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La contraofensiva de Cristina: perseguir y denunciar a quienes la denuncien

 LA NACION, Domingo  30 de noviembre de 2014

La política y la economía ocupan un segundo plano en Olivos. La presidenta Cristina Kirchner está ahora más preocupada por defenderse de las investigaciones del juez federal Claudio Bonadio sobre su empresa Hotesur SA, que rozan a ella y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Ordenó, así, denunciar a todos los que investigan a sus empresas, con el propósito de diluir la atención sobre su hotel cuestionado y generar sospechas sobre sus denunciantes, la oposición y los bancos.

animales-son“La estrategia es distraer con varias denuncias simultáneas e igualar a todos. Si hay un elefante sobre la calle, lo mejor para que no llame la atención es poner cien elefantes. La idea es tender un manto de sospechas general y politizar todo”, dijo un alto funcionario a LA NACION.

La contraofensiva abrió varios frentes en pocas horas: Cristina acusó públicamente a Bonadio de no presentar balances en la IGJ de una empresa familiar, al igual que Hotesur; el senador Marcelo Fuentes (PJ) lo denunció penalmente.

Luego, la AFIP denunció al banco HSBC por 4040 cuentas secretas en Suiza; el abogado Santiago Mansilla acusó a la diputada del GEN Margarita Stolbizer, la denunciante, por enriquecimeinto ilícito. Y la diputada Andrea García (PJ) acusó de varios delitos a la testigo Silvina Martínez, ex directora del Registro de Sociedades de la IGJ.

Es la primera vez que Cristina y su familia son investigados por supuestas irregularidades de una de sus empresas, Hotesur SA, y que un juez investiga el patrimonio de ella y sus hijos para determinar si pudo incurrir en lavado de dinero.

Un ministro aseguró a LA NACION que “no existe una coordinación organizada entre las denuncias a sus denunciantes”. Pero admitió que “todos los funcionarios sienten la obligación de no quedarse quietos, sin defender a la Presidenta”.

Sin embargo, LA NACION pudo saber que en las acciones participan funcionarios de primer nivel que relegan otras urgencias: los secretarios de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y de Justicia, Julián Álvarez; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli; el diputado Eduardo De Pedro, y el jefe del Ejército, teniente general César Milani, que controla la Dirección de Inteligencia de la fuerza.

Todos ellos dirigen organismos clave que reúnen toda la información económica, jurídica y política en el Estado. El caso de Álvarez es emblemático: controla el Ministerio de Justicia casi a la par del ministro Julio Alak, pero está al frente de esta operación porque, además, integra el Consejo de la Magistratura junto con De Pedro, donde también denunciaron a Bonadio.

De ese cruce de información surgió la certeza de que varios jueces y fiscales se reunieron en asados, almuerzos y comidas, para conspirar contra Cristina Kirchner y activar las causas judiciales contra el Gobierno. En Balcarce 50 acusan en reserva a los jueces de presionar contra la aprobación del nuevo Código Procesal Penal, que les quitará las facultades de instrucción.

Un ministro comentó, además, que el Gobierno tiene la teoría de que “el Grupo Clarín alentó la denuncia contra Hotesur SA para tapar la fragmentación de la oposición”.

Señaló que “Bonadio es amigo de Sergio Massa y está vinculado a Clarín” y hasta “podría ser candidato a diputado” del Frente Renovador.Otra fuente oficial comentó a LA NACION: “Es amigo de Massa, pero la decisión de ir contra Hotesur es de Bonadio”. También el juez conoce bien al ex ministro del Interior menemista Carlos Corach, hoy muy cercano al gobernador bonaerense y candidato presidencial Daniel Scioli, y al senador Miguel Pichetto.

