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Entre palomas y halcones Cristina busca evitar el final de Menem

LA NACION, Domingo 07 de diciembre de 2014

El conflicto con los jueces divide al gobierno de Cristina Kirchner entre moderados y fundamentalistas. Un grupo de ministros quiere bajar la tensión porque considera que la Presidenta lleva las de perder en un año electoral como 2015. En cambio, la agrupación La Cámpora, más radicalizada, quiere ir a fondo y acorralar a losjueces que investigan a funcionarios y a la familia presidencial.

Hasta ahora la Presidenta lideró a los “halcones”, pero las “palomas” le aconsejan poner paños fríos. Existe una sorda disputa en el núcleo de Olivos.

“Nadie sabe cómo va a reaccionar. Está en una etapa impredecible”, dijo un alto funcionario.

Según confiaron a LA NACION altas fuentes oficiales, hasta el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, “se está convenciendo a esta altura de bajar” el enfrentamiento.

En esa línea también militan el jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, y los ministros más políticos, como el de Interior y Transporte, Florencio Randazzo; de Planificación, Julio De Vido; de Defensa, Agustín Rossi, y el de Justicia, Julio Alak.

Su mayor pesadilla es que Cristina sufra una prematura licuación de poder que le impida imponer candidatos propios en las listas del Frente para la Victoria para las elecciones de 2015. Y peor aún: que se judicialice la campaña y pierda el candidato presidencial oficialista, sea Daniel Scioli o Randazzo.

Los jóvenes camporistas, en cambio, buscan escalar el conflicto. Creen enfrentar una conspiración destituyente orquestada por el Grupo Clarín, los fondos buitre y las corporaciones hegemónicas. Y que todos ellos pretenden una condena y la prisión para Cristina Kirchner luego de que deje el poder en 2015.

En ese grupo están el viceministro de Justicia, Julián Álvarez, el diputado Eduardo De Pedro (ambos miembros del Consejo de la Magistratura), Máximo Kirchner y el jefe formal de La Cámpora, Andrés Larroque. No les interesa el futuro de Scioli ni de Randazzo. Están convencidos de que, puesta a pelear, Cristina aumenta su imagen pública y que como candidata a diputada -nacional o del Mercosur- traccionaría a las listas de candidatos camporistas.

-_cristina_fernandez_juez_bonadio.jpg_274898881Luego de que el juez federal Claudio Bonadio allanó su empresa Hotesur SA, Cristina Kirchner tuvo un brote de irritación en Olivos:

“Éstos se creen que soy Carlos Menem, que se dejó meter preso cuando se fue. Clarín y los buitres me quieren ver presa. Pero yo no soy Menem”.

De inmediato ordenó desempolvar el proyecto de ley para elegir por voto directo a los parlamentarios del Mercosur, que gozan de fueros e inmunidad judicial. “No está definido que se postule. Eso es por si hace falta?”, dijo ayer un funcionario.

El Parlasur sólo se conformará con sus diputados electos en 2020. Brasil, Uruguay y Venezuela no los eligieron aún. ¿Cómo negar que la premura responde a la urgencia por su inmunidad? Se exasperó anteayer cuando el enviado de LA NACION a Quito preguntó si se postulará: “Todo eso es una estupidez”, bramó.

margarita_stolbizer11La Presidenta y los camporistas consideran que las embestidas judiciales contra Bonadio, Margarita Stolbizer, la testigo Silvina Martínez, el HSBC y varias empresas dieron resultado. Julián Álvarez cree que hay que persistir para lograr el juicio político al juez con tres sanciones del Consejo de la Magistratura como el último recorte del 30% del sueldo. Eso amedrentaría a sus pares.

La Presidenta todavía no comunicó su decisión y no dio pistas.
Otra pata de la estrategia camporista es aplicar en forma urgente el Código Procesal Penal, que les quita poder a jueces y se los otorga a los fiscales y a la procuradora general 51e04d8d2fab2_cropAlejandra Gils Carbó. Pero los moderados consideran que ese código es uno de los motivos del ataque judicial, sumado a la debilidad del fin de mandato, y que no podrá aplicarse hasta su reglamentación. Podría pasar más de un año.

Las palomas consideran “un grave error” el ataque a Bonadio. “No hay margen para destituirlo. Sería un escándalo. Lo convertiremos en prócer, como a José María Campagnoli“, dijo una fuente de Balcarce 50.

