LA NACION, JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2015
El gobierno de Cristina Kirchner rechazó ayer las denuncias de espionaje a empresarios, jueces, periodistas y dirigentes políticos, y acusó a las diputadas de Pro que hicieron la presentación judicial de montar una “operación política”. También cerca del candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, hubo incomodidad por introducir ese escándalo sobre el final de la campaña electoral.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, calificó la denuncia de “invento” de las diputadas macristas Laura Alonso y Patricia Bullrich. No obstante, adelantó que el Gobierno “se va a allanar para que se pueda investigar lo que haya que investigar”.
A su vez, el director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Oscar Parrilli, aseguró que “no está en el ADN” de la Casa Rosada intervenir teléfonos. “Pueden hablar tranquilos por teléfono. Nadie los está escuchando”, agregó en Radio La Red, aunque admitió que ello “sí se puede haber hecho” durante la gestión del ex director de Operaciones de la ex SIDE Antonio “Jaime” Stiuso.
También rechazaron la denuncia los ministros de Defensa, Agustín Rossi, y de Economía, Axel Kicillof. Rossi señaló que era “una operación política” cuatro días antes de las elecciones y que Macri “tiene la particularidad de estar procesado por el delito de escuchas”.
En sus denuncias, que recayeron en los jueces federales Sebastián Casanello y Emiliano Canicoba Corral, las diputadas Bullrich y Alonso aseguraron que la supuesta orden de escuchas a 202 personas partió de la AFI y se ejecutó en la propia AFI y en la Dirección de Inteligencia del Ejército desde dos direcciones diferentes.
El espionaje político está tipificado como delito en la ley de inteligencia. Pero se agrava si lo ejecutan las Fuerzas Armadas, porque la ley de defensa y de seguridad interior les prohíbe intervenir en asuntos internos, con lo cual infringirían tres normas y no sólo una.
Consultada por LA NACION, Bullrich defendió la denuncia: “Ésta no es una acción de campaña. Es una denuncia sobre un modus operandi de los K”. Dentro de Pro, la presentación judicial había causado revuelo interno porque el equipo de comunicación dejó trascender cierta incomodidad con la oportunidad de la presentación.
“Es un tema de la Justicia y no tiene relación con la campaña”, dijo una fuente cercana a Macri. Los funcionarios porteños calificaron de “innecesaria” la presentación y temían que pudiera comprometer la suerte electoral de Cambiemos, ya que el tema de las escuchas podría ser asociado a Macri, procesado por ese tema.
En el mismo sentido, los legisladores de Cambiemos Oscar Aguad (UCR), Juan Carlos Marino (UCR) y Oscar Castillo (Frente Cívico y Social) solicitaron a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia convocar “con urgencia” a Parrilli, a Rossi y a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
El candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, tomó distancia: “Nunca voy a respaldar, avalar o promover ningún tipo de espionaje interno en el marco de la Constitución y las libertades individuales”.
Consultado al respecto, el ex jefe de la ex SIDE Miguel Ángel Toma (2002-2003), uno de los 202 mencionados como blanco de espionaje político, aseguró a LA NACION que “la denuncia tiene sustento, porque las listas difundidas tienen el lenguaje que se utiliza en cualquier orden interna de seguimiento e interceptación telefónica”.
Toma aclaró que los números de teléfono de los espiados no deben figurar en las órdenes internas, porque suelen ser rastreados por quienes ejecutan las “pinchaduras”. Según confió “el formato de las listas y la jerga indican que la denuncia es verosímil”.
Hay un dato que llamó la atención a aquellos que conocen las internas en el mundo del espionaje. Entre los cientos de famosos que integraban la lista había un dato que parecía un mensaje encubierto: allí figuraban también los datos del ex espía Antonio Jaime Stiuso y los de toda su familia.