LLEGA LA HORA DE DEJAR DE SEGUIR CAZANDO IMPUESTOS EN EL ZOOLÓGICO

UN ALTO NIVEL DE EVASIÓN DE SECTORES QUE VIVEN EN LA INFORMALIDAD. UN 40% ESTÁ EN NEGRO. LAS SUBAS IMPOSITIVAS SE APLICAN SOBRE LOS QUE SIEMPRE PAGAN, PERO NADIE TODAVÍA SALIÓ A BUSCAR A LOS QUE ESTÁN FUERA DEL SISTEMA

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Por Mariano Obarrio

En materia tributaria, llegó la hora en la Argentina de comenzar a dejar de cazar en el zoológico. El mega proyecto de ley de emergencia enviado por el gobierno de Alberto Fernández al Congreso puso en evidencia que los ajustes fiscales siempre se formulan sobre los ingresos y no sobre los gastos improductivos de la política. Y peor aún, sobre los ingresos que aportan los “giles que siempre pagan” en un contexto de la economía en la cual el 40% está en la informalidad, según datos oficiales.

El tributarista Cesar Litvin, profesor titular de Impuestos en la Facultad de Economía de la UBA, nos acerca un dato ilustrativo: “El 10% de los contribuyentes sostienen al 99% de la recaudación fiscal en la Argentina”. Es evidente la urgencia de producir ese cambio.

https://ar.radiocut.fm/audiocut/cesar-litvin-profesor-titular-impuestos-facultad-economia-uba-en-cultura979/

Algunos ejemplos. Este ajuste aumentará el impuesto a los bienes personales sobre los sectores medios y sobre quienes tienen bienes en el exterior. Pero nada hace para cruzar datos y poder encontrar una base más amplia de contribuyentes que no hacen declaración jurada de bienes y que nunca pagaron, en una clara desigualdad con los que pagan.

El impuesto a los Bienes Personales padece de una alta tasa de evasión en nuestro país. Bastaría con cruzar los registros de la Anses, los ingresos, el Registro de la Propiedad Inmueble y Automotor y se encontrará a muchos ciudadanos que no pagan y así no son solidarios con los que pagan el impuesto.

Otra inconsistencia: el mega proyecto suspendió una rebaja del impuesto a los ingresos brutos y por lo tanto crecerá la recaudación fiscal pero dejando a salvo uno de los impuestos más distorsivos de la economía. O sea, pagarán más impuestos las empresas, las Pymes, los monotributistas y los autónomos. Pero nadie discute en la Argentina cómo hacer para que los comercios pequeños y medianos, que no entregan factura a sus clientes, comiencen a instalar sus máquinas registradoras y comiencen a tributar.

Asimismo, no hay un plan para poder cazar a miles de cuentapropistas que fuera de ese zoológico imaginario hoy hacen sus trabajos de servicios para las casas y hogares de las familias y que no les entregan boleta a sus clientes: plomeros, electricistas, carpinteros, albañiles y un sinfín de oficios, que no cobran poco dinero por sus trabajos pero no los respaldan con la debida Factura B o C.

Por otra parte, sigue persistiendo una fuerte inequidad entre los contribuyentes que están dentro del zoológico. Los responsables inscriptos, autónomos y los trabajadores en relación de dependencia tributan alícuotas de hasta el 35% de sus “ganancias” mientras que los monotributistas pagan un impuesto casi irrisorio.

La caza impositiva dentro del zoológico, por más que sea sobre los sectores de mayor poder adquisitivo, también trae aparejadas muchas injusticias. El gobierno de Alberto Fernández aumentó los impuestos internos para autos de alta gama, esgrimiendo el argumento de que perjudica a un imaginario votante de Mauricio Macri, que es rico y que tiene la culpa porque el ex presidente tomó tanta deuda.

Seguramente ese contribuyente, si puede pagar el impuesto, comprará el auto de lujo. Pero si no tiene disponibilidad, buscará alternativas más económicas de autos y el que se perjudicará será el trabajador automotriz de Smata que también merece conservar su trabajo por más que su empleador sea un fabricante de alta gama japonés o alemán que fabrica en la Argentina. Si se paralizan los autos de lujo, las automotrices no se perjudicarán: despedirán trabajadores.

Como se dijo, la otra vía para aumentar la recaudación será incrementar la alícuota de bienes personales a la clase media y suspender la rebaja en ingresos brutos. Es probable que ese contribuyente deba afrontar un cargo más alto el año próximo y por ese motivo abandone la idea de decidir una compra, una contratación o una refacción para su casa.

Quizás el pato lo pagará un trabajador o un fabricante que venda menos, o un trabajador de la construcción que tendrá menos trabajo. Siguiendo esa lógica arbitraria de los gobernantes, los votantes de Macri también consumen bienes y servicios que producen los votantes de Alberto Fernández, Roberto Lavagna o Nicolás del Caño, que podrán resultar perjudicados al final del día por esa posible parálisis.

La economía está interconectada a través de vasos comunicantes. Es cierto que el mega proyecto también busca reactivar el consumo de los sectores bajos y ese es un muy buen objetivo, que quizás sea cumplido por el Gobierno. Los aumentos de salarios, jubilaciones, microcréditos, devolución de IVA y tarjetas alimentarias sin duda dinamizarán los consumos de productos de primera necesidad y ese será un vector reactivador, sin dudas.

Pero muy posiblemente ese efecto positivo se neutralice con la amenaza de la doble indemnización por despido, que inducirá a no contratar nuevos trabajadores, o con el menor consumo de las capas medias y altas, o con la mayor presión tributaria que sufrirán las Pymes mientras que por otro lado se les concede una moratoria virtuosa. Posiblemente venderán más alimentos o zapatillas pero pagarán más ingresos brutos. La transferencia de recursos será hacia el Estado y no hacia la economía.

La lógica entonces, se revela aquí, es netamente fiscalista. Mejorar el resultado fiscal para obtener un equilibrio y pagar la deuda al FMI y a los acreedores privados sin necesidad de incurrir en la emisión monetaria y sin posibilidad de financiamiento externo. Habrá un ahorro fiscal de 530 mil millones de pesos, y un gasto en jubilaciones/salarios/tarjetas alimentarias/microcréditos de 90 mil millones. Esta última es la pata progresista del plan, el aspecto peronista redistribuidor.

Pero hay un costado de ortodoxia que no se puede ocultar. De aquel ingreso adicional vía impuestazo, un total de 440 mil millones de pesos, irán a cubrir el déficit y la deuda. Macri también lo hizo. Pero Alberto lo hará cantando la Marcha Peronista.

El impuesto del 30% por la venta de dólares de atesoramiento y para la compra de bienes en el exterior o turismo tiene varios objetivos simultáneos para el Gobierno:

1-evitar que se fuguen los 5500 millones de dólares que los argentinos usaron en 2019 para viajar afuera,

2-incrementar la recaudación junto con los otros impuestos en un 1,5% del PBI ($440 mil millones) y

3-reactivar el turismo interno (Mar del Plata) en detrimento del externo (Buzios).