El temor de algunas “palomas” es que ahora para descomprimir la tirantez con los jueces “estamos llegando tarde”. Otros de los mesurados tienen la esperanza de que el llamado a indagatoria de Alak marque un descenso de la crisis.

“No hay una, sino decenas de causas. Las que más preocupan son las que tocan a la familia de Cristina”, dijo a LA NACION otra fuente oficial.

En la Casa Rosada sospechan que ciertos jueces tienen apoyo del peronismo histórico, que quiere condicionar a Cristina para 2015, y de un sector de la ex SIDE enfrentado con ella.

fuente LA NACIÓN

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Más subsidios al fútbol. La AFA se queda con 220M adelantados a FPT

 LA NACION, viernes, 5 de diciembre de 2014

El gobierno de Cristina Kirchner incorporó ayer al presupuesto de Fútbol Para Todos (FPT) $ 220 millones que le había adelantado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en dos tramos, en enero y en abril últimos. Una decisión administrativa firmada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich , determinó que la AFA no deberá reintegrar esos recursos y, así, pasarán a engrosar las partidas de FPT para 2014, lo cual conformará un piso presupuestario de $ 1634 millones para el ejercicio de 2015.

El programa FPT comenzó este año con una partida de $ 1410 millones, se la engrosó con $ 37 millones a mitad de año, y terminará gastando $ 1667 millones, un 18,2% más que el monto inicial. Hasta el 30 de noviembre había ejecutado $ 1382 millones (83%), según auditores de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC). La partida para 2015 de FPT es de $ 1634 millones.

De ese total, la AFA gastará $ 1195 millones en 2014 para el pago a los clubes de futbol por los derechos de televisación. Antes del adelanto de $ 220 millones incorporado ayer, la AFA insumía un total de $ 975 millones. El resto del gasto de FPT es la producción televisiva y los sueldos.

Esa suba para 2014 y 2015 se fundamentó sugestivamente en la inflación: la AFA invocó el aumento los diversos costos operativos. De ese modo, el Gobierno le reconoció una elevada inflación al fútbol, pero la niega para actualizar otras variables de la economía.

Por caso, el Gobierno le volvió a negar ayer a agrupaciones piqueteras y a las diversas centrales sindicales el pago de un bono de fin de año de $ 2000 para trabajadores informales y beneficiarios de planes sociales.

Mediante la decisión administrativa 1070/2014, publicada ayer en el Boletín Oficial y firmada por Capitanich y por el ministro de Economía, Distendida-Kirchner-Capitanich-NESTOR-SIEIRA_CLAIMA20140805_0031_27Axel Kicillof, se incorporaron definitivamente los adelantos de $ 220 millones que el Tesoro le había hecho a la AFA en enero y abril pasados y se los sumó al “mínimo garantizado” de $ 975 millones para dejarlo en $ 1195 millones para todo 2014. Con ese dinero, la AFA financia a los clubes.

Ello no significa que el Gobierno haya dispuesto un nuevo aumento de $ 220 millones, pero implica a todas luces que la AFA no devolverá esos fondos como estaba previsto.

Eso dice la decisión administrativa que convalidó una “adenda” al contrato del 20 de agosto de 2009 entre la jefatura de Gabinete y la AFA. En su cláusula primera dispone: “Las partes acuerdan dejar sin efecto la devolución de los adelantos efectivizados el 8 de enero y 9 de abril de 2014, incorporando dichos importes como incremento al mínimo anual garantizado del ejercicio 2014″. El 8 de enero último el Gobierno le había adelantado $ 100 millones a la AFA y el 9 de abril $ 120 millones. ”

La AFA justificó la necesidad de un aumento por el incremento del 180% del Valor Básico de Referencia (VBR) desde el contrato de 2009 y por una suba de 110% del Índice de Precios Internos Mayorista del Indec entre los años 2009 y 2014.

Son valores de inflación que la Casa Rosada no reconoce para determinar los aumentos salariales o la actualización por inflación del impuesto a las ganancias. Por ejemplo, el secretario de Comercio, Augusto Costa, fijó hace unos días la suba de la inflación para este año entre 23% y 24% y Kicillof descalificó a quienes la estiman en un 40 por ciento.

