014. Pero además, con la ministra de Industria, Débora Giorgi, ya suma la gestión de otras 41 líneas para grandes empresas y Pymes por 10.400 millones en el ejercicio actual, entre ellos los Créditos del Bicentenario.

Fuente: diario La Nación con datos de la fundación Libertad y Progreso
Fuente: diario La Nación con datos de la fundación Libertad y Progreso

La cartera de Agricultura que dirige Carlos Casamiquela controla 19 programas para las castigadas economías regionales por 3110 millones de pesos, aplicables este año. El fondo del tabaco insume 1934,5 millones. Y debe ejecutar en 2014 unos 1030 millones de dólares en créditos internacionales.
El analista Juan Cruz López Barrios, de la Fundación Pensar, añadió que la ejecución de esas partidas tuvo cuestionamientos de la Auditoría General de la Nación, por deficiencias y falta de control.

Fuente: diario LA NACIÓN con datos de la Fundación Libertad y Progreso
Fuente: diario La Nación con datos de la Fundación Libertad y Progreso

Desde 2007 hubo 15 programas de fomento al consumo “para todos y todas”: alquileres, viviendas, autos, taxis, camiones, heladeras, bicicletas, televisores, milanesas, cerdos, merluzas, carnes, ropa y hasta la tarjeta de crédito Nac y Pop para bajar los precios Supercard (o Morenocard), que nunca salió al mercado.

No se informó el gasto en compras y licitaciones de esos planes de consumo. Estos últimos fracasos dieron pie al también imaginativo programa “Precios Cuidados”, un acuerdo con control de precios de 320 productos.
Sin embargo, esta batería de fondos no parece dar los resultados deseados. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA), el 27,5% de los argentinos vive en situación de pobreza y el 5,5% de indigencia.

Fuente: diario La Nación con datos de la fundación Libertad y Progreso
Fuente: diario La Nación con datos de la fundación Libertad y Progreso

 Aunque el Indec sólo reconoce una pobreza oficial de 3,5 puntos, su incremento fue admitido por la Presidenta al anunciar en mayo pasado fuertes aumentos en los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que distribuye la Anses:

“Llegamos al récord histórico con más de 7 millones de asignaciones familiares, el 60% de los niños y adolescentes de nuestro país tiene cobertura social. Esto significará llevar la erogación a 55.000 millones de pesos”, se jactó.

El relato oficial indica que el modelo productivo de inclusión social produjo un crecimiento de la industria y 6 millones de puestos de trabajo, pero ahora arrecian las suspensiones y las cesantías.
Para revertir 20.000 despidos en la construcción, Cristina anunció la semana última 105 mil nuevas viviendas por 28 mil millones de pesos, 100 mil puestos de trabajo directos y 160 mil indirectos.
Esa y otras 17 medidas se presentaron en un contexto de suba desbordada del gasto, déficit fiscal previsto de 200 mil millones de pesos para 2014 y una emisión estimada de 150 mil millones. El escenario de inflación no se alivia con planes. Por el contrario, los síntomas de retracción en el consumo son evidentes. Según la consultora CCR, la venta en supermercados cayeron 4,3 por ciento en comparación con el año pasado.
De acuerdo con el informe de Libertad y Progreso, la Anses administra 18 planes sociales que ejecutan 61.084 millones de pesos. Desarrollo Social tiene 13; Trabajo 12, Educación 11, Planificación 5, y Justicia 1. Estos 60 planes alcanzaron los 15.244 millones de pesos en 2008 y en 2014 trepan a 120.573 millones. En los siete años se gastaron 369.926 millones.

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Fuente: diarioLa Nación con datos de la Fundación Libertad y Progreso

El estudio consignó que de los recientes anuncios “contracíclicos”, el Procrear (viviendas de la Anses que insumirán 20.000 millones de pesos) no llegó a 40 mil unidades edificadas y se sortearon 200 mil de las 400 mil previstas.
Desde marzo último, además, el Gobierno anunció la construcción de 60 Casas Educativas Terapéuticas (2000 millones de pesos); la ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral con 4150 millones de pesos (el 65% para las “microempresas”); la prórroga del Desendeudamiento Provincial; y el Plan Fondear.
También el aumento del 40% de la AUH; el plan de mantenimiento de empleo; el de Moratoria Provisional (473.000 nuevos jubilados); la universalización de la Tarjeta Argenta; el Pro-Cre-Auto; los aumentos del plan Argentina Trabaja; el relanzamiento de los Cedin para comprar propiedades inmobiliarias y el Plan ProEmpleAr, que amplió al plan Progresar por 3000 millones de pesos.