Según sospecha Cristina Kirchner, las investigaciones locales tienen mucho que ver con las que realizan los fondos buitre en los Estados Unidos sobre “la ruta del dinero K”. De allí su advertencia pública de que no se dejará “extorsionar por caranchos judiciales”. Y hasta duda ahora, por ello, de impulsar un acuerdo con los fondos buitre desde enero para no aparecer rendida ante ellos.

La ofensiva sobre Bonadio busca generar temor sobre otros jueces y potenciales denunciantes.

Sus allegados aseguran que su caso es más leve que el procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou, porque Hotesur “sólo incurrió en una falta administrativa”, como no presentar balances ante la IGJ. En lo electoral está tranquila por la fragmentación de la oposición.

LA IGJ, BAJO LA LUPA DE OLIVOS

El Gobierno evalúa que el requisito de presentar balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ), instituido en enero de 2010, es “redundante”, porque ellos deben ser presentados sólo ante la AFIP. Por ahora no se revocará, pero el asunto está en análisis. La Casa Rosada dejó trascender que buscará regularizar de manera progresiva las 250.000 empresas que estarían en la misma situación que Hotesur SA, la sociedad de Cristina Kirchner y de sus hijos..

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Cristina se apoya en los incondicionales para no delegar tareas

LA NACIÓN, 14 de noviembre de 2014

Pese a su internación y posterior reposo médico, la presidenta Cristina Kirchner mantuvo el control de las decisiones del Gobierno a través de tres personajes clave de su entorno: su hijo, Máximo Kirchner; el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, al que en el kirchnerismo muchos apodan el “cenador”, porque aparece en Olivos en los almuerzos y las cenas.

Durante la internación en el Sanatorio Otamendi por su cuadro de sigmoiditis, la jefa del Estado no recibió a ningún funcionario. Pero gobernó por teléfono a través de su hijo, Máximo, que habló con el resto del gabinete, y especialmente con Kicillof y Zannini. Sólo ingresaba a la habitación 415 el entorno familiar: sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner; su madre, Ofelia Wilhelm, y su hermana, Giselle Fernández.

“La que maneja el Gobierno es ella y está al tanto de todo. Máximo es su mano derecha y hace de intermediario en las comunicaciones con la Casa Rosada con frecuencia. Muchas veces ocupa el lugar que tenía Néstor”, dijo un confidente de Olivos.

“Cuando Cristina no podía por su malestar abdominal, Máximo estaba en línea directa por teléfono con Kicillof y Zannini, le llevaba sus mensajes a la Presidenta y les devolvía las órdenes de ella a ellos y a otros ministros”, dicen en Balcarce 50.

Todas las medidas financieras y cambiarias de los últimos días; los 71 allanamientos a bancos, casas de cambio, financieras y cooperativas; los mensajes matutinos del jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, y los debates parlamentarios por el nuevo Código Procesal Penal fueron inspirados por Cristina desde Olivos.

De hecho, ayer la Presidenta firmó el decreto de extensión de sesiones extraordinarias del Congreso para tratar ese código y el controvertido proyecto de ley Argentina Digital para que las telefónicas puedan entrar en el negocio de la TV por cable.

Cristina Kirchner no quiso pedir licencia médica ni delegar el poder en Amado Boudou para no exponer al Gobierno al desgaste que sufrió éste por sus procesamientos.

“Cristina tuvo que gobernar desde la clínica”, dijo un funcionario cercano a sus médicos. “No hacía falta tomar licencia porque ella estuvo siempre consciente, pese a la sigmoiditis, no como en la última operación de cerebro, cuando estuvo días muy medicada”, agregó otro allegado a los médicos.

También por el efecto Boudou la Presidenta tratará de restringir los viajes al exterior lo máximo posible. Además de la conveniencia médica, quiere evitar al máximo delegar el poder en Boudou de manera tan frecuente. Siguen en pie sus próximos viajes a Ecuador y México, en diciembre, pero no se descarta que se suspendan si su salud lo requiere.