Pero también puede traer otros efectos colaterales. La mayor demanda sobre el turismo interno puede aumentar los precios de los hoteles y servicios en la Argentina y eso es un vector inflacionario. Y el bloqueo de compras de dólares oficiales puede empuja la demanda del dólar blue, con lo cual ya pegó el salto el paralelo a 76 pesos por dólar. Las devaluaciones siempre en la Argentina son inflacionarias.

El ajuste del mega proyecto no tiene un solo capítulo que avance sobre el gasto improductivo del Estado. Inmuebles alquilados o comprados para la administración pública que podrían reducirse; automóviles para funcionarios; asesores excesivos en Diputados; empleados militantes en la Biblioteca del Congreso; 60.000 contratados temporarios; la creación de 21 ministerios, 84 secretarias de Estado y 169 subsecretarías…  Y centenares de direcciones y coordinaciones. De eso, no se habla…

Además no se avanza sobre el blanqueo laboral y más bien se lo incentiva. El 40% de los trabajadores en la Argentina está en negro. Y si las Pymes tienen la Espada de Damocles de la doble indemnización es posible que sigan contratando en la informalidad. En ese sentido, un mega plan de capacitación laboral podría servir para que millones de beneficiarios de planes sociales que no trabajan ni estudian puedan encontrar trabajo digno y progresivamente aportar al Estado en lugar de vivir esclavizados por un subsidio.

La inclusión social no sólo es una necesidad social o moral, sino también es una necesidad macroeconómica: si la mitad de los argentinos no trabajan tienen que ser sostenidos por la otra mitad, de la cual sólo paga impuestos una parte y el resto está afuera del zoológico impositivo. Un estadista debe imaginar cómo agrandar la torta para distribuir, ampliar la base tributaria y la inclusión social y productiva. Y no en cómo distruibuir cada vez menos en una torta insuficiente.

SENADO: LA UCR PRESIONO POR LAS JUBILACIONES DE PRIVILEGIO Y ALBERTO PROMETIO ELIMINARLAS

En medio del escándalo por las jubilaciones de privilegio que los ex presidentes, funcionarios, jueces y fiscales seguirían cobrando con aumento según la última movilidad jubilatoria, los senadores radicales se atrincheraron en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y presionaron con el quorum para tratar la ley aprobada en Diputados a cambio de que se suspendiera el artículo 56 que eximía del congelamiento de las jubilaciones a esos regímenes especiales.

Los radicales no bajaron al recinto hasta que el Frente de Todos tuvieron número suficiente para sesionar y habilitaron la discusión. Y recién entonces bajaron al recinto. Por esa presión, el presidente Alberto Fernández salió a anunciar por la red Twitter que enviará un proyecto de ley para eliminar las jubilaciones de privilegio. Pero los senadores radicales presentarán otro. “Vamos a presentar nuestro proyecto”, dijo una senadora de la UCR en estas horas.

Luis Naidenoff

En su aspecto más conflictivo, el proyecto de ley de Emergencia y Solidaridad Social y Reactivación Productiva suspendió la movilidad jubilatoria dispuesta por ley en el gobierno de Mauricio Macri y a cambio de ello fijaría un bono de 10.000 pesos para los jubilados de la mínima a pagar en dos cuotas. Pero dejaría suspendida la movilidad, por ende los aumentos, para el resto de las categorías a partir de la mínima. Sin embargo, no se suspenderían los aumentos para las jubilaciones de ex presidentes, jueces, funcionarios y fiscales, lo cual desató un escándalo.

La jubilación mínima está en 14.000 pesos y el aumento de marzo iba a ser de 8,9%. El megaproyecto congela los aumentos y dan los bonos para los de la mínima, y mantienen los aumentos para las jubilaciones especiales, o llamadas de “privilegio”. Los otros regímenes especiales son los docentes, los trabajadores de Luz y Fuerza y los investigadores científicos. Vale decir que jubilaciones de privilegio que pueden alcanzar hasta los 100 mil pesos mantendrían aumentos y los jubilados medios de 18.000 pesos verían interrumpida la movilidad a la espera de los futuros decretos del Presidente para diversos aumentos.

Esto es así porque en el artículo 56 la Cámara de Diputados dispuso en el megaproyecto que excluir temporariamente de la suspensión de la movilidad previsional las jubilaciones, pensiones, asignación vitalicia y haberes de retiro que perciben el presidente y vicepresidente de la Nación, los jueces de la Corte Suprema y magistrados y funcionarios del Poder Judicial, y los legisladores.

Según el texto que sancionó esta madrugada Diputados se conformará una comisión especial que estudiará si corresponde excluir o no de la suspensión de la movilidad jubilatoria a los regímenes especiales. Mientras tanto, sus haberes continuarán siendo móviles y gozando del aumento, como establece la ley.

En medio de este conflicto, el presidente Alberto Fernández anunció que ampliará las sesiones extraordinarias del Congreso para eliminar el régimen especial que continuará percibiendo la movilidad jubilatoria. Los jubilados de clase media y baja verán interrumpidos los aumentos mientras que los jubilados de privilegio seguirán cobrando haberes de entre $ 210 y 400 mil.

“Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a los efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)”, escribió el Presidente en Twitter. Sin embargo, le faltó mencionar al Poder Ejecutivo entre los “privilegiados”.

JUAN BRÜGGE PIDE SANCIONAR A LOS FUNCIONARIOS QUE NO LUCHAN CONTRA EL HAMBRE

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Pese a que terminó su mandato el último 10 de diciembre, el ex diputado demócrata cristiano Juan Brügge, del bloque Cordoba Federal, presentó un proyecto de ley para la erradicación del hambre y pide sancionar a los funcionarios con severas penas si no alcanzan los objetivos de lucha contra la pobreza.

En una nota publicada en el diario La Voz del Interior de Córdoba se informó que el diputado delasotista había presentado una iniciativa este año que será tomada por sus colegas que quedaron en la Cámara de Diputados. Brügge siempre se enroló en las filas del ex gobernadro José Manuel De la Sota. En la actualidad retomó sus clases como profesor universitario y ejerce como abogado de varios municipios.

Juan Brügge

En las últimas elecciones apoyó como candidato presidencial a Roberto Lavagna, de Consenso Federal. Además, fue uno de los diputados que en el Congreso se opuso más tenazmente a la ley del aborto legal durante el año 2018.

Se reunió también con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y conversó sobre su plan de sanciones a los funcionarios que no cumplen los objetivos de reducir la pobreza que además está siendo evaluado por la Universidad Católica de Córdoba (UCC).

El programa “Dignidad” consiste en que si los objetivos de erradicación de la pobreza no se cumplen se aplicarían multas a los funcionarios –descuentos en sus dietas–, e incluso sobre “los sectores más pudientes” se les gravará el Impuesto a las Ganancias.

“Durante años hemos estado generando programas y planes y nunca los hemos ni revisado para ver su efectividad, si no se han logrado las metas tiene que haber un responsable de eso”, dijo Brügge.

“La responsabilidad cae sobre los funcionarios”, dijo. Pero también señaló que “la sociedad tiene que cumplir una función de solidaridad y sobre todo, los más pudientes”.

El programa del dirigente de la Democracia Cristina establece un plan de metas a 15 años que busca reducir la pobreza mediante la creación de bancos de alimentos, de tierras y materiales de construcción. “Se establece en caso de que no se logren los objetivos una carga pública, un porcentaje de Impuesto a las Ganancias con destino a este programa contra la pobreza”, agregó.

