Algunos dirigentes sociales del Mercosur denunciaron a la funcionaria argentina de La Cámpora Mariana Vázquez, coordinadora de la Unidad de Participación Social (UPS) del Mercosur, por malgastar sus recursos y no cumplir su función de asistir a las organizaciones sociales para que participen de las cumbres del bloque regional. La principal queja provino del venezolano Decman Hernández, vocero de Integración Chavista, que fue respaldado por su par uruguayo Washington Da Silva. Ambos publicaron sus críticas en el último mes en el portal Rebelión, uno de los más influyentes del chavismo.

La interna en ese sector de las organizaciones está al rojo vivo. En la Casa Rosada y en la Cancillería se encendieron algunas alarmas. “Hay ruido, pero la sangre aún no llegó al río”, confiaron fuentes oficiales. Mariana Vázquez es esposa de Pablo Vilas, director de la Casa Patria Grande “Néstor Carlos Kirchner”, ubicada en la esquina porteña de Carlos Pellegrini y Juncal.

La acusaron de gastar el presupuesto de 2014 de la UPS, de 678 mil dólares, en burocracia, viajes, seminarios y encuentros para funcionarios y de no asistir a las organizaciones sociales para participar de las cumbres sociales del Mercosur de Caracas, en julio último, y de Paraná (Entre Ríos), en diciembre pasado.

Las oficinas de la UPS están en la sede del Mercosur en Montevideo. Pero la funcionaria no quiere hablar del asunto con nadie ni responde preguntas. “Su función específica es facilitar la participación de los compañeros a las cumbres sociales pero el dinero se va en seminarios, encuentros y viajes para funcionarios”, confió un miembro del gobierno argentino.

Según la resolución 006/14 del Mercosur, la UPS recibió de los países miembros un presupuesto de 678 mil dólares en 2014: 148 mil de Argentina, 296 mil de Brasil, 59 mil de Paraguay, 89 mil de Uruguay y 69 mil de Venezuela, además de 15 mil de otros ingresos.

En la tabla de gastos se registraron 663 mil dólares: 240 mil de “gastos en personal”, 370 mil de “funcionamiento”, y 53 mil de “otros gastos corrientes”. Entre los de funcionamiento 239 mil son “servicios de mantenimiento y conservación”, 113 mil de “viajes en misión de servicio” y 18 mil de “suministros”. Entre los “servicios de mantenimiento” hay 150 mil de “talleres de trabajo”, 48 mil de “elaboración de estudios” y 31 mil de “gastos de representación en conferencias y reuniones”. El resto son otros egresos operativos.

“Esto es lo que reclaman las organizaciones sociales, de todo eso nada va para ayudar a ellas en la participación de las cumbres sociales”, dijo un funcionario de Cristina. La UPS depende del Alto Representante General del Mercosur, también con sede en Montevideo. En su nota en Rebelión, Decman Hernández relató que quiso infructuosamente ir a la cumbre social de Caracas. “Nunca pudimos participar porque nadie nos contestaba los llamados”, agregó y se quejó de que participaron pocos venezolanos.

Para la cumbre de Paraná, señaló que el gobierno bolivariano le recomendó que en “consultara con la responsable de la organización en la Unidad de Participación Social (UPS)”. Y reveló: “No tuvimos respuesta alguna por correo y nuevamente se frustró nuestra participación en esa cumbre social”.

Luego de mencionar a Mariana Vázquez y su presupuesto, Hernández fue categórico: “Esta unidad de Participación parece estar liderada por los enemigos del Mercosur”. Y reclamó: “Queremos saber cómo y quiénes manejan estos recursos económicos que alimenta a la burocracia enquistada, pero que excluye a muchos militantes y organizaciones sociales, pues ya nos hemos anoticiado que esta práctica sectaria de la UPS se repite en varios países hermanos”.

Por su parte, Washington Da Silva, de Uruguay, respaldó el artículo de Hernández y señaló que “estas afirmaciones deben de haber sido reveladoras para muchos compañeros de la Patria Grande, aunque no para nosotros: como ciudadano uruguayo y miembro de una organización social, aquí, en Uruguay, tampoco están abiertos los canales de participación”.

Y dijo que esos episodios “son un poco más preocupantes porque la encargada y coordinadora la UPS, la argentina Mariana Vásquez, hasta hace algunos meses formaba parte del CEFIR, un Centro de Formación para la Integración Regional que se encuentra en Montevideo”. Y denunció que “casualmente” la UPS “elevó el año pasado un Convenio de Cooperación con el propio CEFIR y otro convenio con la Casa Patria Grande Néstor Kirchner dirigida por el marido de Vásquez, Pablo Vilas, donde ella también prestó servicios laborales”.

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