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Cristina envió a los ministros a defender a Alak

 LA NACION, sábado 6 de diciembre  de 2014

alak-tapa_2Los principales ministros de Cristina Kirchner cerraron filas ayer en torno del titular de Justicia, Julio Alak, y la auditora Vilma Castillo, que fueron citados a prestar declaración indagatoria por supuestas irregularidades en sus gestiones en la empresa Aerolíneas Argentinas , en 2008. Señalaron que ambos funcionarios son “víctimas inocentes” de una pelea entre la Casa Rosada y los jueces federales, a los que acusaron de comenzar una “embestida”.

La Presidenta ordenó desde Ecuador, donde participaba de la Cumbre de la Unasur, que los principales voceros de la administración salieran a darle un respaldo político a Alak y a Castillo. El ministro es el primer miembro del gabinete citado para ser indagado.

Los defendieron el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, quien se encontraba en Quito con la mandataria.

Capitanich aseguró que se trata de “una embestida” y “una agresión permanente” de los jueces. Desde Quito, Parrilli consideró que es una “embestida desproporcionada, ilegal, torpe y burda”. Por su parte, De Vido respaldó a rajatabla a Alak y a Castillo: “Defendieron con valentía, honestidad y transparencia los intereses del Estado nacional”.

Mientras tanto, altos funcionarios de la Casa Rosada comentaron aLA NACION que en este caso, más que en otros, “la Presidenta está convencida de que no existieron irregularidades”. Alak y Castillo fueron directores de Aerolíneas en 2008, cuando Marsans tenía el 95% del paquete accionario y el Estado, el 5 por ciento.

boeing-737-700-aerolineas-argentinasEl juez federal Marcelo Martínez de Giorgi citó a Alak para el miércoles 17 y a Castillo para el jueves 18. En Balcarce 50 recordaron ayer que, en 2008, el Estado le giraba a Aerolíneas transferencias de dinero a cuenta de una futura capitalización: el objetivo era determinar el valor de las acciones y comprarla ante el vaciamiento de la compañía.

El 14 de julio de ese año, cuatro meses después de asumir, Alak determinó que Aerolíneas tenía una deuda de US$ 890 millones por combustibles, mantenimiento de aviones, aportes y otros insumos. Por ese motivo la nacionalización se ejecutó por ley del Congreso en diciembre de 2008, sin que el Estado pagara un peso.

Martínez de Giorgi le imputa a Alak haber autorizado pagos a Marsans cuando ésta vaciaba la empresa. Y también por no haber giorgipedido la intervención judicial de Aerolíneas cuando el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, les había notificado que como directores podían hacerlo ante la virtual quiebra de la empresa.

Según pudo saber LA NACION de fuentes de la Casa Rosada, Alak y Castillo plantearán que “le dieron intervención a la Justicia” cuando detectaron el caos administrativo y que “existe tranquilidad en que se siguió el normal procedimiento que marca el derecho administrativo y societario”.

En Balcarce 50 interpretaban ayer que la citación a Alak se inscribe en un conflicto más amplio entre los jueces y Cristina Kirchner..

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MafaldaAllumeRadio

En Gobierno niegan que Cristina busque inmunidad judicial en el Parlasur

 LA NACION, Jueves 4 de diciembre de 2014

cristina-preocupada El gobierno de Cristina Kirchner negó ayer la supuesta intención de la Presidenta de conseguir fueros parlamentarios luego de 2015 para obtener inmunidad judicial y puso un pie en el freno del debate del nuevo sistema electoral para elegir a los futuros parlamentarios del Mercosur, un objetivo que ella pretendía llevar a la cumbre de presidentes del bloque regional, que se realizará el 17 y 18 del actual en Paraná.

imageEn su habitual conferencia matutina, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró ayer que la jefa del Estado “no necesita” fueros ni inmunidad y que para ese objetivo “podría ser perfectamente candidata a diputada”, tal como se especula desde hace meses.

Luego de ello, el proyecto de ley de elección de diputados del Parlamento del Mercosur (Parlasur), que ayer obtuvo dictamen favorable de comisión por impulso del kirchnerismo, fue frenado: no será tratado hoy en Diputados, como se preveía, y no hay fecha para su debate.

El repentino apuro de la Presidenta por esa ley, que hace dos semanas estaba cajoneada en el Congreso, contrastó con la falta de urgencia: el Parlasur resolvió que sólo en 2020 deberá conformarse el organismo con diputados elegidos en forma directa por los ciudadanos de sus países.

