La Nación, sábado 31 de enero de 2015

En un intento de retomar la iniciativa política y mostrarse activa tras la crisis institucional por la sospechosa muerte del fiscal de la AMIA Alberto Nisman, que afectó la imagen de su Gobierno en las encuestas,la presidenta Cristina Kirchner volvió a apuntar ayer contra la Justicia.

“Nadie de otro poder me puede callar”, advirtió, al contestarles a sectores del Poder Judicial que en los últimos días le pidieron que no opinara sobre hipótesis referidas a la muerte del fiscal especial de la AMIA.

Lo dijo ante un auditorio cautivo, al anunciar la refinanciación de las deudas provinciales y nuevos aumentos en los haberes jubilatorios. Exhibió la habitual galería de supuestos logros de su gestión y, al borde del llanto, exhortó a no dejar entrar en nuestro país los “conflictos externos” y “toda esa mugre que hay afuera”.

Durante un discurso por cadena nacional que duró una hora y dos minutos, con gobernadores, ministros y militantes en los patios de la Casa Rosada, la mandataria no mencionó el caso Nisman. Pero el tema sobrevoló en el último tramo, de fuerte contenido político.

Atacó otra vez, sin nombrarlo a Diego Lagomarsino, ex empleado de Nisman, convertido en el principal blanco del Gobierno. La Presidenta le recriminó un tuit crítico que había escrito hace mucho tiempo, aunque dijo que no le importaba lo que escribían “los mediocres” sobre ella.

La referencia a “no dejar entrar conflictos de afuera” también fue interpretada en la Casa Rosada como una referencia velada a la muerte que más incomoda al Gobierno.

Según su teoría, los Estados Unidos e Israel, y sus servicios de inteligencia, la CIA y el Mossad, presionaron al fiscal para denunciar a la Presidenta y a sus funcionarios por encubrir a Irán en la investigación por el atentado terrorista contra la AMIA en 1994, que dejó 85 muertos.

En esa línea de razonamiento, Nisman fue instigado con información falsa por el ex secretario de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SI), Antonio “Jaime” Stiusso, que era controlado por la CIA y el Mossad. Todo sería entonces una manifestación local de una guerra de los Estados Unidos e Israel y el terrorismo islámico. Tal vez, ésta sea la próxima teoría conspirativa que enarbole la Presidenta sobre el crimen de Nisman.

La Presidenta reunió a los 17 gobernadores de las provincias que renovaron ayer las prórrogas de sus deudas, lo que se conoce como la refinanciación trimestral que aplica el Gobierno desde el año último. Tanto ése como el aumento jubilatorio eran dos anuncios automáticos que debía hacer la jefa del Estado, pero la impronta política fue el marco que les dio.

Desde marzo próximo, los haberes jubilatorios aumentarán el 18,26% y el mínimo será de 3821,73 pesos, como se informa en la sección Economía.

“AVERIADA, PERO JAMÁS HUNDIDA”

En un juego de palabras entre la crisis por la muerte de Nisman y su fractura del tobillo izquierdo, que la hizo regresar a la Casa Rosada luego de más de un mes sobre una silla de ruedas que mostró en cada momento, la Presidenta dijo: “Estoy un poco averiada, como la batalla naval, pero jamás hundida”. Les hablaba a sus adversarios, pero la aplaudieron sus militantes.

“Nadie de otro poder le puede decir a la Presidenta que se calle. Tal vez no guste lo que digo. Voy a seguir hablando porque la libertad de expresión es para los 40 millones de argentinos”, dijo la mandataria a voz en cuello.

Era una respuesta directa al fiscal de Cámara y vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), Ricardo Sáenz, que había pedido al Gobierno que dejara trabajar “tranquilas” a la jueza Fabiana Palmaghini y a la fiscal Viviana Fein en la causa Nisman.

En otro tramo, siempre con la Justicia como blanco en su mensaje, Cristina atacó a Lagomarsino, asesor informático de la fiscalía especial del caso AMIA. “Los insultos de los mediocres nunca me importaron ni me importarán jamás”, dijo, aunque se ocupó de darle un párrafo importante de su discurso por cadena nacional.

