LA NACIÓN, 28 de enero de 2016
El gobierno de Mauricio Macri recibió ayer, en una tensa reunión, a los organismos de derechos humanos, encabezados por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Las entidades presentaron duros reclamos por la detención de Milagro Sala y los despidos de empleados públicos, y exigieron la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad.
Los organismos fueron recibidos por el jefe del Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis. Garavano les garantizó que continuarán los juicios, pero sus interlocutores no se retiraron conformes. Además de Carlotto, concurrieron la organización Hijos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otras.
Los funcionarios dijeron en la reunión -y luego a la prensa- que “es responsabilidad del que gobierna llevar adelante las políticas públicas” en el área. Garavano aseguró que el Gobierno “ratifica la política del Estado en materia de memoria y justicia”, aunque admitió que “hubo puntos de coincidencias y algunos de divergencia”.
Carlotto planteó sus duras quejas por no haber sido recibida por el presidente Mauricio Macri, como ocurría en la época del kirchnerismo. Dijo que la reunión fue “extensa y clara” y que “hubo momentos de discrepancia, donde nosotros nos sentimos muy preocupadas por los despidos masivos, por la detención de Milagro Sala y la estructura de achicamiento en lugares de trabajo de derechos humanos”.
Las organizaciones entregaron un documento en el cual reclamaron la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, la búsqueda de personas nacidas en cautiverio, la búsqueda e identificación de los cuerpos de miles de desaparecidos y la preservación de los sitios y espacios de memoria.
Carlotto relató que tuvo un contrapunto con Peña cuando presentó el documento, en el que se culpa al Gobierno de tener “las puertas cerradas en el debate de temas centrales de nuestro país”, lo cual -añade- “nos remite a períodos a los que los más de 40 millones de argentinos ya dijimos «Nunca Más»”. Ello molestó al jefe de Gabinete, por la comparación con la dictadura militar. También exigieron que no se nombren represores en la nómina del Estado y que funcione el Congreso.
“No les gustó la frase «Nunca Más» que nos recuerda el Parlamento cerrado”, dijo Carlotto. Y señaló que el objetivo de la reunión no fue “agraviar, sino dialogar; si hubiéramos sentido como agravio cuando, en campaña, el Presidente dijo que éramos «un curro», no hubiéramos venido. Son accidentes que hay que dejarlos pasar”.
Garavano dijo que la continuidad de los juicios “está fuera de discusión” y que es “una política de Estado”. No obstante admitió discrepancias: “Plantearon algunas cuestiones que exceden a la agenda de derechos humanos y tienen que ver con una agenda política. Nosotros señalamos que no compartíamos ese enfoque”.