LOS ÚLTIMOS ANUNCIOS

Marzo
Programa Recuperar Inclusión, para construir 60 casas terapéuticas y 50 centros de prevención de adicciones Abril
Proyecto de ley de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral
Prórroga del programa de desendeudamiento provincial
Plan Fondear
Mayo
Aumento del 40% en la Asignación Universal por Hijo
Programa de mantenimiento del empleo
Junio
Plan de inclusión previsional
Universalización de la Tarjeta Argenta
Plan para la industria cultural
Pro.Cre.Auto
Julio
Aumento del plan Argentina Trabaja
Agosto
Relanzamiento del Cedin
Plan Pro.EmpleAr
Renovación de flota de colectivos
Ampliación del Programa Recuperación Productiva
Plan Vivir más cerca
Manejo racional de neumáticos
Renovación del programa de desendeudamiento provincial.

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Scioli condiciona a De La Sota en el PJ y otras verdades. Programa emitido el sábado 16 de agosto de 2014

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Apertura. Mariano Obarrio

Recesion y despidos. Reacción del Gobierno. El cierre de Donelley. Aumento de planes sociales y empleo público como paliativos. Cierre de empresas y comercios.  Macartismo y ley antiterrorista para defender “el modelo”. Default, fondos buitre y la investigación de l origen de fondos de Lázaro Báez.

Editorial 1  Mariano Obarrio y José Antonio Díaz
Situación fiscal y deuda del Gobierno nacional.

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“La inflación pasó de 20% anual a 40%”

“…pese a lo que dice a Cristina el mundo crece y los países latinoamericanos también crecen siempre más que la Argentina.”

Entrevista a  José Urtubey, UIA
La quiebra de Donelley

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“Yo creo que no hay que tenerle miedo a lo que es una investigación”

Editorial 2 José Antonio Diaz y Mariano Obarrio

imageRojo Fiscal. Planes de reactivación y ajustes de recursos. Crecimiento de la pobreza

“El problema es que el Gobierno está ante la necesidad de tomar medidas extremas para custodiar las reservas … y por el otro lado tiene que empezar a invertir en estos planes de presunta reactivación”

“El Gobierno está ampliando continuamente sus niveles de gastos especialmente por los planes sociales .. eso crece al infinito”

“Está presupuestado 120.500 millones de pesos en planes sociales”

Entrevista a Daniel Scioli, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires
IMG_1917La reunión del Gobierno con Lear y Donnelley. Extremistas dentro de las fábricas. Ley antiterrorista y ley de abastecimiento. Negociación con holdouts y default. La carrera presidencial. De la Sota y Massa. Peronismo o Frente para la Victoria.

“Aquí se quiere instalar como la prepotencia de un gobierno que quiere quedarse con las empresas, nada más lejano”

“Algunos quieren instalar como que Argentina está en default […] Hoy hay una situación estable … que hay que buscar recuperar … Tampoco miremos la foto, miremos la película”

“Hoy el país necesita un peronismo unido con otros sectores […] El peronismo ya es parte del Frente para la Victoria”

Mariano Obarrio y José Antonio o Díaz
Agenda económica. Deuda y vencimientos impagos. Reclamo del Citi ante la Corte de Apelaciones.

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“Es muy probable que Argentina obtenga un medio fallo favorable, porque sigue estando en situación de incumplimiento”

“El gobierno críticó pero no apeló la medida de Griesa”

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Despidos. Reunión del gobierno con Donnelley y Lear

LA NACIÓN, 16 de agosto de 2014

Luego de que la presidenta Cristina Kirchner advirtió a los empresarios que despidan a trabajadores que aplicará la ley antiterrorista e intentará reformar en el Congreso la ley de abastecimiento, el Gobierno intentó ayer presentar la buena noticia de que “se garantizará la continuidad laboral” en dos empresas en crisis. Lo hizo tras sendas reuniones del jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, con los representantes gremiales de la imprenta Donnelley y con los directivos de la autopartista Lear.

Sin embargo, la situación aún es indefinida tras los encuentros celebrados en el Salón Norte de la Casa Rosada, entre las 15 y las 17.

Por un lado, el director general de Lear, Antonio Marín, ratificó lo que había anticipado anteayer: reabrirá sus puertas el martes próximo si el Gobierno le garantiza que las delegaciones gremiales más radicalizadas de Smata no le toman la planta tras dos meses de conflicto.

Según dijeron a LA NACION fuentes de la Casa Rosada, “Lear se comprometió a reincorporar a 60 de los 64 trabajadores despedidos”, lo cual es uno de los ejes la controversia. El Gobierno se comprometió a garantizará el orden en la fábrica. Sin embargo, Capitanich no dio información oficial del acuerdo.

En el caso de Donnelley, Capitanich se reunió con la Federación Gráfica Bonaerense, representada por Mario Abraham, y acordó que “el espíritu será mantener las fuentes de trabajo”, para evitar el despido de los 400 empleados; garantizó que “seguirá existiendo la imprenta”, y dijo que para ello intentará buscar un “inversor privado” o conformar una “cooperativa” en manos de los trabajadores.

El Gobierno se comprometió además a “no desalojar la planta”.

Los accionistas y directivos de Donnelley, que pidieron la quiebra que les fue concedida por el juez comercial Gerardo Santichia, no asistieron a la reunión porque, según el Gobierno, “no están ubicables”.