También la AFA acusó un aumento de 218% en la “sponsorización” de la selección argentina, además de incrementos de haberes de los jugadores y de los cuerpos técnicos; la incorporación de diez clubes a la primera división y la profesionalización de la primera C.

Señaló, además, el retraso de los valores de los derechos de televisación, el costo del servicio de la Policía Federal Argentina y la evolución salarial del personal nucleado en la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc). Todo será financiado con fondos públicos.

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La contraofensiva de Cristina: perseguir y denunciar a quienes la denuncien

 LA NACION, Domingo  30 de noviembre de 2014

La política y la economía ocupan un segundo plano en Olivos. La presidenta Cristina Kirchner está ahora más preocupada por defenderse de las investigaciones del juez federal Claudio Bonadio sobre su empresa Hotesur SA, que rozan a ella y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Ordenó, así, denunciar a todos los que investigan a sus empresas, con el propósito de diluir la atención sobre su hotel cuestionado y generar sospechas sobre sus denunciantes, la oposición y los bancos.

“La estrategia es distraer con varias denuncias simultáneas e igualar a todos. Si hay un elefante sobre la calle, lo mejor para que no llame la atención es poner cien elefantes. La idea es tender un manto de sospechas general y politizar todo”, dijo un alto funcionario a LA NACION.

La contraofensiva abrió varios frentes en pocas horas: Cristina acusó públicamente a Bonadio de no presentar balances en la IGJ de una empresa familiar, al igual que Hotesur; el senador Marcelo Fuentes (PJ) lo denunció penalmente.

Luego, la AFIP denunció al banco HSBC por 4040 cuentas secretas en Suiza; el abogado Santiago Mansilla acusó a la diputada del GEN Margarita Stolbizer, la denunciante, por enriquecimeinto ilícito. Y la diputada Andrea García (PJ) acusó de varios delitos a la testigo Silvina Martínez, ex directora del Registro de Sociedades de la IGJ.

Es la primera vez que Cristina y su familia son investigados por supuestas irregularidades de una de sus empresas, Hotesur SA, y que un juez investiga el patrimonio de ella y sus hijos para determinar si pudo incurrir en lavado de dinero.

Un ministro aseguró a LA NACION que “no existe una coordinación organizada entre las denuncias a sus denunciantes”. Pero admitió que “todos los funcionarios sienten la obligación de no quedarse quietos, sin defender a la Presidenta”.

Sin embargo, LA NACION pudo saber que en las acciones participan funcionarios de primer nivel que relegan otras urgencias: los secretarios de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y de Justicia, Julián Álvarez; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli; el diputado Eduardo De Pedro, y el jefe del Ejército, teniente general César Milani, que controla la Dirección de Inteligencia de la fuerza.

Todos ellos dirigen organismos clave que reúnen toda la información económica, jurídica y política en el Estado. El caso de Álvarez es emblemático: controla el Ministerio de Justicia casi a la par del ministro Julio Alak, pero está al frente de esta operación porque, además, integra el Consejo de la Magistratura junto con De Pedro, donde también denunciaron a Bonadio.

De ese cruce de información surgió la certeza de que varios jueces y fiscales se reunieron en asados, almuerzos y comidas, para conspirar contra Cristina Kirchner y activar las causas judiciales contra el Gobierno. En Balcarce 50 acusan en reserva a los jueces de presionar contra la aprobación del nuevo Código Procesal Penal, que les quitará las facultades de instrucción.

Un ministro comentó, además, que el Gobierno tiene la teoría de que “el Grupo Clarín alentó la denuncia contra Hotesur SA para tapar la fragmentación de la oposición”.

Señaló que “Bonadio es amigo de Sergio Massa y está vinculado a Clarín” y hasta “podría ser candidato a diputado” del Frente Renovador.Otra fuente oficial comentó a LA NACION: “Es amigo de Massa, pero la decisión de ir contra Hotesur es de Bonadio”. También el juez conoce bien al ex ministro del Interior menemista Carlos Corach, hoy muy cercano al gobernador bonaerense y candidato presidencial Daniel Scioli, y al senador Miguel Pichetto.

