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La contraofensiva de Cristina: perseguir y denunciar a quienes la denuncien

 LA NACION, Domingo  30 de noviembre de 2014

La política y la economía ocupan un segundo plano en Olivos. La presidenta Cristina Kirchner está ahora más preocupada por defenderse de las investigaciones del juez federal Claudio Bonadio sobre su empresa Hotesur SA, que rozan a ella y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Ordenó, así, denunciar a todos los que investigan a sus empresas, con el propósito de diluir la atención sobre su hotel cuestionado y generar sospechas sobre sus denunciantes, la oposición y los bancos.

animales-son“La estrategia es distraer con varias denuncias simultáneas e igualar a todos. Si hay un elefante sobre la calle, lo mejor para que no llame la atención es poner cien elefantes. La idea es tender un manto de sospechas general y politizar todo”, dijo un alto funcionario a LA NACION.

La contraofensiva abrió varios frentes en pocas horas: Cristina acusó públicamente a Bonadio de no presentar balances en la IGJ de una empresa familiar, al igual que Hotesur; el senador Marcelo Fuentes (PJ) lo denunció penalmente.

Luego, la AFIP denunció al banco HSBC por 4040 cuentas secretas en Suiza; el abogado Santiago Mansilla acusó a la diputada del GEN Margarita Stolbizer, la denunciante, por enriquecimeinto ilícito. Y la diputada Andrea García (PJ) acusó de varios delitos a la testigo Silvina Martínez, ex directora del Registro de Sociedades de la IGJ.

Es la primera vez que Cristina y su familia son investigados por supuestas irregularidades de una de sus empresas, Hotesur SA, y que un juez investiga el patrimonio de ella y sus hijos para determinar si pudo incurrir en lavado de dinero.

Un ministro aseguró a LA NACION que “no existe una coordinación organizada entre las denuncias a sus denunciantes”. Pero admitió que “todos los funcionarios sienten la obligación de no quedarse quietos, sin defender a la Presidenta”.

Sin embargo, LA NACION pudo saber que en las acciones participan funcionarios de primer nivel que relegan otras urgencias: los secretarios de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y de Justicia, Julián Álvarez; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli; el diputado Eduardo De Pedro, y el jefe del Ejército, teniente general César Milani, que controla la Dirección de Inteligencia de la fuerza.

Todos ellos dirigen organismos clave que reúnen toda la información económica, jurídica y política en el Estado. El caso de Álvarez es emblemático: controla el Ministerio de Justicia casi a la par del ministro Julio Alak, pero está al frente de esta operación porque, además, integra el Consejo de la Magistratura junto con De Pedro, donde también denunciaron a Bonadio.

De ese cruce de información surgió la certeza de que varios jueces y fiscales se reunieron en asados, almuerzos y comidas, para conspirar contra Cristina Kirchner y activar las causas judiciales contra el Gobierno. En Balcarce 50 acusan en reserva a los jueces de presionar contra la aprobación del nuevo Código Procesal Penal, que les quitará las facultades de instrucción.

Un ministro comentó, además, que el Gobierno tiene la teoría de que “el Grupo Clarín alentó la denuncia contra Hotesur SA para tapar la fragmentación de la oposición”.

Señaló que “Bonadio es amigo de Sergio Massa y está vinculado a Clarín” y hasta “podría ser candidato a diputado” del Frente Renovador.Otra fuente oficial comentó a LA NACION: “Es amigo de Massa, pero la decisión de ir contra Hotesur es de Bonadio”. También el juez conoce bien al ex ministro del Interior menemista Carlos Corach, hoy muy cercano al gobernador bonaerense y candidato presidencial Daniel Scioli, y al senador Miguel Pichetto.

Según sospecha Cristina Kirchner, las investigaciones locales tienen mucho que ver con las que realizan los fondos buitre en los Estados Unidos sobre “la ruta del dinero K”. De allí su advertencia pública de que no se dejará “extorsionar por caranchos judiciales”. Y hasta duda ahora, por ello, de impulsar un acuerdo con los fondos buitre desde enero para no aparecer rendida ante ellos.

La ofensiva sobre Bonadio busca generar temor sobre otros jueces y potenciales denunciantes.

Sus allegados aseguran que su caso es más leve que el procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou, porque Hotesur “sólo incurrió en una falta administrativa”, como no presentar balances ante la IGJ. En lo electoral está tranquila por la fragmentación de la oposición.