Se refería a un tuit agresivo que escribió el ex empleado de Nisman en el caso AMIA, ahora imputado por prestarle su pistola Bersa calibre 22 con la cual el fiscal apareció muerto. Ese mensaje por la red social, del 8 de mayo de 2013, durante la aprobación de la reforma judicial, decía: “Por ciertos acontecimientos de hoy tengo ganas de decir: Kretina andate a la c… de tu p… madre hija de p…! Amén”.

“Fue el día en que dábamos media sanción a las leyes de democratización de la Justicia”, dijo la mandataria. “Como digo yo, en la Argentina todo tiene que ver con todo”, sugirió. La estrategia del Gobierno es vincular a Lagomarsino con Stiusso, a quienes consideran culpables del crimen de Nisman.

EL TUIT QUE MOLESTÓ

La Presidenta no lo mencionó por su nombre. Pero su alusión a Diego Lagomarsino como “alguien que trabaja en el Poder Judicial” no dejó ningún lugar a dudas, aunque la fecha que señaló no era la correcta: “Voy a recordar un tuit que alguien me dedicó el día 8 de septiembre de 2013. Era el día que dábamos media sanción a las leyes de democratización de la Justicia, y alguien, no importa quién, seguramente lo van a encontrar, me dedicaba un tuit”. Es el siguiente.
: Por ciertos acontecimientos de hoy tengo ganas de decir: Kretina andate a la concha de tu putisima madre hija de puta! Amen.

Mirá en 6′ los momentos destacados del discurso de 1 hora 4′ de la Presidenta

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La Nación, viernes 30 de enero de 2015

El gobierno de Cristina Kirchner eligió la pelea política para defenderse de las críticas por la sospechosa muerte del fiscal del caso AMIA Alberto Nisman. Los principales funcionarios profundizaron ayer sus ataques contra Diego Lagomarsino, de quien dicen sospechar por la muerte del fiscal, y lo acusaron de mentir en sus declaraciones públicas de anteayer, cuando explicó ante la prensa por qué le prestó a Nisman su pistola calibre 22 con la cual luego apareció muerto el fiscal.

Por un lado, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, calificó de “gran invento” la conferencia de prensa de anteayer de Lagomarsino. “Si uno escucha con atención, la inconsistencia de sus declaraciones se van motorizando segundo a segundo”, aseguró el funcionario.

Según confiaron a LA NACION altas fuentes de la Casa Rosada, Cristina Kirchner está convencida de que Lagomarsino miente al decir que “Nisman les tenía miedo a su custodia”. Según ella, sería la manera de desincriminarse por haberle prestado la pistola. Podría evitar una condena si demuestra que intentó ayudar a un amigo, y fiscal, desesperado. El acto de entregarle un arma a una persona sin permiso de portación es un delito que el Código Penal sanciona con uno a seis años de prisión.

Lagomarsino y Cristina Kirchner.

Según el Gobierno, Lagomarsino puso un manto de sospecha sobre la custodia de Nisman, de la Policía Federal que responde al secretario de Seguridad, Sergio Berni, y ello tampoco cayó nada bien en Balcarce 50.

Por otra parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, atacó a Maximiliano Rusconi, el abogado defensor de Lagomarsino, el empleado informático de la fiscalía especial del caso AMIA. “Se refirió a la Presidenta en términos inapropiados. El abogado debe tener prudencia en los hechos públicos”, dijo el ministro coordinador. Fernández y Capitanich hablaron en sus conferencias de prensa matutinas, ya habituales, en la Casa Rosada.

Capitanich contestó así a las críticas previas de Rusconi a la Presidenta. El abogado había respondido anteayer a las acusaciones de Cristina Kirchner contra su defendido, formuladas el lunes por cadena nacional. “Voy a sugerir que Cristina Fernández y Aníbal Fernández, ya que tienen tanta información, se presenten como testigos”, expresó Rusconi en Radio Mitre. “Estoy indignado con este caso”, añadió.

