Visita de Macri al Papa con agenda institucional. Programa emitido el 27 de febrero

Editorial

Mariano Obarrio, conductor UCV

Entrevista I

José María Poirier, director revista Criterio

 

Entrevista II

Luis Palma Cané, economista

Entrevista III

Fernando, Chino, Navarro

Massa usó el 15% de las provincias cuando estaba en Anses y ahora amenaza con apoyar el DNU de CFK

Sergio Massa levanta la bandera del federalismo. Aunque para ello tenga que ratificar un DNU de su (¿ex?) jefa Cristina Kirchner firmado entre gallos y medianoche para poner en forma evidente palos en la rueda al Sucesor. Massa le quitaría la espoleta a la bomba. Resulta que Cristina se inoculó un federalismo póstumo: durante 12 años le quitó el 15% de la coparticipación a las provincias y se conmovió a último momento. Y Massa ahora hace seguidismo de la líder del Frente para la Derrota.

Ese 15% de coparticipación financió durante 12 años a la Anses y a los planes de netbooks, AUH, procrear, progresar, ñoquis para todos, y todo tipo de “ampliación de derechos”. Fue una caja o banco oficial. Nunca fue a financiar el 82% móvil a los jubilados. Massa condujo la Anses desde 2002 hasta 2008. Nunca derogó ese 15%, ni como director ejecutivo de la Anses ni como jefe de Gabinete de Cristina (2008-2009).

¿Y la bandera del federalismo por entonces? Durante la gestión de Néstor, Cristina y Massa la coparticipación a las provincias pasó de ser el 46% del total de los recursos nacionales a ser el 25%. El 75% del dinero que recaudaba la AFIP lo manejaba discrecionalmente Cristina, incluido ese 15% de coparticipación despojado a las provincias.

Usaron el dinero de las propias provincias para disciplinarlas: ellas resignaban mansamente ese 15% pero debían aplaudir mucho a la estadista de Tolosa. Y el que más aplaudía en el Salón de las Mujeres todas las ocurrencias de la Doctora se llevaba más dinero en obras y en retornos. Las únicas que no aceptaban ese juego eran San Luis, Córdoba y Santa Fe que eran discriminadas en el reparto.

Por eso, accionaron ante la Corte Suprema en 2006 por la devolución justa de ese 15%. El máximo tribunal nunca se enfrentó a Cristina, pese a que era presidida por un santafecino como Ricardo Lorenzetti e integrada por el cordobés Juan Carlos Maqueda. Pero hizo Justicia, y les dio la razón una semana antes de que Cristina Kirchner se fuera a su casa.

Y fue la ex presidenta, conmovida por el fallo, quien dictó en tiempo de descuento el decreto que extendía la devolución del 15% al resto de las provincias “perjudicadas” (por ella misma, claro). Cristina amplió unilateralmente el fallo de la Corte en su última gran intromisión en la esfera de otro poder. Su decreto implicaría 80.000 millones de pesos que la Nacion debería girarles que hoy no tiene. Cristina dejó bombas, ñoquis, descontrol administrativo, dejó de todo, menos dinero. Incluso, las provincias le deben mucha plata a la Nación, que ella les perdonaba trimestralmente.

Necesitado de ordenar la economía, Macri derogó el decreto de Cristina. Ahora el Gobierno, Frigerio y Monzó intentan negociar con los gobernadores la devolución del 15% en distintas formas, tiempos y especies. Los gobernadores aceptan la negociación. Pero Massa es más papista que el Papa y, necesitado de ponerse en valor, está a punto de apoyar con militancia peronista el decreto de Cristina y arrepentirse de lo que juntos hicieron durante doce años: pisotear a las provincias y olvidarse de todas las banderas federales.

Algunas cosas se pueden hacer para cumplir con el 15% contemplando el interés de la Nación y de las provincias. Por un lado, el gobierno central le puede condonar deudas a los Estados federales y compensarlas con la deuda que mantiene con ellos el Tesoro. Si la provincia A le debe a Nacion 5000 millones de pesos y la Nacion le debe 300 millones por mes en función del 15%, en 17 meses el Tesoro y la provincia quedan en cero.

Por otra parte, las provincias deben hacer su ajuste porque tienen administraciones desordenadas y la Nacion debe premiar con la devolución progresiva de ese 15%, más obras y mejores condiciones financieras a las que cumplan metas de equilibrio fiscal. Las más beneficiadas no serían las que más aplauden sino las que mejor administran.

 

 

 

El Gobierno analiza una reforma tributaria

En medio de las tensiones propias de la inflación y el déficit fiscal, el gobierno de Mauricio Macri comenzó a analizar un reordenamiento de la economía con una reforma tributaria integral a mediano plazo, que podría alcanzar a los impuestos a las ganancias, bienes personales, IVA, monotributo, impuestos internos, renta financiera y un revalúo inmobiliario en el interior.

Consultado por LA NACION, un ministro macrista reveló ayer: “Se trata de una reforma tributaria a discutir durante este año”.

Un funcionario cercano al jefe de Gabinete, Marcos Peña, precisó que “todo está en etapa de análisis” para después de la transición del acuerdo con los holdouts, la suba de tarifas, las paritarias y los primeros pasos de la reforma del Estado.

El presidente Mauricio Macri adelantó anteayer que impulsa la reforma del impuesto a los bienes personales. Nació como “impuesto a la riqueza” y por la inflación lo debe pagar hoy la mayoría de la clase media, aunque hay mucha evasión.

Desde 2007 se grava a quienes tienen un patrimonio superior a 305.000 pesos, que equivalía a 100.000 dólares y hoy, sólo a US$ 20.300. Según supo LA NACION, se volvería a una cifra más cercana a 100.000 dólares, cerca de 1,5 millones de pesos. Muchos contribuyentes dejarían de pagarlo, pero esa pérdida de ingresos se compensaría con un aumento de alícuotas que hoy van de 0,5% a 1,25% según las escalas. Podrían llegar a 1,75% en los patrimonios más altos.

La Casa Rosada buscaría además recuperar contribuyentes acordando con los gobernadores el revalúo del impuesto inmobiliario, que es competencia de las provincias y sus legislaturas. En algunas, la valuación fiscal de las propiedades está desactualizada y miles de viviendas o campos se reinscribirían al valor de mercado y deberían tributar.

“Habrá puntos más prioritarios que otros, que pueden quedar para el año próximo. Se hará en colaboración con otros bloques parlamentarios. Es marcar la dirección”, dijo una alta fuente oficial.