Tampoco hay certeza aún de cuándo reaparecerá oficialmente la Presidenta, más allá de los mensajes por Twitter que emitió anteayer para informar sobre el retiro de la candidatura argentina para el Tribunal de La Haya. No hay todavía una actividad programada para ello.

Así como en el Otamendi no recibió a funcionarios, sino que solía hablar por teléfono y enviar mensajes de texto, como reveló la ministra de Industria, Débora Giorgi, una vez regresada a Olivos, el domingo último, Cristina comenzó a recibir a los primeros funcionarios.

Primero a los más cercanos: Kicillof, Zannini y el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro, fueron los que antes ingresaron a la residencia por su cercanía con ella y por la urgencia de los temas que le llevan.

Sólo anteayer ingresó también el canciller Héctor Timerman, tal como informó ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. La mandataria se reunió ese día con Kicillof y Timerman para preparar el viaje de éstos -Cristina no irá- a la cumbre del G-20 en Australia, que será mañana y pasado mañana y en la que ambos funcionarios defenderán la postura argentina en el conflicto con los fondos buitre.

Capitanich confirmó ayer que la Presidenta retomó de “manera incipiente” la agenda gubernamental y que la reunión del ministro y el canciller fue “sobre la base de la representación que tendrá el país en la reunión del G-20 en Australia”.

Según confiaron a LA NACION cerca de la Presidenta, desde que estaba en el Otamendi ella mantuvo constante comunicación, a través de Máximo Kirchner, con Kicilllof.

El ministro fue quien la aconsejaba sobre las medidas para tomar en el mercado cambiario y los allanamientos a bancos y financieras, la inhabilitación de 30 empresas para hacer pagos al exterior o denunciar al juez Thomas Griesa por sus medidas con los fondos buitre, y ella ordenaba avanzar por medio de su hijo. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, están subordinados a Kicillof.

Quizá por una coincidencia, Máximo y su esposa, Rocío García, estaban radicados en la residencia de huéspedes de Olivos desde unos días antes de la internación. Florencia suele vivir en otro de los chalets de la quinta presidencial.

Quienes frecuentan Olivos aseguran que además de Kicillof Máximo recibió muy asiduamente a la noche al jefe formal de La Cámpora, el diputado Andrés Larroque, y a su segundo, el también diputado Eduardo “Wado” De Pedro. “Suelen ir a comer y a veces coinciden con Zannini. Entran a las diez y se van a las doce”, dijo un allegado.

En esas incursiones, Zannini suele aprovechar para llevar lo que se denomina “la firma”, las pilas de decretos que ella debe suscribir.

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La Doctora reposará más de 10 días y manda a Kicillof y a Timerman al G20

LA NACIÓN, jueves 6 de noviembre de 2014 

Por orden de sus médicos, la presidenta Cristina Kirchner, que padece un cuadro de sigmoiditis, deberá mantener reposo absoluto por al menos diez días, por lo cual suspendió ayer su viaje a Australia para participar de la cumbre del G-20, el 15 y 16 de este mes. Designó para representarla al ministro de Economía, Axel Kicillof, y al canciller, Héctor Timerman, con lo cual evitó exponer al vicepresidente Amado Boudou, desgastado por su delicada situación judicial.

Así las cosas, Kicillof y Timerman serán los encargados de defender la postura del Gobierno en el conflicto con los fondos buitre, algo para lo cual se preparaba la propia mandataria, que aspiraba a mantener en alto su protagonismo en ese diferendo.

El G-20 se presenta complicado. La mayoría de sus países miembros, incluso Australia, el anfitrión, no aceptan discutir el caso argentino en la reunión de Brisbane, porque consideran que se debe hacer en el FMI.

En el parte médico oficial difundido ayer por la Casa Rosada se informó que la jefa del Estado deberá guardar reposo absoluto, “sin desplazamientos”, por “al menos diez días”, a partir del alta médica, la que no se informó cuándo se otorgará. Cristina tenía previsto partir el jueves próximo, pese a que el viaje de 48 horas resultaba muy desgastante. El parte médico dio por tierra con ello.

