La Nación, lunes 01 de junio de 2015
El gobierno de Cristina Kirchner está preocupado por una queja que le hizo llegar en forma reservada el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, porque una funcionaria argentina en el Mercosur, que milita en La Cámpora y debe asistir económicamente a las organizaciones sociales, gastó en 2014 un presupuesto común de los cuatro países miembros, de 678.000 dólares, en burocracia, viajes, seminarios y encuentros.
Se trata de Mariana Vázquez, coordinadora de la Unidad de Participación Social del Mercosur (UPS), cuya misión es asistir a las organizaciones sociales para que puedan estar presentes en las cumbres sociales que se hacen durante las reuniones de presidentes del Mercosur.
En las últimas dos versiones, en Caracas y en Paraná, en 2014, muchas organizaciones no pudieron asistir y acusaron a la gestión a Vázquez. El ruido y los comentarios en Cancillería crecieron porque en julio próximo se realizará otra reunión de presidentes en Brasilia y nadie sabe cómo será la cumbre social.
El conflicto vuelve a poner en el centro de la escena a La Cámpora. El malestar creció en el Gobierno en los últimos días luego del escándalo que funcionarios camporistas le causaron a la Cancillería por la imputación judicial que afectó al canciller Héctor Timerman por irregularidades en el armado del pabellón de la Expo Milán, que costó 10 millones de dólares. Por eso, la presidenta Cristina Kirchner canceló su viaje a Milán y sólo visitará en Roma al papa Francisco el domingo próximo a las 17.
Además, Timerman convocó por este tema a su secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Bianco, a quien también le preguntó por los concursos de 755 vacantes para planta permanente que quiere controlar La Cámpora en Relaciones Exteriores.
La queja de Venezuela a la Cancillería provino de su representante permanente ante el Mercosur y la Aladi, Jorge Félix Rivas Alvarado, que le planteó al subsecretario de Política Latinoamericana, Diego Tettamanti, el problema de los excesivos gastos de Mariana Vázquez. Si bien la Cancillería negó oficialmente la protesta ante LA NACION, funcionarios del Poder Ejecutivo la confirmaron y comentaron la preocupación de la diplomacia argentina. “Desde entonces, en la Cancillería y en la Casa Rosada hay mucho ruido. Llamados y comentarios por lo bajo. Los gastos son concretos y están consignados en el presupuesto y las organizaciones sociales no pudieron asistir a las cumbres”, confió a LA NACION una fuente de Balcarce 50.
El Gobierno quedó en averiguar más información para Caracas.
El venezolano Rivas Alvarado conversó el tema con el alto representante general del Mercosur, el brasileño Florisvaldo Fier, más conocido como el “doctor Rosinha”, desde cuando asistía vestido de rosa a las favelas de Río de Janeiro como médico pediatra. Mariana Vázquez depende del alto representante y en su oficina, en Montevideo, se negaron a responder las consultas de LA NACION. La primera queja fue del venezolano Decman Hernández, vocero de Integración Chavista, que escribió un artículo muy duro en el portal Rebelión, el más influyente del chavismo y la izquierda latinoamericana. Fue respaldado en otro artículo por su par uruguayo Washington Da Silva.
Además, Mariana Vázquez es esposa de Pablo Vilas, director de la Casa Patria Grande Néstor Carlos Kirchner, ubicada en la esquina porteña de Carlos Pellegrini y Juncal, donde la UPS desarrolla varios de sus cuestionados seminarios, en los que gasta su presupuesto, según fuentes del kirchnerismo.
Según la resolución 006/14 del Mercosur, la UPS recibió de los países miembros un presupuesto de 678.000 dólares en 2014: 148.000 de Argentina, 296.000 de Brasil, 59.000 de Paraguay, 89.000 de Uruguay y 69.000 de Venezuela, además de 15.000 de otros ingresos.
En la tabla de gastos se registraron 663.000 dólares: 240.000 de “gastos en personal”, 370.000 de “funcionamiento” y 53.000 de “otros gastos corrientes”. Entre los de “funcionamiento”, 239.000 son de “servicios de mantenimiento”, 113.000 de “viajes en misión de servicio” y 18.000 de “suministros”.
Entre los “servicios de mantenimiento” hay 150.000 de “talleres de trabajo”, 48.000 de “elaboración de estudios” y 31.000 de “gastos de representación en conferencias y reuniones”. El resto son egresos operativos. En Venezuela se quejan de que nada llega a las organizaciones sociales. Decman Hernández dijo en Rebelión: “Nunca pudimos participar porque nadie nos contestaba los llamados”.
Dentro del Gobierno hay funcionarios descontentos por el avance de La Cámpora. Uno de ellos reveló a LA NACION en estricta reserva que “los pibes están construyendo una estructura política en el Estado, con recursos públicos, para permanecer luego de diciembre”..