LA IGJ, BAJO LA LUPA DE OLIVOS

El Gobierno evalúa que el requisito de presentar balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ), instituido en enero de 2010, es “redundante”, porque ellos deben ser presentados sólo ante la AFIP. Por ahora no se revocará, pero el asunto está en análisis. La Casa Rosada dejó trascender que buscará regularizar de manera progresiva las 250.000 empresas que estarían en la misma situación que Hotesur SA, la sociedad de Cristina Kirchner y de sus hijos..

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MafaldaAllumeRadio

El Gobierno prepara anuncios de medidas para promover el consumo

La Nación, domingo 31 de agosto de 2014
Apremiado por el deterioro del clima social, el gobierno de Cristina Kirchner prepara anuncios para intentar revertir la recesión, la caída del consumo y los despidos. La Presidenta procura lanzar en los próximos días en la Casa Rosada un plan masivo de financiamiento al consumo de bienes durables: electrodomésticos, productos de línea blanca, motocicletas y vestimenta.

Según pudo saber LA NACION, se canalizará a través de las principales tarjetas de crédito del mercado asociadas a los bancos. El propósito es volver a las compras en 12 cuotas fijas, sin interés, en todos los locales, de manera permanente y no sólo en promociones de fin de semana.
Tendría un plazo de vigencia de tres meses, hasta noviembre próximo, para apurar a los consumidores a aprovechar la oportunidad.

El anuncio, que se iba a hacer el miércoles último en la Casa Rosada, está previsto ahora para la semana próxima o la siguiente. Ello depende de la celeridad de las negociaciones que comenzaron hace dos semanas entre el Ministerio de Economía, que dirige Axel Kicillof, y las principales tarjetas de crédito, confiaron a LA NACION fuentes de la Casa Rosada. Todavía falta acordar detalles y condiciones.

“Están presionando a las tarjetas para volver a las 12 cuotas fijas sin interés”, confió un funcionario oficial.

No se descarta que también participen como fuentes de financiamiento la Anses y el Banco Nación. En la elaboración también interviene la ministra de Industria, Débora Giorgi.

“La idea es reactivar el consumo, la economía está parada, en caída libre, y se temen más despidos. No hay un peso en el Estado, la situación financiera es comprometida”, se sinceró otro allegado a la Presidenta. En la Casa Rosada temen terminar el año con 200.000 despidos.

Hace tres semanas, tras las cesantías y suspensiones en la imprenta Donelley y otras fábricas y frigoríficos, Cristina le ordenó a Kicillof elaborar un plan de urgencia. La caída del consumo la preocupa. Además, había que dar una respuesta anticipada al paro del jueves último de las CGT de Hugo Moyano y de Luis Barrionuevo y la CTA de Pablo Micheli.

Los bienes de consumo incluidos serán electrodomésticos, productos de línea blanca, motocicletas y vestimenta. Hace un mes, Cristina exhortó a los trabajadores a cuidar su empleo consumiendo lavarropas, planchas y motos. Durante el plazo de vigencia del plan destinará cada semana para un rubro diferente.

Se analiza resucitar la Super Card, la tarjeta de compras que había diseñado Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, y que nunca vio la luz, para dar rebajas en los supermercados sobre la canasta básica y la de fin de año.

La Presidenta también suspendió la semana última una reunión con los gobernadores petroleros para acordar la ley de hidrocarburos y otra con el Consejo del Salario Mínimo. Pasaron para la semana próxima, que podría ser de anuncios, para mostrar una recuperación ante el último paro.

El nuevo plan de cuotas se complementaría, así, con otras medidas contracíclicas recientes que buscan evitar la crisis, pero parecen insuficientes: el ProCreAuto, Vivir Más Cerca (viviendas), Fondear (crédito a empresas), Cedín (compra de inmuebles), ProEmpleAR (jóvenes), moratoria previsional, los planes Recuperación Productiva (Repro, subsidios para no despedir empleados), entre otros.

El clima de desmoronamiento de la economía desespera a muchos funcionarios con aspiraciones en las elecciones de 2015. Por eso, hay críticas internas a Kicillof. Pero Cristina Kirchner lo sostiene y sólo escucha a su superministro.

La inversión cayó desde enero un 5,5%; las ventas minoristas, el 9,6%; las exportaciones, un 9,1%; las importaciones, un 15,7%, la inflación ronda el 40%, el déficit previsto es de $ 200.000 millones para 2014 y la emisión monetaria de $ 150.000 millones, lo que preocupa al cada vez más crítico presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega.