Además, Brasil, Uruguay y Venezuela, que son miembros plenos, no eligieron a sus representantes en sus últimas elecciones presidenciales y sólo lo hizo Paraguay.

En ese contexto, sectores de la oposición acusaron a la jefa del Estado de buscar una candidatura al Parlasur para obtener fueros parlamentarios e inmunidad judicial.

Cristina Kirchner está convencida de que cuando deje el poder en 2015 se intensificarán varias causas judiciales impulsadas por los que considera son sus adversarios políticos, que según ella buscarían “verla presa”.

El caso que más preocupa hoy es el de las supuestas irregularidades de la sociedad Hotesur SA, propietaria del hotel Alto Calafate, y su relación de negocios con el empresario kirchnerista Lázaro Báez, que investiga el juez federal Claudio Bonadio.

Alto-Calafate-manejado-Cristina-irregularidades_CLAIMA20141110_0005_27Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, en Balcarce 50 preocupaba ayer que el debate parlamentario se contaminara de acusaciones por el caso Hotesur, que investiga la Justicia.

Con ese frenazo, la Presidenta no podría presentar la nueva ley ante sus pares del Mercosur en la próxima cumbre de presidentes del 17 de este mes.

Capitanich buscó disipar ayer las sospechas cuando aseguró que “no se necesita” que Cristina sea parlamentaria del Mercosur para tener “una supuesta inmunidad” y advirtió que “no se necesita, en todo caso, esta ley” porque “la Presidenta, si decidiera ser candidata a diputada nacional, podría ser candidata a diputada nacional perfectamente”.

El funcionario reflotó la posibilidad de que Cristina Kirchner se presente como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires dentro de la boleta del Frente para la Victoria. La Presidenta se reservaría, así, un fuerte protagonismo en la campaña y en un futuro gobierno peronista. Pero, además, obtendría fueros parlamentarios.

image“No se puede asociar una iniciativa legislativa con una pretensión de inmunidad y mentir sistemáticamente como lo hacen y como han hecho con Hotesur”, replicó el jefe de Gabinete.

Sobre ese punto, Capitanich acusó a algunos medios de prensa de que “pretenden instalar un título de manera infundada, capciosa, con el objetivo de atacar al Gobierno”. Y agregó: “No inventen, no mientan todo el tiempo”.

Para aventar las sospechas, el debate se frenó..

 

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MafaldaAllumeRadio

La contraofensiva de Cristina: perseguir y denunciar a quienes la denuncien

 LA NACION, Domingo  30 de noviembre de 2014

La política y la economía ocupan un segundo plano en Olivos. La presidenta Cristina Kirchner está ahora más preocupada por defenderse de las investigaciones del juez federal Claudio Bonadio sobre su empresa Hotesur SA, que rozan a ella y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Ordenó, así, denunciar a todos los que investigan a sus empresas, con el propósito de diluir la atención sobre su hotel cuestionado y generar sospechas sobre sus denunciantes, la oposición y los bancos.

animales-son“La estrategia es distraer con varias denuncias simultáneas e igualar a todos. Si hay un elefante sobre la calle, lo mejor para que no llame la atención es poner cien elefantes. La idea es tender un manto de sospechas general y politizar todo”, dijo un alto funcionario a LA NACION.

La contraofensiva abrió varios frentes en pocas horas: Cristina acusó públicamente a Bonadio de no presentar balances en la IGJ de una empresa familiar, al igual que Hotesur; el senador Marcelo Fuentes (PJ) lo denunció penalmente.

Luego, la AFIP denunció al banco HSBC por 4040 cuentas secretas en Suiza; el abogado Santiago Mansilla acusó a la diputada del GEN Margarita Stolbizer, la denunciante, por enriquecimeinto ilícito. Y la diputada Andrea García (PJ) acusó de varios delitos a la testigo Silvina Martínez, ex directora del Registro de Sociedades de la IGJ.

Es la primera vez que Cristina y su familia son investigados por supuestas irregularidades de una de sus empresas, Hotesur SA, y que un juez investiga el patrimonio de ella y sus hijos para determinar si pudo incurrir en lavado de dinero.

Un ministro aseguró a LA NACION que “no existe una coordinación organizada entre las denuncias a sus denunciantes”. Pero admitió que “todos los funcionarios sienten la obligación de no quedarse quietos, sin defender a la Presidenta”.

Sin embargo, LA NACION pudo saber que en las acciones participan funcionarios de primer nivel que relegan otras urgencias: los secretarios de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y de Justicia, Julián Álvarez; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli; el diputado Eduardo De Pedro, y el jefe del Ejército, teniente general César Milani, que controla la Dirección de Inteligencia de la fuerza.

