Este resumen del Informe del Gobierno sobre la herencia K incluye el contenido de mis notas en La Nacion y datos sintetizados del resto del Informe 

El gobierno de Mauricio Macri difundió la herencia recibida del kirchnerismo en un informe de 223 páginas llamado “El estado del Estado”, donde destacó que recibió 36 sistemas distintos de liquidación de sueldos, con empleados que cobraban pero no trabajaban en Justicia, Indec, Yacireta, Centro Cultural Kirchner, Biblioteca Nacional, Instituto Malbrán y Hospital Posadas, entre otros organismos.

El “Diagnóstico de la Administración a diciembre de 2015”, que se publicó ayer en la página www.casarosada.gob.ar  se nutrió de los informes de auditoría que el jefe del Gabinete, Marcos Peña, le pidió a todos los ministerios y a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que dirige Ignacio Rial.

Una de las novedades resultó la sospecha de irregularidades en el “Plan Argentina Sonríe” del Ministerio de Salud, para llevar atención odontológica a todo el país: sólo hizo once viajes, seis a Santa Cruz y el resto a Buenos Aires y Entre Ríos, provincias todas oficialistas.

La coordinadora era Elena Morán, madre del diputado Andrés Larroque, jefe de La Cámpora. Participaron Rocío García, esposa del diputado Máximo Kirchner, y María Belén César Gallardo, nuera del ex ministro Julio De Vido. Se invirtieron 80 millones de pesos en 50 ómnibus y equipamiento que casi no se usó porque se descalibró en los viajes.

En diciembre de 2015, el PAMI acumulaba una deuda de 5500 millones de pesos y perdía 250 millones por mes. Los medicamentos le costaban el equivalente a la construcción de un hospital por año. Había 400.000 personas fallecidas por las que se pagaban servicios de salud.

Se compraban remedios por 7000 difuntos que luego se vendían en el mercado negro. Luego de fallecida, una señora de 80 años consumió fármacos por 150.000 pesos. Pacientes de más de 80 años compraban 33 remedios en 19 farmacias distintas, en cuatro provincias, en el mismo mes.

El informe destacó que el país está en el puesto 107 entre 168 países del índice de Transparencia Internacional, debajo de casi todo Latinoamérica.

En el Ministerio de Planificación había oficinas con un teléfono y 10 telefonistas y en el de Cultura 30 personas hacían un compilado de noticias. En Jefatura de Gabinete, había 10 personas para fotocopiado y una sola fotocopiadora.

La secretaría de Asuntos Municipales dio 464 subsidios por 91 millones de pesos a municipios oficialistas y solo 6% rindió sus gastos.

Un día antes de las elecciones la Secretaría de Provincias transfirió un remanente de aportes del tesoro nacional (ATN) de 99 millones de pesos a Santa Cruz, provincia de la ex presidenta Cristina Kirchner y que ahora gobierna su cuñada Alicia Kirchner.

En Desarrollo Social un grupo de La Campora y Colina recibió al a nueva gestión con remeras de esas agrupaciones y advirtieron “Somos la resistencia”. Días después hubo 300 renuncias sin aparente motivo.

En 2015, el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández transfirió 2100 millones de pesos a provincias: 800 millones a Santa Cruz, 93,5 millones a su municipio, Quilmes, solo entre octubre y diciembre.

La planta de empleados públicos creció un 64% entre 2003 y 2015 y de 2,2 millones de empleados se pasaron a 3,6 millones en las administraciones de la Nación, provincias y municipios. Se privilegió la militancia y se cayó la valoración de la carrera pública.

De los 217.000 empleados de servicio civil de la Nación más de 70.000 tenían contratos renovables y precarios y 13.635 en edad para jubilarse.

El 40% de las rutas estaban en pésimo estado pese a que el presupuesto de Vialidad se había multiplicado por 10. Los problemas de seguridad vial pasaron de 1000 kilómetros de rutas a 3400.

Señaló una parálisis económica, deudas con proveedores y contratistas, obras frenadas en viviendas, trenes y rutas, 50 mil obreros despedidos y una inflación acumulada de 700% en la década. La petrolera estatal Enarsa dejó una deuda con la boliviana YPFB por la compra de gas de 400 millones de dólares. El Ministerio de Educación le dejó sin pagar a las universidades nacionales 7000 millones de pesos.