La Presidenta había vinculado el lunes último en su discurso por cadena a Lagomarsino con Nisman y con el Grupo Clarín. Señaló que tenían “una amistad íntima” y que el empleado informático tenía previsto tramitar su pasaporte el 14 de enero, justo el día en que el fiscal presentó su denuncia contra el Gobierno por encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA.

Con esos elementos, además de la entrega de la pistola, Cristina Kirchner transformó a Lagomarsino en el principal sospechoso. Luego Aníbal Fernández había acusado a Lagomarsino de “hacer servicios de inteligencia” durante las marchas de familiares de la tragedia de Cromagnon.

Una alta fuente del Gobierno dijo a LA NACION:

“¿Cómo sabemos que Nisman le dijo a Lagomarsino que no confiaba en la custodia? Nisman está muerto y no puede confirmarlo. Lagomarsino miente para zafar de una condena por prestarle la pistola. Si demuestra que Nisman tenía temor de la custodia entonces zafa. Pero Nisman había pedido que no le tocaran la custodia y rechazó una oferta de Alejandra Gils Carbó (procuradora general de la Nación) para incrementarla. Nisman tenía todo el poder sobre su custodia y le decía que se fuera para que no interfirieran en su intimidad y que no avisara a la Policía Federal”.

Por ese motivo, la Casa Rosada continuará con sus ataques a Lagomarsino y a su abogado defensor. En esa línea, Aníbal Fernández dijo ayer que la conferencia de prensa del empleado informático “parece que está armada de forma tal que lo que se diga lo dejará de la mejor manera parado a este señor”.

El secretario general de la Presidencia se hizo eco de la denuncia del abogado José Iglesias, padre de una víctima de Cromagnon. “Quien dice que Lagomarsino iba a las marchas de Cromagnon y a la casa del doctor Iglesias es el propio Iglesias. Qué estaba haciendo (allí) tendrá que explicarlo Lagomarsino”, dijo Fernández. Agregó que está dispuesto a declarar en la causa “si [la jueza] entiende que es necesario, oportuno y conveniente”.

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La Nación, jueves 29 de enero de 2015

La desconfianza del Gobierno en la investigación judicial de la sospechosa muerte del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman , se transformó ayer en un intercambio de acusaciones entre la Casa Rosada y la fiscal de la causa, Viviana Fein.

Fein dijo que el fiscal volvió al país en la fecha prevista y desmintió a la Presidenta, que, al igual que muchos funcionarios, había argumentado con tono suspicaz que Nisman interrumpió sus vacaciones para regresar a Buenos Aires a presentar la denuncia contra el Gobierno por encubrir a iraníes acusados por el ataque a la AMIA.

La Casa Rosada respondió de inmediato: presentó diversos argumentos que abonarían la tesis de un regreso imprevisto y justificarían la supuesta intención conspirativa de Nisman.

No fue el único choque. El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, reforzó la estrategia de tender un manto de sospechas sobre Lagomarsino, el empleado de Nisman que admitió haberle prestado el arma con la cual murió el fiscal. “Ese muchacho hacía servicios de inteligencia”, dijo.

Cristina Kirchner también había apuntado a Lagomarsino en su discurso por cadena nacional y pidió que se lo investigue.

El lunes pasado, la Presidenta había vinculado al único imputado con el Grupo Clarín y lo calificó de “feroz opositor” al Gobierno. Sin embargo, Lagomarsino desmintió a todo el Gobierno a través de su abogado, Maximiliano Rusconi, sobre su supuesta condición de servicio de inteligencia.

Más aún, Rusconi anticipó que pedirá ante la jueza Fabiana Palmaghini que Cristina Kirchner y Fernández declaren en la causa para que “informen lo que saben” por su condición de funcionarios públicos. Se lo interpretó en Balcarce 50 como un abierto desafío.

