LA NACIÓN, sábado 24 de octubre de 2014

El Gobierno generó ayer un insólito escándalo al desistir de participar de una audiencia pública sobre la “Situación de la independencia judicial en la Argentina”, que organizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, y atribuirles a sus organizadores la voluntad de hacer una “operación político-mediática” para “violar la veda electoral”.

La acusación estuvo a cargo del canciller, Héctor Timerman, y del ministro de Justicia, Julio Alak, que vincularon a un grupo de ONG y asociaciones civiles con una acción conspirativa del Frente Cambiemos, de UNA y de medios considerados “críticos”. El argumento oficial fue que se fijó intencionalmente la fecha de la audiencia para interferir en el clima previo a las elecciones, ya que presumían que habría cuestionamientos a la situación judicial del país.

Sin embargo, la fecha de las audiencias de la CIDH no son elegidas por los demandantes, sino por la Comisión. Con el paso de las horas y al conocerse los reproches de Timerman, la sorpresa en el organismo regional fue en aumento. Lejos de la supuesta “maniobra electoral” de la que habló, la convicción entre quienes siguen la actividad de la CIDH era que, salvo la embestida del ministro, nada de lo sucedido había sido fuera de lo habitual.

Esto es: la cita fue anunciada al mismo tiempo que todas las demás como parte habitual de la ronda de sesiones que, todos los años, el organismo realiza para esta fecha.

Es más, hubo en esta ocasión tres audiencias sobre situación del Poder Judicial en distintos países y es la número veinte que se presenta sobre el tema. No es una cuestión ajena a la trayectoria de la CIDH.

Además, por una rara coincidencia, los promotores de la cita sobre la Argentina no eran entidades desconocidas para la CIDH. Esta vez, la audiencia fue impulsada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano, dos entidades que hace años vienen trabajando por cuestiones institucionales en nuestro país.

Timerman leyó un documento con los lineamientos de la carta enviada a la CIDH. “El Gobierno argentino denuncia que dicha audiencia fue una burda operación político-mediática para interferir en el proceso electoral argentino orquestada por sectores vinculados a la oposición y al Grupo Clarín”, dijo el canciller. “La Argentina ha rechazado la referida convocatoria a esa audiencia por considerarla inaceptable, inadmisible e improcedente”, enfatizó Timerman.

El canciller identificó a las asociaciones civiles que impulsaron la audiencia: Poder Ciudadano, ADC, Unidos por la Justicia y Cippec. Denunció que la diputada de Pro Laura Alonso fue directora de Poder Ciudadano; Germán Garavano, de Unidos por la Justicia, es ex fiscal porteño; que Álvaro Herrero, asesor de Sergio Massa, es miembro de Poder Ciudadano; que Alejandro Carrió, abogado del grupo Clarín, es vicepresidente de ADC, y que Nicolás Ducoté, subsecretario de Asuntos Públicos del Ministerio de Gobierno porteño, es miembro de Cippec.

Alak anunció ayer que el Gobierno hará “una intervención ante la justicia federal con competencia electoral” para investigar los argumentos de la audiencia y si “son de urgencia u obedecen a una planificación para violar desde el exterior la veda electoral” al “impactar negativamente en la opinión pública sobre el accionar del Gobierno”.

El Gobierno había decidido no asistir a la audiencia de ayer en Washington y Timerman envió una durísima carta al director ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez Icaza Longoria, lo cual causó profundo estupor en la CIDH.

En un gesto sin precedentes, el canciller había pretendido cancelar la audiencia del mayor organismo regional sobre los derechos humanos y posponerla para después de las elecciones presidenciales.

Ello fue interpretado como una verdadera presión. La entidad ignoró el pedido de Timerman y “por acuerdo unánime” de sus miembros, decidió seguir adelante.

“Respetamos a los estados. Pero éste es un organismo que no tiene otro alineamiento que trabajar por los derechos humanos y ésa es una lucha de años. Una que no puede medirse por lo que pasará dentro de 24, 48 o 72 horas y que tampoco puede ser manipulada por intereses electorales”, sostuvo el comisionado y relator Paulo Vanucchi.

Los abogados Torcuato Sozio y Alvaro Herrero, en representación de las entidades convocantes, expusieron en Washington sobre presiones a las que son sometidos jueces en la Argentina, las amenazas a integrantes del Poder Judicial y la virtual “parálisis” del Consejo de la Magistratura, entre otras cuestiones.

También describieron casos de presiones contra jueces que “manejan casos sensibles para el gobierno”, como el caso de Claudio Bonadio, o la “embestida” de la que fue objeto el saliente magistrado de la Corte Suprema, Carlos Fayt.

Las “irregularidades” en la designación y remoción de jueces subrogantes fue luego abordada por Herrera así como la necesidad de superar la “virtual parálisis” del Consejo de la Magistratura.