El impuesto a las ganancias tiene idas y venidas. Macri anunció la suba de 15.000 a 30.000 pesos del mínimo no imponible y dijo que las escalas se reformarán en 2017, pese a su promesa a los sindicatos de que sería este año. Marcos Peña debió aclarar ayer en Radio Mitre que la suba del mínimo fue “un primer paso muy importante” y que “a lo largo del año se puede conversar en el Congreso para ir ordenando las escalas y el sistema impositivo en general”.

Dejó abierta así la puerta a que en 2016 se debatan las escalas y una reforma tributaria general. Peña trabaja esa idea con sus secretarios de Estado, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay; su segundo, Pedro Lacoste, y con el director de la AFIP, Alberto Abad.

Se habló entre ellos de elevar el tope de facturación del monotributo, de 400.000 pesos. Quienes lo superen deberán pasar al régimen de autónomos y pagar IVA y Ganancias. Podrían llevarlo a 800.000 pesos y también elevar las cuotas por categoría. Además, se rebajaría el IVA para alimentos a sectores vulnerables. Se evalúa también una suba en impuestos internos que se aplican a tabaco, bebidas alcohólicas, gaseosas, automóviles, telefonía celular, objetos suntuarios, embarcaciones y aeronaves. Se analiza con cautela porque traerían problemas a las economías regionales. También se estudia, aunque en forma preliminar, el impuesto a la renta financiera. Macri lo descartó en campaña porque ahuyentaría inversiones, pero Prat-Gay presentó un proyecto de ley en 2012 en el Congreso.

Es riesgoso en tiempos de inflación. Los bonos, acciones y plazos fijos pueden tener tasas inferiores a la inflación (tasa negativa) y gravar esa renta espantaría inversores.

Puertas adentro del Gobierno se discute cómo reordenar la economía y aumentar ingresos para bajar el déficit fiscal sin tanto ajuste y poner en caja la emisión monetaria y la inflación. Peña pidió ayer “comprensión y responsabilidad” para “cuidar la frágil salud” del sistema y “ordenar el desastre económico” heredado. Dejó otra definición clave: “La decisión del Gobierno es no ir a un camino de shock o ajuste muy grande, porque ya sabemos cómo ha terminado eso en la historia”.

Cerró así un debate abierto en el macrismo entre “gradualistas”, como Macri, Peña y Prat-Gay, y partidarios del “shock”, como los presidentes del Banco Nacion, Carlos Melconian, y del Banco Central, Federico Sturzenegger. Se impuso, por ahora, el gradualismo, que apuesta todo a financiarse en el mercado tras un acuerdo con los holdouts.

La batalla por reducir el déficit fiscal y la inflación

Ordenamiento económico

El Gobierno quiere reordenar la economía con una reforma tributaria general a mediano plazo: se estudian cambios en los impuestos a las ganancias, bienes personales, IVA, monotributo, impuestos internos, renta financiera y un revalúo inmobiliario interior

Piso de US$ 100.000

En 2007 se gravaron los patrimonios superiores a $ 305.000, que equivalían a US$ 100.000. Hoy equivalen sólo a US$ 20.300. Se volvería a una cifra cercana a aquellos 100.000 mil dólares; se aumentarían las alícuotas y buscarían revaluar inmuebles en provincias

Más monotributistas

Se piensa elevar el tope de facturación del monotributo, de $ 400.000 a $ 800.000, para evitar evasión. También se revisan los impuestos internos que pagan tabacos, bebidas alcohólicas, gaseosas, autos, motos y barcos, y gravar la renta financiera

El acuerdo con los holdouts, la apuesta del Gobierno para aliviar el ajuste – Programa emitido 20/2/16

 

Entrevista I

Juan José Aranguren, Ministro de Energía

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Juan José Aranguren, Ministro de Energía

Verdades en la mesa I

Mariano Obarrio y José Antonio Diaz

Entrevista II

Guillermo Nielsen, Economista

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Guillermo Nielsen

Verdades en la mesa II

Mariano Obarrio y José Antonio Díaz

Entrevista III

Fernando Blanco Muiño, DN de Defensa de la Competencia

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Escribir una leyenda

Fernando Blanco Muiño, DN de Defensa de la Competencia

Últimas verdades

Mariano Obarrio y José Antonio Diaz

 

 

Macri postergó para 2017 las modificaciones de las escalas de Ganancias

LA NACIÓN, 20 de febrero de 2016

Luego de haber conseguido oxígeno político anteayer con el anuncio de la rebaja en el impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, el presidente Mauricio Macri aclaró ayer que resolvió postergar hasta 2017 las modificaciones de las escalas del gravamen pese a que había prometido impulsarlas en marzo próximo. Por ese motivo desató fuertes críticas de sectores políticos, sindicales y en tributaristas.

Como contrapartida, dijo que el gobierno nacional analiza una suba en el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales que se comienza a pagar a partir de un patrimonio de 305.000 pesos y que hoy alcanza a la mayoría de la clase media.

“El año que viene, después de un largo debate, habrá que trabajar sobre el tema de las escalas del impuesto a las ganancias”, dijo Macri en declaraciones a la radio Cadena 3 de Córdoba. El propósito de la Casa Rosada es que la discusión se traslade al Congreso, entre todos los bloques partidarios, y así poder dilatarlo en el tiempo.

De ese modo, pareció relativizar del efecto político positivo que había tenido en sectores gremiales su anuncio de anteayer en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en plena discusión por las paritarias salariales. Macri había presentado la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que pasó de un piso salarial de 15.000 pesos a otro de 30.000.

En la Casa Rosada explicaron ayer a LA NACION que el Presidente buscó “hablar con la verdad, no ocultar nada y decir las cosas como son”. La decisión de no avanzar sobre las alícuotas del impuesto a las ganancias obedece a que la situación fiscal es muy comprometida y el impacto habría sido mayor, cuando en el Gobierno existe una discusión interna acerca de la magnitud del ajuste para avanzar en una política contra la inflación.

Con el anuncio de anteayer, 180.000 contribuyentes dejarán de pagar Ganancias y el resto tributará entre 8 y 22% menos. Y el Estado dejará de percibir unos 49.000 millones de pesos al año. En su discurso del jueves, Macri no dijo nada sobre la reforma de las escalas del gravamen.