LOS "SUPERPODERES" PARA CAZAR EN EL ZOOLÓGICO PUEDEN AGUDIZAR LA GRIETA Y LA PARALISIS ECONOMICA

AL IGUAL QUE MACRI, ALBERTO BUSCA EQUILIBRIO FISCAL A TRAVES DEL AUMENTO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES Y GENERA MALESTAR EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS. MAS RECURSOS PARA LOS POBRES, PERO NO MAS OPORTUNIDADES PARA SALIR DE LA POBREZA. LA EPICA DE LA GUERRA DE “POBRES CONTRA RICOS”

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Por Mariano Obarrio

El ambicioso paquete de “superpoderes” del presidente Alberto Fernández resultó tiene una llamativa similitud con lo que hizo Mauricio Macri en la peor decisión de su gobierno. El Presidente y su antecesor intentaron buscar el equilibrio fiscal mediante el aumento de los impuestos y de las retenciones, antes que imaginar recortes en el gasto improductivo del Estado o una mejor administración. Más carga fiscal sobre los sectores productivos y sectores medios, impuestos distorsivos y discrecionales, y menos ajuste sobre la política.

Ni Macri ni Fernández imaginaron cómo incluir a sectores sociales que sólo reciben subsidios y están esclavizados con el clientelismo para transformarlos en actores del desarrollo que generen ingresos genuinos. Ese es el verdadero ajuste pendiente y virtuoso que nadie hizo. No hay un proyecto de desarrollo y producción. La Argentina es una mina de oro en la cual los trabajadores mineros se pelean entre sí para despojarse sus pertenencias unos a otros y ninguno se dedica a trabajar para ver cómo se extrae el oro para enriquecerse todos y agrandar la torta.

Alberto y Mauricio se propusieron aumentar los ingresos cazando en el zoológico, antes que salir a combatir en serio la informalidad y a blanquear al 40 por ciento de la economía negra. Con sus impuestazos, que recaerán mayormente en la clase media (“los giles que siempre pagan”) y no en “los que más tienen”, el Gobierno logrará sólo que los que hacen funcionar la rueda de la economía se arrepientan y piensen dos veces antes de invertir o consumir. La mayor presión tributaria, en una economía agotada, está probado, es recesiva. La nueva odisea de los giles está a la vuelta de la esquina,

La justificación de tamaña poda de los sectores medios es la necesidad de “quitarles a los ricos para darles a los pobres”, como ahora pregonan los voceros periodísticos del kirchnerismo. La lógica siempre es la misma: imaginan ideas para darles más subsidios, pero nadie piensa en cómo darles lo principal para la vida: más educación y herramientas verdaderas para que dejen de ser pobres e ingresen en el progreso, en la dignidad de la cultura del trabajo y se puedan valer por sí mismos. Se reparte el pescado, se los estigmatiza, pero nadie les enseña a pescar.

Después de las medidas de ayer, esos sectores postergados serán menos pobres por un tiempo, quizás, pero seguirán siendo pobres para siempre. Se les multiplicará el poder a los movimientos sociales y a sus dirigentes que negocian planes sociales. Se incentivará la economía popular pero no existe un plan para formular un plan de desarrollo integral y productivo. Nadie pensó en cómo otorgarles el mayor bien que necesitan esos sectores marginados: la libertad de la educación y del trabajo de calidad. No existe un plan para formar y formalizar trabajadores.

El criterio del New Deal, de Franklin Roosevelt (“Recuperaremos nuestros recursos naturales al mismo tiempo que nuestros recursos humanos”) está ausente en el proyecto que se apoderó del peronismo.

También se eliminó la libertad de las clases medias, que no podrán comprar dólares en el mercado oficial, no podrán comprar bienes en el extranjero ni viajar, sin antes dejar un 30% de sus gastos en manos del Estado benefactor. El aumento a los bienes personales tanto locales como en el exterior aumenta una presión tributaria ya de por sí excesiva sobre la clase media durante el gobierno de Macri. El regreso a los ingresos brutos previo al pacto fiscal será una carga feroz sobre las Pymes y sobre las economías regionales. Esos sectores eran los que debían convertirse en el motor de la reactivación.

Las familias que planeaban alguna inversión, una ampliación, la mudanza, la construcción, actividades que dan trabajo, paralizarán sus proyectos. Las retenciones al agro también deprimirán los negocios de los productores, grandes, medianos y pequeños: no en vano toda la Mesa de Enlace fue la que se opuso a la medida inconsulta del viernes, incrementada en tres dólares con el proyecto de emergencia económica.

La delegación de facultades extraordinarias del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo barre con el principio de la vida en democracia, la República, la división de poderes, y la representatividad popular. Podrá no interesarle a una gran parte de la población ausente de esos detalles institucionales. Pero es un valor fundamental para el prestigio del país, la seguridad jurídica y el respeto por las reglas de juego.

Alberto Fernández quiere arrogarse “superpoderes” nunca vistos para reasignar partidas presupuestarias, regular tarifas y precios, intervenir en organismos públicos descentralizados de alta sensibilidad y aumentar salarios y jubilaciones por encima de las leyes que previamente sancionó el Congreso. En medio de este avasallamiento del Congreso, de qué sirve la convocatoria a un Consejo Económico y Social que supuestamente iba a servir para generar las grandes políticas públicas, si los consensos quedarán en manos de una sola persona, el Presidente.  

El impuestazo del 30% para la compra de dólares oficiales tiene un doble efecto: por un lado busca incrementar la recaudación fiscal al tiempo que desalienta la salida de dólares. Pero por otro estimula la compra de dólares en el mercado paralelo que hoy seguirá siendo más barato a 74 pesos que el nuevo precio virtual de 82 pesos del nuevo dólar oficial. Es una obviedad que el “blue” buscará confluir con el precio oficial y la devaluación se pondrá en evidencia en poco tiempo.

En la Argentina no hay devaluación sin un posterior traslado a los precios. Macri creyó que “no” cuando liberó el cepo en 2016, pero la realidad le demostró lo contrario. Si el Gobierno pretende contener los precios a fuerza de acuerdos compulsivos, seguramente podrá lograrlo apenas por un tiempo. La olla a presión siempre termina desbordando los planes de los ministros más poderosos.

El ministro Martín Guzmán busca transmitir calma y serenidad cuando habla, señala que puso en marcha un plan económico “integral” que tiene el equilibrio fiscal como centro de sus objetivos. En todo caso, será un equilibrio logrado por las malas. La reactivación económica, de tantos garrotazos, podría quedar herida de gravedad. El gobierno de Fernando de la Rúa también comenzó con una suba de impuestos y sofocó las expectativas iniciales de reactivación.

Está claro que el objetivo de fondo de Alberto Fernández es transmitir a los mercados y al Fondo Monetario Internacional que tendrá los dólares para pagar la deuda: es posible que haya logrado su meta, habida cuenta la baja del Riesgo País de más de 7 puntos. Sin embargo, es posible también que, con un discurso de lucha de ricos contra pobres, agitando nuevamente la grieta, el Presidente termine asemejándose a Macri por encontrar los dólares a corto plazo pero a costa de una fuerte parálisis económica. Con el agregado de un cercenamiento de muchas libertades, que habrán sido conculcadas por una diversidad de corralitos.