En el mismo día, el técnico en informática Lagomarsino hizo su aparición pública en una conferencia de prensa y reveló que Nisman le pidió la pistola porque tenía profundo temor a su custodia personal, dispuesta por la Policía Federal. En Olivos lo entendieron como un tiro por elevación al secretario de Seguridad, Sergio Berni, de quien dependen las fuerzas federales de seguridad.

Incluso, la fiscal Fein contradijo otra vez a la Casa Rosada en su ofensiva contra Lagomarsino, cuando aseguró que el ex empleado “no está imputado” por la muerte de Nisman, sino sólo por haberle suministrado un arma sin permiso de portación.

Por la cuenta oficial de Twitter de la Casa Rosada , el Gobierno le contestó a Fein, quien había informado que Nisman no había interrumpido sus vacaciones porque tenía previsto regresar el 12 de enero con pasaje aéreo reservado.

El tuit de la Casa Rosada cuestionó: “Nisman por whatsapp: «Debí suspender intempestivamente mi viaje». Le creemos a Nisman o a la fiscal Fein?”. Se refería a un mensaje del fiscal a sus conocidos en el que agregaba que en ese viaje festejaría los 15 años de su hija. “Imaginarán lo que eso significa”, acotaba. Ese mensaje, anticipado la semana última por LA NACION, agregaba: “A veces en la vida los momentos no se eligen. Simplemente las cosas suceden, y eso es por algo. Esto que voy a hacer ahora igual iba a ocurrir. Ya estaba decidido. Hace tiempo que vengo preparándome para esto, pero no lo imaginaba tan pronto”..

EL PASAJE DE NISMAN

La fiscal Fein había dicho que el regreso de Nisman había sido previsto con anticipación: “Información oficial de la empresa Iberia establece que sacó el pasaje de regreso el 31 de diciembre desde Buenos Aires, para arribar el 12 de enero. Sacó dos pasajes, porque quería volver con su hija, que festejaba los 15 años. Por razones privadas de la pareja, volvió solo”, dijo la funcionaria judicial.

Además, señaló que Nisman tenía pensado retornar el 19 de enero a España. “Pero como la hija no estaba en Buenos Aires, canceló también el pasaje de retorno”, aseguró Fein.

La fiscal le tomó declaración testimonial a la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, que conversó con él sobre esa situación familiar. Sin embargo, en Twitter la Casa Rosada reprodujo supuestas declaraciones de Arroyo Salgado que según el canal oficialista CN23 decían: “Yo tampoco sé por qué Nisman regresó antes al país”.

El malestar de la Casa Rosada con la jueza Palmaghini y con la fiscal Fein fue anticipado el domingo por LA NACION. La Presidenta y Berni consideran que son lentas, que no piden medidas de prueba y que no dirigen bien la investigación.

También Fein pareció enfrentarse abiertamente a Olivos cuando ayer señaló que “no hay elemento por el momento que pueda comprometer a Lagomarsino en un hecho doloso de mayor gravedad”. Aclaró que por ahora no le tomará declaración indagatoria y que sólo está imputado por prestarle el arma a Nisman.

“El señor Lagomarsino está imputado en forma muy genérica por mí, sin haber pedido indagatoria, que por el momento no la voy a pedir, solamente por la facilitación del arma”, señaló Fein. Sin embargo, Aníbal Fernández había echado un fuerte manto de sospecha. “Nos empieza a preocupar la situación de este muchacho que hacía servicios de inteligencia en las marchas de familiares de las víctimas de Cromagnon”.

Fundó su acusación en una denuncia del abogado José Iglesias, padre de un joven que murió en la tragedia de Cromagnon y que lo señaló como quien tomaba imágenes como “aficionado” de un acto de conmemoración de las víctimas. Según esa denuncia, Lagomarsino acusó un desperfecto en su cámara y luego se retiró al ser descubierto.

“Llama la atención alguien que no iba a la fiscalía, que prácticamente no lo conocían, que dicen que era especialista en informática y cobraba $ 40.000 por mes”, dijo Fernández.