La Casa de la Moneda pasó de 874 trabajadores en 2010 a más de 1700 en 2015. En el Indec, había 30 personas contratadas con menos de dos horas de trabajo por día. En Justicia 50 contratados vivían en el interior y nunca habían ingresado al ministerio y 500 contratados en junio en 2015 no cumplían funciones.

Entre 2012 y 2015, la cantidad de empleados del Ministerio de Justicia se duplicó, de alrededor de 3.000 a unos 6.000. La base de datos de Recursos Humanos, sin embargo, no se encontraba actualizada.

Yacimientos Carboníferos de Río Turbio pasó de 1200 empleados en 2005 a casi 3000 en el 2015”.

En la Entidad Binacional Yacyretá, 130 contratados no asistían a trabajar, en el Centro Cultural Kirchner, 600 y en Hospital Posadas 644. En la Secretaría de Comunicación Pública, 500 contratados trabajaban en tres oficinas. Además, En dos años, se duplicó la planta de la Secretaría de Comercio: de 639 personas en 2014 a 1500 en 2015.

En diciembre de 2015, el Estado debía 350 millones de pesos en facturas de telefonía fija y móvil; había contratadas 62.000 líneas celulares: 2300 se dieron de baja y 20.000 están en análisis.

La Dirección Nacional de Puertos y Vías Navegables tenía en diciembre 115 embarcaciones, de las cuales sólo estaba operativa una sola, aunque no cumplía los estándares mínimos de seguridad. El promedio de antigüedad de la flota era entre 30 y 40 años.

En Aerolíneas Argentinas, había una deuda con proveedores por más de 15.000 millones de pesos, cuatro aviones parados, tres de ellos en el desierto norteamericano, donde pagaban 400.000 dólares anuales cada uno.

UN AUTENTICO PAGADIOS ADMINISTRATIVO:  207.000 MILLONES DE PESOS

La ex presidenta Cristina Kirchner le dejó a su sucesor, Mauricio Macri, deudas impagas en distintos organismos de la administración nacional por $ 207.000 millones, lo que equivale al 12% de los gastos previstos en el presupuesto de 2016. Una cifra casi imposible de afrontar.

También equivale a un 30% más que lo que el Estado gastó en 2015 en subsidios a la luz, el gas y el petróleo: $ 157.000 millones. Así surge del informe “El estado del Estado”, que describe la herencia que recibió en diciembre de 2015.

En 223 páginas, consignó que la Dirección Nacional de Vialidad debía casi $ 14.000 millones, y tenía más de 1000 convenios de obras prometidas con provincias y municipios por $ 130.000 millones, equivalentes a siete u ocho presupuestos anuales de la DNV.

La provincia de Santa Cruz tiene el 0,7% de la población del país, pero el 12% de las obras de la DNV, y casi todas fueron adjudicadas -la mayoría sin terminar- a Austral Construcciones, de Lázaro Báez, el empresario kirchnerista detenido e investigado por lavado de dinero.

En el informe que coordinó el jefe del Gabinete, Marcos Peña, se consignó que la petrolera estatal Enarsa dejó una deuda con la boliviana YPFB por compra de gas de US$ 400 millones ($ 5720 millones). Un contratista de Salta le reclamó $ 538 millones y comunidades nativas, $ 32 millones.

El Ministerio de Educación les debe a las universidades nacionales $ 7000 millones. La Secretaría de Vivienda lleva cinco meses de obras paralizadas y sin pagar por $ 6000 millones. El PAMI debe $ 5500 millones y perdía antes $ 250 millones por mes. La Comisión Nacional de Energía Atómica debe $ 2200 millones.

El Estado adeuda 350 millones en facturas de telefonía fija y móvil y tenía contratadas 62.000 líneas celulares, de las cuales 2300 se dieron de baja y analizan cerrar otras 20.000.

Aerolíneas Argentinas acumuló una deuda con proveedores de $ 15.000 millones; el Ministerio de Desarrollo Social, de $ 500 millones, y la Anses, de $ 1348 millones, de los cuales $ 800 millones son por publicidad.

La Jefatura de Gabinete gastó $ 2200 millones en publicidad oficial y dejó una deuda con los medios de $ 800 millones. La Administración de Infraestructura Ferroviaria debe $ 1200 millones. La Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado debe otros $ 800 millones y tiene reclamos de contribuciones patronales de transportistas por $ 500 millones. En el sistema ferroviario, la antigüedad promedio de las locomotoras era de 47 años.