El aumento a la base de la pirámide de las jubilaciones, que barre con otra ley aprobada por el Congreso, provocará demandas judiciales porque también será inequitativa y despareja. Perjudica a unos para beneficiar a otros. Enfrenta a unos con otros. Con la base de cálculo del sistema de Macri, los jubilados estarían percibiendo aumentos del 60% por la inflación pasada. Pero el gobierno nacional y popular cambiará las reglas de juego y ya muchos no alcanzarán ese beneficio.

El Presidente asumió con un discurso republicano, hizo una invitación al diálogo y a los consensos y propuso el cierre definitivo de la grieta. Pero en una semana, emitió tres decretazos: la doble indemnización por despidos, que desalentará la contratación de trabajadores; el aumento de retenciones, que reforzará en el nuevo proyecto de ley, y la legalización del aborto por simple resolución en contra de los códigos Penal, Civil y de la Constitución.

El proyecto de ley de emergencia completa la obra maestra de la contradicción. Planteó un país de viejos resentimientos en los que la única manera de gobernar pareciera que es perjudicando a los sectores medios para darles beneficios de corto plazo a los bajos. No hay plan de desarrollo, ni de inclusión de los excluidos en la economía formal. La Argentina es una mina de oro en la cual los mineros se pelean entre sí para despojarse las vestiduras unos a otros y ninguno se dedica a trabajar para ver cómo se extrae el oro. El riesgo latente es una lucha de pobres contra pobres que agigantará las antinomias y las contradicciones, afuera y adentro del Gobierno. Y que además está lejos de reactivar la economía, que era el objetivo de la campaña de Todos.

EL PROTOCOLO DE GINES ALTERA Y VIOLENTA LAS LEYES QUE PROTEGEN AL BEBE DESDE EL VIENTRE DE SU MADRE

SE TRANSCRIBE UN RESUMEN DEL INFORME DEL CENTRO DE BIOETICA Y LA ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES EN EL QUE DESCRIBE CÓMO EL PROTOCOLO VIOLA EL CODIGO PENAL, EL CODIGO CIVIL Y LA CONSTITUCION, ENTRE OTRAS LEYES. PERMITE EL ABORTO IRRESTRICTO Y A SIMPLE DEMANDA, ALGO QUE EL CONGRESO RECHAZO EL 8/8/2018; MUCHAS CAUSAS DE INCONSTITUCIONALIDAD

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Por Mariano Obarrio

El gobierno de Alberto Fernández legalizó el aborto por decreto. Sancionó por una simple resolución todo lo que el Congreso rechazó el 8 de agosto de 2018 al perder por votación en el Senado el proyecto de aborto legal e irrestricto. El ministro de Salud, Ginés González García, firmó un protocolo de aborto ILE de carácter casi macabro mediante la Resolución “N° 1” que replicó casi con exactitud la Resolución 3158/2019 del ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. Por lo tanto, la resolución 1 (uno) es inconstitucional. Invade y altera cuatro leyes del Congreso, algo que está expresamente prohibido en la Constitución. Y afecta el derecho a la vida del niño por nacer, consagrado en los tratados internacionales que tienen rango constitucional en el artículo 75 inciso 22.

Según un detallado análisis del Centro de Bioética, Persona y Familia y de la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (Prodeci) del 15 de diciembre de 201, como problema de fondo, el Protocolo “pretende convertir en derecho” ampliado a todos los casos lo que sigue siendo un caso excepcional de “no punibilidad” previsto en el Código Penal.

Por un lado, amplia las causales de “no punibilidad” de una manera tan amplia y difusa que termina extendiendo a cualquier caso la posibilidad de invocar la no punibilidad. Por otro lado, desconoce que cuando el Código Penal señala que la conducta “no es punible” está “indicando que por política criminal se considera que ese hecho sigue siendo un delito y por tanto un acto disvalioso, pero se renuncia a su persecución penal”.

Las instituciones señalan entonces que “esta transformación de los casos de no punibilidad en supuestos derechos” tiene como antecedente el fallo FAL de la Corte Suprema. Y considera que al margen de “las críticas que ha merecido ese fallo por afectar directamente el derecho a la vida, hay que señalar que toda sentencia judicial tiene un efecto vinculante en el caso concreto y no puede sustituir al legislador”.

Texto completo:

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/An%C3%A1lisis%20Protocolo%202019%20Centro%20de%20Bio%C3%A9tica-Prodeci%20v6.pdf

Y consigna que esta legalización del aborto por vía de una simple resolución ministerial sorprende por “la premura” luego de que “hubiera un debate en el Congreso que culminó con el rechazo de un proyecto de ley de legalización del aborto el 8 de agosto de 2018”. Es decir que se dictó por una resolución con rango menor algo que el Congreso rechazó como proyecto de ley. Y modifica, por resolución ministerial, los contenidos de las leyes vigentes, algo prohibido en la Constitución. El protocolo, señala, incurre en al menos 18 irregularidades jurídicas:

1-Tergiversa el Código Penal en la causal “salud”. Para justificar la “no punibilidad” del aborto invoca el artículo 86 del Código Penal, que establece la “no punibilidad” en el caso de riesgo de “salud” o de “vida” de la madre. Omite deliberadamente transcribir las condiciones de ese riesgo de vida o salud. El Código Penal permite el aborto “si este peligro (de vida o salud) no puede ser evitado por otros medios”. En cambio el protocolo omite transcribir la obligación de intentar “evitar ese peligro (de salud o de vida) por otros medios” y así permite el aborto para cualquier caso de riesgo de salud, con lo cual amplia a todas las personas ese permiso porque cualquier embarazo puede implicar potencialmente un riesgo más o menos difuso para algún tipo de “salud física, social o mental”. Un estado anímico determinado, por caso, podría implicar un “riesgo” y ser causal de “no punibilidad”. El Código Penal original sólo hablaba de riesgo de salud física y reservaba el aborto como último recurso cuando no había otra manera sortear ese riesgo y ya se habían extremado todas las alternativas para salvar las dos vidas. Ahora el protocolo dice: “No requiere la constatación de una enfermedad y, en este sentido, no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada. Bastará con la potencialidad de afectación de la salud para determinar el encuadre como causal de no punibilidad para el aborto. El concepto de peligro no exige la configuración de un daño, sino su posible ocurrencia” (p. 16)

2) Invoca como fundamento una ley que excluye el aborto: Es la ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, que expresamente excluye los “métodos” abortivos (art. 6.b).