Según sospecha Cristina Kirchner, las investigaciones locales tienen mucho que ver con las que realizan los fondos buitre en los Estados Unidos sobre “la ruta del dinero K”. De allí su advertencia pública de que no se dejará “extorsionar por caranchos judiciales”. Y hasta duda ahora, por ello, de impulsar un acuerdo con los fondos buitre desde enero para no aparecer rendida ante ellos.

La ofensiva sobre Bonadio busca generar temor sobre otros jueces y potenciales denunciantes.

Sus allegados aseguran que su caso es más leve que el procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou, porque Hotesur “sólo incurrió en una falta administrativa”, como no presentar balances ante la IGJ. En lo electoral está tranquila por la fragmentación de la oposición.

LA IGJ, BAJO LA LUPA DE OLIVOS

El Gobierno evalúa que el requisito de presentar balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ), instituido en enero de 2010, es “redundante”, porque ellos deben ser presentados sólo ante la AFIP. Por ahora no se revocará, pero el asunto está en análisis. La Casa Rosada dejó trascender que buscará regularizar de manera progresiva las 250.000 empresas que estarían en la misma situación que Hotesur SA, la sociedad de Cristina Kirchner y de sus hijos..

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Jóvenes Ni-Ni: Es posible poner fin a la “patria clientelista”

A grandes problemas, grandes soluciones. El desafío de incluir a un millón de jóvenes entre 18 y 30 años que no trabajan ni estudian, “ni-ni”, requiere un programa integrado entre el Estado, las provincias, la Sociedad civil, las ONGs, el sector privado, las empresas, los sindicatos y la Iglesia. Es posible reconvertir todos los planes sociales, que han destruido la cultura del trabajo, y crear un moderno programa de becas de formación laboral basado en un servicio cívico de capacitación en oficios del que participasen los jóvenes que no estudian ni trabajan (ni-ni) y vincularlo a la demanda de recursos humanos de las regiones y de las empresas.

El programa proyectado en el tiempo, podría incorporar 100 mil jóvenes por año al mercado laboral, utilizando el mismo presupuesto que actualmente se emplea en planes de contención y coordinando esos recursos con el de otros ministerios integrados. Se deberían integrar los capacitadores del sector privado, de la educación pública, de los cientos de ONGs, con los recursos edilicios, organizativos y logísticos del Estado nacional y las provincias, utilizando áreas y espacios de clubes, universidades, aulas de escuelas en contraturno y espacios y transportes de las Fuerzas Armadas. Cambiaríamos gasto en asistencialismo por inversión en recursos humanos e integración social.clientelismo2

Se trata de reemplazar al clientelismo que está drogando y matando a nuestra juventud y a nuestra economía por una nueva generación de muchachos físicamente fuertes, intelectualmente educados y técnicamente aptos para miles de trabajos necesarios para el engrandecimiento de nuestra Nación. Un plan de cohesión social en una sociedad fracturada.

El desafío es organizar verdaderas camadas y generaciones de nuevos trabajadores. Repairmen-Silhouettes-Stock-VectorCoordinado con otras áreas de inherencia estatal podríamos contribuir a la revalorización de los  recursos naturales y productivos de nuestra economía, al mismo tiempo que recuperamos los recursos humanos. Se pueden imaginar a cientos y miles de jóvenes unidos y organizados, pero no para asistir a grandes concentraciones partidarias para escuchar a los iluminados entrenados en cursos acelerados de oratoria, sino para abrir caminos, mejorar campos, sanear terrenos anegados, canalizar tierras inundables, forestar, talar los montes, limpiar los ríos y hacer todo lo que el sector productivo necesite a futuro. Para mejorarles la vida a sus semejantes: eso los hará creer en sí mismos y abandonar la abulia y el fatalismo que los conduce a la delincuencia, a la vagancia o a las adicciones.

También se los puede imaginar asistiendo a sus clases de capacitación para el trabajo adquiriendo nuevas habilidades de la producción del futuro, aliandonos con las empresas y sus capacitadores, en una gesta masiva de dignidad para aprender los oficios técnicos que determine la demanda futura estratégica del sector privado en cada una de las regiones: operarios y técnicos de baja, media y alta calificación para el agro, la agroindustria, la informática, los servicios, la minería, los hidrocarburos y la industria alimenticia. Y todas las actividades que la Argentina proyecte.