El Ministerio de Defensa adeudaba $ 4000 millones a proveedores y el astillero Tandanor, $ 360 millones. El Registro Nacional de las Personas de Interior le debía al Correo $ 212 millones y a OCA, $ 112 millones.

El Centro Cultural Kirchner, que se inauguró sin estar habilitado, no les pagó $ 78 millones a proveedores y $ 19 millones a artistas; Afsca debe $ 5 millones; Tecnópolis, $ 15 millones, y el programa Educar, $ 161 millones. El Ministerio de Cultura tenía 1145 facturas impagas por $ 156 millones.

En Seguridad, se verificaron necesidades de mejoras en complejos fronterizos por $ 1200 millones y de tecnología y comunicaciones por $ 250 millones. El penal de Ezeiza debía hasta diciembre $ 800 millones.

La empresa estatal Nucleoléctrica Argentina SA, que opera tres centrales nucleares adeudaba $ 1000 millones. La NASA compró los primeros 10.000 ejemplares de un libro de Julio De Vido sobre Néstor y Cristina Kirchner. El 75% de sus empleados no tenía funciones.

En Yacimiento Carboníferos de Río Turbio dieron de baja convenios con la Facultad de Santa Cruz por $ 1980 millones y convenios por $ 3800 millones. Además, había facturas impagas a proveedores por $ 464 millones. Se le transfirieron a YCRT entre 2005 y 2015 más de 15.580 millones de pesos, pero la mina estaba casi abandonada.

Se construyó un “Tren turístico” para la zona de YCRT que tuvo un presupuesto de 700 millones de pesos y se ejecutaron 300 millones: se inauguró en octubre de 2015 como parte de la campaña de Alicia Kirchner a la gobernación de Santa Cruz pero no tenía permiso y debió cerrar al día siguiente.

En la Secretaría de Industria, la deuda era de $ 1500 millones y en el Mercado Central, de $ 400 millones. También la Superintendencia de Servicios de Salud tenía retrasos de meses en pagos con hospitales.

Sin embargo, entre 2006 y 2015, el Estado recaudó US$ 694.000 millones por impuestos.

El descontrol administrativo se tradujo en que la planta de personal creció 64%: de 2,2 millones a 3,6 millones, de 2003 a 2015, entre la Nación, provincias y municipios.

De los 217.000 empleados de servicio civil de la Nación, más de 70.000 tenían contratos renovables y precarios y 13.635 estaban en edad para jubilarse. Existían 36 sistemas distintos de liquidaciones de sueldos. Había gastos del Estado que los solventaban universidades: un auto del Ministerio de Salud era de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

El ferrocarril Belgrano Cargas transportó en 2015 tres millones y medio menos de toneladas que en 2001. En 10 años, se pasó de producir a importar energía y se cuadriplicaron los cortes de luz entre 2003 y 2014. También subrayó un déficit de tres millones de viviendas.

El Banco Central tenía 66 sucursales esperando autorización para abrir sus puertas en el país. En el Mercado Central se encontraron sobreprecios del 254%. Enarsa gastaba más de 190 millones de pesos por mes en generadores en barrios como Recoleta o Barrio Norte.

La Dirección de Puertos y Vías Navegables tenía en diciembre 115 barcos y sólo estaba operativa una draga, sin estándares de seguridad. El promedio de antigüedad de la flota era de entre 30 y 40 años.

En la Subsecretaría de Reforma Institucional los equipos informáticos estaban formateados y fue imposible recabar información de la gestión anterior. Algunas computadoras se entregaron rotas o sin el disco duro.

Hubo en Vivienda partidas de 13.544 millones de pesos que se gastaron en cuestiones ajenas a la vivienda.

 

MUCHA INTELIGENCIA Y POCA SEGURIDAD

El personal civil de Inteligencia del Ejército se cuadriplicó por orden del ex jefe del Ejército, pero sin precisiones sobre las funciones y la pertinencia de sus tareas.

En materia de Seguridad desde 2002 no existen estadísticas sobre muertes y se subraya la falta de equipamiento de las fuerzas. Según la ONU, la Argentina era en 2013 el país con la mayor tasa de robos del mundo, con 973,3 robos cada 100 mil habitantes.

La Argentina importaba 200 kg de efedrina para uso medicinal por año. Cuando se prohibió la importación en México, saltó la cifra a 20 toneladas por año.

“Entre 2012 y 2015, la Coordinación de Transparencia del Ministerio de Seguridad recibió más de 700 denuncias por posibles hechos de corrupción”.

Además, el Ministerio de Defensa se encontraba desarticulado. Contaba con el presupuesto más bajo de su historia en relación con el tamaño de la economía y se encontraba incapacitado de cumplir sus misiones y funciones. La Fuerza Aérea no contaba con aviones, la Armada no disponía de barcos y el Ejército no tenía capacidad operativa en el territorio.

En épocas de campaña electoral aumentaban los fondos transferidos a las universidades nacionales del Litoral y de Santa Fe. En la misma secretaría, en el sector que correspondía al secretario, funcionaba también una oficina con entre 30 y 40 personas dedicada a la administración de redes sociales partidarias. Los empleados de esta oficina dependían formalmente de Fabricaciones Militares.

En la Cancillería, poco antes del fin del mandato kirchnerista, se aprobó una cantidad de traslados de funcionarios al exterior y desde el exterior hacia el ministerio. Había una planta de contratados sobredimensionada y parte de ella no cumplía la carga horaria.

Se encontraron 13 millones de pesos transferidos a la Universidad de San Martin por un laboratorio que nunca se hizo.

Existían en el Afsca 5000 radios ilegales en todo el país a diciembre de 2015. Entre 2003 y 2015 no se otorgaron casi licencias nuevas ni registros de nuevos servicios a prestadores preexistentes en el mercado de telecomunicaciones. En el organismo que conducía Martín Sabbatella la planta de empleados creció 83% en cuatro años. De 721 funcionarios en 2011 a 1320 agentes en 2015.

En 2015, el Estado le transfirió a Aerolíneas Argentinas 532 millones de dólares (5000 millones de pesos) para financiar su déficit operativo. Entre 2008 y 20015 las transferencias fueron de 29.676 millones de pesos. La planta pasó de tener 8500 empleados en 2009, cuando fue estatizada, a terminar con 12.333. Una aerolínea similar debe funcionar con 7500.

El plan Conectar Igualdad que repartió 5 millones de netbooks tuvo un costo extra de 20% por cada computadora y eso se estima en unos 300 millones de pesos.

En cuanto a los bienes del Estado el 93% de los inmuebles tenían alquileres vencidos.

La agencia de noticias Telam tenía 960 empleados en diciembre, el doble que en 2003 y su línea editorial era cerradamente oficialista. Se investigan robos de expedientes y de material por los funcionarios salientes.

En Fabricaciones Militares se gastaron recursos en finalidades disparatadas. Se pagó 11.000 pesos por hora a un perro actor para filmar videos institucionales; se montó un taller de vagones sin tener demanda para ellos y otro de lanzacohetes para el ejército de Venezuela que nunca se usaron.

Hubo 150.000 créditos para el Plan Procrear para viviendas, préstamos para empresas, represas y obras públicas que se dieron a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad FGS de la Anses a tasas más bajas que las del mercado.

 

LA ECONOMIA DESMADRADA

En el Ministerio de Hacienda había 97 contratados con tareas superpuestas o sin funciones. Entre 2013 y 2015 las exportaciones cayeron un 25%. La producción industrial cayó durante 22 meses consecutivos entre 2013 y 2015, según el INDEC. La actividad económica estaba estancada desde hacía cuatro años”.

En el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), 35 personas no tenían tareas asignadas. La Casa de la Moneda pasó de 874 trabajadores en 2010 a más de 1700 en 2015.

Argentina pasó de ser el 3° exportador mundial de carnes a ser el 12°. En la industria frigorífica se perdieron más de 18.000 puestos de trabajo.

Si bien la Argentina es miembro desde 2012 de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto, el país se encontraba en diciembre en el puesto 54º en apertura de datos y Uruguay 7º.

No había coordinación de entrega de planes sociales con las provincias, donde no llegaban, o con entregas discrecionales. Tucumán, que era cercana al kirchnerismo, recibió por el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 4285 millones de pesos sin impacto visible.

El 60% de familias que vivían en viviendas no tenía el título de propiedad”.

El hospital Posadas encontró facturas por 621.800 pesos pagadas para un acto político de Cristina Kirchner pese a que no tenía insumos básicos.

Las nuevas autoridades encontraron materiales de trabajo para capacitaciones donde se rendía culto al gobierno anterior. Un juego similar al Juego de la Oca premiaba a los jugadores en casilleros dedicados a las políticas del gobierno de Cristina Kirchner y los hacía retroceder en el tablero cuando el casillero correspondía a “fondos buitre” o “privatizaciones”.

Otro juego, un memotest, utilizaba imágenes alusivas a medidas del gobierno: la recuperación de YPF, la Asignación Universal por Hijo, Aerolíneas Argentinas, Fútbol para Todos o Tecnópolis. Los programas de expresión “Argentina Creativa” promocionaban a Néstor y Cristina Kirchner y sus medidas. Se encontraron libros de historietas con la imagen de Cristina Kirchner como defensora de los derechos sociales y hasta un concurso llamado “Si Néstor lo viera”. La ex presidenta también era protagonista de murales colectivos que se pintaron por todo el país.

Tampoco se encontraron registros de índices de violencia de género. No se hacía un seguimiento de los llamados a la línea 144, ni se había implementado el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En Argentina no había estadísticas, registros ni articulación entre los distintos poderes para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género.

TRANSPORTES EN EMERGENCIA

La mitad de las vías se encontraba en estado regular o malo, el sistema de frenado automático estaba instalado en sólo el 10% de la red

En diciembre de 2015 había 54 obras ferroviarias paralizadas. Veintiséis pasos bajo y sobre nivel estaban en la misma situación. La obra del soterramiento del Sarmiento se había anunciado varias oportunidades: se instaló la tuneladora, pero los trabajos no empezaron.

En la Secretaría de Gestión de Transporte se encontraron 72.452 expedientes sin resolución y habían desaparecido expedientes con los comprobantes de pago de los subsidios millonarios distribuidos a las empresas de transporte entre 2003 y 2011.

La pista de los expedientes faltantes llevó a las nuevas autoridades hasta la Fundación Garrahan, donde encontraron los expedientes en el programa de reciclado de la institución. En total desaparecieron 122 cajas con expedientes. Las nuevas autoridades instruyeron sumarios correspondientes.

La renegociación de los contratos de concesión de Ferrovías y Metrovías, dispuesta por la Ley de Emergencia, en 2002, seguían pendientes.

En 2015 el Estado Nacional dedicó unos 55.000 millones de pesos, más de lo que invirtió en la Asignación Universal por Hijo, para subsidiar los viajes en tren (algo menos de 17.000 millones de pesos) y colectivo (38.000 millones de pesos) de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Entre 2005 y 2015, los subsidios a los viajes en tren se multiplicaron por 31. Entre 2008 y 2015, los subsidios a los viajes en colectivo se multiplicaron por 13.

EL FAVORITISMO PARA AUSTRAL CONSTRUCCIONES

Una de las obras emblemáticas de este sistema fue la autovía de la Ruta 3 entre Comodoro Rivadavia (Chubut) y Caleta Olivia (Santa Cruz), originalmente adjudicadas a Austral Construcciones y Kank y Costilla, ambas pertenecientes al Grupo Austral, de Lázaro Baez. Son tres tramos que en total significan 92 kilómetros de autovía. Fueron licitados en 2007 a un valor de 673 millones de pesos. A fines del año pasado se habían pagado 852 millones de pesos y la obra sólo tenía una ejecución del 31%. En atención a ello, estos contratos fueron rescindidos en marzo de este año por la nueva gestión en Vialidad y actualmente los tres tramos están siendo licitados por un presupuesto oficial de 2000 millones de pesos. De haber continuado los contratos originarios, las obras hubiesen costado más de 3000 millones de pesos adicionales.

A las empresas del grupo Austral se les pagaron 1178 millones de pesos el año pasado. El grupo cobró en promedio a los 25 días de emitido el certificado, es decir, 35 días antes de su vencimiento. La DNV pagara los certificados de obra con un retraso de alrededor de 210 días después del vencimiento del plazo de 60 días.

Es decir, la diferencia entre las empresas de Lázaro Báez y el resto de las empresas en el plazo de cobro era de 245 días, más de ocho meses. Las empresas del grupo Austral se vieron enormemente beneficiadas por una situación totalmente irregular dentro de Vialidad Nacional. No solo en 2015 sino también en años anteriores.
UN DESCONTROL EN LOS AEROPUERTOS

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) dejó varias obras paradas o suspendidas. En 2008, el ORSNA invirtió 350 millones de pesos (unos 900 millones de pesos a valores de diciembre de 2015) en la construcción de un nuevo aeropuerto en Río Hondo. Este aeropuerto está a menos de 100 kilómetros de otros dos aeropuertos existentes –Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán– y en el momento del cambio de gobierno sólo recibía un vuelo comercial por semana. Obras como ésta, que no respondían a una planificación inteligente ni eran estratégicamente sustentables, venían de decisiones políticas y representaron una costosa inversión para el organismo.