Pese al largo reposo, la Presidenta no realizó hasta ayer el traspaso del mando a Boudou, como lo ordena la Constitución en su artículo 88.”No quieren exponer a Boudou”, aseguró a LA NACION una alta fuente oficial.

El secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro, entregó anoche el parte médico oficial en la Sala de Periodistas, tras lo cual informó que “la Presidenta no viajará a Australia y la delegación será encabezada por Kicillof, quien será acompañado por Timerman”.

El comunicado de prensa, firmado por los médicos Marcelo Ballesteros y Daniel Fernández, de la Unidad Médica Presidencial, consignó que Cristina Kirchner “cursa el tercer día de internación por un cuadro de sigmoiditis”, que “se encuentra estable, cumpliendo tratamiento sintomático y con antibióticos por vía endovenosa” y que sigue “internada para completar tratamiento, y con control evolutivo”.

También puso de relieve que “posterior al alta de internación, que se otorgará oportunamente, la Presidenta deberá mantener reposo con control evolutivo en la residencia presidencial de Olivos, contraindicándose la realización de desplazamientos, inicialmente y como mínimo, por diez días”.

Cristina Kirchner tenía previsto poner sobre el tapete ante el G-20 el conflicto con los fondos buitre y el fallo del juez de Nueva York que la obligó a pagar US$ 1700 millones. Sin embargo, Australia, los Estados Unidos, Alemania y otros países de la Unión Europea, menos Francia, no querían esa discusión por considerar que debe ser tratada en el FMI.

La Argentina impulsaría en la cumbre de Brisbane la adhesión a la resolución de la ONU para regular las reestructuraciones mediante una convención que tuvo el apoyo del G-77 y del Grupo Brics. En cambio, el otro bloque de países quiere apoyar las recomendaciones del FMI de la última reunión de octubre, que nació como respuesta a la ONU, con reformas en las cláusulas de “acción colectiva” y “pari passu” para evitar fallos como el de Griesa.

En la primera propone que si el 75% de los acreedores acepta una reestructuración, el resto debe adherir a ella. En la segunda, el FMI interpreta que no se debe impedir el cobro a ciertos acreedores si existe conflicto con otros, aunque sí deben tener el mismo tratamiento legal.

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Recule de la ley antiterrorista para cerrar frentes y cambiar el pago de la deuda

LA NACIÓN,  20 de agosto de 2014

El Gobierno dijo que hubo “una confusión” y no aplicará la norma a la imprenta Donnelley.
Luego de cinco días de haberlo anunciado, la presidenta Cristina Kirchner dio marcha atrás con la aplicación de la ley antiterrorista a la imprenta Donnelley.

El Gobierno aclaró que hubo “una confusión”: la denuncia judicial que presentó contra sus accionistas norteamericanos es por “quiebra fraudulenta” y por el artículo 309 del Código Penal del capítulo de “delitos contra el orden económico y financiero” y, entre ellos, la manipulación del mercado.