3) Obliga a ofrecer el aborto a toda embarazada: direcciona la conducta del médico para obligarlo a que se limite a proponer y realizar el aborto como una simple elección. O sea, no regula 3 casos excepcionales de “no punibilidad”, sino que convierte al aborto en un procedimiento rutinario ofrecido sistemáticamente en la primera entrevista. “Si bien es posible que sea la mujer la que se acerque para solicitar la ILE, en muchos casos es el equipo de salud el que detecta que la persona que está atendiendo presenta alguna de las causales que le dan derecho a solicitar la práctica. En estos casos, el/la profesional interviniente debe ofrecer a la persona que consulta una consejería o derivarla donde pueda realizarla, para que ella pueda decidir, informada y autónomamente, si desea continuar o no con el embarazo. Asimismo, si ella lo decide, se debe disponer la realización de la ILE lo antes posible”. Luego enumera una serie tan amplia de situaciones posibles que siempre se ofrecerá el aborto a las embarazadas. Afirma que “todo el personal de los efectores de salud… es responsable de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo” (p. 10). O en p. 26: “Todas/os los/as profesionales, aunque objeten, están obligados/as a cumplir con el deber de informar sobre el derecho a acceder a una ILE…”. Incluso, en p. 31 afirma que “si [el médico] detecta a una persona que cursa un embarazo no planificado pero que no se encuadra en las causales para realizar una ILE, se recomienda realizar una consejería en reducción de riesgos y daños para evitar situaciones de abortos inseguros y la consecuente morbimortalidad materna”. Y en negrita afirma: “Es esencial identificar precozmente a las personas que presentan un embarazo en el contexto de las causales de ILE, realizar una consejería adecuada y, en los casos en los que la decisión sea interrumpir la gestación, acompañar la decisión y no demorar la práctica” (p. 31).

4) Coarta la libertad de los médicos y los responsabiliza por mayores daños: la obligación de ofrecer el aborto a toda embarazada se refuerza porque el Protocolo amenaza a los médicos con juicios de responsabilidad civil, penal o administrativa (p. 24 y 25). Entonces, si el médico no ofrece el aborto, podría llegar a ser pasible de un reclamo por haber perdido la chance de abortar, como si se tratara de un pretendido derecho. Todo ello configura una coerción sobre la libertad de los profesionales de la salud, que no solo viola sus deberes deontológicos y el juramento hipocrático, sino que además atenta contra las libertades más básicas. No se puede ejercer una profesión bajo amenaza. El caso Rodríguez Lastra es demostrativo de esta situación. Además, la introducción de ciertas prácticas médicas que trae aparejada la ILE –como ser la provisión de misoprostol para uso domiciliario- crea nuevos y mayores peligros para la salud de la mujer, con la consecuente responsabilidad del profesional que prescribió tal tratamiento o medicamento. Esto se traducirá en mayor cantidad de juicios por responsabilidad civil y penal, aumento de las primas de las pólizas de seguro de mala praxis, amén de los mayores costos al sistema de salud que la promoción de estas prácticas conllevan, con su consecuente impacto fiscal.

5) Promueve el aborto a simple demanda: En p. 16 se afirma que “la decisión de la mujer sobre qué tipo de peligro está dispuesta a correr debe ser el factor determinante en la decisión de requerir la realización de una ILE”. La otra puerta para legitimar el aborto a simple requerimiento de la mujer es la salud “social”. Cualquier situación de adversidad daría lugar a la posibilidad de invocar la causal de “no punibilidad”. En p. 15 se incluye los casos de “inequidades en las condiciones de vida, limitaciones a la autonomía, etc.”. El Código Penal considera no punible el aborto sólo si el peligro para la vida o la salud que “no puede ser evitado por otros medios” (art. 86 inciso 1). El Ministerio de Salud carece de atribuciones para legislar y ampliar los supuestos de no punibilidad.

6) Promueve el aborto hasta el final del embarazo: el capítulo dedicado a los procedimientos para hacer el aborto incluye referencias a cómo hacer un aborto incluso luego de la semana 28 (p. 45, nota al pie), o sea con un bebé de casi siete meses en el vientre.

7) Limita la objeción de conciencia, discrimina a los trabajadores y restringe su carrera profesional: reconoce la objeción de conciencia solo individual y de forma muy restrictiva. Los profesionales están obligados a informar sobre la existencia del pretendido derecho a abortar (p. 26) y dispone que “no podrá ejercerse la objeción de conciencia si no existiera un/a profesional disponible para realizar la práctica de forma oportuna, tal y como lo establecen las leyes de derechos del paciente y de ejercicio de la medicina (Ley 26.529, artículo 2.a; Ley 17.132, artículo 19.2)” (p. 26). “Tampoco podrá ejercerse objeción en los casos de emergencia, cuando la práctica deba realizarse de forma urgente, pues pondría en riesgo la vida o salud de la paciente” (p. 26). Eso conduce a que los objetores se vean forzados a violentar su conciencia y realizar abortos cuando se presenten las circunstancias aludidas por las normas citadas. Elimina la objeción de conciencia institucional para hospitales que no comulguen con ese ideario. Dice (p. 26). “Todos los efectores de salud en condiciones de practicar ILE deberán garantizar su realización en los casos con derecho a acceder a la misma. Asimismo, deberán contar con recursos humanos y materiales suficientes para garantizar en forma permanente el ejercicio de los derechos que la ley les confiere a las personas en relación a esta práctica (CSJN, 2012, considerando 29)”. Es contrario a la libertad de asociación y a la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión, pues las instituciones privadas también tienen derecho a establecer en sus idearios los valores que las inspiran y ninguna ley las obliga ni podría obligarlas a realizar abortos. Contradice el art. 19 de la Constitución Nacional. No se contempla la objeción de quienes realizan actos previos o posteriores como ecografías, toma de tensión arterial, informes médicos o psicológicos, etc. Viola el principio de no discriminación al trabajador del artículo 17 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Al dividir entre “objetores” y “no objetores” se crea una categoría “sospechosa”, prima facie, de inconstitucionalidad, violatoria de la garantía de igualdad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Podría restringir el progreso de sus carreras profesionales y erigirse en una práctica discriminatoria. Los que se declaren objetores estarán en desventaja porque sus empleadores podrían postergarlos en los ascensos profesionales. No prevé la confidencialidad del registro violando la Ley 25.326 de Protección Datos Personales. La manifestación de la objeción de conciencia es un dato sensible (art. 2) que debe ser resguardado en confidencialidad (art. 10).

8) Retacea información para el consentimiento e incumple de la ley de derechos del paciente: Incumple las normas vigentes sobre consentimiento informado. Según el art. 5 inciso e) de la ley 26.529 de Derechos del Paciente, el consentimiento se brinda luego de recibir información respecto a “la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto”. También se deben informar “Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados” (art. 5.f). En (p. 74) no se hace mención a esos “procedimientos alternativos”. En todo el Protocolo se insiste en que el único contenido que informa el médico es el referido a la realización del aborto y no se ofrece ninguna alternativa. Es una manipulación de la información que se brinda a la mujer y que condiciona su decisión. Induce al aborto y hay vicios en el consentimiento. La firma del consentimiento “podrá emitirse en cualquier formato (braille, manuscrito, digital, audio, etc.)”. Ello contradice la ley de derechos del paciente que establece que para intervenciones invasivas se requiere consentimiento escrito (art. 7 ley 26529).

9) Manipula los resultados de la ecografía: para asegurar la falta de información y toma de conciencia de la paciente respecto de la práctica, establece que “se deberá explicar a la usuaria su derecho a solicitar no ver las imágenes ni escuchar los sonidos. En caso de realizarse la ecografía, solo se compartirán con la persona la imagen o el sonido de los latidos si ella lo solicita expresamente. Si no lo hace, es de suma importancia tomar los recaudos necesarios para que aquello no suceda. A su vez, si es posible, facilitar distintas áreas donde se puedan evaluar separadas aquellas mujeres que buscan una interrupción de aquellas que reciben cuidados prenatales” (p. 38). Esto busca que las mujeres que piden el aborto no se contacten con aquellas que quieren tener sus bebés para no ser inducidas a evitar el aborto.

