LA NACIÓN, domingo 31 de enero de 2016

Luego de una seguidilla de traspiés en los primeros 50 días de gestión, el presidente Mauricio Macri decidió armar, la semana pasada, una “mesa política” para discutir preventivamente la mejor manera de instrumentar y comunicar las decisiones y decretos más conflictivos.

Con esa determinación, el Presidente busca evitar nuevos errores políticos que afecten la imagen de su administración y comprometan la gobernabilidad en el Congreso para la futura sanción de leyes.

El disparador de este intento de control de daños fue la crisis de la Casa Rosada con los gobernadores del PJ, que expresaron su rechazo al decreto 194/2016, de hace dos semanas, que aumentó de 1,4 a 3,75% la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires.

Según pudo saber LA NACIÓN, Macri tomó conciencia del riesgo de repetir estas desinteligencias y comenzó a reunir a su mesa chica en la Casa Rosada, después del foro de Davos, y en forma periódica. Participan de manera permanente el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

“Se busca un análisis preventivo para pulir políticamente decisiones que puedan afectar la relación con los gobernadores, sindicatos, partidos de la oposición o que impacten en las encuestas”, confió un ministro.

También integran esa mesa tres influyentes funcionarios: los secretarios de Gabinete, Gustavo Lopetegui; de Coordinación Administrativa, Mario Quintana, y de Comunicación, Jorge Grecco.

Existen otros ministros que son participantes rotativos de esa “mesa política”. Se los convoca, según el tema de cada encuentro: entre otros asistieron Alfonso Prat-Gay (Hacienda y Finanzas), Jorge Triaca (Trabajo), Juan José Aranguren (Energía) y Fernando De Andreis (secretario general de la Presidencia). Si bien Macri y Peña consideran que la gestión y la comunicación deben reemplazar a la política, en los primeros dos meses de gobierno la mala praxis política desató crisis con fuertes costos políticos.

Por el decreto simple 83/2015, el 14 de diciembre último el Presidente designó en comisión a dos nuevos miembros de la Corte Suprema y provocó el rechazo del peronismo y de varios aliados de la UCR. Depende de ellos a fin de obtener el acuerdo para esos jueces con dos tercios del Senado.

Dos semanas después, por el DNU 267, el Poder Ejecutivo reformó por decreto las leyes de medios audiovisuales y de telecomunicaciones y unificó la Afsca y la Aftic en un solo organismo. Esto fue impugnado en la Justicia y seguirá su trámite en Tribunales.

Hace dos semanas, Macri decretó el aumento de la coparticipación a la Ciudad y despertó el reclamo de las demás provincias. Por otra parte, en pleno enero, tras la triple fuga del penal de General Alvear, la Casa Rosada anunció la recaptura de los tres fugitivos y sólo se había detenido a uno. Todos esos conflictos tuvieron alto voltaje y fuerte desgaste.

En medio de ello, el Poder Ejecutivo anuncia todos los días despidos de empleados contratados y desencadenó un conflicto gremial con ATE, que denunció que no todos son “ñoquis” y prepara medidas de fuerza.

“Está bien la imagen de reconocer los errores y enmendarlos. Pero no se puede hacer todos los días”, señaló a LA NACIÓN un funcionario autocrítico. Otro allegado a un miembro de esa mesa política agregó:

“No podemos cometer más errores. Hay que ajustar los mecanismos. En marzo necesitamos sacar leyes clave en el Congreso y no podemos perder apoyos por estas cosas”.

Los encargados de construir mayorías parlamentarias son Frigerio y Monzó, mediante la relación con los gobernadores, los partidos políticos y los bloques parlamentarios, en especial el PJ.

Entre los primeros conflictos que se resolvieron sobresalió el de los gobernadores del PJ, que reclaman la devolución del 15% de coparticipación que retiene la Nación para la Anses desde 1992. Se definió allí la estrategia para negociar con los caudillos en la reunión del miércoles último: el Gobierno llevó la propuesta de ponerse al día con las deudas por obras públicas, abrió una discusión por el flujo de recursos y dictará un decreto correctivo del 194/2016, que consistirá en aplicar el aumento a la Ciudad de 14.500 millones de pesos estrictamente al traspaso de la Policía Federal.

