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Entre palomas y halcones Cristina busca evitar el final de Menem

LA NACION, Domingo 07 de diciembre de 2014

9998El conflicto con los jueces divide al gobierno de Cristina Kirchner entre moderados y fundamentalistas. Un grupo de ministros quiere bajar la tensión porque considera que la Presidenta lleva las de perder en un año electoral como 2015. En cambio, la agrupación La Cámpora, más radicalizada, quiere ir a fondo y acorralar a losjueces que investigan a funcionarios y a la familia presidencial.

Hasta ahora la Presidenta lideró a los “halcones”, pero las “palomas” le aconsejan poner paños fríos. Existe una sorda disputa en el núcleo de Olivos.

“Nadie sabe cómo va a reaccionar. Está en una etapa impredecible”, dijo un alto funcionario.

zannini_cuarterolo_perfilSegún confiaron a LA NACION altas fuentes oficiales, hasta el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, “se está convenciendo a esta altura de bajar” el enfrentamiento.

En esa línea también militan el jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, y los ministros más políticos, como el de Interior y Transporte, Florencio Randazzo; de Planificación, Julio De Vido; de Defensa, Agustín Rossi, y el de Justicia, Julio Alak.

scioli_vs_randazzoSu mayor pesadilla es que Cristina sufra una prematura licuación de poder que le impida imponer candidatos propios en las listas del Frente para la Victoria para las elecciones de 2015. Y peor aún: que se judicialice la campaña y pierda el candidato presidencial oficialista, sea Daniel Scioli o Randazzo.

Los jóvenes camporistas, en cambio, buscan escalar el conflicto. Creen enfrentar una conspiración destituyente orquestada por el Grupo Clarín, los fondos buitre y las corporaciones hegemónicas. Y que todos ellos pretenden una condena y la prisión para Cristina Kirchner luego de que deje el poder en 2015.

En ese grupo están el viceministro de Justicia, Julián Álvarez, el 5419708f67b07_660_360!diputado Eduardo De Pedro (ambos miembros del Consejo de la Magistratura), Máximo Kirchner y el jefe formal de La Cámpora, Andrés Larroque. No les interesa el futuro de Scioli ni de Randazzo. Están convencidos de que, puesta a pelear, Cristina aumenta su imagen pública y que como candidata a diputada -nacional o del Mercosur- traccionaría a las listas de candidatos camporistas.

-_cristina_fernandez_juez_bonadio.jpg_274898881Luego de que el juez federal Claudio Bonadio allanó su empresa Hotesur SA, Cristina Kirchner tuvo un brote de irritación en Olivos:

“Éstos se creen que soy Carlos Menem, que se dejó meter preso cuando se fue. Clarín y los buitres me quieren ver presa. Pero yo no soy Menem”.

De inmediato ordenó desempolvar el proyecto de ley para elegir por voto directo a los parlamentarios del Mercosur, que gozan de fueros e inmunidad judicial. “No está definido que se postule. Eso es por si hace falta?”, dijo ayer un funcionario.

El Parlasur sólo se conformará con sus diputados electos en 2020. Brasil, Uruguay y Venezuela no los eligieron aún. ¿Cómo negar que la premura responde a la urgencia por su inmunidad? Se exasperó anteayer cuando el enviado de LA NACION a Quito preguntó si se postulará: “Todo eso es una estupidez”, bramó.

margarita_stolbizer11La Presidenta y los camporistas consideran que las embestidas judiciales contra Bonadio, Margarita Stolbizer, la testigo Silvina Martínez, el HSBC y varias empresas dieron resultado. Julián Álvarez cree que hay que persistir para lograr el juicio político al juez con tres sanciones del Consejo de la Magistratura como el último recorte del 30% del sueldo. Eso amedrentaría a sus pares.

La Presidenta todavía no comunicó su decisión y no dio pistas.
Otra pata de la estrategia camporista es aplicar en forma urgente el Código Procesal Penal, que les quita poder a jueces y se los otorga a los fiscales y a la procuradora general 51e04d8d2fab2_cropAlejandra Gils Carbó. Pero los moderados consideran que ese código es uno de los motivos del ataque judicial, sumado a la debilidad del fin de mandato, y que no podrá aplicarse hasta su reglamentación. Podría pasar más de un año.

Las palomas consideran “un grave error” el ataque a Bonadio. “No hay margen para destituirlo. Sería un escándalo. Lo convertiremos en prócer, como a José María Campagnoli“, dijo una fuente de Balcarce 50.

El temor de algunas “palomas” es que ahora para descomprimir la tirantez con los jueces “estamos llegando tarde”. Otros de los mesurados tienen la esperanza de que el llamado a indagatoria de Alak marque un descenso de la crisis.

“No hay una, sino decenas de causas. Las que más preocupan son las que tocan a la familia de Cristina”, dijo a LA NACION otra fuente oficial.

En la Casa Rosada sospechan que ciertos jueces tienen apoyo del peronismo histórico, que quiere condicionar a Cristina para 2015, y de un sector de la ex SIDE enfrentado con ella.