Como respuesta, el abogado Rusconi anticipó que pedirá que la Presidenta y Fernández declaren en la causa. “Voy a sugerir que Cristina Fernández y Aníbal Fernández, ya que tienen tanta información, se presenten como testigos”, dijo.

“LLAMATIVO SEGUIMIENTO DE LA CÁMARA”

Ayer, en el comunicado difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ), en el que se informaron las medidas que tomó la jueza Fabiana Palmaghini, se explicó que el 23 de este mes se le pidió a la fiscal Viviana Fein que se incorpore al expediente una copia de la grabación difundida por el canal C5N que da cuenta del último arribo de Nisman al aeropuerto internacional de Ezeiza, “ante lo llamativo que resulta el constante seguimiento que la cámara realiza sobre el nombrado”.
Según informó a la nacion una calificada fuente oficial, el video habría sido editado por personal de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) que cumple tareas especiales en el aeropuerto de Ezeiza. Según el informante, los espías grabaron y compilaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad que hay en Ezeiza.

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La Nación, jueves 25 de enero de 2015

El gobierno de Cristina Kirchner anunció ayer que propondrá como candidato para cubrir una vacante en la Corte Suprema al abogado penalista Roberto Manuel Carlés, de apenas 33 años, que, según los primeros trascendidos de la Casa Rosada, fue sugerido por el ex ministro del tribunal Raúl Eugenio Zaffaroni , de quien es discípulo y con quien comulga en lo doctrinario. Tendría el aval del papa Francisco.

La propuesta, que debe ser convalidada por el Senado, con los dos tercios de los votos, tropezará con el anticipado rechazo de la oposición, lo que dificultará su aprobación.

La más reciente aparición pública de Carlés es su actuación como coordinador de la Comisión de Reforma del Código Penal, cuyo proyecto no fue tratado aún en el Congreso porque mereció fuertes críticas de la oposición. Entre otras cosas, eliminaba la reincidencia y reducía las penas para delitos graves.

“Es un zaffaroniano puro. Es como Zaffaroni, pero con 33 años y tiene un gran aprecio del papa Francisco. Se podría decir que ambos lo sugirieron como hombre para la Corte”, resumió a LA NACION un altísimo funcionario del entorno presidencial.

“No es de La Cámpora ni de Justicia Legítima”, agregó ese informante después del anuncio del ministro de Justicia, Julio Alak. Sin embargo, se lo considera un militante de la doctrina del abolicionismo penal, según la cual las penas no deben ser un castigo, sino una herramienta para reinsertar a los reclusos en la sociedad.

La oportunidad para formular el anuncio no fue tomada al azar. Por un lado, vencía el plazo legal de 30 días para presentar el nombre del candidato a suceder a Zaffaroni, que renunció el 31 de diciembre.

En la oposición sostienen que con el nombramiento la Presidenta buscó desplazar del foco de la atención pública el caso de la sospechosa muerte del fiscal especial de la AMIA, Alberto Nisman. El radicalismo ya anunció que no le dará al Gobierno los dos tercios de los votos en el Senado para que nombre en la Corte a un “militante” del kirchnerismo. Podría ser ésa la próxima pulseada política. Así, como una bomba de humo, la Casa Rosada lograría sacar de la discusión el conflicto por la muerte de Nisman, que claramente le incomoda frente a las elecciones.

Lo cierto es que ayer la Casa Rosada estaba embretada en una pelea con la fiscal Viviana Fein, que investiga la muerte de Nisman, y con el imputado Diego Lagomarsino, que negó su vinculación con el hecho y con la Secretaría de Inteligencia, dos acusaciones que le formuló el Gobierno.

El anuncio de Carlés agregó otro tema al debate. El abogado penalista dijo en el canal chavista Telesur que apoyaría la disolución de la SI y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que, según dijo, era una “deuda con la democracia”.

En la oposición, se abren ahora dudas sobre la aprobación del pliego de Carlés en el Senado. “La UCR no podía negarse a aprobar a León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra o Mónica Pinto. Pero no puede aprobar a Carlés, que es abierto militante K”, decían ayer en el Parlamento.

