Sbatella congeló cuentas de ex militares para limpiar al pais en el GAFI

por Mariano Obarrio

En los últimos dos años, el gobierno de Cristina Kirchner congeló decenas de cuentas bancarias de ex militares acusados de crímenes de lesa humanidad, algunos prófugos, y lo presentó ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como avances contra “la financiación del terrorismo” para salir de la “lista gris” del lavado de dinero, lo cual logró el viernes 24 de octubre pasado.
Esos congelamientos de dinero se llegaron a aplicar sobre la pensión de ex militares de la dictadura de los 70 y sus familias, mujeres e hijos, por acusarlos de “Terroristas de Estado”.

0010267261El jefe de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, fundamentó esos procedimientos en leyes y normas que responden a la Resolución 1373 del 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) que ordenaba congelar activos de quienes financiaron el atentado a las Torres Gemelas.

Pero uno de esos controvertidos congelamientos fue anulado en 2013 por el juez federal Claudio Bonadío, que rechazó la teoría de que fueran potenciales terroristas en actividad. Su fallo, lapidario, fue confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Este es otro de los fallos de Bonadío que pusieron nerviosos a los K. En rigor, Sbattella libró desde 2012 decenas de inmovilizaciones, para sumar casos ante el GAFI, que había acorralado al país. Es que el GAFI había incluido a la Argentina hace cuatro años en su “lista gris” por no cumplir los estándares bonadio-2requeridos en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero en junio el organismo la relevó del “monitoreo intensivo” y el viernes 24 de octubre la sacó de esa incómoda nomina y le dio una certificación internacional.
En cambio, el Gobierno nunca presentó al GAFI casos de lavado que podrían complicar a funcionarios y empresarios allegados a la Casa Rosada.

En septiembre de 2013, Bonadío anuló los congelamientos sobre activos de Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, condenados por delitos de lesa humanidad y prófugos de la Justicia. En su resolución descalificó las medidas de Sbattella y el fallo fue confirmado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones. Pero Sbattella continuó ordenando a los bancos el bloqueo de fondos y pensiones de decenas de militares prófugos y sus familiares como si fueran terroristas equiparables a Osama Ben Laden (ver aparte).
Todas los congelamientos se fundamentan en el decreto 918 de 2012, que reglamenta la ley 26.734, de lavado de dinero para el terrorismo, y en la resolución 29/2013 de la propia UIF.

En octubre de 2012, Sbatella, había celebrado que el GAFI “felicitó a Argentina” porque “en menos de dos horas le aplicamos por primera vez el congelamiento al ex marino Jorge Vildoza, prófugo desde hace 22 años y apropiador de un niño”. Y subrayó que “lo novedoso es que Argentina está aplicando la ley a los delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles”.

patricia-bullrichSegún un informe que envió al GAFI la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Patricia Bullrich, de Unión PRO, existe una “Politización e ideologización de los funcionarios responsables”.

Evocó allí el fallo de Bonadío y dijo que el “hecho de que los delitos cometidos (…) hayan sido calificados como crímenes de lesa humanidad no implicaba ‘que la conducta de quienes hoy pudieren estar asistiéndolos económicamente para continuar prófugos pueda estimarse una hipótesis de financiamiento del terrorismo del art. 306 del Código Penal, único caso en el cual la ley autoriza a la UIF a disponer por sí congelamientos patrimoniales”.

La legisladora recordó que Bonadío señaló que “las autoridades administrativas son ignorantes de la ley por considerar terrorismo a delitos de hace más de 30 años cuando no había calificación penal semejante” y lo consideró  “otra muestra de abuso de poder realizada en nombre de una Nueva Justicia Legítima”.

Los Congelamientos

El 3 de septiembre de 2014, el jefe de la UIF, José Sbattella, dictó las resoluciones 370, 371, 372, 373, 374, 375 y 376, por las que dispuso “el congelamiento administrativo de los bienes y dinero de” por seis meses de Angel Spada, Horacio González Llanos, Luis Kyburg, Ricardo Aleks, Walter Eichhorn, Vicente Navarro Moyano, Ernesto Luchini, José Riveiro, Alberto Silva, Héctor Giménez, Jorge Linares, Mario Ocampo, Humberto Romero Tello, Alberto Rimoldi Fraga, Miguel Britos y Julio Tula, entre otros.

Mediante la resolución 220/14, del 15 de mayo último, había congelado los bienes y dinero de Roberto Bravo, también por seis meses. Un año antes emitió la norma 184/13 que congeló las cuentas de Carlos Arroyo y el 23 de mayo de 2013 la 180 que prorrogó por seis meses la inmovilización dispuesta en 2012 a las cuentas de Ada María Palermo, Fernando Delgado, Aldo Alvarez, Roberto González, Pedro Salvia, Juan Linares y otros 40 acusados más.

Por la resolución 288 congeló los bienes de Marta Noemí Ravasi y de diversos fideicomisos. Son solo algunos ejemplos de órdenes –la 352, 513, 524, 437 todas de 2013-, que comprenden a decenas de bloqueos.

El 2 de agosto de 2013, Sbatella firmó la orden 295 que congeló los bienes de Lucas De Marchi, Facundo De Marchi, Alejandro Berazategui, Alberto Berazategi, Vicenta Britez Lezcano, Sebastián, Mariano, Javier y Martin Olivera Ravasi, al complejo Darwin SRAL, Palupa SA y Prepaga Legal SRL por seis meses. Luego del fallo de Bonadío, Sbatella debió firmar una notificación masiva a los bancos para “hacer cesar todo lo relativo a los congelamientos dispuesto en las resoluciones 284, 288, 295, 296 y 352 donde se habían inmovilizado a los De Marchi y Olivera y sus allegados.

Escuchá a Mariano Obarrio los sábados de 9 a 11 en Unas Cuantas Verdades por Radio El Mundo AM1070

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