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fuente LA NACIÓN
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La contraofensiva de Cristina: perseguir y denunciar a quienes la denuncien

 LA NACION, Domingo  30 de noviembre de 2014

La política y la economía ocupan un segundo plano en Olivos. La presidenta Cristina Kirchner está ahora más preocupada por defenderse de las investigaciones del juez federal Claudio Bonadio sobre su empresa Hotesur SA, que rozan a ella y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Ordenó, así, denunciar a todos los que investigan a sus empresas, con el propósito de diluir la atención sobre su hotel cuestionado y generar sospechas sobre sus denunciantes, la oposición y los bancos.

animales-son“La estrategia es distraer con varias denuncias simultáneas e igualar a todos. Si hay un elefante sobre la calle, lo mejor para que no llame la atención es poner cien elefantes. La idea es tender un manto de sospechas general y politizar todo”, dijo un alto funcionario a LA NACION.

La contraofensiva abrió varios frentes en pocas horas: Cristina acusó públicamente a Bonadio de no presentar balances en la IGJ de una empresa familiar, al igual que Hotesur; el senador Marcelo Fuentes (PJ) lo denunció penalmente.

Luego, la AFIP denunció al banco HSBC por 4040 cuentas secretas en Suiza; el abogado Santiago Mansilla acusó a la diputada del GEN Margarita Stolbizer, la denunciante, por enriquecimeinto ilícito. Y la diputada Andrea García (PJ) acusó de varios delitos a la testigo Silvina Martínez, ex directora del Registro de Sociedades de la IGJ.

Es la primera vez que Cristina y su familia son investigados por supuestas irregularidades de una de sus empresas, Hotesur SA, y que un juez investiga el patrimonio de ella y sus hijos para determinar si pudo incurrir en lavado de dinero.

Un ministro aseguró a LA NACION que “no existe una coordinación organizada entre las denuncias a sus denunciantes”. Pero admitió que “todos los funcionarios sienten la obligación de no quedarse quietos, sin defender a la Presidenta”.

Sin embargo, LA NACION pudo saber que en las acciones participan funcionarios de primer nivel que relegan otras urgencias: los secretarios de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y de Justicia, Julián Álvarez; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli; el diputado Eduardo De Pedro, y el jefe del Ejército, teniente general César Milani, que controla la Dirección de Inteligencia de la fuerza.

Todos ellos dirigen organismos clave que reúnen toda la información económica, jurídica y política en el Estado. El caso de Álvarez es emblemático: controla el Ministerio de Justicia casi a la par del ministro Julio Alak, pero está al frente de esta operación porque, además, integra el Consejo de la Magistratura junto con De Pedro, donde también denunciaron a Bonadio.

De ese cruce de información surgió la certeza de que varios jueces y fiscales se reunieron en asados, almuerzos y comidas, para conspirar contra Cristina Kirchner y activar las causas judiciales contra el Gobierno. En Balcarce 50 acusan en reserva a los jueces de presionar contra la aprobación del nuevo Código Procesal Penal, que les quitará las facultades de instrucción.

Un ministro comentó, además, que el Gobierno tiene la teoría de que “el Grupo Clarín alentó la denuncia contra Hotesur SA para tapar la fragmentación de la oposición”.

Señaló que “Bonadio es amigo de Sergio Massa y está vinculado a Clarín” y hasta “podría ser candidato a diputado” del Frente Renovador.Otra fuente oficial comentó a LA NACION: “Es amigo de Massa, pero la decisión de ir contra Hotesur es de Bonadio”. También el juez conoce bien al ex ministro del Interior menemista Carlos Corach, hoy muy cercano al gobernador bonaerense y candidato presidencial Daniel Scioli, y al senador Miguel Pichetto.

Según sospecha Cristina Kirchner, las investigaciones locales tienen mucho que ver con las que realizan los fondos buitre en los Estados Unidos sobre “la ruta del dinero K”. De allí su advertencia pública de que no se dejará “extorsionar por caranchos judiciales”. Y hasta duda ahora, por ello, de impulsar un acuerdo con los fondos buitre desde enero para no aparecer rendida ante ellos.

La ofensiva sobre Bonadio busca generar temor sobre otros jueces y potenciales denunciantes.

Sus allegados aseguran que su caso es más leve que el procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou, porque Hotesur “sólo incurrió en una falta administrativa”, como no presentar balances ante la IGJ. En lo electoral está tranquila por la fragmentación de la oposición.

LA IGJ, BAJO LA LUPA DE OLIVOS

El Gobierno evalúa que el requisito de presentar balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ), instituido en enero de 2010, es “redundante”, porque ellos deben ser presentados sólo ante la AFIP. Por ahora no se revocará, pero el asunto está en análisis. La Casa Rosada dejó trascender que buscará regularizar de manera progresiva las 250.000 empresas que estarían en la misma situación que Hotesur SA, la sociedad de Cristina Kirchner y de sus hijos..

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MafaldaAllumeRadio

Cristina se apoya en los incondicionales para no delegar tareas

LA NACIÓN, 14 de noviembre de 2014

Pese a su internación y posterior reposo médico, la presidenta Cristina Kirchner mantuvo el control de las decisiones del Gobierno a través de tres personajes clave de su entorno: su hijo, Máximo Kirchner; el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, al que en el kirchnerismo muchos apodan el “cenador”, porque aparece en Olivos en los almuerzos y las cenas.