De acuerdo con el decreto 222/03, a partir de la propuesta, el Gobierno debe publicar durante tres días, en el Boletín Oficial y en dos diarios nacionales, los antecedentes del candidato, para que, en un plazo de 15 días, los ciudadanos, ONG, colegios y asociaciones profesionales y entidades académicas y de derechos humanos puedan presentar observaciones.

En la Casa Rosada, defendieron a Carlés. “Tiene formación católica y era muy amigo de Alicia Oliveira, muy cercana a Francisco“, dijo una alta fuente oficial. “Tiene excelente relación con el Papa”, agregó. De hecho, se entrevistó dos veces con el Santo Padre en Roma y le presentó el nuevo proyecto del Código Penal.

¿Lo sugirió Zaffaroni o el Papa?, preguntó LA NACION a un allegado a la Presidenta. “Ambos tuvieron que ver”, dijo una fuente oficial.

Pero la buena relación con Francisco, al parecer, no siempre fue así. En 2011, cuando el kirchnerismo estaba enfrentado con Bergoglio, Carlés escribió en su cuenta de Twitter: “¿Cómo puede Bergoglio hablar de trabajo, y a los trabajadores? Bergoglio, que no laburó nunca en su vida!”.

 

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La Nación, miércoles 28 de enero de 2015

El nuevo proyecto del Gobierno para “democratizar” los servicios de inteligencia profundizará la concentración en la presidenta Cristina Kirchner de todos los factores del poder real en la materia. Las escuchas telefónicas con orden judicial seguirán en manos del kirchnerismo y no se afectará al jefe del Ejército, César Milani, al que se le atribuye el mayor peso en el espionaje oficial.

Además, se le incorporará a la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) el área de investigaciones criminales. Se crearía así una “superagencia” de inteligencia.

La sospechosa muerte del fiscal Alberto Nisman, el domingo pasado, desencadenó el anuncio de la reforma de la ex SIDE para atenuar el impacto de la crisis política. Pero Cristina Kirchner aprovechó el conflicto para reforzar su poder.

La AFI estará conducida por un director y un subdirector nombrados por el Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, informó ayer que su mandato durará “lo que dura un presidente”.

Los partidos opositores cuestionaron duramente el contenido del texto y amenazaron con boicotear el debate legislativo. Denunciaron que Cristina Kirchner podría designar por cuatro años a los nuevos directores de la AFI y bloquear así el nombramiento de los jefes al presidente que asuma en diciembre próximo. En la Casa Rosada lo niegan de manera terminante.

Aclararon que “el plazo del mandato del Presidente” implica que el próximo jefe se irá con Cristina Kirchner.

En rigor, los funcionarios destacaban ayer como relevante el traslado de las escuchas telefónicas al Ministerio Público.

“La SI perderá el control de las escuchas, que es el principal factor de poder. El juez las tendrá que pedir al fiscal y las controlará la Procuración”, dijo a LA NACION un ministro.

“Es el avance más importante”, agregó. Sin embargo, la procuradora general de la Nacion, Alejandra Gils Carbó, responde incondicionalmente a la Presidenta. En buen romance, Cristina controlará esas intervenciones.

Por otra parte, la controversia sobre las “pinchaduras telefónicas” nunca estuvo en las intervenciones telefónicas con orden judicial. Las que implicaban “espionaje político” eran aquellas sin orden judicial, las ilegales. El nuevo proyecto nada diría sobre éstas porque, en teoría, “no existen”.

Sin embargo, la nueva AFI podría retener la tecnología que hoy utiliza la Secretaría de Inteligencia (SI) para interceptar comunicaciones de todo tipo. Además, en la Casa Rosada le atribuyen a Milani haber incorporado tecnología para seguimiento de comunicaciones telefónicas e informáticas. Milani no será rozado por el proyecto de ley que enviará la jefa del Estado al Congreso en estos días. Las pinchaduras ilegales podrían ahora quedar en manos de la AFI, el Ejército o de la Procuración.