Pero el oficialismo había dejado trascender que se comenzarían a debatir en marzo próximo en el Congreso para que se dispusiera mediante una ley. Por eso mismo, la mayoría de los dirigentes sindicales había dicho que la medida era un “paso adelante” en el poder adquisitivo del salario.

Macri les había prometido en conversaciones preliminares que la rebaja en ganancias alcanzaba al mínimo no imponible y también a las escalas del impuesto. Pero ayer pateó ese debate hasta 2017 y con ello desató una ola de críticas.

Quizá para compensar la mala noticia Macri anuncio que además se elevará el piso a partir del cual se pagan bienes personales, lo que también implicará una mejora en la clase media. “Estamos trabajando en eso, en subir el mínimo. Hoy entra el que tiene una vivienda familiar. Eso está mal”, dijo.

Sobre Ganancias se excusó de no haber reformado las escalas. “Sé que a algunos les parece poco, pero es un 160% de aumento en el mínimo no imponible. Es un salto enorme. Y el año que viene, después de un largo debate, habrá que trabajar sobre el tema de las escalas, que es la otra cosa que no funciona bien”, sostuvo el Presidente.

“Primero acá se viene un debate de cuál es la escala razonable. Hay que hacer escalones lo más justos posible, porque un peso más dispara excesivamente para arriba; y después, que fijemos cuál es el sistema para que tengan un ajuste automático, para que no vuelva a tener la distorsión de ahora”, señaló Macri.

Tampoco especificó si el mínimo no imponible de ganancias se ajustará automáticamente, discusión que también delegó en el Congreso de la Nación.

La reacción no tardó en llegar desde los sindicatos. El jefe de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, advirtió que “Macri no está cumpliendo con sus promesas” y dijo que postergar el debate por las escalas sería “mantener una injusticia”. Precisamente las mejoras en Ganancias, además del IVA, las asignaciones familiares y los fondos para las obras sociales, son una carta del Gobierno para moderar el reclamo de los sindicatos en las próximas paritarias.

Para el diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, “el anuncio de Ganancias tiene sabor a poco” .

Por separado, diversos tributaristas aseguran que, si se demora el cambio en las escalas hasta 2017, con una inflación del 30% y paritarias con aumentos similares se podría neutralizar la mejora en el mínimo no imponible.

 

Hubo 200 cortes en todo el país para pedir por Milagro Sala

LA NACIÓN, 19 de febrero de 2016

Un grupo de organizaciones sociales afines a la ex presidenta Cristina Kirchner realizó ayer una segunda jornada de protesta con más de 200 cortes de ruta en todo el país en reclamo por la liberación de la líder de la agrupación Tupac Amaru , Milagro Sala. Pero el gobierno de Mauricio Macri se abstuvo de despejar los piquetes, pese a que originalmente había advertido que no toleraría bloqueos y ayer acordó un protocolo en ese sentido con varias provincias.

“El Gobierno no quería generar episodios con imágenes de televisión que pudieran ser usados por la oposición para denunciar violencia y criminalización de la protesta”, dijo a LA NACION una fuente de la Casa Rosada. Pesó más la evaluación del posible costo político en medio del clima crispado.

Si bien la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantiene la postura de disolver los piquetes con las fuerzas de seguridad, el jefe del Gabinete, Marcos Peña, no quería que en esta protesta masiva en el territorio nacional se registraran enfrentamientos y contacto físico.

Así las cosas, la única intervención de la cartera de Bullrich fue en el kilómetro 29 de la autopista Panamericana. El secretario de Política de Seguridad e Intervención Territorial, Dario Oroquieta, acudió con la Gendarmería Nacional y negoció con los manifestantes para dejar dos carriles libres.

Las agrupaciones kirchneristas que lideraron la protesta en distintos puntos fueron la Tupac Amaru, La Cámpora, el Movimiento Evita, Descamisados, Patria Grande, el Partido Comunista, la CTEP, MILES, la CTA y Quebracho, entre otras.

El conflicto con Milagro Sala comenzó el 16 de enero último cuando fue detenida por incitación a cometer delitos y tumultos y luego la justicia de Jujuy continuó su detención por estar investigada por asociación ilícita, defraudación a la administración pública y extorsión. Se le imputa haber desviado fondos del Estado nacional para la construcción de viviendas sociales.

Pero las organizaciones kirchneristas denuncian que se trata de una “presa política” por estar identificada con la ex presidenta.

Si bien los piquetes se extenderían ayer hasta las 18, las altas temperaturas llevaron a muchos manifestantes a liberar los caminos poco después de las 14. La primera jornada de protesta se había hecho el 22 de enero.

Además de la protesta en la Panamericana, a la altura de Tigre, el corte más representativo fue el del Puente Pueyrredón, desde las 11, que une la Capital Federal con el municipio de Avellaneda. Otro bloqueo fue en el Puente La Noria, que vincula a la Ciudad con Lomas de Zamora. Además, había otro en la rotonda Gutiérrez de la autopista La Plata-Buenos Aires.

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También hubo piquetes en Acceso Oeste y ruta 23 (Moreno); en el Camino del Buen Ayre (San Martín); y en la ruta 3 (Isidro Casanova, La Matanza), este último liderado por el presidente de MILES, Luis D’Elía.

El coordinador nacional de Tupac Amaru, Alejandro Garfagnini, dijo que “La idea es que los cortes duren desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde” y estimó en “alrededor de 200 cortes de ruta” los programados por “más de 40 organizaciones”. En el Ministerio de Seguridad no dieron cifras precisas acerca del alcance de los cortes.

Pero se la organización de Sala informó que se hicieron cortes en Rosario, Córdoba, Corrientes, Chaco, Jujuy, La Rioja, San Juan y Mendoza, entre otros puntos.

Por otra parte, en la Casa Rosada aseguran que no pueden intervenir para que Milagro Sala sea liberada. El juez de Jujuy Gastón Mercau rechazó anteayer el pedido de cese de detención de los abogados de la Tupac Amaru debido a la gravedad de los delitos que se le imputan.

El magistrado sostiene que en caso de ser condenada, serían de cumplimiento efectivo, y que si recupera su libertad podría entorpecer el curso de la investigación.

Por otra parte, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, anunció ayer que le enviará al papa Francisco y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una copia de las pruebas que existen contra Milagro Sala y su supuesta defraudación por 29 millones de pesos de viviendas y la presunta sustracción de 14 millones en un día.

El fiscal dijo que Francisco “no está al tanto de algunas cuestiones vinculadas a la causa judicial” cuando se lo consultó sobre el regalo del Santo Padre de un rosario bendecido a la dirigente social cuestionada.