10) Promueve el aborto a través de medicamentos no autorizados en Argentina: son dos procedimientos: a) por misoprostol solo; b) por mifepristona y misoprostol. Sin embargo, la mifepristona no ha sido aprobada ni registrada por ANMAT (p. 43). En el mismo sentido, se brindan confusas referencias al misoprostol y su autorización por ANMAT (p. 42), desconociendo los problemas que ha generado el abuso de esa droga para causar abortos.

11) Interpreta la causal “violación” del Código Penal contra el principio en favor de la persona: el Protocolo también adopta la interpretación del segundo inciso del art. 86 inciso 2 CP que declara no punible el aborto si el “embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”, ya que siguiendo al fallo FAL (CS, 13-3-2012), entiende que esta causal incluye todo caso de violación. Prodeci y el Centro de Bioética sostienen que esta causal es inconstitucional por afectar el derecho a la vida de la persona por nacer. En caso de duda interpretativa, según los distintos tratados de derechos humanos, debe adoptarse la postura que sea más favorable a la persona. Prodeci y el Centro de Bioética sostienen que no puede aceptarse esa interpretación amplia del art. 86.2 CP. Por otra parte, el Protocolo dispone que en los casos de violación contra niñas menores de edad “debe realizarse la comunicación de la situación de abuso o violación a los organismos de protección de derechos de cada jurisdicción (art. 9, ley 26.061)” (p. 18). En consecuencia, queda en evidencia que ya no es aplicable lo que recomienda la Corte Suprema en el caso FAL sobre la posibilidad de prescindir de la denuncia policial, ya que se trata de un delito de acción pública (art. 72 Código Penal, según ley 27455 del 2018). Por lo tanto la violación debe ser denunciada en sede judicial y se deben activar todos los mecanismos para que no quede impune el delito y se castigue con el máximo rigor al violador de una menor y se lo aparte del entorno. Si esto no ocurre, puede ser posible que la menor vuelva a su entorno familiar donde sufrirá nuevos abusos por parte de allegados o familiares.

12) Desconoce las disposiciones del Código Civil y Comercial sobre capacidad de las personas menores de edad y responsabilidad parental: Invoca el art. 26 del Código Civil y Comercial pero luego lo desconoce y lo altera. Respecto de las menores de 13 años, afirma: “Todas las niñas, es decir menores de 13 años, podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, 7 representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado, personas “allegadas” o referentes afectivos. Estas/os deberán participar en conjunto con la niña en la toma de decisiones y deberán firmar ratificando el consentimiento informado de la niña. El principio de autonomía progresiva debe guiar el accionar del equipo de salud y de las/os adultas/os que la acompañan” (p. 21). Ahora bien, en ningún momento el Código Civil y Comercial habilita a otras personas distintas a los padres para intervenir en la toma de decisiones sobre la salud de las niñas. Por otra parte, las figuras de “personas allegadas” y “referentes afectivos”, además de su notoria ambigüedad y falta de precisión, carecen de todo significado para nuestro ordenamiento jurídico. Respecto a las niñas entre 13 y 16 años, el Protocolo pretende facultarlas para decidir por sí mismas invocando una resolución ministerial, cuando en realidad el aborto es un procedimiento invasivo y en tal supuesto el Código Civil y Comercial exige que la decisión sea tomada por la persona menor de edad y también por sus progenitores. Nuevamente en este punto el Protocolo altera las disposiciones del Código Civil, que tienen rango legal (y han de prevalecer, por tanto, sobre una mera resolución ministerial), y pretende legitimar “personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado, personas “allegadas” o referentes afectivos” (p. 20). Cuando se trata de incentivar que las niñas decidan el aborto sin que sus padres se enteren, el Protocolo asume que el aborto no es riesgoso, pero para justificar el aborto a toda niña sostiene que el “embarazo en menores de 15 años debe considerarse siempre la posibilidad de acceso a ILE por riesgo para la salud o la vida” (p. 16). Y violenta el Código Civil cuando dice “Si existiera una negativa de progenitores, tutores o encargados de acompañar la decisión de la niña, podrá ser acompañada para brindar su consentimiento por otro/a referente afectivo” (p. 21). Desconoce el art. 26 CCC que fija que el conflicto entre la niña y sus padres “se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico” e ignora los artículos 638 y 639 del Código Civil y Comercial sobre la responsabilidad parental y los derechos y obligaciones que ella implica, que a su vez tienen raigambre constitucional en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

13) Impone una premura por abortar: Dice que “el plazo entre la solicitud de la práctica y su realización, no debería ser mayor de 10 (diez) días corridos” (p. 25). Ello conspira contra otras disposiciones que permiten por ejemplo que el médico pueda hacer una interconsulta en los casos de salud psicosocial (p. 24).

14) Invisibiliza a la persona por nacer: el Código Civil y Comercial establece que la existencia de la persona comienza con la concepción (art. 19), pero el Protocolo se ocupa especialmente de evitar nombrar a la persona por nacer. Usa eufemismos como “evacuación uterina” (p. 41, 44, 51, 52, 56, 58), “contenido uterino” (p. 51 y 55) u otros para designar al bebé. Es particularmente ofensiva la forma en que se refiere a los procedimientos de aborto (p. 39 y siguientes) y a las formas de disponer de los restos mortales de las personas en gestación.

15) Violenta el derecho a la vida: promueve acciones que violan los distintos Tratados que consagran el derecho a la vida que nuestro país reconoce desde la concepción. En especial, la Convención sobre los Derechos del Niño, tal como se encuentra vigente por nuestro país a través de su aprobación por ley 23849, reconoce que el niño tiene derecho a la vida desde la concepción.

16) Avasalla las facultades provinciales en materia de salud. Las provincias se reservan todo el poder no delegado en el gobierno federal (artículo 121 de la CN). La Corte reafirmado ese criterio para cuanto concierne al sistema sanitario (Fallos 323:3229). El Congreso nacional ha sido especialmente cuidadoso de no franquear el límite de sus atribuciones territoriales en materia de salud (leyes 17.132 -artículo 1°-, 25.929 -artículo 5°- y 26.529 -artículo 22-). La Corte Suprema en el caso “FAL” no puede ser más explícita en que se trata de una materia reservada a los poderes locales. En el punto 2) decidió “exhortar a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con competencia en la materia, a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, en los términos aquí sentados, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles”. El Ministerio de Salud ha obrado fuera de su competencia al consignar que el protocolo “contiene lineamientos para la aplicación en diferentes contextos, tanto en instituciones públicas como privadas de todo el territorio argentino”. Tal extralimitación se torna aún más ostensible ante la presencia de otros tantos protocolos locales con pautas diferentes a este. Por lo tanto, avasalla las facultades propias de los Colegios profesionales médicos, cuya creación y atribución de competencias corresponde a las provincias.

