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Tras el episodio del “Comandante Carancho” CFK ordenó a Berni reducir su exposición

LA NACIÓN, sábado 6 de septiembre de 2014

El polémico secretario de Seguridad, Sergio Berni, quedó en el ojo de la tormenta. Tras defender al comandante de Gendarmería Juan Alberto López Torales, que se arrojó arriba de un automóvil para justificar la detención de un manifestante, Cristina Kirchner le envió al funcionario un mensaje para ponerle límites: la orden fue que baje el nivel de exposición debido a la queja de sectores progresistas en el Gobierno.
“Lo mandaron a bajar el nivel de exhibición”,  confió a LA NACIÓN un funcionario cercano a la Presidenta. Los voceros de Berni dijeron no saber si había existido esa comunicación.
En cambio, confirmaron que Berni habló ayer con Cristina Kirchner para encaminar una solución al conflicto con el jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, por el retiro de 5000 efectivos de la Policía Federal de la ciudad de Buenos Aires.
En medio del conflicto, trascendió que el gobernador bonaerense y precandidato presidencial, Daniel Scioli, comenzó a medir a Berni como candidato a gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria, luego de dar como confirmado el pase del diputado Martín Insaurralde a las filas de Sergio Massa, del Frente Renovador.
En ese sentido, mientras Berni recibía críticas opositoras y kirchneristas por defender al llamado “gendarme carancho”, los sciolistas difundieron una encuesta de Federico Aurelio, que le otorga al funcionario más intención de voto en la provincia que Insaurralde o Darío Giustozzi.

“Berni sería un buen candidato nuestro”, aseguró un dirigente cercano a Scioli.

El escándalo se desató en las últimas horas por un video en las redes sociales que demostró que durante una manifestación en julio último frente a la autopartista Lear, en la Panamericana, el comandante López Torales simuló un accidente para detener a un automovilista y armarle una causa judicial.

Semanas atrás, la agrupación La Cámpora también evaluaba a Berni como posible candidato en la provincia, aunque ahora hay sectores de esa corriente que lo cuestionan porque, consideran, contradijo toda la política de derechos humanos que pregona Cristina Kirchner.
Pese al malestar presidencial, un ministro aseguró a la nacion que la jefa del Estado “va a bancar” a Berni, aunque le pondrá límites. Cristina está conforme con su pelea contra los piquetes y con la instalación en los medios de la imagen de rigurosidad para combatir el delito más allá de si es eficiente en los resultados. “No hay motivos para cambiarlo”, dijo el informante.
Cerca de Berni reconocieron el golpe interno de sectores del Gobierno. “Es un episodio que no es grato”, dijo un funcionario de Seguridad. “Nos distrae de la tarea de aplicación de políticas de seguridad”, agregó.
El propio Berni admitió ayer que el gendarme “carancho” se arrojó arriba del auto, pese a que anteayer lo había puesto en duda. Ayer admitió que fue una estrategia para detener al automovilista.
En una entrevista con la radio Vorterix, Berni admitió:

“Nadie dice que lo atropelló, lo que hizo fue cesar un delito”, dijo.

Al ser consultado sobre si fue una estrategia, aseveró:

“No tengo ninguna duda. Técnicamente lo que hizo el gendarme fue cumplir con su deber y hacer cesar el delito. No fingió, se le cruzó y lo paró directamente”.

El conductor Christian Romero fue sacado violentamente del vehículo y golpeado durante su detención, que se prolongó por diez horas. Fue procesado por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad. El PTS denunció a Berni por “armar causas”.
El titular del CELS, Horacio Verbitsky, denunció en Página 12 que participó de la escena el coronel retirado del Ejército Roberto Ángel Galeano, un comando de 55 años, ex jefe de Inteligencia en Córdoba, retirado y reincorporado por Berni.
También el programa 6,7,8 criticó duramente a Berni, lo cual fue visto como una señal de La Cámpora.
Christian Romero dijo ayer:

es “indignante y peligroso que alguien con poder como Berni, y siendo ex militar, les mienta a 40 millones de argentinos”.

