LA NACIÓN, sábado 19 de diciembre de 2015

En medio de una jornada teñida por las protestas sociales y sindicales, el gobierno de Mauricio Macri anunció que trabaja junto con el Poder Judicial en un protocolo para ordenar las protestas sociales e impedir que dificulten la libre circulación de automovilistas y de personas. Sin embargo, ayer no hubo mayores precisiones; sólo se supo que por ahora se manejan borradores, pero no una idea concreta.

El encargado de instalar el tema fue el jefe de Gabinete, Marcos Peña, justo al mismo tiempo en que los trabajadores de las empresas Cresta Roja y Techint cortaban calles en distintos puntos de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires.

“Hasta ahora la meta es modesta, dejar un carril para que circulen los automóviles y se permita la circulación”, señaló a LA NACION un allegado al entorno de Macri.

Otras fuentes gubernamentales aseguraron que el plan está en manos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Lo estamos armando, pero todavía no está terminado”, dijo la funcionaria.

Por la mañana, Peña introdujo el tema cuando adelantó que el Gobierno trabaja junto al Poder Judicial “en un protocolo de protesta social” para que los reclamos en la vía pública sean “previsibles” y no alteren “la libre circulación”.

El jefe de los ministros precisó que el Poder Ejecutivo está “trabajando junto a la Justicia en un protocolo de protesta social” para que “no haya una dilación tan grande cuando se recurre a la Justicia”. La preocupación oficial radica en aceitar el mecanismo para la intervención de los jueces, que muchas veces demoran sus decisiones y las fuerzas de seguridad no pueden actuar.

“Las protestas son legítimas, pero no pueden afectar la libre circulación y la posibilidad de llegar al trabajo, a viajar, de distinta gente que no participa en esa situación”, aseguró Peña, en declaraciones a Radio Mitre.

Diferenciación

En la Casa Rosada existe una clara intención de diferenciarse de la ex presidenta Cristina Kirchner en la política del orden en la vía pública. El kirchnerismo alentó las protestas que consistían en cortes y bloqueos en rutas y calles porteñas, al punto que disponía que las fuerzas de seguridad desviaran el tránsito y custodiara la seguridad de los impulsores de los bloqueos.

Solo algunas veces, el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, tenía orden presidencial de despejar con la Gendarmería alguna ruta de acceso a la Capital Federal, cuando había reclamos de los sindicatos más radicalizados.

En ese sentido, Peña señaló que “las fuerzas de seguridad tienen que ser profesionales para que la situación se resuelva de manera pacífica”. Pero subrayó la necesidad de elaborar un protocolo para que haya “previsibilidad y reglas claras para todos” durante las marchas y cortes de rutas.

Por ahora, según pudo saber LA NACION, se intentará garantizar que los manifestantes dejen uno o dos carriles libres para la circulación y que los jueces actúen más rápido. Pero no se descarta que se apliquen desde las fuerzas de seguridad protocolos sobre la disolución de marchas o disturbios.

La preocupación se generó ayer porque se registraron cortes de rutas por los despidos de trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja, que bloquearon el acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza y por desplazamientos de empleados de Techint, luego reincorporados, que bloquearon calles porteñas.

Por su parte, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, intervino en el debate y señaló que “el corte no es la manera de resolver los conflictos y menos cuando está abierta la puerta del diálogo”. Se refería a la protesta de los trabajadores de Cresta Roja por tercer día consecutivo.

Vidal prometió que los empleados “no van a perder su fuente de trabajo porque desde el Gobierno y la provincia se cuidan estos puestos, aportando una parte importante del salario”. Y agregó: “Seremos rigurosos con los dueños de Cresta Roja, la Justicia ha mandado una intimación para que paguen salarios y aguinaldos o pongan en venta la empresa. O hacen frente a sus obligaciones o buscan otras empresas que estén capacitadas para hacerlo”.

Por la tarde, se supo que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la empresa Tenaris Siderca, del Grupo Techint, llegaron a un “acuerdo” en el Ministerio de Trabajo que permitió la reincorporación de 189 empleados despedidos de la planta de la localidad bonaerense de Campana.

Capital: más de 14.000 piquetes en tres años

En los últimos tres años se registraron 14.235 marchas, piquetes y cortes de calles en la ciudad de Buenos Aires, por lo que se considera un número alto de conflictividad para la Capital, a la que diariamente ingresan cerca de 1.500.000 personas desde el conurbano. “Desde que asumió el jefe de la Policía Federal, comisario general Román Di Santo, en diciembre de 2012, tuvimos un promedio de 13 manifestaciones por día. Es una cifra muy importante y, en ningún caso, tuvimos que lamentar ninguna víctima mortal”, confió ayer a LA NACION un integrante de la plana mayor de la fuerza.

Se agregó que estos resultados se lograron con la creación de División Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas (Doucad), integrada por policías especialmente adiestrados, que no portan armas de fuego.