Milani no es un actor de reparto. Desde 2010, en plena “guerra de espías” en la SI, con peleas sordas de algunos de ellos con la Presidenta, Cristina Kirchner le aumentó a Milani su presupuesto un 156% hasta 2014. Y lo incrementó 32% en 2015. La Inteligencia del Ejército tiene una partida de 568 millones de pesos.

La mandataria no anunció el presupuesto de la AFI. Ni tampoco aclaró cómo se trasladarán los 2000 empleados de la SI a la nueva agencia.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, señaló ayer que “la conformación del personal de Inteligencia será motivo de la nueva constitución orgánica, de los procesos de selección de su personal, conforme al perfil que adquirirá la agencia”.

En el Gobierno aseguraban ayer que se pasará a disponibilidad el actual personal y luego se producirá una nueva selección, que podría tener filtros ideológicos para asegurar una purga en la nueva planta.

Nadie podía responder ayer cómo seleccionarán el personal. El texto del proyecto de ley esta aún en manos del secretario legal y técnico Carlos Zannini, para revisar todas las incompatibilidades que podría tener. Por lo pronto, debería modificar dos leyes: la de defensa y la de inteligencia nacional.

El discurso de anteayer de Cristina Kirchner para anunciar la disolución de la SI tras el caso Nisman y crear la AFI se argumentó en la necesidad de terminar con las malas prácticas de los servicios de inteligencia que se utilizan para presionar, perseguir y extorsionar a jueces, fiscales, dirigentes opositores, legisladores, periodistas y empresarios.

Sin embargo, la mandataria echó entre diciembre y enero al ex director de Operaciones de la SI Antonio “Jaime” Stiusso, y a unos 30 agentes que le respondían, a los que el Gobierno le atribuía esas costumbres en forma excluyente. Se suponía que los agentes que quedaron bajo las órdenes de Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, la nueva conducción, estaban controlados por el kirchnerismo.

La mandataria acusó a Stiusso de la muerte de Nisman, pero luego disolvió la SI de la que había expulsado a ese agente hace un mes. ¿En quién no confiaba ahora la Presidenta? No hubo respuesta en Balcarce 50.

La nueva AFI retendrá la competencia de hacer inteligencia sobre terrorismo, narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, delitos informáticos y económicos. Pero además, según anunció la Presidenta, incorporará la Dirección de Inteligencia Criminal, que hoy depende del Ministerio de Seguridad (Sergio Berni) y que reúne los servicios de inteligencia de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y policías provinciales. La nueva AFI podría ser así una Superagencia de Inteligencia.

En cambio, Capitanich señaló ayer que la reforma de los servicios de inteligencia es “un avance cualitativo y contundente”, y sostuvo que “se terminará con las especulaciones” sobre las escuchas telefónicas.

PRINCIPALES CAMBIOS

• Cristina Kirchner disolverá la Secretaría de Inteligencia y creará la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
• Nada dijo sobre el papel de Milani, al que muchos creen fortalecido.
• El control de las escuchas telefónicas con orden judicial pasará al Ministerio Público Fiscal, que controla Alejandra Gils Carbó.
• La Agencia retendrá la competencia de hacer inteligencia sobre terrorismo, narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, delitos informáticos y económicos. Sumará la Dirección de Inteligencia Criminal, que hoy depende del Ministerio de Seguridad.
• La AFI estará dirigida por un director y un subdirector, designados con acuerdo del Senado. Tendrán mandatos por cuatro años

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La Nación, domingo 25 de enero de 2015

El Gobierno de Cristina Kirchner desconfía de la investigación sobre la muerte de Alberto Nisman que llevan adelante la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini y la fiscal Viviana Fein.

En su refugio de Olivos, la Presidenta considera que la pesquisa es lenta y le cayó muy mal que la jueza hubiera involucrado en los procedimientos a la Policía Metropolitana, que depende del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, candidato presidencial de la oposición.

