LA NACIÓN, lunes 3 de noviembre de 2014

Los fuertes trascendidos sobre las investigaciones de los fondos buitre en el estado de Nevada sobre la “ruta del dinero K” y el estancamiento de la gestión en plena crisis cambiaria llevaron a Cristina Kirchner a redoblar apuestas e intentar una recuperación de la iniciativa política para neutralizar a la oposición y a los buitres: radicalizó su discurso, mandó a sus ministros y funcionarios a responder todos los ataques y apeló, incluso, a la estrategia del miedo al cambio de signo político en el Gobierno en 2015.

El 19 de octubre pasado, por ejemplo, la mandataria ordenó, en un mismo día, desmentir seis notas periodísticas de distintos medios de prensa. La semana pasada, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que los policías autoacuartelados de Santa Cruz cometen delito de sedición y los que informan sobre ellos incurren en apología del delito.

Además, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, les contestó a propios y extraños que “la Argentina está infectada de delincuentes extranjeros” y desató las reacciones adversas incluso de compañeros en el oficialismo. Un alto funcionario de la Casa Rosada aseguró a LA NACION que “no se trata de una política de comunicación, sino una decisión política de mejorar la gestión”.

La explicación consiste en que las encuestas que encarga el Gobierno indican que Cristina Kirchner mantiene un 40% de imagen positiva, un 20% de regular y otro 40% de negativa. Entonces, la Presidenta considera que existe un umbral de 20% de ciudadanos indefinidos en los cuales puede pelear una recuperación de la popularidad.

“El objetivo es irse en 2015 con un 50% de imagen positiva, por eso disputa y pelea en todos los terrenos. Ésa es la decisión política”, confió un allegado a Cristina Kirchner.

La estrategia supone salir al ruedo con una agenda propia y a disputar todos los terrenos posibles para convencer a aquella franja.

La Presidenta agitó la idea de “yo o el caos”: denunció la semana pasada que la oposición intenta instalar que existe una crisis para justificar en 2015 un ajuste. Implícitamente, esto supone una derrota de su modelo en las elecciones.

Pero el ministro de Economía, Axel Kicillof, fue coherente con la línea discursiva. Señaló que hay que discutir si la oposición seguirá con la industrialización o privilegiará las políticas de ajuste.

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, debió salir a responder a una nota de LA NACION que el empresario Lázaro Báez no es socio de la familia Kirchner, aunque terminó reconociendo vínculos comerciales, y que operaba con facturas falsas porque existen 1200 empresas que lo hacen.

La Presidenta, Capitanich, Berni, Kicillof y Echegaray son los voceros de la estrategia diseñada para recuperar el manejo de la agenda.

En la Casa Rosada aseguran que el plan oficial es “ocupar al Congreso en debates que ella misma propone para conseguir un doble efecto: no dejar expandir la agenda de la oposición y obligar a discutir la agenda de ella”. En buena medida lo logró: activó los proyectos de hidrocarburos, telecomunicaciones, el presupuesto y los códigos Civil y Procesal Penal.

La estrategia incluye además renovados ataques a Clarín: le ordenó a la Afsca la adecuación de oficio para quitarles licencias a sus accionistas, lo cual fue frenado anteayer por una medida precautelar en la Justicia. Y alumbró el proyecto Argentina Digital para que las empresas telefónicas puedan competir con Cablevisión en el mercado de la TV por cable.

Ésa fue la respuesta a la información que llega de EE.UU. sobre las investigaciones de los fondos buitre por supuestas sociedades de Lázaro Báez que podrían esconder dinero de los Kirchner. Cristina sospecha que los buitres canalizan la información a través de los medios del grupo.

En el Gobierno presumen que los buitres quieren presionar con esa información para que ceda al pago de las sentencias o bien para trabar embargos futuros sobre esos bienes si surgen pruebas en la Justicia.

También el ministro de Justicia, Julio Alak, salió al ruedo: desmintió la pérdida del expediente de Ciccone en la Inspección General de Justicia. Su viceministro, Julián Álvarez, negó que el proyecto de Código Procesal Penal sirva para hacer caer causas de corrupción.

Además, el ministro de Planificación, Julio De Vido, desmintió incumplimientos de pliegos de frecuencias de celulares y demoras en obras públicas que consignó la Auditoría General de la Nación, a la que Capitanich tildó de “usina opositora”.

En diferentes días, el jefe del Gabinete fue el encargado de contestarle al Coloquio de IDEA, del que dijo que “no tiene ideas”, denunció “ataques financieros de grupos concentrados”, un plan de la oposición para “derogar todo lo que hace el Gobierno”, desmintió cifras de cierres de inmobiliarias y dijo que existe “terrorismo económico”.

La más fuerte ofensiva fue de la Presidenta, en el frente internacional, con la carta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la que criticó a una funcionaria de su gobierno por ser a la vez representante de los fondos buitre. Su mensaje, otra vez, va dirigido a quienes tienen de ella una imagen regular, para intentar mejorarla.

EL GABINETE, EN LA PRIMERA LÍNEA DE LA DEFENSA

Por orden de Cristina, varios ministros redoblaron su defensa del Gobierno en distintas áreas: la idea es mostrar gestión y recuperar votos de cara a 2015