El temor real de la presidenta Cristina Kirchner es que la legitimación de los fiscales y los jueces por la masiva Marcha del Silencio del miércoles último en homenaje al fiscal Alberto Nisman termine por acelerar varias de las 300 causas en trámite contra sus funcionarios y familiares y complique el regreso al llano de todos ellos a partir de diciembre próximo.
“Cristina está decidida a morir con las botas puestas. Su plan es doblar la apuesta”, confiaron a LA NACION altas fuentes de Balcarce 50. Está convencida de que esos jueces y fiscales la quieren condenar y poner en prisión luego de que deje el poder. “Hay causas complicadas y el tema de fondo es cómo irse y construir una salida del poder sin problemas judiciales”, comentó uno de sus asesores del Poder Ejecutivo.
La Casa Rosada rompió todos los puentes con los jueces. Incluso los de la ex SIDE: perdió a todos los interlocutores con ellos. Sólo le queda la pelea política y las bravuconadas. Uno de los casos que más le preocupan a Cristina es que el juez federal Claudio Bonadio podría citar a indagatoria en marzo próximo a Máximo Kirchner, hijo de la Presidenta, y al empresario Lázaro Báez por la causa de Hotesur SA, donde se investiga presunto lavado de dinero. Y la propia Cristina podría quedar imputada en la denuncia por encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA que inició Nisman y continúa el fiscal Gerardo Pollicita. Máximo Kirchner no tiene fueros y eso preocupa en Olivos.
También inquieta la posibilidad de que Bonadio involucre al ministro de Planificación, Julio De Vido, en la causa por la tragedia de Once, donde aún no está imputado.
La estrategia para enfrentar a jueces y fiscales es culparlos de “golpistas” y “destituyentes”. Mientras tanto, Cristina evalúa si en lugar de volver al llano intentará ocupar una banca con fueros parlamentarios.
El otro plan es la amenaza lisa y llana. El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, les dijo anteayer a jueces y fiscales que “ni lo sueñen, ni saben dónde se meterían” si investigan causas, en una amenaza velada que generó polémica.
El nerviosismo ganó a la Casa Rosada el día posterior al 18-F cuando se evaluó la masiva adhesión a la Marcha del Silencio y en esas horas fue confirmado el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou que lo dejó al borde del juicio oral; el juez federal Claudio Bonadio fue ratificado en la causa Hotesur y fue citada a indagatoria la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.
Al día siguiente fue arrestado Alejandro Vandenbroele por pedido de la justicia uruguaya y un juez de Nevada resolvió difundir públicamente la ruta del dinero K.
El Gobierno no tiene en carpeta ningún conejo de la galera como los intentos anteriores de controlar la Justicia con una reforma judicial o “democratización” y un nuevo Código de Procedimientos Penales para favorecer a los fiscales cercanos.
Un funcionario confió ayer que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, podría intentar una gestión ante los jueces de Comodoro Py. El estudio de Darío Richarte y Diego Pirota, con lazos con la ex SIDE que comandaba Antonio “Jaime” Stiuso, fue desplazada de la defensa de funcionarios, entre ellos, de Amado Boudou. “Todos los puentes están rotos”, dijo un funcionario. Incluso, el ahora jefe de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli, fue rechazado como interlocutor por los jueces. ¿Qué se le puede confiar?”, dicen allí. Un alto funcionario confió a LA NACION “que la carta de Cristina no es buena porque va a unificar corporativamente a los fiscales y a los jueces” y que “profundizará la fractura” que parece irreversible..