La remoción de Luis Cabral por el kirchnerista Claudio Vázquez es el comienzo de la nueva ofensiva K por el control del Poder Judicial. También pueden relevar a Eduardo Farah de la subrogancia de la Sala II de la Cámara Federal, desplazar a Mariano Borinsky de la subrogancia de la Sala III de Casación Penal y reemplazar a cuatro jueces de los tribunales orales federales. En todos estos fueros se tramitan causas presentes y futuras de la corrupción del kirchneirsmo.

La movida no terminaría allí. Si gana Daniel Scioli, el Frente para la Victoria podría acercarse a los dos tercios de manos en el Senado. Eso le serviría para nombrar al reemplazante de Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema –luego del fracaso de imponer a Roberto Carles- y también al futuro sustituto de Carlos Fayt, que podría renunciar en diciembre.

De ese modo, en la Corte habría dos jueces K, que junto con Elena Highton de Nolasco formarían una mayoría de tres a dos (Lorenzetti y Maqueda) para frenar cualquier avance de quienes quieran investigar a los K.

También removieron a Gustavo Hornos y Ana María Figueroa como surbogantes de la Sala I de Casación junto con Cabral. Ahora los tres integrantes de esa sala son jueces kirchneristas.

Esa Sala iba a recibir el expediente de la inconstitucionalidad del Pacto con Irán, dictaminada en la Cámara Federal, que el Gobierno quiere que se revierta. Pero cualquiera sea el resultado luego irá a la Corte Suprema. Cualquier demora en Casación le conviene al Gobierno para no recibir malas noticias antes de las elecciones, por un lado, y para ganar tiempo hasta tener una nueva Corte, donde irremediablemente terminará el caso.

También la sala de Cabral en Casación iba a recibir la apelación de la causa Hotesur, que está en una disputa de jurisdicción en la sala de Farah en la Camara Federal. El kirchnerismo la quiere llevar de la Justicia Federal asentada en Buenos Aires a la de Rio Gallegos. Se investiga allí el posible lavado de dinero de Máximo Kirchner y todo el entorno de la presidenta Cristina Kirchner.

Por último los cuatro miembros de los tribunales orales federales incidirán en los juicios orales que, por ejemplo, se le iniciará a Amado Boudou por el caso Ciccone y en varios juicios orales que en el futuro irán saliendo.

El Gobierno espera más de la Justicia. Ya logró que la Cámara de Casación, por obra del fiscal Javier De Luca, enterrara la denuncia del fallecido fiscal de AMIA, Alberto Nisman, por encubrimiento contra la Presidenta y varios de sus ministros entre ellos el canciller Héctor Timerman.

Esta denuncia de Nisman, que ni el juez Daniel Rafecas ni la Cámara Federal ni la de Casación quisieron investigar, podía encontrar un sustento si la Justicia declaraba que el pacto con Irán era inconstitucional: un acuerdo inválido podía darle verosimilitud a un arreglo espurio con Teherán para lograr la impunidad de los acusados de volar la AMIA. Si el acuerdo es válido, no habría nada que objetar sobre la decisión política de acordar con Irán.

Ambas causas están entrelazadas. Hay una tercera: la muerte de Nisman. La Casa Rosada espera que la fiscal Viviana Fein archive la causa por falta de indicios de un homicidio y declare que fue un suicidio. Fuentes judiciales dicen que este es un escenario probable. El fiscal Ricardo Saenz apelaría ese dictamen y pediría seguir investigando a la Cámara. Pero ese fallo, aunque sea temporariamente, le daría al Gobierno un certificado definitivo de buena conducta antes de las elecciones.

La Casa Rosada quiere cerrar cualquier sospecha de su actuación por la AMIA antes de que se vote en la Argentina. O al menos antes de que Cristina se vaya del poder.