El gobierno de Cristina Kirchner redactó un nuevo proyecto de ley de reforma del Código de Procedimientos Penales, que pasará del actual sistema acusatorio mixto escrito a uno acusatorio puro e íntegramente oral, en el cual el fiscal investigará y acusará, el defensor defenderá al acusado y el juez resolverá y dictará sentencia, lo cual buscará lograr procesos penales “más veloces, justos y transparentes”.

Según el texto del proyecto, tanto las investigaciones como los juicios serán “orales, ágiles e inmediatos”. Sin embargo, por contrapartida, pasarán a tener más poder los fiscales bajo el mando de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, cuestionada por su falta de independencia del Gobierno.

El nuevo Código Procesal regirá para todos los delitos federales (narcotráfico, lavado de dinero, fraudes a la administración pública) y para los no federales (robo, homicidios) cometidos en la Capital Federal.

Según la Casa Rosada, el actual código es cuestionable porque “los jueces cumplen la doble función de investigar y resolver”.

En el código futuro, regirá el principio acusatorio puro, que consiste en que los fiscales investigan y todo el proceso es oral, tanto en la investigación como en el juzgamiento. El fiscal puede hacer todo menos juzgar, procesar, allanar y pedir intervenciones telefónicas, para lo cual tiene que pedirlo al juez. El juez pasa a controlar la legalidad del proceso.

Según el texto del nuevo proyecto, los fiscales piden audiencias, que son orales, rápidas e inmediatas. Todas quedarían con registro audiovisual y no en expedientes escritos. Sólo se labra un acta de la audiencia. El fiscal o el defensor pueden apelar y se otorga otra audiencia y los fiscales pueden solicitar al juez allanamientos.

El objetivo es agilizar y acortar los tiempos de los procesos. El juez se reservará la facultad de ordenar allanamientos, dictar procesamientos, intervenir teléfonos, dictar la sentencia y controlar la legalidad del proceso.

El texto del proyecto fue redactado por el Ministerio de Justicia, que dirige Julio Alak, y en unos días la Presidenta lo enviará al Congreso.

“Les otorgará todo el poder a los fiscales”, señaló a LA NACION una alta fuente del Gobierno. Según la Casa Rosada, eliminará la potestad de los abogados defensores para interponer recursos a cada paso, que retrasan dos o tres años el proceso.

Este proyecto es reclamado por todos los fiscales, aunque un grupo de ellos mantiene reservas por el poder que retendría Gils Carbó. Pero en la Casa Rosada dicen que “llevará años de instrumentación y seguramente lo hará el próximo gobierno”.

Según altas fuentes oficiales “la intención es ir hacia el modelo chileno, que prevé juicios penales con sentencia de seis meses, al menos con fallo en primera instancia”.

En la actualidad, en la Justicia rescatan que funciona bien en Chubut, Santa Fe, Salta, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos y Santiago del Estero. Aunque también lo tiene Buenos Aires, donde el fiscal investiga y la sentencia la produce un juez de garantías.

A nivel nacional, en cambio, rige el Código Procesal de 1991, que es acusatorio mixto: investiga y resuelve el juez, el proceso es escrito y juzga un tribunal oral. Sin embargo, en los casos NN (autor desconocido) el juez delega la investigación en el fiscal, que instruye por escrito, y luego va a juicio oral.

Hasta 1991, regía un sistema inquisitivo: investigaba un juez de instrucción y luego juzgaba un juez de sentencia. Todo el proceso era escrito.

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