Dentro de la Casa Rosada, algunos aseguraron que en un principio buscó presionar a los empresarios para que aceptaran la sanción de una nueva ley de abastecimiento y que, al hacerlo, abrió tantos frentes que hasta peligraba el consenso parlamentario en los propios bloques del oficialismo y debió recular.
Luego de ese retroceso, la mandataria anunció por la noche el envío al Congreso un proyecto de ley para un nuevo canje de la deuda global en default, con cambio de jurisdicción a Buenos Aires. El cambio de estrategia de la Presidenta pudo obedecer a la necesidad conseguir votos en el Parlamento y descomprimir las tensiones con bonistas y empresas.
El encargado de aclarar la “confusión” por la mañana fue el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, que a través de varias radios atribuyó “la confusión” a la oposición, los empresarios y los medios de comunicación.
Señaló que la denuncia de la AFIP, que dirige Ricardo Echegaray, radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas, apuntó a una supuesta “quiebra fraudulenta” de Donnelley. Sin embargo, la Presidenta había anunciado el jueves último de manera explícita y contundente la aplicación de la ley antiterrorista.
Vanoli explicó que la denuncia invocó el artículo 309 del Código Penal, que fue incorporado en 2011 por la ley 26.733, de Delitos Económicos, y penaliza prácticas fraudulentas.
Esta ley había sido sancionada junto con la ley de financiamiento del terrorismo, la 26.734, la llamada “antiterrorista”, que también reformó el Código Penal e introdujo los artículos 303 al 308, que tipifican sí delitos y penas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Desde el artículo 303 hasta el 313 están comprendidos en el Título XIII del Código Penal, que estipula los Delitos contra el Orden Económico y Financiero.

“Fue un error semántico”, dijo un alto funcionario a LA NACION.

Otra alta fuente oficial aseguró a este diario que “la Presidenta fue mal asesorada” para su discurso.”Esto (el 309) no tiene nada que ver con la ley de financiamiento del terrorismo”, dijo Vanoli.

La Presidenta, con todas las letras, había afirmado: “Estamos haciendo uso por primera vez de la ley que se llamó «ley antiterrorista»? Bueno, ya pensaban que esto era contra la protesta social, contra los sindicatos, contra los trabajadores. No”.

Y agregó: “El primer caso que vamos a tener de aplicación de ley antiterrorista, es por el artículo 309 del Código Penal, incorporado por la ley 26.733 (que no es la ley antiterrorista). Es decir, confundió aquí dos leyes que reformaron el Código.
“Hemos formulado denuncia penal ante la Justicia Federal, porque se trata de un delito federal, alteración al orden económico y financiero, artículo 309, inciso 1º, apartado a), del Código Penal de la Nación”, señaló la Presidenta. Esta afirmación, en cambio, fue correcta.
Según confiaron a LA NACION algunas fuentes, la presentación de la Presidenta fue algo más que un error.

“Presionó a los empresarios con la ley antiterrorista para ablandarlos y aceptaran la reforma de la ley de abastecimiento”, dijeron dentro de la Casa Rosada.

“Pero los empresarios no cedieron y en cambio se le complicó el panorama en el Congreso con los diputados y senadores del Frente para la Victoria, que no quieren votar la ley de abastecimiento ni la de hidrocarburos”, agregó otro funcionario.
Con esta aclaración de Vanoli, la Presidenta buscó descomprimir la tensión en los bloques oficialistas para asegurarse votos para hidrocarburos y abastecimiento, criticada incluso por el jefe del bloque, Miguel Pichetto, y para el nuevo canje de deuda global, que busca unificar la tropa con épica patriótica.

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Papelón antiterrorista, fugas del barco y manotazos para reflotar lo que hundieron

Los bloques K son un hervidero. Miguel Pichetto criticó el proyecto de ley de abastecimiento. Dijo que lo apoyará de todos modos, pero está tratando de quitarle quorum a la iniciativa. Teme otra 125. Lo mismo pasa con la ley de hidrocarburos. Alejandro Vanoli tuvo que desmentir a la Doctora: no se le aplicará la ley antiterrorista a Donnelley sino que se la denunció por quiebra fraudulenta. Pero la abogada exitosa había dicho otra cosa. Y con todas las letras: anunció con aires triunfales que le aplicaría la ley antiterrorismo a una multinacional, que conspiraba contra el orden economico, y no a los trabajadores. El papelon adquiere dimensiones astronómicas.

Pero tiene explicaciones políticas. Esa ley fue resistida en todos los sectores económicos y políticos, e incluso dentro del propio núcleo del peronismo. Ella no tiene ahora seguridad de contar con los votos para aprobar siquiera la ley de hidrocarburos. Ni la de abastecimiento ni la ley antipiquetes. Eso la hizo dar marcha atrás.