También se analizó en esas reuniones la agenda que inquieta a la Casa Rosada por el impacto de la inflación en el bolsillo de la gente y en el humor social. Se estudió la manera de presentar el aumento de 500% en las tarifas de energía eléctrica, anunciado anteayer; las negociaciones con los sindicatos para las próximas paritarias por aumentos salariales, y el futuro del programa Fútbol para Todos, que transferirá un tope de recursos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a los clubes.

En esas deliberaciones se decide la agenda de los temas instalados y los que el Gobierno quiere instalar a futuro: quiénes son los voceros en cada anuncio, qué y cómo lo dirán, los posibles aliados y la búsqueda de respaldos.

Un fuerte temor en el ala política del Gobierno, que integran Frigerio y Monzó, radica en que la seguidilla de “errores no forzados” dañe la relación con los sectores moderados del peronismo en el Congreso, a los que Macri necesita seducir para sancionar un paquete de leyes clave para la economía. O que, incluso, unifique a esos diputados del PJ dialoguista con los más duros del kirchnerismo, como ocurrió con los decretos de la Corte y de la Ciudad de Buenos Aires.

En marzo próximo, la Casa Rosada intentará aprobar las llamadas leyes cerrojo y de pago soberano, para destrabar las negociaciones con los holdouts en Nueva York, y buscará el acuerdo para los dos jueces de la Corte Suprema, la ratificación parlamentaria de los decretos y de otras leyes, como la del arrepentido, el acceso a la información pública y la reforma electoral.

Una agenda cargada de desafíos

1. Paritarias salariales

Los sindicatos pretenden aumentos salariales por sobre el 30% en función de la inflación proyectada por los aumentos de diciembre y enero. El titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, puso ese piso mientras la CTA de Pablo Micheli habla de un mínimo de 35%. En el Gobierno existe preocupación porque las metas de inflación serán de entre 20 y 25%

2. El bolsillo

Para compensar las malas noticias por la inflación y suba de tarifas, el Gobierno podría apurar algunos anuncios positivos para las próximas semanas: una nueva ley de rebaja al impuesto a las ganancias, la eliminación del IVA para los alimentos; la ampliación de la Asignación Universal por Hijo para los monotributistas y el aumento semestral por ley para los jubilados

3. Temario legislativo

En marzo, la Casa Rosada deberá buscar consenso parlamentario para aprobar en el Congreso las llamadas leyes cerrojo y de pago soberano, para destrabar las negociaciones con los holdouts en Nueva York; también buscará el acuerdo para los dos jueces de la Corte Suprema, la ratificación parlamentaria de los DNU y de otras leyes como la del arrepentido, el acceso a la información pública y la reforma electoral

4. Los despedidos

El Gobierno despidió cientos de empleados públicos contratados. Según ATE totalizan 7800 y asegura que no todos son ñoquis. En la Casa Rosada indican que se les dejó de renovar el contrato a quienes no cumplían funciones, pero aún no hay una explicación del contexto en que fueron desafectados

5. Los gobernadores

Tras el decreto 194/2016, reclamaron la devolución del 15% de la coparticipación que la Nacion le retiene a las provincias desde 1992. La Casa Rosada negociará la manera de compensarlas, le devolverá fondos por obras públicas y planes sociales. Y deberá corregir el decreto de aumento de coparticipación a la Ciudad para pagar la Policía Federal

Más recursos para la Ciudad

La administración de Horacio Rodríguez Larreta recibirá un millonario giro de fondos del Banco Ciudad, luego de que esta semana el Banco Central-presidido por el ex funcionario porteño Federico Sturzenegger- aprobara una operación que la gestión kirchnerista había dejado pendiente.

La banca de la Ciudad, presidida ahora por Javier Ortiz Batalla, dispuso esta semana la transferencia de utilidades netas al Ejecutivo porteño por 476,1 millones de pesos, correspondientes a resultados de los años 2010 a 2014.

De acuerdo con lo expresado en la normativa porteña, los más de $ 400 millones que giró el Banco Ciudad se transferirán a un fondo fiduciario que será utilizado por el gobierno local para realizar obras nuevas con fines sociales y soluciones habitacionales en la ciudad de Buenos Aires.