La Nación, Jueves 23 de octubre de 2014

Los funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner y los precandidatos presidenciales del Frente para la Victoria (FPV) cerraron filas con la Presidenta y respaldaron de manera unánime el proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal, que la Casa Rosada envió ayer al Senado para darle un trámite rápido de aprobación parlamentaria.
No sólo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reclamó “coherencia” a la oposición y pidió su pronta sanción en el Congreso. También otros funcionarios y postulantes presidenciales del oficialismo, como Daniel Scioli, Florencio Randazzo y Agustín Rossi, pidieron el respaldo al proyecto, que les trasladará todo el peso de la investigación a los fiscales y que instituirá la oralidad en los procesos.
También atacaron a los partidos opositores que esbozaron algunas críticas a la iniciativa, aunque se notó una clara división de opiniones en las filas contrarias al Gobierno.
Dentro de la Casa Rosada, en tanto, algunos voceros oficiales admitieron a LA NACION que el aspecto más polémico del proyecto pasa porque “le dará todo el poder” a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la jefa de los fiscales, muchos de ellos de extracción oficialista.
No obstante, algunos funcionarios apuntaron que luego de 2015, cuando entre en vigor plenamente el nuevo código, muchos de los fiscales nombrados por el Gobierno, y que responden al kirchnerismo, pasarán a las filas de la administración de turno y no serán oficialistas.

“Muchos fiscales de Justicia Legítima entraron por ahí porque veían un vehículo para ingresar al Poder Judicial, pero no son convencidos militantes del proyecto nacional y popular”, ironizó un funcionario.

La iniciativa, que se aplicará a la justicia federal y a las causas penales por delitos comunes en la Capital Federal, cambiará el sistema inquisitivo por uno acusatorio, que deja sólo en manos de los jueces el poder de dictar resoluciones, procesamientos, sentencias o absoluciones. Pero todas las medidas de investigación quedarán en manos de los fiscales.
También dispondrá la expulsión de extranjeros detenidos in fraganti y en situación irregular, algo que hoy mismo se puede realizar. Y ordenará la prisión preventiva para los delincuentes que generen hechos de “gran conmoción social”.
Durante el día, el gobernador bonaerense y precandidato a presidente por el FPV, Daniel Scioli, aseguró que el proyecto va a “poner a nuestro país a la vanguardia en lo que es un servicio de justicia” y reclamó que “los legisladores tengan el debate y el consenso necesario”.
Dijo que “por más que pongamos más patrulleros, más policías y tomemos medidas desde la prevención, nos quedamos a mitad de camino si no tenemos una Justicia más ágil, más eficiente, con castigo ejemplar a los delincuentes”.
Por su parte, el ministro de Interior y Transportes, Florencio Randazzo, incurrió en un exabrupto para defender a la primera mandataria. “Cuando la Presidenta habla de que la inseguridad tiene mucho de marketing, no lo hace con el sentido de creer que no hay problemas vinculados a la inseguridad. Todo lo contrario”, explicó el funcionario, también anotado para competir en las presidenciales.
En declaraciones radiales, el ministro señaló que

“la idea de querer distorsionar esto, de que querer hacer aparecer como que a la Presidenta no le preocupa esto, es realmente de un grado de «hijadeputez» increíble, para decirlo de una forma clara. ¿Cómo no le va a preocupar a la Presidenta? Nada más alejado de eso”.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, que también tiene aspiraciones presidenciales, pidió “generosidad” a la oposición para que participe del debate parlamentario.
En su habitual conferencia de prensa matutina, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reclamó que la oposición debería “aprobar muy rápidamente” la reforma porque tiene “un alto nivel de consenso” entre juristas y académicos..