17) Declama un inexistente “principio de no judicialización”: En p. 13, invoca un novedoso e hipotético “principio de no judicialización”, que no solamente carece de todo respaldo en nuestro ordenamiento positivo, sino que resulta francamente contrario al “principio a la tutela judicial efectiva”, que tiene reconocimiento con rango constitucional a través de su consagración expresa en los tratados de derechos humanos incorporados a nuestro Derecho con esa jerarquía a partir de la reforma de 1994 (cfr. los artículos 18 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, y los artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

18) Otros problemas: en p. 66 se afirma: “El aspirador Ipas AMEU Plus es un dispositivo reutilizable luego de ser sometido a esterilización o DAN por los procedimientos mencionados”. Las cánulas Ipas EasyGrip®, por su parte, si bien están rotuladas para un solo uso (según la ANMAT las cánulas deben ser descartadas como desechos contaminados), el fabricante señala que pueden ser reutilizadas después de ser esterilizadas o sometidas a DAN, con alguna de las opciones descriptas en el apartado anterior. El número de veces que se puede reutilizar el aspirador o las cánulas varía de acuerdo con su uso y mantenimiento. Entre los motivos para desechar el aspirador se pueden señalar: el cilindro se puso quebradizo o agrietado; tiene depósitos minerales que impiden el movimiento del émbolo; las piezas de la válvula están agrietadas, dobladas o rotas; los botones están rotos; los brazos del émbolo no se aseguran en su lugar; el dispositivo ya no tiene la capacidad de conservar el vacío. Por su parte, las cánulas deben desecharse si se vuelven quebradizas, si están agrietadas, torcidas o dobladas, en especial en el sitio de la abertura, o si no se puede extraer el tejido al lavarlas”. En p. 14 cercena las facultades judiciales, cuando dispone que “ante cualquier solicitud de entrega de la Historia Clínica (incluyendo los pedidos de funcionarios/as judiciales o policiales) debe existir autorización previa y expresa de la persona usuaria”. Finalmente, no puede dejar de mencionarse la sugerente supresión del párrafo que figuraba en la versión anterior del protocolo, referido a las condiciones de venta del misoprostol, que decía: “Luego, en octubre de 2018, por la disposición 946, la ANMAT autorizó su venta en farmacias bajo receta archivada en las presentaciones de 4, 8 y 12 comprimidos” (ver p. 42). La eliminación de esa referencia coincide en el tiempo con la decisión de la Justicia suspender cautelarmente la norma en cuestión, fundada en la convicción del tribunal de que se trataría de una disposición “prima facie” inválida. Pese a que el propio Ministerio apeló, con carácter suspensivo, tal decisión cautelar, frente a la abrumadora evidencia de la nulidad de la disposición del ANMAT ha preferido omitir su cita en esta edición del protocolo.

ES HORA DE CAMBIAR LA RECETA: EL PERSONALISMO DEBE DAR PASO AL LIDERAZGO DE LOS EQUIPOS Y EL DIALOGO

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Marcos A. Hermansson *

Desde hace ya mucho tiempo venimos ejecutando las mismas recetas. Lo que sorprende verdaderamente es el hecho de esperar otros resultados a partir de las mismas acciones a lo largo del tiempo.
Por supuesto que a la hora de entender y comprender lo que nos aqueja, son muy pocos los que logran interpretar algo tan sencillo como esto.
En ningún orden de la vida el gasto puede superar el ingreso. Un axioma tan simple pareciera ser de muy difícil interpretación.
El “elefante blanco” es alimentado por todos y cada uno de los que cuando llega el momento de administrar, hacen caso omiso de lo que tanto pregonaron en la etapa previa a su llegada al poder.
Una y otra vez esto se ha hecho recurrente a lo largo de las distintas administraciones.
Las grandes transformaciones o los cambios profundos a lo largo de la historia han requerido enormes cuotas de sacrificio y de prodigalidad por el bien común. Esto no puede ser siempre responsabilidad del “otro” y no propia.
Del “poder” devienen más obligaciones que derechos. El “estado” somos todos, por ende, la caja y los recursos de quien administra no le son propios.
A medida que escribo estas líneas, me parece chocar contra la lógica de lo que expreso.
Me repito a mí mismo, “esto es algo elemental”, casi primario a nivel del pensamiento. Cualquiera que tuviese que gobernar se daría cuenta de algo tan sencillo. Sin embargo, ahí radica en gran medida parte de este flagelo que nos coloca en situaciones por demás complejas.
Pareciera que el arribo al poder marcase un divorcio con la manera de administrar nuestros hogares o empresas.
Me he preguntado una y otra vez qué es el poder. En esta pregunta creo que radica gran parte del problema.
El poder se vuelve algo sumamente negativo cuando los criterios de superación personal y de contribución a la sociedad no logran migrar de la persona que ejerce ese poder hacia su propio espacio, que en este caso es lisa y llanamente la función pública.
A partir de esto, los que detentan el poder suelen ser indiferentes al pensamiento de propios y ajenos, mostrando una gran frialdad hacia los sentimientos y las necesidades de los demás.
Esto se ha puesto de manifiesto en muchos dirigentes. Cuando ello sucedió hubo toma de decisiones, erróneas por cierto, a partir de una equívoca lectura de la realidad.
Con todo esto se termina creyendo que los demás son meros instrumentos, ejecutando en consecuencia un rol de exagerado protagonismo.
La sobrevaloración de las propias capacidades hace que la lectura de la realidad sea cada vez más simplista, desinhibiendo la conducta del que ejerce el poder.
Todo esto se transforma con el paso del tiempo en un círculo verdaderamente vicioso.
Para poder desinstalar este mal se deberá trabajar a destajo desde y para las instituciones. El trabajo en equipo es una de las herramientas que pueden colaborar con esa tarea.
En definitiva, un buen dirigente es aquel que aprende a confiar en las personas para que estas le ayuden a ver la realidad tal como es y no como se quiere ver. Asimismo, debe saber escuchar y ser capaz de tomar decisiones apoyado por sus equipos.
En una oportunidad y luego de haber logrado la fusión del MATba y el Rofex, un comunicador me preguntó qué entendía yo por liderazgo. Le dije que liderar es saber elegir y disponer los talentos necesarios para, trabajando en equipo, poder arribar a los objetivos propuestos. Trabajemos pues a conciencia, agregando valor y sabiendo delegar.
Desde lo que logremos poner en funcionamiento entre todos, será desde donde podremos construir ascendentemente un espacio o entidad que nos permita acceder a la mesa de las discusiones y decisiones con peso propio. Nuestro país, el Agro en su conjunto y los que creemos en el bien común, debemos intentarlo.

*Vicepresidente de MATba-Rofex

EL SINDROME DE LOS MALOS COMIENZOS QUE ALBERTO DEBERÍA REVERTIR PARA LOGRAR LA REACTIVACION

SE ESPERABA UN PLAN PARA INCENTIVAR LAS INVERSIONES Y LAS PYMES Y PARA LA GENERACION DE EMPLEO. PERO LAS MEDIDAS DE SUBAS DE RETENCIONES Y DE DOBLE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO GENERARON MALESTAR EN EMPRESARIOS QUE TENIAN EXPECTATIVAS POSITIVAS

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Por Mariano Obarrio

La mala noticia es que Alberto Fernández empezó con el pie izquierdo. La buena noticia es que puede remontarlo. Por decreto, aumentó en forma inconsulta las retenciones al campo y fijó por 180 días la doble indemnización por despido. También por resolución incurrió en una legalización del aborto de hecho, al alterar cuatro leyes, entre ellas el Código Penal. Quizás pueda revertir el mal comienzo en los próximos días con otras medidas positivas.