Todos ellos dirigen organismos clave que reúnen toda la información económica, jurídica y política en el Estado. El caso de Álvarez es emblemático: controla el Ministerio de Justicia casi a la par del ministro Julio Alak, pero está al frente de esta operación porque, además, integra el Consejo de la Magistratura junto con De Pedro, donde también denunciaron a Bonadio.

De ese cruce de información surgió la certeza de que varios jueces y fiscales se reunieron en asados, almuerzos y comidas, para conspirar contra Cristina Kirchner y activar las causas judiciales contra el Gobierno. En Balcarce 50 acusan en reserva a los jueces de presionar contra la aprobación del nuevo Código Procesal Penal, que les quitará las facultades de instrucción.

Un ministro comentó, además, que el Gobierno tiene la teoría de que “el Grupo Clarín alentó la denuncia contra Hotesur SA para tapar la fragmentación de la oposición”.

Señaló que “Bonadio es amigo de Sergio Massa y está vinculado a Clarín” y hasta “podría ser candidato a diputado” del Frente Renovador.Otra fuente oficial comentó a LA NACION: “Es amigo de Massa, pero la decisión de ir contra Hotesur es de Bonadio”. También el juez conoce bien al ex ministro del Interior menemista Carlos Corach, hoy muy cercano al gobernador bonaerense y candidato presidencial Daniel Scioli, y al senador Miguel Pichetto.

Según sospecha Cristina Kirchner, las investigaciones locales tienen mucho que ver con las que realizan los fondos buitre en los Estados Unidos sobre “la ruta del dinero K”. De allí su advertencia pública de que no se dejará “extorsionar por caranchos judiciales”. Y hasta duda ahora, por ello, de impulsar un acuerdo con los fondos buitre desde enero para no aparecer rendida ante ellos.

La ofensiva sobre Bonadio busca generar temor sobre otros jueces y potenciales denunciantes.

Sus allegados aseguran que su caso es más leve que el procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou, porque Hotesur “sólo incurrió en una falta administrativa”, como no presentar balances ante la IGJ. En lo electoral está tranquila por la fragmentación de la oposición.

LA IGJ, BAJO LA LUPA DE OLIVOS

El Gobierno evalúa que el requisito de presentar balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ), instituido en enero de 2010, es “redundante”, porque ellos deben ser presentados sólo ante la AFIP. Por ahora no se revocará, pero el asunto está en análisis. La Casa Rosada dejó trascender que buscará regularizar de manera progresiva las 250.000 empresas que estarían en la misma situación que Hotesur SA, la sociedad de Cristina Kirchner y de sus hijos..

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MafaldaAllumeRadio

El Gobierno reclama celeridad a jueces y fiscales ante el fantasma de saqueos

 LA NACION, Jueves 27 de noviembre de 2014

544fe8fc1e0d8La preocupación oficial del gobierno de Cristina Kirchner por una posible crisis social en diciembre próximo sumó ayer otro capítulo. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, y su par bonaerense, Alejandro Granados, se reunieron en un gran almuerzo con 180 jueces federales, jueces ordinarios y fiscales para acordar un mecanismo de “acompañamiento y celeridad” si se producen saqueos a comercios y supermercados o cualquier tipo de agitación social.

El encuentro se produjo desde el mediodía y se extendió hasta pasadas las 16, y tuvo lugar en la Escuela de la Gendarmería, en el municipio de La Matanza. “Eran 180 jueces federales, jueces ordinarios y fiscales de la provincia”, confirmó a LA NACION un allegado a Granados.

granados“La idea era hacer un cierre de año, informal y cordial, y mostrar el trabajo conjunto en materia de seguridad ciudadana y también ante posibles hechos de violencia social en diciembre”, confiaron otras fuentes oficiales, tanto en la Casa Rosada como en el gobierno bonaerense, que dirige Daniel Scioli.

El relato oficial indica que “no existen hipótesis de conflicto concretas” de posibles saqueos. Niegan que la pobreza y la inflación generen clima de pobreza y malhumor social para que se produzcan este tipo de episodios. En Balcarce 50 lo atribuyen exclusivamente a información de inteligencia sobre la supuesta actividad de 150 punteros y organizaciones sociales que quieren desestabilizar al Gobierno.

0001770373Sin embargo, los saqueos reaparecieron sólo en diciembre 2012 en San Carlos de Bariloche y se reiteraron en 2013 en Córdoba. En ambos casos, se propagaron a otras provincias y municipios.