Carrió se enojó con el Papa por el rosario

La diputada Elisa Carrió criticó al papa Francisco por el rosario que le envió como obsequio a Milagro Sala. En una carta publicada en su muro de Facebook dijo que “es sumamente peligroso alimentar la violencia sobre todo desde el plano espiritual”, y remató: “A Roma no voy”.

Bajo el título “Un llamado a la no violencia”, Carrió manifestó: “Hay que defender al Presidente de la Nación, que busca la pacificación y que fue electo por vía democrática, es preciso no generar confusión. Espero en los Obispos de Argentina ya no en el Papa”.

Protocolo para evitar piquetes

18 de febrero de 2016

El Gobierno pone en marcha un protocolo para evitar piquetes

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aprobó ayer en el Consejo de Seguridad Interior el protocolo para regular piquetes o cortes de ruta como forma de manifestaciones públicas. Se establece allí que las fuerzas de seguridad darán aviso al Ministerio del área, luego a la Justicia e instarán a los manifestantes a deponer los bloqueos, luego de lo cual intervendrán para desalojarlos y disolver la protesta.

Según informó su cartera, la reunión se realizó en Bariloche y Bullrich estuvo acompañada por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el subsecretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman.

“Este ministerio no va a permitir que la calle sea un caos. Queremos cambiar la cultura del corte”, dijo Bullrich al terminar la reunión. “No vamos a tolerar la extorsión. Si quieren que los escuchemos, los vamos a escuchar”, agregó.

El “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas” se aplicará mediante una simple resolución del Ministerio de Seguridad, cuyo texto fue difundido ayer. Esa norma estableció que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires adecuarán el protocolo a sus características, a sus códigos contravencionales y de procedimientos y establecerán el momento para dar intervención a la justicia.

La ministra fue recibida por el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, y el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso. Según el texto que se aprobó en el Hotel Inacayal, con ministros de Seguridad de todas las provincias, excepto la de San Luis, legisladores, diputados y senadores nacionales, el protocolo ordenará que, ante una protesta “espontánea” o “programada” con cortes de ruta, las fuerzas de seguridad (Gendarmería, Policía Federal o Prefectura) comunicarán la situación al ministerio de Seguridad nacional o a los ministerios provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, según la jurisdicción.

Luego de ello “se establecerá un espacio de negociación para que cese el corte y se dará aviso a la justicia”. Ante un resultado positivo o negativo, el jefe del operativo “impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz”, de que “los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación”.

Como elemento punitivo, se les advertirá que ante un incumplimiento se les aplicará las penas del artículo 194 del Código Penal o las contravenciones previstas en cada jurisdicción. El artículo 194 establece que “será reprimido con prisión de tres meses a dos años” el que “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

En caso de que los manifestantes no acaten la orden, “se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación”.

Tambien el Protocolo ordena que las fuerzas de seguridad federales y provinciales “deben garantizar la libre circulación de personas y bienes, sea en calles, avenidas, autopistas, rutas nacionales, corredores de transporte público y de los principales accesos y avenidas centrales de los ejidos urbanos y rurales”.

Dispone también que las fuerzas definen “con criterio objetivo la táctica a utilizar, con atención preferencial de personas que requieran una protección especial de sus derechos, tales como niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad”.

Patricia Bullrich afirmó que el protocolo fue aprobado por el 80% de las provincias y que “se busca establecer un nuevo paradigma, que genere cierto orden en la sociedad”.

El texto indica que “las instrucciones de la autoridad policial se harán por medio de frases cortas y claras” y que los uniformados “no deberán reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes”.

Una vez liberadas las rutas, el Ministerio de Seguridad o las autoridades provinciales instruirán a los funcionarios pertinentes de las demandas de los manifestantes para establecer una negociación para canalizar los reclamos. Luego de ello se deberá labrar un acta de todos los participantes.

Si hubiere detenidos, se les informará el motivo de su detención, se dará lectura de sus derechos y se procederá a su inmediato traslado para ser puestos a disposición de la justicia.

El protocolo aclara que “el uso de la fuerza debe limitarse siempre al mínimo posible”. El uso de la fuerza debe respetar los principios de “legalidad, oportunidad, último recurso frente a una resistencia o amenaza, y gradualidad”.

19 de febrero de 2016

Patricia Bullrich: “Si no se cumple con la orden de desalojo se puede detener”

Luego del lanzamiento del protocolo para evitar piquetes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó que las fuerzas de seguridad federales o provinciales desalojarán en “un tiempo corto” a quienes corten rutas o puentes, porque “si un piquete dura dos horas o tres horas, el daño ya está hecho”.

En diálogo con LA NACION, la ministra aseguró que tiene apoyo “total” del presidente Mauricio Macri tras la puesta en marcha del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas.

“Acá hay un cambio de cultura, de paradigma”, indicó, para asegurar que si los manifestantes “no cumplen con la orden (de desalojo), se los puede llevar detenidos”. También rechazó las críticas del Centro de Estudios Legales y Sociales. “El CELS no sabe leer. Lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción”, contraatacó.

-¿Cómo va a funcionar el protocolo?

-Se busca cambiar la cultura del corte de ruta permanente, en que la gente termina siendo todos los días rehén de una protesta. Las protestas tienen que hacerse en el marco de un cierto orden. Queremos plantearle a la sociedad de que hay un cambio de cultura, de paradigma.

¿Cómo actuaba el Gobierno anterior?

-El gobierno anterior tuvo una total permisividad. Permitió que el corte sea la regla y no la excepción. La regla fue no actuar. Y si las fuerzas actuaban tenían sanciones disciplinarias. Nuestra idea de cómo se convive y cómo es el buen orden es distinta a la del anterior gobierno.

-¿Cómo actuará la fuerza ahora?

-Hay dos tipos de manifestaciones: programadas y espontáneas. En las “programadas” se va a llamar a los responsables y se les va a plantear un cierto comportamiento y orden. Dónde circular, cuáles arterias van a utilizar, no van a poder cortar todo un puente o una ruta. No pueden decir que van a cortar premeditadamente Avenida de Mayo y 9 de Julio. No. Podrán decir “hacemos una marcha” y les decimos van a utilizar la vereda y una parte de la calle si no alcanza.

-¿Y qué pasa si dicen “hacemos un piquete”?

-No puede programar un piquete. Un piquete programado va a recibir del ministerio nacional o local una respuesta: que tiene que salir y si no salen se los va a desalojar.