En tanto, el diputado por la UCR Héctor “Cachi” Gutierrez repudió el episodio y presentó un pedido de informes para que la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, responda ante el Congreso “por la penosa actitud del gendarme”.

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Recule de la ley antiterrorista para cerrar frentes y cambiar el pago de la deuda

LA NACIÓN,  20 de agosto de 2014

El Gobierno dijo que hubo “una confusión” y no aplicará la norma a la imprenta Donnelley.
Luego de cinco días de haberlo anunciado, la presidenta Cristina Kirchner dio marcha atrás con la aplicación de la ley antiterrorista a la imprenta Donnelley.

El Gobierno aclaró que hubo “una confusión”: la denuncia judicial que presentó contra sus accionistas norteamericanos es por “quiebra fraudulenta” y por el artículo 309 del Código Penal del capítulo de “delitos contra el orden económico y financiero” y, entre ellos, la manipulación del mercado.

Dentro de la Casa Rosada, algunos aseguraron que en un principio buscó presionar a los empresarios para que aceptaran la sanción de una nueva ley de abastecimiento y que, al hacerlo, abrió tantos frentes que hasta peligraba el consenso parlamentario en los propios bloques del oficialismo y debió recular.
Luego de ese retroceso, la mandataria anunció por la noche el envío al Congreso un proyecto de ley para un nuevo canje de la deuda global en default, con cambio de jurisdicción a Buenos Aires. El cambio de estrategia de la Presidenta pudo obedecer a la necesidad conseguir votos en el Parlamento y descomprimir las tensiones con bonistas y empresas.
El encargado de aclarar la “confusión” por la mañana fue el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, que a través de varias radios atribuyó “la confusión” a la oposición, los empresarios y los medios de comunicación.
Señaló que la denuncia de la AFIP, que dirige Ricardo Echegaray, radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas, apuntó a una supuesta “quiebra fraudulenta” de Donnelley. Sin embargo, la Presidenta había anunciado el jueves último de manera explícita y contundente la aplicación de la ley antiterrorista.
Vanoli explicó que la denuncia invocó el artículo 309 del Código Penal, que fue incorporado en 2011 por la ley 26.733, de Delitos Económicos, y penaliza prácticas fraudulentas.
Esta ley había sido sancionada junto con la ley de financiamiento del terrorismo, la 26.734, la llamada “antiterrorista”, que también reformó el Código Penal e introdujo los artículos 303 al 308, que tipifican sí delitos y penas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Desde el artículo 303 hasta el 313 están comprendidos en el Título XIII del Código Penal, que estipula los Delitos contra el Orden Económico y Financiero.

“Fue un error semántico”, dijo un alto funcionario a LA NACION.

Otra alta fuente oficial aseguró a este diario que “la Presidenta fue mal asesorada” para su discurso.”Esto (el 309) no tiene nada que ver con la ley de financiamiento del terrorismo”, dijo Vanoli.

La Presidenta, con todas las letras, había afirmado: “Estamos haciendo uso por primera vez de la ley que se llamó «ley antiterrorista»? Bueno, ya pensaban que esto era contra la protesta social, contra los sindicatos, contra los trabajadores. No”.

Y agregó: “El primer caso que vamos a tener de aplicación de ley antiterrorista, es por el artículo 309 del Código Penal, incorporado por la ley 26.733 (que no es la ley antiterrorista). Es decir, confundió aquí dos leyes que reformaron el Código.
“Hemos formulado denuncia penal ante la Justicia Federal, porque se trata de un delito federal, alteración al orden económico y financiero, artículo 309, inciso 1º, apartado a), del Código Penal de la Nación”, señaló la Presidenta. Esta afirmación, en cambio, fue correcta.
Según confiaron a LA NACION algunas fuentes, la presentación de la Presidenta fue algo más que un error.

“Presionó a los empresarios con la ley antiterrorista para ablandarlos y aceptaran la reforma de la ley de abastecimiento”, dijeron dentro de la Casa Rosada.