Juega su futuro político en esas batallas inviables. Son intentos brutales de revertir la crisis energética, económica y social que ella misma generó con las delirantes políticas de Néstor Kirchner, Guillermo Moreno y Axel Kicillof. El gobierno es el que se ha vuelto terrorista: siembra el terror para imponer el autoritarismo y la arbitrariedad.

¡No se olviden de Néstor! Dio la receta magistral para desembocar en este desastre. Inspiró la política energética de Julio De Vido y sus amigos. Y le dio rienda suelta a Guillermo Moreno, ahora exiliado en Italia, en la economía. El bloque del peronismo perdió dos diputados de Rio Negro y está a punto de irse Martin Insaurralde.

El propio Massa frenó el pase del ex intendente de Lomas para que no se le rebele su vieja tropa de intendentes, Jesus Cariglino y Darío Giustozzi. Massa crece en las encuestas y la transferencia de Insaurralde es un hecho. No tiene regreso al kirchnerismo. De 134 diputados, el bloque del FPV pasará a 131. El quórum es de 129. Pero pueden continuar las fugas del barco. La ley de hidrocarburos podría llevarse a los diputados de Chubut, Mendoza y Neuquén. Si se le quiebra la mayoría en diputados, en 2015 no habrá Congreso funcionando.

La Doctora está ante una encrucijada. Si el PJ le sanciona la ley de abastecimiento, se caerá definitivamente la economía. La industria se paralizará del todo, proliferarán los despidos y estaremos en Venezuela, donde el desabastecimiento es atribuido a la conspiración de los industriales en contra del gobierno popular y revolucionario de Maduro.

Si no se sanciona esa ley, la de piquetes e hidrocarburos, la alianza de la Señora con el peronismo quedará herida de muerte. Las reformas de los códigos Civil y Penal están dormidas. El test será la ley de hidrocarburos. Porque la de abastecimiento deberá esperar. El debate comienza hoy en el Senado pero dicen que será de largo aliento. No hay acuerdo ahora. Antes se tratarán leyes más sencillas de ese paquete, como la creación de un tribunal del consumidor.

Los bloques legislativos están saturados de los conflictos de corrupción de Boudou y del default de Kicillof. Las ensoñaciones económicas ya no contagian ni emocionan. El peronismo considera al ministro un inepto que se vale de la Doctora para mostrar sus hipótesis universitarias setentistas. Un personaje de la decadencia del ciclo, que no cuida a su jefa y que parece disfrutar con el hundimiento y la venganza.

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Cristina busca capitalizar la pelea con los buitres pensando en 2015

LA NACIÓN, domingo 10 de agosto de 2014

La presidenta Cristina Kirchner considera que la negociación con los fondos buitre dio todo lo que podía dar y a partir de ahora las decisiones se tomarán día a día, de acuerdo con la conveniencia política coyuntural y a lo que dictaminen las encuestas para que esa batalla épica contra los holdouts le permitan designar un candidato presidencial propio con posibilidades de triunfo en las elecciones de 2015.
De no mediar una concesión del juez Thomas Griesa, o un acuerdo entre privados, bancos extranjeros y empresarios -opción que no descarta- Cristina dio por estancadas las tratativas hasta enero de 2015.
La mandataria se entusiasmó con el rebote de su popularidad tras el conflicto con los holdouts que desembocó en el default. Le atribuyó el mérito a la extrema radicalización en la negociación, que encabezó el ministro de Economía, Axel Kicillof, que le hizo acordar a la intransigencia del gobierno del fallecido Néstor Kirchner, según confiaron a la nacion fuentes de la Casa Rosada.

“Si hay acuerdo y les pagan a los buitres, o si deciden un default generalizado, eso lo determinarán las necesidades políticas y las encuestas”, confiaron funcionarios oficiales que siguen ese conflicto.