-¿Cuánto es el plazo entre la orden y el desalojo?

-Un plazo corto, porque si no, se va a la negociación y dura dos horas o tres horas y el daño ya está hecho.

-¿Cómo desaloja la fuerza de seguridad?

-Actúa en flagrancia. Si ve la comisión de un delito en flagrancia actúa como en cualquier delito.

-¿Puede llevar detenidos?

-Si no cumplen con la orden, puede llevar detenidos. Si tienen armas contundentes se les van a pedir la entrega de esas armas.

-¿Van armadas las fuerzas de seguridad?

-No. Van con armas o instrumentos no letales, no armas. Balas de goma, un carro hidrante, bastones, escudos. Instrumentos disuasivos, típicos de las fuerzas de infantería.

-¿Cómo es el procedimiento en los piquetes espontáneos?

-Allí van las fuerzas de infantería sin armas.

-El CELS criticó el protocolo.

-El CELS hizo un protocolo que planteaba algún tipo de organización en manifestaciones públicas. No sé por qué consideran que nosotros no los podemos hacer.

-Dice que criminaliza la protesta y es inconstitucional.

-El CELS no sabe leer. Lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción. Desde que nosotros somos gobierno, ellos y los que pertenecen al gobierno anterior lo único que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes.

-Dicen que privilegian el orden sobre el derecho a la protesta.

-No lo hacemos. Lo que decimos es que la protesta se realiza, pero no puede interferir en la vida cotidiana de los 40 millones de argentinos. Hay cientos de miles de plazas y lugares. Cortar una calle es querer impedir que otras personas quieran llevar adelante su vida cotidiana. Nosotros además les hacemos todos los puentes necesarios para que tengan diálogo con todos los organismos o ministerios que puedan resolver el reclamo.

-¿Las fuerzas de seguridad están entrenadas para resolver marchas sin exceso de violencia, como pasó en la Villa 1-11-14?

-Vamos a ver. Cuando el juez de la causa y el fiscal den el veredicto de lo que paso, ahí nos vamos a enterar todos los argentinos qué paso.

-¿Ustedes no saben qué pasó?

-Le dimos la información al juez y el juez no nos ha dado todavía la posibilidad de que hablemos y no lo vamos a hacer hasta que el juez no nos deje. Lo que si le decimos es que en muchas oportunidades hay agresión y absoluta falta de respeto por las fuerzas de seguridad. Le tiran con armas de fuego, palos, piedras, los escupen.

-¿Se las va a entrenar para que respondan adecuadamente?

-Totalmente. Vamos a entrenar muy bien a las fuerzas en el uso racional de la fuerza y a garantizar que las fuerzas de seguridad tengan las mejores prácticas, compatibles con el respeto a los derechos humanos. Nosotros apostamos a que cada vez haya menos manifestaciones y más paz social.

-¿Tiene el respaldo del Presidente para esto?

-Total.

Conflicto Hospital Posadas

LA NACIÓN, 17 de febrero de 2016

El conflicto, como una “cuestión de Estado”

El gobierno de Mauricio Macri analizará hoy en reunión de gabinete el conflicto del hospital Posadas como una “cuestión de Estado”. Será a las 8 en la Casa Rosada. De allí pueden surgir decisiones, entre las que no se descartan una o varias denuncias penales por la contratación indebida en 2015 de 1700 personas que el Gobierno atribuye a la agrupación Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella.

Según altas fuentes de la Casa Rosada, la información que tiene el ministro de Salud, Jorge Lemus, indica que de esos 1700 “militantes” 500 fueron incorporados durante todo el año pasado y unos 1200, desde el 1° de diciembre pasado.

Todos los cañones del Gobierno apuntan a la gestión del ex director del Posadas Martín Latorraca. El Presidente podría dar instrucciones sobre los futuros pasos.

“De esos 1700 militantes, casi todos son de Nuevo Encuentro y muchos son barrabravas del club Deportivo Morón, que tiene controlado el hospital. Vamos a actuar con firmeza, porque es una mafia que hay que sacar del hospital”, dijo a LA NACION una alta fuente del gabinete macrista. El conflicto se precipitó por el sabotaje denunciado ayer.

Según el equipo de Lemus, la incorporación de la mayoría de esos trabajadores es irregular. No se les terminó el trámite de aprobación por no tener el título de secundario completo, requisito indispensable, y algunos tienen incluso antecedentes penales. Sin embargo, se detectó que muchos de ellos cobraron haberes sin haber sido nombrados, lo que será denunciado.

Según confiaron a LA NACION las fuentes de Salud, esos detalles serán materia de las futuras denuncias ante los tribunales. Además del caos administrativo y de supuestos actos de corrupción, la actual conducción del Posadas, dirigida por Alberto Díaz Legaspe, encontró que el actual presidente del club Deportivo Morón, Diego Spina, era administrador de ese hospital de alta complejidad durante la gestión de Latorraca.

Se investiga si Spina podría tener vínculos con barrabravas de Morón que controlan la seguridad. Además, en Salud también acusan al delegado de ATE, Darío Silva, de defender a Nuevo Encuentro y a los supuestos barras de Deportivo Morón. De los 1700 contratados, unos 300 no accedieron a presentar sus certificados de antecedentes penales.

Lemus armará un gabinete de emergencia integrado por la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Salud, Modernización, Seguridad y Justicia; el municipio de Morón, y la gobernación bonaerense.

 

LA NACIÓN, 18 de febrero de 2017

El Gobierno denunció vandalismo en el Posadas

Fabiola Czubaj y Mariano Obarrio

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Ibarra, Lemus, Díaz Legaspe y Garavano, en conferencia. Foto: Presidencia

El gobierno de Mauricio Macri formuló una denuncia penal por “daños al patrimonio” del hospital Posadas, reveló “amenazas y hechos vandálicos” contra la conducción del centro de salud que dirige Alberto Díaz Legaspe, y anunció que revisará 2035 contratos de agentes que ingresaron el año pasado en el hospital. La mitad de esos ingresos ocurrió en los últimos 45 días de la intervención de Martín Latorraca, designado por la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Tenemos varias explicaciones posibles de estos hechos que queremos que la Justicia investigue”, dijo ayer el ministro de Salud, Jorge Lemus, durante una conferencia en la Casa Rosada.

