LA NACIÓN, domingo 24 de agosto de 2014

La cláusula RUFO no era todo el problema. Pese a que vence en diciembre y aun si los bonistas de los canjes 2005 y 2010 renunciaran a ella, Cristina Kirchner ya decidió que hasta que termine su mandato en 2015 no pagará el monto total de 1500 millones de dólares que ordenó el juez de Nueva York, Thomas Griesa , en su fallo favorable a los fondos NML Capital y Aurelius. En verdad, la Presidenta cuestiona la sentencia y no quiere pagar nada.

“No hay intención de pagar, aun si todos los bonistas renunciaran a la RUFO y tampoco en diciembre cuando vencerá”, aseguró a LA NACION un operador de la Presidenta.

La indignación oficial con Griesa y con los fondos buitre no tiene límites. El ministro de Economía, Axel Kicillof, convenció a la Presidenta de que sólo les reconozca a los litigantes y a todos los holdouts (7% del total de acreedores) el monto equivalente al que cobran los bonistas que aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010, es decir con una quita del 65% del capital original.

Hasta hace pocas semanas, la Casa Rosada dejaba trascender que esperaría a que en diciembre se venciera la cláusula RUFO y entonces el Gobierno quedaría liberado para negociar con NML y Aurelius una forma de pago por el total: un tramo cash y sucesivos bonos, escalonados y a largo plazo. Ahora, ya no esperan más hasta enero de 2015.
La cláusula RUFO les reconoce a los bonistas que canjearon sus títulos en 2005 y 2010 el derecho a demandar a la Argentina si ésta les mejora la oferta a los acreedores que no aceptaron aquellos canjes. Reclamarían, así, cobrar la diferencia, que el Gobierno estimó en unos 120.000 millones de dólares.
Desde el 30 de julio, esos tenedores de bonos no pueden cobrar sus vencimientos como lo venían haciendo porque Griesa bloqueó los pagos del Estado argentino hasta que éste cumpla el fallo favorable a NML y Aurelius (US$ 1500 millones), que no pagó con la insistente excusa de no activar la cláusula RUFO.
Un grupo de bonistas europeos y el Deutsche Bank ofrecieron remover la cláusula RUFO para destrabar los pagos y reanudarlos en el vencimiento del 30 de septiembre.
Para evitar ese bloqueo, Cristina envió el martes al Congreso un proyecto de ley de nuevo canje de bonos y de cambio tanto de domicilio de cobro -de Nueva York a Buenos Aires- como de agente de pago, del Bank of New York Dellon (BoNY) al Fideicomiso del Banco Nación.
El juez neoyorquino dijo que el anuncio era “ilegal e inválido”, y ordenó a las entidades norteamericanas no avanzar porque recibirían fuertes penas. Los adversarios de Kicillof en el Gobierno temen que esto desaliente a la mayoría de los bonistas a adherirse y todo fracasaría, lo que derivaría en otra tanda de juicios y holdouts. Además, el artículo 10 del proyecto del pago soberano local de la deuda ya insinúa que el Gobierno desconocerá el fallo de Griesa. Autoriza a Economía a depositar en el Nacion Fideicomiso para los holdouts los “fondos equivalentes” a los que se prevé en la ley 26.886, nunca superior a los que perciben los bonos canjeados en 2005 y 2010.

“Hasta que termine su mandato en 2015, ella no quiere pagar todo, sino lo mismo que los del canje”, dijo un operador de Cristina, preocupado por las consecuencias del canje y crítico de la gestión de Kicillof.

“Ese fallo no es justo. Detrás de NML viene el resto, un 7% de la deuda de 20.000 millones”, ratificaron en Economía. En el mercado aseguran que serían 18.000 millones.

No descartan que ésta sea una postura para luego negociar con el resto de los holdouts, al igual que ocurrió con la petrolera Repsol (por la expropiación de YPF) y con el Club de París, aunque la afirmación ganó fuerza en el entorno de Olivos.
En la Casa Rosada y en Economía aseguran que es legal cambiar el domicilio de cobro y el agente de pago porque está previsto en los contratos. Y subrayan que el canje no es obligatorio, sino voluntario.
Según expertos en deuda, se deben cumplir requisitos: la adhesión de una mayoría especial de bonistas y que el nuevo agente fiduciario tenga casa matriz en Nueva York.
Una ley del Congreso podría servir como una bendición parlamentaria a toda la negociación y les daría inmunidad a los que la comandaron ante futuras denuncias..

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