El presupuesto para la organización y la remuneración de los beneficiarios o becarios saldría de los actuales recursos de los planes sociales de la patria clientelista. En el presupuesto 2014 hay 120.000 millones de pesos repartidos en cientos de planes sociales orientados al No Trabajo, distribuidos en 16 ministerios. Hay que reconvertirlos hacia este programa. Además se puede conseguir financiamiento internacional de organismos de crédito destinados a estos planes y así crear una atmósfera en la cual el joven exitoso es el que trabaja y no el que vive de los demás. Volver a las fuentes, a la cultura del trabajo y del esfuerzo.

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Reconoció el GAFI avances oficiales tras la reforma de la ley antilavado

LA NACIÓN, jueves 18 de septiembre de 2014

Pese a los escándalos de corrupción y lavado de dinero que salpican a figuras del kirchnerismo, la presidenta Cristina Kirchner recibió ayer en la Casa Rosada a una misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que llegó al país para verificar avances en materia de legislación penal, procesos judiciales y mecanismos administrativos de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

El último plenario del GAFI en París, celebrado en junio último, sacó a nuestro país de la categoría de seguimiento intensivo, o “lista gris”, en la que permaneció por cuatro años. Pero tal como se estila con todos los países, el GAFI envió a un grupo de revisión “in situ” para constatar la aplicación real de la nueva ley de lavado de dinero, sancionada hace un año, y otras reformas.

Esa ley modificó y endureció las figuras penales y le otorgó más facultades a la , entre otras cosas.

“Ellos tienen que verificar los elementos que presenta la Argentina y en función de ello se confirma la decisión del plenario del GAFI en junio de disponer la salida del país del seguimiento intensivo que nos pesó durante cuatro años. Para eso es la visita in situ al país”, dijo a LA NACION una alta fuente del Gobierno.

La reunión entre Cristina Kirchner y el GAFI fue protocolar y duró 30 minutos. Según fuentes oficiales, la misión del GAFI le expresó a la Presidenta un”reconocimiento contundente por el compromiso de la Argentina por mejorar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”. Pero los representantes del GAFI no hicieron declaraciones a la prensa.

La Presidenta, por su parte, se comprometió a “mantener la vigencia y la eficiencia del sistema”.

Entre las reformas, además de la nueva ley antilavado, se destacaron novedades tales como una decena de condenas judiciales firmes por lavado de dinero, en contraste con la anterior legislación, que tuvo un período de diez años sin una sola condena. De todos modos, ninguna sentencia afectó hasta ahora a figuras de la política vinculadas con casos de corrupción pública.

También se registraron diversos procesamientos judiciales y se aplicaron multas y procedimientos administrativos a bancos y entidades financieras y de seguros por no cumplir normas antilavado; se amplió la cantidad de sujetos obligados a informar a los bancos, se dictaron diversos decretos y resoluciones de la UIF, del Banco Central (BCRA), de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y del Ministerio de Economía.

La misión “in situ” se reunió además con otros actores involucrados en la lucha contra el lavado de activos para verificar la utilidad de las reformas y confirmar así la salida del país de la categoría del seguimiento intensivo por parte del GAFI.

La representación se encontró con jueces, fiscales, camaristas y con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). También tuvo audiencias con organismos de fiscalización como el BCRA, Ministerio de Economía y la CNV, y hoy tendrá una entrevista con representantes de la UIF.

Además, tiene previstas reuniones con asociaciones de empresarios, bancos, seguros, expertos del sector privado, incluyendo ex funcionarios, oficiales de cumplimiento y abogados especializados.

Del encuentro entre la Presidenta y el GAFI participaron el canciller Héctor Timerman; el ministro de Justicia, Julio Alak; el presidente de la UIF, José Sbattella, y el jefe de Gabinete de Justicia, Juan Martín Mena, entre otros funcionarios.

Por parte del GAFI asistieron Darlene Boileau (Canadá), María García (Perú), Sabina Min Jung Kook (Estados Unidos) y los directivos Gonzalo González de Lara Sáenz, Kevin Vandergrift, Esteban Fullin, Andrea Garzón y Alejandra Quevedo.

Durante las reuniones con jueces y fiscales, en Cancillería, la misión del GAFI se limitó a hacer preguntas y tomar notas. Interrogaban, en particular, sobre opiniones respecto de la nueva ley antilavado, su aplicación práctica, posibles lagunas y puntos fuertes. Del otro lado de la mesa, entre otros, estuvieron el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky, jueces del fuero en lo Penal Económico y varios fiscales..

