LA NACIÓN, sábado 1 de noviembre de 2014

La preocupación por la crisis policial en Santa Cruz llegó a la Casa Rosada, donde buscan evitar que se propague. El gobierno de Cristina Kirchner amenazó a los policías rebeldes con denunciarlos por el delito de sedición y les advirtió a los medios de comunicación que incurrirían en una apología del delito si informan sobre la posibilidad de que estas protestas policiales se extiendan a otras provincias. También responsabilizó a la oposición de tener actitudes “golpistas”.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, denunció que los sectores policiales autoacuartelados “incurren en un delito de sedición” que “debe ser severamente castigado”, mientras que aseguró que el acto de informar sobre nuevos estallidos policiales es “apología del delito”.

Según pudo saber LA NACION de altas fuentes de la Casa Rosada, la medida de fuerza policial en la provincia de la Presidenta inquietó al Gobierno. Desde Olivos, Cristina Kirchner ordenó a Capitanich plantear una postura severa para evitar que se repita la crisis policial de Córdoba del año pasado, que en pocos días se propagó a todo el país.

“Tienen miedo de que se propague como en Córdoba el año pasado, sólo lo dijo por eso. Quieren evitar cualquier foco de conflicto y por eso advierten sobre apología del delito”, consignó un funcionario.

Lo que nadie pudo explicar en la Casa Rosada es el motivo por el cual informar sobre la posible propagación de protestas podía configurar una “apología del delito”, algo más cercano a una clara limitación con el derecho a informar hechos de interés público.

En realidad, los funcionarios confiaron que era una manera de disuadir a la prensa para que no amplifique el problema para evitar el efecto contagio.

En diciembre último, la policía cordobesa se autoacuarteló en reclamo de aumentos salariales, al igual que lo hace ahora la policía de Santa Cruz. El gobierno de José Manuel de la Sota pidió la presencia de la Gendarmería y Cristina Kirchner se la negó.

Entonces, la situación de caos se generalizó, arreciaron saqueos en toda la capital cordobesa, y ello obligó al Gobierno a retroceder y enviar a la Gendarmería. Finalmente, la policía cordobesa consiguió un acuerdo salarial. El éxito del reclamo causó un efecto contagio en varias provincias del país, cuyas fuerzas policiales se acuartelaron en protesta y la Casa Rosada debió intervenir directamente. Esa vez tomó cartas el secretario de Seguridad, Sergio Berni. Pero curiosamente Berni todavía no intervino en la crisis policial de Santa Cruz y ayer se mantuvo en silencio.

Dentro del Gobierno, la Presidenta le ordenó perfil bajo luego de que dijera que “el país está infectado de delincuentes extranjeros” para defender el nuevo proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Ahora circula la versión en la Policía Federal de que Berni podría tener un futuro cargo en la sede central de Interpol en Lyon, Francia.

“Cualquier cuestión asociada al autoacuartelamiento es un delito de sedición y debe ser severamente condenado”, dijo Capitanich, durante su habitual conferencia de prensa matutina, sobre el conflicto desatado anteayer por la policía en Caleta Olivia y Río Gallegos.

“No se pueden admitir medias tintas”, agregó para mostrar firmeza. También aseguró que estaba en comunicación con la provincia y no descartó la “posibilidad de una convocatoria a un comité de crisis”, prevista en la ley.

Fiel al relato kirchnerista, denunció que las rebeliones de diciembre último fueron parte de “una estrategia golpista, de golpe institucional, de afrenta a las instituciones de la República y la democracia” de la cual responsabilizó a “sectores opositores”. Señaló que los rebeldes en Caleta Olivia son 260 efectivos “sobre el total de casi 5000” de toda la fuerza santacruceña y exhortó a una “acción tanto preventiva como correctiva de los gobiernos provinciales”.

También aseguró que existe una “tendencia a construir apología del delito sistemático” si se dice que “en diciembre va a ocurrir tal cosa” y se habla de otras rebeliones.

El delito de sedición está contemplado en el artículo 22 de la Constitución Nacional, que establece que “toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete el delito de sedición”.

También el Código Penal, en sus artículos 229 y 230, fija el encuadramiento del delito de sedición y le asigna penas de prisión de uno a seis años, en un caso, y de uno a cuatro años, en el otro. De hecho, el gobierno de Santa Cruz denunció ayer por sedición a los policías autoacuartelados ante la Justicia..