Los funcionarios de Salud aseguraban ayer por lo bajo que la gran mayoría de esos empleados son militantes de Nuevo Encuentro, agrupación de Martín Sabbatella, jefe político de Latorraca. Además, muchos de ellos, confiaron, son barras bravas del Club Deportivo Morón y todos son afiliados de ATE. Sin embargo, Lemus, se cuidó de mencionar públicamente la filiación. “No queremos que hagan una defensa política, van a decir que los denunciamos por ser de Nuevo Encuentro. No, los denunciamos por delincuentes”, dijo a LA NACION un alto funcionario de Salud.

En la conferencia, participaron también los ministros de Modernización, Andrés Ibarra, y de Justicia, Germán Garavano.

“En 48 horas más, se presentarán otras denuncias por más irregularidades, además de un sumario administrativo”, dijo Lemus.

Otras irregularidades heredadas de la gestión anterior incluyen la concentración del 80% de las compras en un solo proveedor de Morón, la ejecución de apenas el 25% del presupuesto de 2015, una deuda con proveedores por más de 100 millones de pesos, la paralización de licitaciones sin motivo aparente y la suspensión de obras en el vacunatorio y en la unidad de terapia intensiva, la unidad coronaria y la guardia para adultos.

“Hay un deterioro de las instalaciones que puede tener que ver con la falta de mantenimiento, pero hay otro que no es casual”, sostuvo Díaz Legaspe. “Con los trabajos paralizados, se inició la semana pasada una obra que estaba pospuesta en el vacunatorio y en un aparente intento de reparación eléctrica dejaron de funcionar las heladeras”, agregó. El feriado de Carnaval también estuvieron paralizados los 25 ascensores del hospital durante casi cinco horas.

“Para nosotros, es difícil explicarlo. Los peritajes con los que contamos nos hacen pensar que [lo del resonador] no fue un accidente. Lo más leve sería por lo menos una negligencia grave”, añadió.

Ayer, Nuevo Encuentro atribuyó el daño al resonador magnético a “una operación política montada por el macrismo para echar trabajadores”, según tuiteó el propio Sabbatella. Acompañó su mensaje con un documento que habría difundido ayer el Servicio de Diagnóstico por Imágenes. “Comunicamos que el equipo se encuentra en actividad operativa habitual”, se lee. El texto asegura que, tras extraer la silla de ruedas del magneto, se documentó “el correcto funcionamiento” del equipo de acuerdo con el Informe de Servicio 04802 de la empresa Philips.

“El hecho corresponde a un accidente con factores de riesgo múltiples, distantes de un accionar voluntario y premeditado”, agrega el documento. El texto no incluye la firma de ningún profesional responsable, sino que finaliza con un “Atte. Diagnóstico por Imágenes. Alta Complejidad”.

Darío Silva, secretario general de ATE Morón, consideró que el daño al resonador fue “un hecho ingrato”. En diálogo con LA NACION aseguró que cada inconveniente de los últimos días tiene “una historia” detrás. “No es de ahora -aseguró-. Lo del resonador fue un accidente que ocurrió el viernes pasado por la noche debido a la inexperiencia de un residente de primer año que entró con una silla de metal en lugar de aluminio. Cuando el técnico le pidió que levantara al paciente para subirlo a la camilla, se enganchó la silla y el resonador la atrajo. Hablamos con todos en el servicio y no es un sabotaje ni un boicot”.

Por su parte, la Cicop Seccional Hospital Posadas, el gremio que nuclea a profesionales del centro de salud, emitió ayer un comunicado en el que asegura, luego de hablar con los responsables del servicio, que “el episodio del resonador se trató de un accidente, pero de ninguna manera, de un sabotaje”. Aclara, además, que el equipo ya está funcionando. Sobre los desperfectos en los ascensores y el vacunatorio, la Cicop evitó “emitir juicios de valor”, aunque indicó que “probablemente tengan relación con la precaria situación de algunas áreas”.

Por ahora, de las actuaciones internas surge que el viernes pasado, un residente del hospital trasladó a un paciente en silla de ruedas al Servicio de Diagnóstico por Imágenes. Llegó hasta la sala del resonador y se retiró porque el paciente tenía movilidad como para acomodarse en la camilla. En el lugar estaba el técnico a cargo y había un médico radiólogo de guardia, que son los que conocen el procedimiento a seguir en un caso así. Se abrió un sumario administrativo para determinar la actuación de los profesionales. Por lo pronto, ayer, cuando llegaron los peritos de la Policía Científica a la sala del resonador, faltaba la silla de ruedas que se había incrustado en el equipo.

A su vez, fuentes de la empresa Philips, proveedora del resonador, explicaron a LA NACION que despegar la silla del magneto del resonador demandó cuatro horas. Anteayer, la empresa determinó que el impacto de la silla había dañado la cobertura plástica del equipo y una bobina que permite hacer las resonancias de cabeza. Aun así, luego de realizar una prueba con un voluntario, el ingeniero evaluó que el equipo podía volver a operar. Otra bobina, la que permite captar las imágenes neurovasculares, se utiliza transitoriamente para hacer las imágenes de cabeza.

“Estamos evaluando qué daños tiene la bobina, si son parciales o totales, para poder informarles a las autoridades del hospital y cotizar el reemplazo”, indicaron desde la empresa.

Los conflictos, una constante

16/04/2015

Se produce un brote infeccioso en la sala de recuperación nutricional neonatal del hospital. Como consecuencia de esto, muere una beba.

18/04/2015

El Gobierno interviene el hospital. Esto provoca la salida del titular del Consejo de Administración, Donato Spaccavento. Asume Martín Latorraca, vinculado a Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella. Como director de Relaciones Institucionales se designa a Daniel Spina, presidente del Club Deportivo Morón.

26/01/2016

Designan a Alberto Díaz Legaspe como director ejecutivo. Una comisión normalizadora inicia una revisión administrativa.

Como es el plan gradual de Macri para bajar la inflacion

Mauricio Macri dijo en público y en privado que su principal obsesión es bajar la inflación. Se crea la Comisión de Defensa de la Competencia, que dirigirá Esteban Greco, un economista de la Universidad Di Tella. Estará en la órbita del ministro de Producción, Francisco Cabrera.

Pero la puesta en marcha de un sistema online de monitoreo de precios para informar a los consumidores y alentar la competencia estará recién dentro de 45 días.

La Casa Rosada también evalúa abrir las importaciones, por ahora las de carne, para aumentar la oferta. Pero es un último recurso: pueden peligrar muchos puestos de trabajo.