Tal como prometió en su campaña, se esperaba que Alberto rompiera la inercia del círculo vicioso de Macri con medidas para incentivar la creación de empleo, un paquete de ayuda a las Pymes, y grandes planes para incentivar el consumo y la producción.

Pero las dos primeras medidas económicas podrían derivar en efectos contrarios a los buscados. Mayor recesión y más desincentivos a las inversiones y a la creación de empleo. La medida en favor del aborto puede reabrir la grieta en la sociedad, como en 2018, y en el propio peronismo, además de un conflicto con la Iglesia.

El Presidente había prometido reactivación económica, más empleo, y cerrar la grieta. Por ahora, pese a las buenas expectativas de los mercados y de los empresarios en estos días, hizo lo contrario. Había prometido ir a Mar del Plata y fue para Rosario, como señala Carlos Melconián en su libro sobre el gobierno de Macri.

El Presidente debería aprender de los errores ajenos del pasado. El gobierno de Fernando de la Rúa asumió en 1999 con una profunda recesión con déficit fiscal y una deuda creciente. Y arrancó con la recordada “tablita de Machinea”, que en los hechos significaba un aumento del impuesto a las ganancias. Busca revertir el desequilibrio fiscal pero agravó la caída de la actividad.

En un contexto recesivo, la tablita profundizó la recesión y finalmente el déficit. Terminó con su renuncia en medio de una depresión galopante, en la crisis de 2001 y sin poder hacer frente a la deuda.

José Luis Machinea

El gobierno de Mauricio Macri comenzó en 2015 con una eliminación de las retenciones y reducción de impuestos, levantó el cepo sin tomar recaudos contra la inflación, le pagó a los fondos buitres, colocó deuda en los mercados de capitales y en cambio aumentó el gasto: lo aumentó  en el sistema previsional, en los planes sociales, la obra pública, las transferencias a las provincias y en la planta de empleados públicos.

Creía que habría una lluvia de inversiones. Pero no la hubo y, como dijo Melconián, tomó el camino a Rosario en lugar de ir a Mar del Plata.

Macri y sus consejeros Marcos Peña y Jaime Duran Barba buscaban reactivar la economía con “gradualismo”, sin hacer fuertes recortes en el presupuesto para no agitar la crisis social. Sólo hizo –nada menos- una poda brutal en los subsidios al gas, la energía y el transporte y por ello aumentó las tarifas. Consecuencia: un fallo en contra de la Corte Suprema y un fuerte desgaste político. Sumó desconfianza.

Marcos Peña y Mauricio Macri

Y peor aún: pese a vivir del financiamiento internacional, puso un impuesto a la renta financiera que castigaba a los que le prestaban al Estado. Le mordió la mano al que le daba de comer.

No logró la lluvia de inversiones productivas y agravó la desconfianza de los inversores financieros, profundizó el déficit por la pérdida de ingresos y la suba de gastos. En ese contexto la inflación aumentó, al igual que la recesión y se produjo la crisis cambiaria y fiscal.

El gobierno de Néstor Kirchner tuvo la suerte de heredar en 2003 una economía en crecimiento y tuvo el acierto de retener al ministro de Economía, Roberto Lavagna, por lo cual sólo tuvo que continuar el plan en contexto externo favorable por los precios internacionales y sin mayor suba del gasto. Pero eso ocurrió hasta que Lavagna renunció porque Kirchner buscó afirmarse en el poder y prolongar el proyecto político con más gasto público.

El problema lo heredó Cristina Kirchner, que para revertir la falta de dólares y el creciente desequilibrio fiscal dictó la resolución 125 que aumentó brutalmente las retenciones al agro y generó una parálisis del país en un debate que abrió a la sociedad en dos. No atinó a bajar el gasto, sino a aumentar los ingresos. La 125 fue una obra maestra de su entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, y la principal consecuencia política fue que su jefe de Gabinete, Alberto Fernández, debió renunciar al gobierno peleado con la Doctora.

La economía se fue paralizando y la inflación comenzó a crecer pese a Guillermo Moreno y sus apretadas. Hoy Alberto Fernández es presidente, la Señora vice, y Lousteau es senador opositor. Y es el propio Alberto quien dispone las retenciones. Y otra vez el campo se prepara para una dura batalla. Otra vez la misma piedra.

La crisis del campo en 2008

A partir de aquel episodio del gobierno de Cristina se licuó su legitimidad: luego fue por los fondos de la Anses (2009) y por las reservas del Banco Central (2010) para pagar la deuda, con la única receta de la emisión para cubrir el déficit y generar sensación de bonanza. Asi terminó en 2015 entregándole el poder a Macri.

Alberto Fernández había asumido con una agenda de reactivación económica, generación de empleo e incentivo a las inversiones a través de una política favorable al consumo: poner dinero en el bolsillo de la gente.

Pero el problema fiscal esta ahí, aunque no lo quiera aceptar. El modo de aumentar las retenciones, de manera inconsulta, sin consensos como había prometido, puede asustar a los productores agropecuarios y a otros sectores empresariales ante el temor a una mayor presión tributaria y desincentivar las inversiones y las exportaciones.

La manera en que fijó la doble indemnización por despido –aunque no rija para los nuevos trabajadores- puede desalentar a los empresarios grandes y a las Pymes a contratar nuevos trabajadores y más aún a contratarlos en blanco. Esto lo decía la propia vicepresidenta Cristina Kirchner el 6 de octubre de 2010 cuando era la presidenta de la Nación:

“En marzo me vino a ver la CGT para que sacáramos la doble indemnización por despido y yo les dije que no iba a tomar ninguna de esas medidas. Que discursivamente sonaban muy bien, que iba a estar toda la sociedad de acuerdo, pero iba a tener efectos totalmente opuestos en los objetivos que perseguíamos”.

Cristina Kirchner

“Uno puede tener los mejores objetivos, lo aprendí hace unas cuantas décadas atrás. Uno puede tener las mejores ideas, los mejores objetivos, los mejores sentimientos, pero si se equivoca los instrumentos se va al demonio y el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Qué dije entonces? No voy a sacar ninguna norma, que lo único que va a hacer va a ser asustar al capital que es lo más asustadizo que hay”.

El Presidente se propuso trabajar para las Pymes. Pero un empresario Pyme, de altos cargos en el nivel gerencial, dijo en estas horas: “No empezaron muy bien. Lo primero era tomar medidas por la positiva, para fomentar el empleo, para el paquete de ayuda a las Pymes, y luego ves: ni la CGT lo pidió ni lo apoyo”.

Quizás la CGT recordó lo que le había dicho la ex presidenta en 2010. Lo bueno es que el Presidente ahora podrá comenzar a tomar medidas para la reactivación, sin matar a la gallina de los huevos de oro: la producción. Siempre es bueno escuchar y corregir el rumbo a tiempo.

FM CONCEPTO 95.5