Cristina Kirchner y su secretario de Seguridad, Sergio Berni, les atribuyen a Palmaghini y a Fein un “fuerte temor” a la Secretaría de Inteligencia (SI), que dirige Oscar Parrilli, y a los espías que la integran o que fueron despedidos.

“Le tienen un terror pánico a la SIDE”, aseguró a LA NACION un funcionario que dialoga a diario con la Presidenta.

Según altas fuentes oficiales, Cristina y Berni se lamentaban anteayer entre ellos de que “perdieron todo el viernes” en convencer a la fiscal y a la jueza de que le pusieran custodia al ex empleado de Nisman en la fiscalía del caso AMIA Diego Ángel Lagomarsino. Se trata del dueño de la pistola Bersa calibre 22 que apareció al lado del cadáver del fiscal.

Berni le reclamó a Fein que le asignara custodia personal a ese personaje clave del caso, pero ella se negó. Luego el secretario pudo convencer a Palmaghini, que terminó asignándole una guardia personal de la Gendarmería Nacional.

“La jueza y la fiscal no hacen buena dupla, no encuentran el hilo conductor y no tienen capacidad investigativa”, aseguró un funcionario de la Casa Rosada que conoce la opinión de la Presidenta. Según esas fuentes, Cristina Kirchner sigue de cerca las novedades de la causa aunque no está informada del expediente, que es secreto.

“Los jueces que saben investigar piden decenas de medidas, pero la fiscal no pide nada y se la pasa tomando declaraciones”, agregó otro funcionario oficial.

Desde que tomó el caso, el martes, Palmaghini convocó a la Policía Metropolitana, que le envió personal de Investigación y de Policía Científica. Ella les pidió asistencia en procedimientos en la fiscalía AMIA, en el departamento de Nisman y en el domicilio del periodista Laureano Pérez Izquierdo, en Vicente López.

Según fuentes de la investigación, la jueza buscó una “fuerza alternativa a la Prefectura Naval, que custodiaba el edificio de Nisman, y a la Policía Federal, a la que pertenecía la custodia personal de Nisman”. La Metropolitana notificó a la jueza que tiene limitaciones de personal y ella contestó que recurriría a ellos para diligencias específicas.

Aun así no cayó bien en Olivos porque esa fuerza está bajo control político de Macri.

“La Metropolitana no tiene capacidad, ni laboratorio, y tampoco les pidieron casi nada a ellos”, minimizó un funcionario oficial, sin negar el malestar en Olivos. En el Gobierno creen que a las hipótesis del suicidio y homicidio se debería agregar una tercera: el accidente.

Pero hoy la principal sospecha oficial es el “homicidio” y se le apunta al ex director de Operaciones de la SI Antonio “Jaime” Stiusso. Por lo bajo, siembran dudas sobre los servicios de inteligencia que lo asistían en la investigación AMIA: la CIA (Estados Unidos) y el Mossad (Israel). Una conspiración perfecta.

En esa línea, Berni opina que el ahora custodiado Lagomarsino es una “pieza clave y que algo tiene que ver o algo sabe”. En Olivos averiguan si tiene vinculaciones con Stiusso o si es un informante oculto de inteligencia de la SI. “Hay que investigarlo y no se puede perder tiempo”, dijo un funcionario para ejemplificar la supuesta lentitud de la fiscal.

También circula la hipótesis en el peronismo enfrentado al Gobierno de que Lagomarsino podría ser un chivo expiatorio. Su situación es complicada: puede ser imputado por el hecho de prestar su arma, delito que prevé una pena de uno a seis años de prisión.

El Gobierno niega que Fein responda a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. “Es una librepensadora”, aseguró una fuente oficial.

VALDÉS NEGÓ UNA CARTA DEL PAPA

El embajador ante la Santa Sede, Eduardo Valdés, negó el rumor, extendido ayer, de que el papa Francisco le hubiera entregado una carta para la Presidenta o para la opinión pública sobre la sospechosa muerte de Nisman..

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