Un ex juez condenado judicialmente en España es el principal asesor del Gobierno para promover la “justicia universal”, con rango y sueldo de subsecretario de Estado. La presidenta Cristina Kirchner designó en diciembre de 2012 al ex juez español Baltasar Garzón como “coordinador en asesoramiento internacional en Derechos Humanos”, pese a que el 9 de febrero de ese año recibió una condena firme por prevaricato y escuchas telefónicas ilegales de sus procesados que violaron el derecho a defensa en juicio.

Esa sentencia definitiva la dictó el Tribunal Supremo de España. La pena fue de 11 años de inhabilitación para ejercer el cargo de juez en ese país, la pérdida definitiva de su condición de juez y prohibición para cualquier función  en la Justicia. 

Sin embargo, mediante el decreto 2319/2012, Cristina Kirchner lo designó como coordinador en asesoramiento internacional en Derechos Humanos con cargo “extraescalafonario”, rango de subsecretario de Estado, y un ingreso de 72.000 pesos, según registros de la Casa Rosada. Garzón señaló a La Nacion que su sueldo es de 47.800 pesos.

Depende del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, dentro del Ministerio de Justicia.

También la Presidenta lo nombró a través del decreto 2318/2012 como presidente “ad honorem” del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), con acuerdo con la Unesco, en representación de la cartera de Justicia.

El ex juez español gano protagonismo en la Argentina cuando procesó en España al ex dictador chileno Augusto Pinochet y a los represores argentinos Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo.

La CIPDH se creó para promover a nivel mundial la experiencia argentina de persecución y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y delitos económicos conexos durante los años 70, que según la cartera de Justicia “es ejemplo en todo el mundo”.

Una grave condena judicial debería ser impedimento para ejercer ciertos cargos. El constitucionalista Daniel Sabsay señaló a La Nacion que “hay una violación flagrante al requisito básico de idoneidad que ordena la Constitución en su articulo 16 para acceder y ejercer cualquier cargo público”.

El requisito de “idoneidad” está ordenado también en la ley 22.140, que regula la función pública, en los mismos fundamentos de los decretos 2318 y 2319.

Baltasar Garzón es el paladín de la “justicia universal”, presente en todas sus ponencias, pero la Argentina parece hacer caso omiso de aquella sentencia española.

Garzón sólo accedió a responder a La Nacion por escrito. “Sigo siendo Juez; cuando concluya la condena, me puedo reincorporar de forma inmediata”, dijo el ex magistrado español.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo español también fijó la “pérdida definitiva del cargo que ostenta (era juez) y de los honores” e lo pena con “incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales”.

Consultados por La Nacion voceros oficiales del ministro de Justicia, Julio Alak, subrayaron “el enorme aporte a la Justicia universal realizado por el juez español”.

Pero además de no tener en cuenta el fallo español de 11 años de inhabilitación y una multa de 2500 euros, el Gobierno argentino no contempló que la condena contempló los delitos de prevaricato (artículo 446 del Código Penal español), escuchas telefónicas ilegales (artículo 536) a sus procesados en conversaciones con sus abogados.

El delito de prevaricato se configura cuando un juez dicta resoluciones contrarias a la ley y en este caso, según expertos jurídicos, esa decisión fue violatoria del derecho a la defensa en juicio de los imputados, que es uno de los principales derechos humanos consagrados en los artículos 18 de la Constitución y 8° del Pacto de San José de Costa Rica. Los jueces pueden intervenir los teléfonos de sus imputados para descubrir sus tramas delictivas, pero no los de sus abogados para conocer las estrategias de defensa: eso viola el principio de defensa en juicio y es lo que sancionó la suprema corte española.

En ese caso, Garzon investigaba a una organización integrada por Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez, acusados por blanqueo de capitales, defraudación fiscal, falsedad, cohecho, asociación ilícita y trafico de influencias.

El Ministerio de Justicia lo defendió. “Con la aplicación del principio de jurisdicción universal generó notables avances para la persecución y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina, que hoy son ejemplo en todo el mundo”, dijo ante la consulta de La Nacion.

Garzón también estuvo nombrado como asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que dirige Remo Carlotto, con categoría A1 y 20.000 pesos de sueldo entre mediados de 2012 y diciembre de ese año cuando renunció para asumir en la cartera de Justicia.

“Puedo ocupar cualquier función pública salvo la de juez, temporalmente”, aseguró Garzón por escrito a La Nacion. “Desde luego, un cargo como el que ostento, lo podría desempeñar en cualquier país y también en España”, se defendió.
Sin embargo, Sabsay condenó ese argumento. “No hay duda de que no hay idoneidad en aquella persona que cometió delitos, pero además está condenado por prevaricato y en ejercicio de su función pública como juez”, subrayó el jurista. “En un sistema jurídico y una democracia similares al argentino esa flagrancia se agrava más todavía”, dijo. Puso de relieve que la inhabilitación a 11 años es de 2012 y está plenamente vigente y más para un campo como los derechos humanos.

El Ministerio de Justicia sostiene que “la sentencia de España no impide ni invalida el nombramiento por el Estado argentino” y lo fundamenta en “principios básicos del derecho penal” porque el fallo es “de orden local” y “sólo aplicable en su ámbito territorial, el Reino de España”.

Pero Sabsay señala: “Si bien es cierto que la sentencia se limita al campo judicial, no obstante ello, resulta obvio que con semejante condena Garzón jamás podría cumplir con el requisito de ‘idoneidad’ para cualquier función pública, exigencia expresamente contemplada en el artículo 16 de nuestra constitución. Así las cosas, es inconcebible que en nuestro país se lo haya ‘premiado’ con el cargo que ostenta”.

En otras palabras, aunque lo permitiera la sentencia española, es la Constitución y las leyes argentinas las que impedirían su nombramiento.

 

BALTAZAR GARZON EN LA ARGENTINA

CONDENA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA

-La sentencia lo condena como “como autor responsable de los delitos previstos en el artículo 446 (prevaricación) y 536 (intercepción ilegal de telecomunicaciones)” del Código Penal español.

-Le impuso una pena de multa de 14 meses con una cuota diaria de 6 euros y 11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez.

-Fijó la “pérdida definitiva del cargo que ostenta (juez) y de los honores”, por lo cual no es juez como asegura Garzón

-Estableció su “incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, así como el pago de las costas procesales.

 

ARTICULO 16 DE LA CONSTITUCION NACIONAL

“La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

 

CARGOS Y FUNCIONES EN LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

-Coordinador de asesoramiento Internacional en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de DD.HH con cargo extraescalafonario (decreto 2319/2012) desde diciembre de 2012.

-Presidente ad honorem del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH-decreto 2318/2012).

-Investigar la corrupción, terrorismo, narcotráfico, tortura y crímenes de lesa humanidad, en defensa de los Derechos Humanos y la Justicia Universal.

-Asesorar al Secretario de Derechos Humanos, Martin Fresneda, a nivel internacional sobre democracia, valores de la vida, la libertad y la dignidad humana.

-Asistir a Fresneda en su vinculación con el CIPDH.

CURRICULUM

-Tiene 59 años, es español, y obtuvo el DNI argentino 95.024.810, con rango de residente, en 2012. Se lo entregó Cristina Kirchner.

-Fue asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, 2010-2011

-Asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia 2011-2012; –Procesó al ex dictador chileno Augusto Pinochet

-Procesó a represores argentinos Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo.

-Participó el 31 de mayo de 2013 del lanzamiento de Justicia Legitima en el Teatro Argentino de La Plata junto con la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbo.