LA NACIÓN, sábado 13 de septiembre de 2014

El Gobierno volvió a expresar ayer su preocupación por el pronóstico del gremialista opositor Luis Barrionuevo sobre la posibilidad de un conflicto social antes de que termine el año. Un día después de la presidenta Cristina Kirchner dijera que “algunos dirigentes sindicales preparan un estallido social para diciembre o alguna matiné para antes”, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reclamó ayer que “todo el arco opositor” repudie sus dichos y pidió que la Justicia investigue a Barrionuevo.
En Balcarce 50 sospechan que Barrionuevo y el jefe de la CGT disidente, Hugo Moyano, podrían orquestar paros y medidas de acción directa para “desestabilizar y desgastar” a la Presidenta a fin de año, según confiaron a la nacion altas fuentes del Gobierno. Se repetiría, dicen, el escenario de saqueos de diciembre de 2012 y la rebelión policial en 2013. Sin embargo, también hay preocupación porque hay un deterioro de la situación social que favorece la generación de ese clima.
La Casa Rosada no presentará ninguna denuncia penal contra Barrionuevo, pero tomó la decisión de alentar a los fiscales generales y a organismos de la sociedad civil para que lo denuncien por apología del delito, instigación a delinquir, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva, figuras delictivas tipificadas en los artículos 209, 211 y 212 del Código Penal.
Desde temprano, Cristina Kirchner dispuso dos líneas de acción. Por un lado, le ordenó a Capitanich a que saliera a atacar públicamente a Barrionuevo y a exhortar a “los fiscales de Estado a que lo citaran a que explique” sus declaraciones televisivas al Canal 26. Por otro lado, le encomendó al ministro de Justicia, Julio Alak, que estudiara el encuadre jurídico y los futuros pasos a seguir del Gobierno. Por la noche, según confiaron a la nacion en la Casa Rosada, la Presidenta decidió comunicar que “no habrá una denuncia penal formal, pero que por la gravedad del tema no se descarta que otros organismos civiles lo hagan”.
Las frases de Barrionuevo que se analizaron eran:

“Lo que viene en la Argentina para diciembre es un estallido por inflación. La Presidenta está buscando ir para adelante y entretener hasta terminar su mandato. Nosotros vamos a accionar. El tiempo político no es el tiempo nuestro”.

Por la noche los ministros celebraron que los fiscales federales Pablo Larreira, de Mar del Plata, y Fernando Domínguez, de San Isidro, convocaron a declarar a Barrionuevo para la semana próxima, y no descartaban otras denuncias de organismos cercanos al Gobierno.
Pese a su grave denuncia pública de anteayer, un funcionario cercano al secretario de Seguridad, Sergio Berni, trató de minimizar la situación:

“No hay ninguna información de seguridad ni de inteligencia que indique que exista una conspiración o un complot para organizar un estallido social en diciembre. La Presidenta se refirió a las declaraciones de Barrionuevo y a la experiencia de muchos años, que produjo novedades, y al incendio de la camioneta del periodista Gustavo Sylvestre, que no fue un robo y se está investigando”.

Sin embargo, algunos no descartan que el jefe del Ejército, teniente general César Milani , le haya transmitido informaciones de inteligencia de esa fuerza sobre conflictos sociales en distritos con población vulnerable.

“Barrionuevo y Moyano están preparando alguna cosita y Luis se caracteriza por hablar más de lo debido. Durante el último paro hubo gente del gremio gastronómico (de Barrionuevo) que rompió los restaurantes que no paraban. Se manejan con fuerzas de choque”, dijo un ministro a la nación.

También admiten por lo bajo que los dichos del dirigente gastronómico cobran relieve porque existe un “caldo de cultivo” entre los sectores sociales más bajos donde crece el malestar por la inflación y los crecientes despidos en el sector formal y en el informal. Un funcionario oficial se sinceró así:

“No hay información de inteligencia, sino que el estallido en diciembre se habla en todo el mundo político y en la gente de a pie”.

Esta preocupación es recurrente entre los intendentes y gobernadores del peronismo que reportan a la Casa Rosada, incluso en el bonaerense, Daniel Scioli, porque compromete su candidatura presidencial. En ese sentido, la denuncia de Cristina Kirchner buscaría prevenir una situación que puede darse y buscar de antemano culpables afuera de su propio gobierno.