“Pero los empresarios no cedieron y en cambio se le complicó el panorama en el Congreso con los diputados y senadores del Frente para la Victoria, que no quieren votar la ley de abastecimiento ni la de hidrocarburos”, agregó otro funcionario.
Con esta aclaración de Vanoli, la Presidenta buscó descomprimir la tensión en los bloques oficialistas para asegurarse votos para hidrocarburos y abastecimiento, criticada incluso por el jefe del bloque, Miguel Pichetto, y para el nuevo canje de deuda global, que busca unificar la tropa con épica patriótica.

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Papelón antiterrorista, fugas del barco y manotazos para reflotar lo que hundieron

Los bloques K son un hervidero. Miguel Pichetto criticó el proyecto de ley de abastecimiento. Dijo que lo apoyará de todos modos, pero está tratando de quitarle quorum a la iniciativa. Teme otra 125. Lo mismo pasa con la ley de hidrocarburos. Alejandro Vanoli tuvo que desmentir a la Doctora: no se le aplicará la ley antiterrorista a Donnelley sino que se la denunció por quiebra fraudulenta. Pero la abogada exitosa había dicho otra cosa. Y con todas las letras: anunció con aires triunfales que le aplicaría la ley antiterrorismo a una multinacional, que conspiraba contra el orden economico, y no a los trabajadores. El papelon adquiere dimensiones astronómicas.

Pero tiene explicaciones políticas. Esa ley fue resistida en todos los sectores económicos y políticos, e incluso dentro del propio núcleo del peronismo. Ella no tiene ahora seguridad de contar con los votos para aprobar siquiera la ley de hidrocarburos. Ni la de abastecimiento ni la ley antipiquetes. Eso la hizo dar marcha atrás.

Juega su futuro político en esas batallas inviables. Son intentos brutales de revertir la crisis energética, económica y social que ella misma generó con las delirantes políticas de Néstor Kirchner, Guillermo Moreno y Axel Kicillof. El gobierno es el que se ha vuelto terrorista: siembra el terror para imponer el autoritarismo y la arbitrariedad.

¡No se olviden de Néstor! Dio la receta magistral para desembocar en este desastre. Inspiró la política energética de Julio De Vido y sus amigos. Y le dio rienda suelta a Guillermo Moreno, ahora exiliado en Italia, en la economía. El bloque del peronismo perdió dos diputados de Rio Negro y está a punto de irse Martin Insaurralde.

El propio Massa frenó el pase del ex intendente de Lomas para que no se le rebele su vieja tropa de intendentes, Jesus Cariglino y Darío Giustozzi. Massa crece en las encuestas y la transferencia de Insaurralde es un hecho. No tiene regreso al kirchnerismo. De 134 diputados, el bloque del FPV pasará a 131. El quórum es de 129. Pero pueden continuar las fugas del barco. La ley de hidrocarburos podría llevarse a los diputados de Chubut, Mendoza y Neuquén. Si se le quiebra la mayoría en diputados, en 2015 no habrá Congreso funcionando.

La Doctora está ante una encrucijada. Si el PJ le sanciona la ley de abastecimiento, se caerá definitivamente la economía. La industria se paralizará del todo, proliferarán los despidos y estaremos en Venezuela, donde el desabastecimiento es atribuido a la conspiración de los industriales en contra del gobierno popular y revolucionario de Maduro.

Si no se sanciona esa ley, la de piquetes e hidrocarburos, la alianza de la Señora con el peronismo quedará herida de muerte. Las reformas de los códigos Civil y Penal están dormidas. El test será la ley de hidrocarburos. Porque la de abastecimiento deberá esperar. El debate comienza hoy en el Senado pero dicen que será de largo aliento. No hay acuerdo ahora. Antes se tratarán leyes más sencillas de ese paquete, como la creación de un tribunal del consumidor.

Los bloques legislativos están saturados de los conflictos de corrupción de Boudou y del default de Kicillof. Las ensoñaciones económicas ya no contagian ni emocionan. El peronismo considera al ministro un inepto que se vale de la Doctora para mostrar sus hipótesis universitarias setentistas. Un personaje de la decadencia del ciclo, que no cuida a su jefa y que parece disfrutar con el hundimiento y la venganza.

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