“Pero si los efectos de esa falta de acuerdo son una mayor crisis económica, las encuestas podrían volverse en contra y se modificará la política”, confió ese informante.
En la urgencia por la parálisis de la economía y la falta de crédito y de dólares, recuerdan, Kicillof negoció acuerdos de pago con Repsol y con el Club de París que sobrepasaron las expectativas de esos acreedores.
Los sondeos que consultó la Casa Rosada exhibieron un salto en la popularidad presidencial de 15 a 20 puntos -de 25 a 40/45%- tras la pelea con los fondos NML y Aurelius.
La Presidenta busca con su confrontación de tono épico, bajo el lema “Patria o buitres”, mejorar sus posibilidades de bendecir a un candidato presidencial con chances de triunfo, con miras a las elecciones de octubre de 2015. Si bien es cierto que esos sondeos registraron una mejora de la imagen de Kicillof, todavía el ministro está lejos de ser “el candidato de Cristina Kirchner”.

“Ella quiere poner varios candidatos en juego para acotar al gobernador bonaerense Daniel Scioli. Deja correr las versiones de Kicillof, lo elogia en público, pero también acompaña a Florencio Randazzo como ministro de Transporte en sus inauguraciones ferroviarias”, dijo un operador de la Casa Rosada.

El líder piquetero Luis D’Elía lanzó públicamente la postulación del ministro de Economía hace 15 días. Es cierto que D’Elía habla con el jefe de La Cámpora y también diputado Andrés “Cuervo” Larroque. Sin embargo, otro diputado camporista, Eduardo “Wado” De Pedro, corrigió hace tres días a D’Elía y desestimó “hoy por hoy” la postulación de Kicillof. Y dijo que “el proyecto de La Cámpora comienza en 2015”.“Kicillof y La Cámpora no son lo mismo. Estos son peronistas setentistas. El ministro es un ideólogo universitario”, comentó a la nacion un amigo de la Presidenta.

“El principal promotor de la candidatura de Kicillof es Kicillof”, aseguraron funcionarios de la Casa Rosada.

En paralelo con aquella batalla judicial, Cristina y el ministro apostarán a atenuar los efectos del default y, en un contexto de recesión, diseñaron la semana última medidas para evitar los despidos con subsidios a las empresas; reactivar con más gasto y emisión monetaria el consumo estancado, la actividad inmobiliaria y la fabricación de ómnibus. Fue una admisión clara de la crisis.
“Hay que cuidar que la pelea con los buitres no se vuelva en contra con una agudización de la crisis”, explicaron fuentes oficiales. “Por ahora Kicillof fortaleció al Gobierno y revirtió su caída de imagen”, agregaron. “Pero su verdadera chance -aclaran- depende de que logre un acuerdo, restablezca el crédito, baje la inflación y repunte la economía.”
El mejor escenario, admiten, sería que Griesa destrabe los pagos a los bonistas de 2005 y 2010 y saque del default al país. Sería presentado como un triunfo y permitiría seguir negociando con los buitres.
Sin embargo, Kicillof evalúa seriamente la idea de continuar en default y que los bonistas pidan el adelantamiento de los bonos reestructurados cuyos pagos fueron congelados por Griesa. La Argentina no podría pagarlos y propondría una reestructuración total de esos bonos y el cambio de jurisdicción a Buenos Aires. O sea, un default total..
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“Quiero retruco” CFK ordenó respaldar al VP tras otro procesamiento

LA NACIÓN, sábado 9 de agosto de 2014

La presidenta Cristina Kirchner estaba a punto de viajar a Santa Cruz cuando se enteró del segundo procesamiento a su vicepresidente Amado Boudou por falsificación de documentos de un auto importado. Sin embargo, nuevamente impartió la orden a todos los ministros del gabinete de redoblar el respaldo político para su ex delfín.