En el Gobierno, algunos impulsan un levantamiento del cepo cambiario, para revertir la pérdida de reservas del Central. Cristina y Kicillof persistirán en la radicalización económica y política. Avanzarán con la sanción de la ley de abastecimiento y con el discurso duro ante los fondos buitres.

Frente a la CGT disidente, rechazarán la rebaja en el impuesto a las ganancias para no perder recaudación fiscal y la reapertura de paritarias, para evitar que los empresarios despidan empleados.
Sin embargo, sin anunciarlo en un acto público, el jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, firmó la semana última el envío de $ 1215 millones a las obras sociales de todos los sindicatos, leales y disidentes, el mismo día en que culpaba a los jefes de los díscolos de estar financiadas por los fondos buitres.

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El Gobierno busca en la ONU regular los canjes de deuda

La Nación, sábado 30 de agosto de 2014

El gobierno de Cristina Kirchner busca aumentar la presión internacional para salir del reciente default. Para ello anunció ayer que el Grupo de los 77 más China, que agrupa a 130 países emergentes, presentará el 9 de septiembre próximo ante las Naciones Unidas (ONU) un proyecto impulsado por la Argentina para crear una nueva convención multilateral que dicte un marco regulatorio para futuras reestructuraciones de deuda soberanas.
El objetivo fundamental será limitar a los fondos buitre y evitar el bloqueo de pagos como el que sufrió la Argentina con los bonistas del canje 2005 y 2010, que amenaza a futuros canjes de deuda.
Apuntará a eliminar la interpretación de la cláusula pari passu que hizo el juez de Nueva York Thomas Griesa por la cual inmovilizó esas transferencias. Una idea en danza sería fijar un mecanismo similar a las quiebras de empresas: si el 66% de los acreedores acepta una reestructuración, el resto está obligado a adherir.
El anuncio corrió por cuenta del ministro de Economía, Axel Kicillof, y del canciller Héctor Timerman, que ofrecieron una conferencia de prensa en la Casa Rosada. En caso de aprobarse, estimaron, la convención “estaría vigente en menos de un año”.
Kicillof se manifestó optimista acerca de que pueda aplicarse al fallo de Griesa, aunque eso no es seguro porque se trata de una sentencia judicial firme que difícilmente sea alterada en forma retroactiva.
Más allá de ello, el Gobierno le otorga valor político a la firma de una convención: implicaría un apoyo internacional de 130 países que componen el G-77 más China a la postura argentina y en contra del magistrado neoyorquino.
En el mismo sentido, la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) estableció ayer un cambio en sus reglas para impedir que una minoría bloquee acuerdos de reestructuración soberana. En un comunicado, ICMA señaló que en el futuro las cláusulas de acción colectiva y pari passu indicarán que las modificaciones aceptadas por una mayoría de tenedores vinculen legalmente a todos.

“La interpretación dada a la cláusula pari passu contra la Argentina ha causado una incertidumbre considerable para futuras reestructuraciones”, señaló ICMA.

Timerman citó el ejemplo de ICMA e informó que “el 9 de septiembre la Asamblea General de la ONU debatirá el proyecto” de convención multilateral “suscripto por 130 países” para impedir “ataques” de los fondos buitre. “Esta convención dará el marco legal al vacío legal”, dijo el canciller.
El magistrado falló que la Argentina debía pagar 1500 millones de dólares a los fondos NML Capital, de Paul Singer, y Aurelius. Pero la Argentina invocó la cláusula RUFO, que la expondría a pagar el mismo porcentual a todos los bonistas que aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010, y postergó el cumplimiento de la sentencia hasta el vencimiento de esa cláusula, en diciembre próximo. Por pedido de los litigantes, Griesa bloqueó el pago de los vencimientos a los acreedores reestructurados y el país entró en default selectivo. La Presidenta envió entonces un proyecto de ley al Congreso para cambiar el lugar de pago de Nueva York a Buenos Aires y quedar fuera del alcance de Griesa, quien consideró “ilegal” ese proyecto y ordenó a los bancos y a los holdouts a no sumarse a ese canje.
“Si la mayoría vota en forma positiva, en menos de un año la Argentina habrá dado al mundo una convención para resolver en forma justa, equitativa y no bajo amenazas de un juez o un país, sino sobre la base de lo que resuelvan todos los Estados de la ONU”, dijo Timerman.

Por su parte, Kicillof aseguró que

“los fondos buitre son un parásito del sistema financiero internacional, que tienen que desaparecer”

y lanzó una proclama:

“Nunca más a los Griesa, nunca más a los Singer”.

Agregó además que la sentencia de Griesa “no está acompañada de la más mínima lógica”.

 

 

 

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