 

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Cristina busca capitalizar la pelea con los buitres pensando en 2015

LA NACIÓN, domingo 10 de agosto de 2014

La presidenta Cristina Kirchner considera que la negociación con los fondos buitre dio todo lo que podía dar y a partir de ahora las decisiones se tomarán día a día, de acuerdo con la conveniencia política coyuntural y a lo que dictaminen las encuestas para que esa batalla épica contra los holdouts le permitan designar un candidato presidencial propio con posibilidades de triunfo en las elecciones de 2015.
De no mediar una concesión del juez Thomas Griesa, o un acuerdo entre privados, bancos extranjeros y empresarios -opción que no descarta- Cristina dio por estancadas las tratativas hasta enero de 2015.
La mandataria se entusiasmó con el rebote de su popularidad tras el conflicto con los holdouts que desembocó en el default. Le atribuyó el mérito a la extrema radicalización en la negociación, que encabezó el ministro de Economía, Axel Kicillof, que le hizo acordar a la intransigencia del gobierno del fallecido Néstor Kirchner, según confiaron a la nacion fuentes de la Casa Rosada.

“Si hay acuerdo y les pagan a los buitres, o si deciden un default generalizado, eso lo determinarán las necesidades políticas y las encuestas”, confiaron funcionarios oficiales que siguen ese conflicto.

“Pero si los efectos de esa falta de acuerdo son una mayor crisis económica, las encuestas podrían volverse en contra y se modificará la política”, confió ese informante.
En la urgencia por la parálisis de la economía y la falta de crédito y de dólares, recuerdan, Kicillof negoció acuerdos de pago con Repsol y con el Club de París que sobrepasaron las expectativas de esos acreedores.
Los sondeos que consultó la Casa Rosada exhibieron un salto en la popularidad presidencial de 15 a 20 puntos -de 25 a 40/45%- tras la pelea con los fondos NML y Aurelius.
La Presidenta busca con su confrontación de tono épico, bajo el lema “Patria o buitres”, mejorar sus posibilidades de bendecir a un candidato presidencial con chances de triunfo, con miras a las elecciones de octubre de 2015. Si bien es cierto que esos sondeos registraron una mejora de la imagen de Kicillof, todavía el ministro está lejos de ser “el candidato de Cristina Kirchner”.

“Ella quiere poner varios candidatos en juego para acotar al gobernador bonaerense Daniel Scioli. Deja correr las versiones de Kicillof, lo elogia en público, pero también acompaña a Florencio Randazzo como ministro de Transporte en sus inauguraciones ferroviarias”, dijo un operador de la Casa Rosada.

El líder piquetero Luis D’Elía lanzó públicamente la postulación del ministro de Economía hace 15 días. Es cierto que D’Elía habla con el jefe de La Cámpora y también diputado Andrés “Cuervo” Larroque. Sin embargo, otro diputado camporista, Eduardo “Wado” De Pedro, corrigió hace tres días a D’Elía y desestimó “hoy por hoy” la postulación de Kicillof. Y dijo que “el proyecto de La Cámpora comienza en 2015”.“Kicillof y La Cámpora no son lo mismo. Estos son peronistas setentistas. El ministro es un ideólogo universitario”, comentó a la nacion un amigo de la Presidenta.

“El principal promotor de la candidatura de Kicillof es Kicillof”, aseguraron funcionarios de la Casa Rosada.

En paralelo con aquella batalla judicial, Cristina y el ministro apostarán a atenuar los efectos del default y, en un contexto de recesión, diseñaron la semana última medidas para evitar los despidos con subsidios a las empresas; reactivar con más gasto y emisión monetaria el consumo estancado, la actividad inmobiliaria y la fabricación de ómnibus. Fue una admisión clara de la crisis.
“Hay que cuidar que la pelea con los buitres no se vuelva en contra con una agudización de la crisis”, explicaron fuentes oficiales. “Por ahora Kicillof fortaleció al Gobierno y revirtió su caída de imagen”, agregaron. “Pero su verdadera chance -aclaran- depende de que logre un acuerdo, restablezca el crédito, baje la inflación y repunte la economía.”
El mejor escenario, admiten, sería que Griesa destrabe los pagos a los bonistas de 2005 y 2010 y saque del default al país. Sería presentado como un triunfo y permitiría seguir negociando con los buitres.
Sin embargo, Kicillof evalúa seriamente la idea de continuar en default y que los bonistas pidan el adelantamiento de los bonos reestructurados cuyos pagos fueron congelados por Griesa. La Argentina no podría pagarlos y propondría una reestructuración total de esos bonos y el cambio de jurisdicción a Buenos Aires. O sea, un default total..
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La delirante tentación de un “pagadios atómico”