También Macri cree que la menor demanda por el enfriamiento de la economía puede desacelerar la inflación. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, había dicho que en enero estaría en 3%. Pero el índice de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires fue del 4,1%.

El dato preocupó más. La dinámica de los precios inquieta por el impacto político a mediano plazo.

El Presidente está íntimamente convencido de que el control de precios, al estilo Guillermo Moreno, no es la solución aunque sancionará con aquellas herramientas institucionales a formadores de precios o a quienes cometan abusos de posición dominante y prácticas de cartelización.

El remedio real, según Macri, es la política monetaria y fiscal. Pero tendrá efecto en el mediano plazo.

El déficit primario es de 5,8% del PBI y si se agrega el 2,2% de déficit financiero resulta que el desequilibrio total es de 8% del PBI. 

Según fuentes de la Casa Rosada, Prat-Gay prevé bajar el déficit fiscal en 1% del PBI en 2016, lo que equivale a 75.000 millones de pesos: de 5,8% en 2015 (7,1% si se computa la deuda flotante, lo que el Estado debe a sus proveedores) a 4,8% en 2016. Es el resultado de una baja del gasto total del 3% del PBI y una pérdida de ingresos de 2%.

La poda del gasto es así: la primera etapa de eliminación de subsidios en luz, gas y agua lo bajará en 2% del PBI (150.000 millones de pesos). Y el recorte de gastos de la administración será 1% (75.000 millones): habrá racionalización en sobreprecios, corrupción, despidos, interrupción de contratos con “ñoquis”, compras y contrataciones no transparentes. Este último plan es de todos los ministerios coordinados por el de Modernización, Andrés Ibarra. Suma de recorte de gasto: 3% del PBI: 225.000 millones.

La pérdida de ingresos se da por la eliminación y rebaja de retenciones (agro, economías regionales y minería), que implican una baja de recursos de 1% del PBI (75.000 millones). Y la salida del cepo cambiario, otro 1%: se deja de cobrar el 20% del dólar ahorro y el 35% del dólar tarjeta y se devuelven a quienes no pagan Ganancias. Suma de la baja de ingresos: 2%. O sean se pierden recursos por 150.000 millones. Resultado neto: el gasto baja 1%. O sea 75.000 millones, peso más peso menos. Esa es la previsión de Macri y Prat Gay.

Otras medidas impositivas y fiscales se neutralizan, según el Gobierno. La futura suba del mínimo no imponible de Ganancias, la rebaja del IVA y el aumento de asignaciones familiares tendrían un impacto fiscal de 0,7% del PBI, unos 52.000 millones de pesos. Pero según quienes siguen los números en la Casa Rosada se compensa con los mayores ingresos por exportaciones vía la devaluación de casi 15 pesos por dólar.

Y el aumento en las jubilaciones y en la asignación universal por hijo (AUH) es automático por el aumento de la recaudación.

En medio de ello, el Banco Central bajó la emisión monetaria del 40% en diciembre a un 28% en enero. La entidad que dirige Federico Sturzenegger seguirá bajando la emisión a medida que baje el déficit.

Macri está en un brete: los economistas ortodoxos, incluso algunos en el Gobierno, consideran demasiado gradual el ajuste de 1% del PBI. Y los opositores del kirchnerismo dicen que es un ajuste salvaje.

Cerca de Macri explican: “Es el costo de una transición dirigida a normalizar la economía”. El crecimiento en 2016 será moderado, de apenas 0,5%, y la meta de inflación, de 20 a 25%. Pese a los altos índices de inflación en diciembre y enero, Prat Gay y Macri apuestan todo a una caida de precios en el segundo semestre.

Y de allí hacia los próximos años. Prat Gay prevé que el indice de precios descienda a un franjas de entre 12 y 17% en 2017; del 8 al 12% en 2018 y al 5% en 2019.

“Con la economía normalizada, en los tres años siguientes el crecimiento rondará el 4%”, dicen en el Gobierno. Para ello, Macri apuesta a generar nuevas inversiones industriales y en obra pública y a atraer financiamiento local e internacional.

La reducción del déficit sería entonces más acelerada por crecimiento de ingresos, por mayor financiamiento externo e interno, y por “mejor gestión del gasto”.

Para 2017 se estima que el déficit sea de 3,3% del PBI, para 2018 1,8% y en 2019 estiman que será de 0,3%. Es la manera que tiene Prat Gay de atacar el problema sin hacer un recorte brutal, sin prisa y sin pausa. Por eso dijo que terminar con la inflación en dos meses implicaría un ajuste salvaje.

Para todo este plan es clave el acuerdo con los holdouts –el Gobierno cree que lo logrará en algunas semanas- para así obtener financiamiento en el mercado de capitales internacionales para un plan de infraestructura y para financiar a los sectores público y privado. El crecimiento es la apuesta más que el ajuste del gasto, que lo habrá.

Así las cosas, el 4,8% de déficit de 2016 se financiaría, por un lado, con una emisión monetaria decreciente, y al mismo tiempo con crédito interno y externo.

Por otra parte, el flujo positivo de los créditos del BID, Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento –la diferencia entre los préstamos y lo que se paga- será de 1500 millones de dólares en 2017 y solo “algo positivo” en 2016. Eso se destinará a las obras públicas. Con lo que también se busca crecer.

 

 

 

Macri pasó el primer puente angosto: PJ y sindicatos. Programa emitido el 13 de febrero de 2016

Editorial

Mariano Obarrio

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Mariano Obarrio, conducor UCV

Verdades en la mesa

Mariano Obarrio y José Antonio Diaz

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José Antonio Diaz, columnista económico

Entrevista I

Fernando Aguirre, Cámara y Federación argentina de Supermercados

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Fernando Aguirre, Cámara y Federación argentina de Supermercados

Entrevista II

Rodolfo Urtubey, Senador Nacional por Salta (PJ)

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(DYN) URTUBEY EVALUO QUE ROSATTI Y ROSENKRANTZ TIENEN “TRAYECTORIAS SOLIDAS” PARA INTEGRAR LA CORTE

BUENOS AIRES, feb 13 (DyN) – El senador nacional por el PJ-Frente para la Victoria, Rodolfo Urtubey, afirmó hoy que es “prematuro” anticipar si el bloque va a aprobar los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia Horacio Daniel Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz, aunque reconoció que “en ambos casos son trayectorias sólidas”.
El legislador aclaró que “lo que tenemos que ver es la idoneidad” de ambos candidatos que “es muy distinto a la afinidad ideológica-política”.
“Es prematuro decirlo, no hemos hecho una pulseada de ese tema, falta mucho. Muchos senadores no conocen (a los candidatos) y van a esperar la audiencia pública”, indicó Urtubey al ser consultado sobre la posición que adoptará el bloque opositor frente a los candidatos del Gobierno.
Urtubey estimó que tanto Rosatti como Rosenkrantz “son independientes, más allá de que puedan ser más o menos afines al Gobierno”.
Consultado sobre una posible ampliación de los miembros de la Corte Suprema, aseguró que está “de acuerdo” con esa iniciativa pero reclamó “no que sea un elemento de canje” para la aprobación de los dos pliegos que ingresaron al Senado.
“La configuración de la Corte como máxima expresión del Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado, es una cosa muy seria para tratarlo en el marco de un estado de necesidad, prácticamente como es este, de integrar la Corte para que pueda seguir funcionando”, transmitió.
Por eso, Urtubey pidió que una reforma del máximo tribunal debería ser aprobada por “una ley que se trate con toda seriedad y rigurosidad, no en el marco de un proyecto para integrar la Corte”.
Sin embargo, en declaraciones a radio Concepto, el legislador salteño evaluó que “no parece que sea prioritario” avanzar con una modificación del número de la Corte y estimó que sería “serio separarlo de esta discusión” de los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz.
GB SMB

K-3182

(DYN) EL PERONISMO VOLVIO A PLANTEAR “UN ACUERDO DE GOBERNABILIDAD” ENTRE LA NACION Y LAS PROVINCIAS

BUENOS AIRES, feb 13 (DyN) – El peronismo ratificó hoy su propuesta de avanzar en un “acuerdo de gobernabilidad expreso y explícito” que incluya tanto la discusión por la reforma de la ley de Coparticipación como la aprobación del acuerdo con los holdouts.
Así lo transmitió el senador nacional por el PJ-Frente para la Victoria Rodolfo Urtubey, quien argumentó que esta iniciativa es para que la discusión entre la oposición y el Gobierno “no adquiera un cariz de una especie de toma y daca o mercado persa”.
“Para evitar esto, hagamos un acuerdo de gobernabilidad, poniendo todos los temas sobre la mesa, que incluya todo, como la derogación de la Ley Cerrojo, la aprobación del acuerdo con los holdouts, el tema de la Corte, la coparticipación, todos los temas que son objeto de reunión entre Gobierno y las provincias”, puntualizó el legislador.
De esta manera, Urtubey, presidente de la comisión de Acuerdos del Senado, dio precisiones sobre la propuesta del jefe del bloque peronista, Miguel Angel Pichetto, quien reclamó el mes pasado un acuerdo de gobernabilidad que “garantice la asistencia financiera” a las provincias y “contemple las necesidades legislativas de la agenda del Gobierno nacional”.
Consultado sobre una posible ruptura del bloque de senadores, Urtubey lo descartó al sostener que con Pichetto la bancada tiene “una conducción horizontal”.
“No es que no haya diferencias, porque las hay y son naturales y por otra parte inocultables, pero hoy el bloque tiene una conducción horizontal y nadie puede decir: ‘a mi me dieron la orden de hacer tal cosa'”, explicó.
En este contexto, el legislador apuntó que “todo se discute sobre la mesa, incluso el acuerdo de gobernabilidad” presentado por Pichetto.
“Esto garantiza que se pueden decir las cosas, críticas o no, y se tomen las decisiones por mayoría”, concluyó el senador.
GB SMB

K-3181

 

Fecha:_13-02-2016_Hora:_12:53:11
Agencia:_DYX_Categoria:_POLITICA_Prioridad:_Adelanto

Fecha:_13-02-2016_Hora:_12:57:01
Agencia:_DYX_Categoria:_POLITICA_Prioridad:_Adelanto

Verdades en la mesa II

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Entrevista III

Ricardo Saenz, Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Ricardo Sáenz, Fiscal general

 

(DYN) A UN AÑO DEL 18F, EL JUEVES REALIZARAN UN NUEVO ACTO PARA RECORDAR AL FISCAL NISMAN

BUENOS AIRES, feb 13 (DyN) – Fiscales encabezarán el jueves un nuevo acto en la plaza Lavalle de esta capital para recordar a su fallecido colega Alberto Nisman, a un año de la marcha del 18F, cuando una multitud reclamó que se investigara la muerte del funcionario judicial.
“18F. 2015-2016. Acto por la verdad, la memoria y la justicia”, reza el cartel de la convocatoria que busca replicar la emblemática marcha en la que miles de personas caminaron bajo lluvia hace un año para reclamar que se esclarezca en qué circunstancias murió el fiscal.
Esta vez no habrá marcha, ya que el acto tendrá un escenario fijo frente al Palacio de Justicia este jueves a las 18 y el único orador será el jefe del gremio de los judiciales, Julio Piumato.
La convocatoria es promovida por los fiscales Ricardo Sáenz, José María Campagnoli, Carlos Stornelli, Germán Moldes, Guillermo Marijuan y Piumato, entre otros, quienes en un texto que lleva sus firmas manifestaron que “a un año de la Marcha del 18F, la sensación de que fue un abominable crimen de Estado no es motivo de duda para nadie”.
Sáenz manifestó hoy, en conversación con radio Concepto, que la motivación del acto es “homenajear” a un colega que “dejó su vida por esta profesión”.
“Ninguna motivación personal apareció para mostrar que la muerte tenga que ver con otra cosa que no sea por su trabajo. Se haya matado o lo hayan matado, las causas de su muerte tienen que ver con su trabajo”, expresó el vicepresidente de la Sociedad de Magistrados.
En cuanto al rumbo de la investigación por la muerte Nisman, Sáez, quien es el fiscal de la causa, dijo que la jueza Fabiana Palmaghini todavía tiene que “analizar una junta interdisciplinaria” que podría revertir la decisión de la magistrada, quien ayer rechazó el planteo de la querella para que la causa pase a la Justicia federal.
En cuanto al rol de los dos custodios del fiscal, que ayer se negaron a declarar, el fiscal consideró que “está más o menos claro” que cometieron el delito de incumplimiento de sus deberes al haber dilatado la entrada al departamento donde encontraron muerto al fiscal de la causa AMIA.
AFG SMB

K-3178

 

Fecha:_13-02-2016_Hora:_12:53:01
Agencia:_DYX_Categoria:_POLITICA_Prioridad:_Adelanto