Durante la internación en el Sanatorio Otamendi por su cuadro de sigmoiditis, la jefa del Estado no recibió a ningún funcionario. Pero gobernó por teléfono a través de su hijo, Máximo, que habló con el resto del gabinete, y especialmente con Kicillof y Zannini. Sólo ingresaba a la habitación 415 el entorno familiar: sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner; su madre, Ofelia Wilhelm, y su hermana, Giselle Fernández.

“La que maneja el Gobierno es ella y está al tanto de todo. Máximo es su mano derecha y hace de intermediario en las comunicaciones con la Casa Rosada con frecuencia. Muchas veces ocupa el lugar que tenía Néstor”, dijo un confidente de Olivos.

“Cuando Cristina no podía por su malestar abdominal, Máximo estaba en línea directa por teléfono con Kicillof y Zannini, le llevaba sus mensajes a la Presidenta y les devolvía las órdenes de ella a ellos y a otros ministros”, dicen en Balcarce 50.

Todas las medidas financieras y cambiarias de los últimos días; los 71 allanamientos a bancos, casas de cambio, financieras y cooperativas; los mensajes matutinos del jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, y los debates parlamentarios por el nuevo Código Procesal Penal fueron inspirados por Cristina desde Olivos.

De hecho, ayer la Presidenta firmó el decreto de extensión de sesiones extraordinarias del Congreso para tratar ese código y el controvertido proyecto de ley Argentina Digital para que las telefónicas puedan entrar en el negocio de la TV por cable.

Cristina Kirchner no quiso pedir licencia médica ni delegar el poder en Amado Boudou para no exponer al Gobierno al desgaste que sufrió éste por sus procesamientos.

“Cristina tuvo que gobernar desde la clínica”, dijo un funcionario cercano a sus médicos. “No hacía falta tomar licencia porque ella estuvo siempre consciente, pese a la sigmoiditis, no como en la última operación de cerebro, cuando estuvo días muy medicada”, agregó otro allegado a los médicos.

También por el efecto Boudou la Presidenta tratará de restringir los viajes al exterior lo máximo posible. Además de la conveniencia médica, quiere evitar al máximo delegar el poder en Boudou de manera tan frecuente. Siguen en pie sus próximos viajes a Ecuador y México, en diciembre, pero no se descarta que se suspendan si su salud lo requiere.

Tampoco hay certeza aún de cuándo reaparecerá oficialmente la Presidenta, más allá de los mensajes por Twitter que emitió anteayer para informar sobre el retiro de la candidatura argentina para el Tribunal de La Haya. No hay todavía una actividad programada para ello.

Así como en el Otamendi no recibió a funcionarios, sino que solía hablar por teléfono y enviar mensajes de texto, como reveló la ministra de Industria, Débora Giorgi, una vez regresada a Olivos, el domingo último, Cristina comenzó a recibir a los primeros funcionarios.

Primero a los más cercanos: Kicillof, Zannini y el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro, fueron los que antes ingresaron a la residencia por su cercanía con ella y por la urgencia de los temas que le llevan.

Sólo anteayer ingresó también el canciller Héctor Timerman, tal como informó ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. La mandataria se reunió ese día con Kicillof y Timerman para preparar el viaje de éstos -Cristina no irá- a la cumbre del G-20 en Australia, que será mañana y pasado mañana y en la que ambos funcionarios defenderán la postura argentina en el conflicto con los fondos buitre.

Capitanich confirmó ayer que la Presidenta retomó de “manera incipiente” la agenda gubernamental y que la reunión del ministro y el canciller fue “sobre la base de la representación que tendrá el país en la reunión del G-20 en Australia”.

Según confiaron a LA NACION cerca de la Presidenta, desde que estaba en el Otamendi ella mantuvo constante comunicación, a través de Máximo Kirchner, con Kicilllof.

El ministro fue quien la aconsejaba sobre las medidas para tomar en el mercado cambiario y los allanamientos a bancos y financieras, la inhabilitación de 30 empresas para hacer pagos al exterior o denunciar al juez Thomas Griesa por sus medidas con los fondos buitre, y ella ordenaba avanzar por medio de su hijo. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, están subordinados a Kicillof.

Quizá por una coincidencia, Máximo y su esposa, Rocío García, estaban radicados en la residencia de huéspedes de Olivos desde unos días antes de la internación. Florencia suele vivir en otro de los chalets de la quinta presidencial.

Quienes frecuentan Olivos aseguran que además de Kicillof Máximo recibió muy asiduamente a la noche al jefe formal de La Cámpora, el diputado Andrés Larroque, y a su segundo, el también diputado Eduardo “Wado” De Pedro. “Suelen ir a comer y a veces coinciden con Zannini. Entran a las diez y se van a las doce”, dijo un allegado.

En esas incursiones, Zannini suele aprovechar para llevar lo que se denomina “la firma”, las pilas de decretos que ella debe suscribir.

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