El ministro Kicillof evalúa seriamente la idea de continuar en default y que los bonistas pidan el adelantamiento de los bonos reestructurados 2005-2010, cuyos pagos fueron congelados por Griesa. La Argentina no podría pagarlos y propondría una reestructuración total de esos bonos que se cobraban regularmente. Ello implicaría el cambio de jurisdicción a Buenos Aires, ya que hoy tienen legislación de Nueva York. Kicillof quiere poner la ventanilla en el Obelisco.
Pero el Gobierno no contempla, al menos no parece, un enorme problema a futuro si activa el default generalizado. Así como Kicillof dijo que hablar de “default” era una “pavada atómica”, esta cesación de pagos total sería un “pagadios atómico”. Porque tendría los efectos de una explosión sobre la economía. Expertos en deuda dicen que de ese universo de bonistas reestructurados, sólo un 25% de la deuda tiene posibilidad legal de cambiar de jurisdicción. El resto lo tiene prohibido en sus contratos y no puede salirse de la ley de Nueva York. El total de la deuda que tiene permitido cambiar el lugar de pago totaliza 27.000 millones de dólares.

“Un 75% no puede y el 25 no aceptará el cambio. Los abogados de estos últimos le aconsejarán que no se cambien a Buenos Aires. Unos y otros harán juicio: se convertirán en nuevos holdouts. Sería un escándalo”, dice un economista experto en deuda. Pero la idea la estudia la Casa Rosada y los efectos de ese nuevo canje se verían en el próximo gobierno.

Un memo de los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que asesora a la Argentina desde el ya legendario Plan Brady, decía lo siguiente:

“la mejor opción es no pagarle a nadie y disparar un default ordenado seguido por la restructuración de toda la deuda, bajo este escenario la República ya no tendría restricciones legales y quedaría por fuera de los tribunales norteamericanos para definir un nuevo acuerdo con los bonistas”.

Esa genialidad fue escrita por el abogado Carmine Bocuzzi. Forma parte de un memo redactado en mayo último y es conocido por todos los especialistas en la materia.
No es de extrañar: el particular asesoramiento surge del estudio jurídico que embarcó a la Presidenta en la estrategia de los Autitos Chocadores: donde cada medida que proponen recibe el rechazo de la contraparte de turno ().
Muchos economistas con contacto con los Estados Unidos se agarran la cabeza. Si todos los bonistas hicieran juicio a la Argentina, el Estado podría afrontar demandas mil veces millonarias. Las mismas que curiosamente pretendió evitar de los mismos tenedores de bonos al no pagarle a los buitres más de lo que les había reconocido a aquellos para no disparar la Clausula RUFO, que por cierto no es el perro macho de la Doctora.
Lo más inquietante es que el consejo de este abogado entusiasma a Kicillof y a Cristina.
El ala del Gobierno de Capitanich, Zannini y Fábrega consideran que ese nuevo default sería muy problemático, podría disparar el dólar y acelerar la inflación, la recesión y los despidos. No está descartada la posibilidad del acuerdo entre privados con los bancos internacionales y empresas, aunque el gobierno no la alienta. Todo sigue su inercia. El Gobierno aún guarda esperanzas de que el juez destrabe los fondos para los bonistas. De ese modo, se saldría del default. Pero aún así ya no se sabe si enero de 2015 traerá el acuerdo. Las encuestas de imagen deslumbraron a Cristina. Y ella se debe a su público. Hoy en el gobierno todo está lejano.

 

“…esquivo por aqui, chamullo por allá
ya no me importa nada, no les pienso pagar
a todos le cabió a todos le cabió
por eso le aplicamos el famoso pagadios..” (los Gedes)

 

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