El único elemento nuevo, luego de 11 años en que no hubo saqueos, es el contexto de deterioro social por la pérdida de poder adquisitivo real debido a la inflación. Previo a ello, no había habido episodios de violencia social desde diciembre de 2001, cuando debió renunciar el gobierno de Fernando de la Rúa.

Entre los presentes en Gendarmería estuvieron los jueces Alberto Santamarina, Juan Pablo Salas, Jorge Rodríguez, César Melazo, Noberto Occhipinti y Federico Atencio.

“Ante cualquier saqueo o hecho de agitación, Berni pidió que la respuesta de los jueces sea rápida para que acompañen a las fuerzas de seguridad, que harán un despliegue rápido. Pero los fiscales y los jueces son los que deben dar las órdenes para que las fuerzas puedan actuar”, dijo un funcionario provincial.

“Tienen que actuar con toda la celeridad y la rigurosidad porque Berni dice que a veces los fiscales llegan horas después de los conflictos”, agregó otra fuente.

51e04d8d2fab2_cropHace dos semanas, tal como adelantó LA NACION, Berni comenzó a pulir un plan antisaqueos con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y los fiscales. Además, dispuso que todas las fuerzas de seguridad, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, suspenderán las vacaciones por el mes de diciembre para evitar posibles desbordes.

En ese caso, todas estarán en apresto para hacer operativos de despliegue rápido a cualquier provincia donde se presenten los disturbios.

“Se habló de la posibilidad de saqueos a fin de año”, confirmó una fuente de la Casa Rosada.

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El Gobierno reunió al Consejo de Seguridad para prevenir saqueos

 LA NACION, Jueves 20 de noviembre de 2014

En medio de los reclamos sindicales y sociales por un bono de fin de año, y por bolsones de alimentos a los supermercados, el gobierno de Cristina Kirchner reunió ayer al Consejo de Seguridad Interior, que agrupa a todas las fuerzas federales de seguridad y ministros de seguridad de cada provincia, para unificar criterios y operativos contra el delito común y contra posibles estallidos sociales con saqueos a supermercados a fin de año.

Si bien también se habló de inseguridad ciudadana, el Gobierno incluyó un matiz conspirativo: “Defender a la democracia” de un peligro de “desestabilización”.

Según dejaron trascender fuentes oficiales consultadas por LA NACION, la reunión sirvió para coordinar unidades regionales de cooperación entre las fuerzas de seguridad nacionales, las policías provinciales, el Gobierno y el Poder Judicial ante eventuales episodios de violencia social.

La ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, advirtió al cerrar el encuentro en la localidad de Pilar que “dentro de este paradigma de seguridad democrática, la democracia no se vulnera y estaremos atentos a cualquier circunstancia que atente contra la democracia que estamos construyendo y consolidando”.

El secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, Gonzalo Ruanova, fue más allá. “Cualquiera que busque desestabilizar en nuestro territorio federal se va a encontrar con una respuesta unificada de las fuerzas provinciales, federales y el Poder Judicial, con la conducción política de este ministerio”.

Tal como informó LA NACION el domingo pasado, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, prepara un plan antisaqueos para prevenir estallidos sociales y robos a supermercados en diciembre. Para ello suspendió las vacaciones durante ese mes a las fuerzas federales de seguridad: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Además, coordinó con los fiscales y los jueces medidas de desplazamiento rápido de esas fuerzas y el encuadre jurídico para juzgar y condenar a los eventuales cabecillas por los delitos de robo en poblado y en banda y asociación ilícita, que no son excarcelables.

La agrupación Barrios de Pie, que coordina Daniel Menéndez, reclamó anteayer a 20 supermercados del conurbano bonaerense y Capital Federal la “donación solidaria” de bolsones de mercadería para unas 8000 familias.El jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, la descalificó ayer y dijo que

“Barrios de Pie no es un movimiento social; es una agrupación política que en el orden nacional es liderada por Hermes Binner”, ex gobernador de Santa Fe y precandidato presidencial de UNEN. “Por lo tanto Binner debe clarificar cual es la posición, que constituye una acción de oposición sistemática”, dijo.

Consultado Menéndez, dijo a LA NACION que seguirán reclamando alimentos y un bono de fin de año de 2000 pesos para trabajadores formales, informales y jubilados, y que si en diciembre no tiene respuesta harán una jornada de cortes de ruta en todo el país.

En la reunión del Consejo de Seguridad, Berni señaló que “la experiencia que tuvimos en diciembre pasado demostró que en muchos lugares la policía es parte del problema y no de la solución”.

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