La empresa de rampas Intercargo duplico cantidad de empleados aunque los vuelos en el país aumentó sólo un 15%. Pero los robos de equipaje se multiplicaran en los últimos años. personal apartado por estos hechos se mantenía en la nómina y cobrando sueldo, aun cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria PSA los hubiera encontrando cometiendo estos hechos en flagrancia y les hubiera retirado en el acto la credencial de acceso al aeropuerto.

 

EL DESORDEN EN EL AFSCA Y EL CORREO

AFSCA, se verificó que existían 109 agentes a quienes se les retenía el 8% de su sueldo, en concepto de aporte partidario (a “ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD”, miembro del “FRENTE NUEVO ENCUENTRO”). Sólo en diciembre, el monto total retenido fue de $ 283.536. Todos los aportantes ingresaron al organismo después del 1 de octubre de 2012.

Se encontraron, por otra parte, alrededor de 14.000 expedientes virtualmente paralizados

El Correo Argentino tenía contratos con 30 proveedores por 2400 millones de pesos, todos con precios excesivos, algunos incluso por servicios innecesarios.

Por todos estos motivos, Correo Argentino perdió el año pasado 1.500 millones de pesos, sobre una facturación de 7.500 millones de pesos.

Otro caso es el de Tecnología Urbana, contratada como auditora externa para controlar las operaciones del Correo y que facturó 57 millones de pesos a lo largo de cuatro años. No tenía siquiera empleados y que sus informes los confeccionaban empleados del Correo. No se pudo determinar aún, pero está siendo investigado, quiénes se repartieron los 57 millones de pesos.

 

CIENCIA, CULTURA Y EDUCACION

En la década anterior al cambio de gobierno el presupuesto para ciencia y tecnología de las universidades nacionales redujo sensiblemente: del 3% en 2003 a 0,3% del presupuesto universitario en 2015

Otro aspecto central fue la desmesurada contratación de personal en el último año de la gestión anterior, en la cual la administración central del ministerio de Cultura pasó de 3.000 a 4.064 empleados sólo en 2015. A pesar de que casi todas las computadoras de los empleados eran obsoletas –algunas de ellas tenían 20 años de antigüedad–, se compraron un número importante de notebooks que nunca fueron incorporadas al patrimonio del ministerio.

En la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, la nómina de personal creció de 306 a 1048 empleados entre las distintas modalidades de contratación, durante la gestión del director anterior. Poco antes del

EL DINERO DE LOS JUBILADOS PARA OTRAS FINALIDADES

El Gobierno escribió en su informe de la herencia que uno de los programas especiales de política pública que se instrumentaron desde la ANSES, aunque no tenían que ver con el sistema previsional y la seguridad social, fue el plan de créditos subsidiados PROCREAR. Se encontró que había una gran diferencia entre lo que se denominaba “viviendas terminadas” y los números reales.

La administración anterior hablaba de “200.000 soluciones”. Sin embargo, hubo solamente 150.000 créditos otorgados en la línea de créditos individuales al 10 de diciembre de 2015. Las obras terminadas, que debieron haber sido aproximadamente 140.000, eran en los hechos muchas menos, ya que había un 30% sin terminar.

En la línea de desarrollos urbanísticos, que equivalían a 25.000 viviendas, el avance de obra era de un 50%, con sólo 300 unidades entregadas al momento del cambio de administración. El financiamiento del programa era insostenible ya que se empleaban recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a tasas reales negativas.

ANSES podía llegar a perder, según la inflación que hubiera en los años siguientes, hasta el 50% en términos reales del dinero que prestaba en un crédito. El programa tampoco era igualitario ni respondía a razones de necesidad, ya que si bien la adjudicación por sorteo lo hacía transparente, resultó en que muchas familias beneficiarias fueran de ingresos altos, lo que impidió que su implementación fuera progresiva.

En el programa Conectar Igualdad, que hasta diciembre de 2015 había entregado casi cinco millones y medio de netbooks y también es instrumentado desde la ANSES, se detectó una potencial cartelización de los proveedores y los consiguientes costos mayores para el Estado. La renegociación con los principales proveedores tras el cambio de administración permitió una reducción de precios de más del 20%, lo cual sugiere que en las licitaciones anteriores se habían pagado precios excesivamente altos.