LA NACION, sábado 6 de diciembre  de 2014

Los principales ministros de Cristina Kirchner cerraron filas ayer en torno del titular de Justicia, Julio Alak, y la auditora Vilma Castillo, que fueron citados a prestar declaración indagatoria por supuestas irregularidades en sus gestiones en la empresa Aerolíneas Argentinas , en 2008. Señalaron que ambos funcionarios son “víctimas inocentes” de una pelea entre la Casa Rosada y los jueces federales, a los que acusaron de comenzar una “embestida”.

La Presidenta ordenó desde Ecuador, donde participaba de la Cumbre de la Unasur, que los principales voceros de la administración salieran a darle un respaldo político a Alak y a Castillo. El ministro es el primer miembro del gabinete citado para ser indagado.

Los defendieron el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, quien se encontraba en Quito con la mandataria.

Capitanich aseguró que se trata de “una embestida” y “una agresión permanente” de los jueces. Desde Quito, Parrilli consideró que es una “embestida desproporcionada, ilegal, torpe y burda”. Por su parte, De Vido respaldó a rajatabla a Alak y a Castillo: “Defendieron con valentía, honestidad y transparencia los intereses del Estado nacional”.

Mientras tanto, altos funcionarios de la Casa Rosada comentaron aLA NACION que en este caso, más que en otros, “la Presidenta está convencida de que no existieron irregularidades”. Alak y Castillo fueron directores de Aerolíneas en 2008, cuando Marsans tenía el 95% del paquete accionario y el Estado, el 5 por ciento.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi citó a Alak para el miércoles 17 y a Castillo para el jueves 18. En Balcarce 50 recordaron ayer que, en 2008, el Estado le giraba a Aerolíneas transferencias de dinero a cuenta de una futura capitalización: el objetivo era determinar el valor de las acciones y comprarla ante el vaciamiento de la compañía.

El 14 de julio de ese año, cuatro meses después de asumir, Alak determinó que Aerolíneas tenía una deuda de US$ 890 millones por combustibles, mantenimiento de aviones, aportes y otros insumos. Por ese motivo la nacionalización se ejecutó por ley del Congreso en diciembre de 2008, sin que el Estado pagara un peso.

Martínez de Giorgi le imputa a Alak haber autorizado pagos a Marsans cuando ésta vaciaba la empresa. Y también por no haber pedido la intervención judicial de Aerolíneas cuando el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, les había notificado que como directores podían hacerlo ante la virtual quiebra de la empresa.

Según pudo saber LA NACION de fuentes de la Casa Rosada, Alak y Castillo plantearán que “le dieron intervención a la Justicia” cuando detectaron el caos administrativo y que “existe tranquilidad en que se siguió el normal procedimiento que marca el derecho administrativo y societario”.

En Balcarce 50 interpretaban ayer que la citación a Alak se inscribe en un conflicto más amplio entre los jueces y Cristina Kirchner..

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