“El apoyo de la Presidenta no va a variar con un procesamiento más o con un procesamiento menos. Al contrario, en un principio va a doblar la apuesta”, confió a LA NACION un funcionario cercano a la mandataria.

La noticia no sorprendió a nadie en la Casa Rosada. La jefa del Estado resolvió viajar al Sur a pasar el fin de semana y antes dio la orden de que nadie hiciera declaraciones a la prensa sobre el caso Boudou.
El apoyo de ayer fue silencioso. No se descarta, empero, que en las próximas horas los funcionarios hablen del tema. “No hay cambios en la estrategia. Es un apoyo fuerte que se trata de que sea lo menos visible para minimizar los costos políticos”, señaló otra fuente oficial del primer piso de la Casa Rosada.
Es probable que, en el mediano plazo, Cristina Kirchner intente ocultar la figura del vicepresidente en los actos y compromisos institucionales más relevantes. Acaso espere un gesto de Boudou que la libere de tomar una decisión drástica. Pero no lo esconderá mientras esté en el candelero acorralado por los jueces.
La mandataria presiente que si le suelta la mano se debilitaría ella políticamente y Boudou podría implicar en la causa Ciccone a otros funcionarios de su gobierno.
Por ahora, ella dio luz verde a que el bloque kirchnerista en el Consejo de la Magistratura investigue al juez federal Claudio Bonadio por su desempeño en una causa sobre el contagio de pacientes con HIV. Bonadio es quien investigó y procesó ayer a Boudou en el caso del auto importado con papeles falsos.

La embestida contra el juez federal tiene todas las características de una feroz represalia política.
Una vez más, Cristina pidió a sus funcionarios que cierren filas con el vicepresidente. Aunque dentro del gabinete hay ministros muy preocupados por el efecto político que tendrá el escándalo que envuelve a Boudou con miras a las elecciones presidenciales de 2015.
La medida de Bonadio de ayer se sumó al procesamiento que Boudou recibió del juez federal Ariel Lijo en la causa Ciccone, donde se le imputó cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Esa medida fue apelada por el vicepresidente, por lo cual deberá considerarla la Sala I de la Cámara Federal, que podría ratificarla total o parcialmente, en pocas semanas.
En la Casa Rosada evalúan que es difícil que la Cámara revoque ese procesamiento. En consecuencia, la decisión de ese tribunal se sumaría a los traspiés que sufrió el vicepresidente.
Los ministros más inquietos son aquellos que tienen mucho en juego en los comicios del año próximo. Por ejemplo, el titular del Interior y Transporte, Florencio Randazzo,que será precandidato presidencial y competirá contra el gobernador bonaerense Daniel Scioli. En las mismas condiciones está el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Dominguez, que planea sumarse a esas primarias.
Otro postulante aun no declarado podría ser el ministro de Economía, Axel Kicillof, que también es partidario de soltarle la mano a Boudou para evitar más costos políticos.
También el jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, quisiera despejar el conflicto: su provincia, Chaco, podría quedar en manos de UNEN en las próximas elecciones y el jefe de ministros no encuentra ningún beneficio en quedar asociado a Boudou.
El propio secretario legal y técnico, Carlos Zannini, ha sido un crítico furibundo del vicepresidente, aunque la estrategia judicial que aconseja se acomoda a las instrucciones políticas de la Presidenta.
Todos ellos presienten además que Boudou se trasformó en un escollo para la gestión. El Senado, por ejemplo, no puede sesionar sin grandes escándalos de la oposición.
La Presidenta ya conocía la decisión de Bonadio cuando el miércoles último le ordenó a Boudou asistir a la sesión de la Cámara alta. Y el vicepresidente acató con gusto. Fue una señal de la Presidenta a varias bandas.
Por un lado, desafió a la oposición y por otro disciplinó a los díscolos del Frente para la Victoria. Les tomó lista: hubo asistencia perfecta..

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