Cristina Kirchner había anunciado anteayer que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que dirige Ricardo Echegaray, solicitaría la aplicación a Donnelley de la ley antiterrorista, y la denunció penalmente por alterar el orden económico y financiero. La demanda recayó ayer en juez federal Daniel Rafecas.

Según ella, la imprenta invocó una “quiebra falsa, fraudulenta y mafiosa”, por estar supuestamente vinculada al fondo buitre NML Elliot, de Paul Singer.

La mandataria dijo que Singer buscaría así una represalia contra el Gobierno por no acordar una forma de pago, tal lo dispuesto por el juez de Nueva York, Thomas Griesa, y caer así en default selectivo.

Según trascendió en la Casa Rosada, la Presidenta, que ayer viajó a Santa Cruz, está muy preocupada por la posibilidad de que se acentúe la crisis de cierres de empresas y despidos de trabajadores, y por la investigación judicial que los fondos buitres activaron en Estados Unidos para rastrear cuentas y empresas fantasma del empresario Lázaro Baez y así vincularlas con supuestas maniobras de lavado de dinero de la familia Kirchner.

Es así como adoptó la estrategia del amedrentamiento con las leyes antiterrorista y de abastecimiento.

De las reuniones de ayer participaron además los ministros de Trabajo, Carlos Tomada; de Industria, Débora Giorgi, y de Seguridad, Cecilia Rodríguez. También estuvieron el jefe del gabinete bonaerense, Alberto Pérez, y el ministro de Trabajo de la provincia, Oscar Cuartango.

“Se garantizará la continuidad laboral en ambas empresas. El martes abrirá Lear. Y el Gobierno y los sindicatos acordarán una manera de mantener abierta la imprenta Donnelley con un inversor privado o con una cooperativa”, señalaron fuentes del Gobierno a LA NACION.

La continuidad de Donnelley encierra aún más dudas que certezas. Fuentes gremiales y gubernamentales confiaron a LA NACION que la definición del conflicto dependerá la evolución judicial de la quiebra, para lo cual se reunirán el martes próximo con el juez Santichia.

“El juez y el síndico son permeables a la continuidad”, dijo un dirigente gremial en Balcarce 50.

El conflicto en Lear, en tanto, no está saldado. El miércoles próximo habrá una reunión interna en Smata, donde el sindicato que dirige Aldo Pignanelli podría desplazar a la comisión gremial interna de la empresa, de la izquierda combativa y enfrentada al jefe sindical.

Por su parte, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, aseguró ayer que si Rafecas acepta la figura de terrorismo para Donnelley, pedirá congelar activos de sus accionistas en la Argentina y en los países miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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AUN A RIESGO DE ROMPER UNEN, CARRIO VA POR EL PODER. PINO QUIERE MORIR CON SU IDEOLOGIA

Elisa Carrió está resuelta a romper el frente UNEN si la discrepancia llega a un extremo por Mauricio Macri. Su nuevo novio, como dijo, es Ernesto Sanz. El presidente de la UCR está decidido también a cerrar con el macrismo. Los radicales y Carrió comenzaron a darse cuenta de que Macri sin ellos no tiene seguridad de ganar, y que ellos sin Macri seguramente no pueden llegar al gobierno. La prioridad ahora, de unos y otros, es desaoljar al peronismo del poder.
Carrió aprendió del 1,8% que sacó en 2011. En ese momento no aceptó aliarse con Binner ni con Alfonsín. Los tres terminaron solos y Macri terminó sin candidato. La paliza fue memorable: la Doctora sacó el 54% porque aún el modelo podía engañar a muchos y porque el peronismo unió al agua y al aceite.
La lider de la Coalición está aprendiendo de los peronistas cómo son los métodos para llegar al poder. Si hay que aceptar a Macri para terminar con el PJ, esa será su premisa. Los radicales también aprenden.
Cobos y Sanz se preguntan si Alfonsin quiere cerrar con PRO. Pero se responden que Alfonsin no puede protestar porque en 2011 terminó abrazado a Francisco De Narvaez. ¿Hay mucha diferencia entre uno y otro?
Los radicales además ya cerraron alianzas con el pro en Cordoba, Mendoza y se sacan fotos juntos en Santa Fe (Barletta y Del Sel). Cerca de Carrió aceptan que el socialismo, Victoria Donda y Pino podrían partir UNEN. Pero consideran que el polo de atracción de votos (el voto útil) que se formaría con una alianza con Macri serviría para ganar y formar parte de un gobierno repartiendo espacios desde donde transformar la Justicia o la Educacion. La coherencia en las ideas o en las ideologías, que defiende Pino, los dejaría otra vez afuera de todo.
Solanas considera que su triunfo en Capital en 2013 contradice ese argumento. En realidad Pino no quiere aceptar que fue votado para senador porque muchos sectores de centro porteños lo eligieron para que se asegurara el segundo lugar y obtuviera el senador por la minoría, para que no llegue Filmus.

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