Editorial

Mariano Obarrio, conductor UCV

Entrevista I

José María Poirier, director revista Criterio

 

Entrevista II

Luis Palma Cané, economista

Entrevista III

Fernando, Chino, Navarro

Sergio Massa levanta la bandera del federalismo. Aunque para ello tenga que ratificar un DNU de su (¿ex?) jefa Cristina Kirchner firmado entre gallos y medianoche para poner en forma evidente palos en la rueda al Sucesor. Massa le quitaría la espoleta a la bomba. Resulta que Cristina se inoculó un federalismo póstumo: durante 12 años le quitó el 15% de la coparticipación a las provincias y se conmovió a último momento. Y Massa ahora hace seguidismo de la líder del Frente para la Derrota.

Ese 15% de coparticipación financió durante 12 años a la Anses y a los planes de netbooks, AUH, procrear, progresar, ñoquis para todos, y todo tipo de “ampliación de derechos”. Fue una caja o banco oficial. Nunca fue a financiar el 82% móvil a los jubilados. Massa condujo la Anses desde 2002 hasta 2008. Nunca derogó ese 15%, ni como director ejecutivo de la Anses ni como jefe de Gabinete de Cristina (2008-2009).

¿Y la bandera del federalismo por entonces? Durante la gestión de Néstor, Cristina y Massa la coparticipación a las provincias pasó de ser el 46% del total de los recursos nacionales a ser el 25%. El 75% del dinero que recaudaba la AFIP lo manejaba discrecionalmente Cristina, incluido ese 15% de coparticipación despojado a las provincias.

Usaron el dinero de las propias provincias para disciplinarlas: ellas resignaban mansamente ese 15% pero debían aplaudir mucho a la estadista de Tolosa. Y el que más aplaudía en el Salón de las Mujeres todas las ocurrencias de la Doctora se llevaba más dinero en obras y en retornos. Las únicas que no aceptaban ese juego eran San Luis, Córdoba y Santa Fe que eran discriminadas en el reparto.

Por eso, accionaron ante la Corte Suprema en 2006 por la devolución justa de ese 15%. El máximo tribunal nunca se enfrentó a Cristina, pese a que era presidida por un santafecino como Ricardo Lorenzetti e integrada por el cordobés Juan Carlos Maqueda. Pero hizo Justicia, y les dio la razón una semana antes de que Cristina Kirchner se fuera a su casa.

Y fue la ex presidenta, conmovida por el fallo, quien dictó en tiempo de descuento el decreto que extendía la devolución del 15% al resto de las provincias “perjudicadas” (por ella misma, claro). Cristina amplió unilateralmente el fallo de la Corte en su última gran intromisión en la esfera de otro poder. Su decreto implicaría 80.000 millones de pesos que la Nacion debería girarles que hoy no tiene. Cristina dejó bombas, ñoquis, descontrol administrativo, dejó de todo, menos dinero. Incluso, las provincias le deben mucha plata a la Nación, que ella les perdonaba trimestralmente.

Necesitado de ordenar la economía, Macri derogó el decreto de Cristina. Ahora el Gobierno, Frigerio y Monzó intentan negociar con los gobernadores la devolución del 15% en distintas formas, tiempos y especies. Los gobernadores aceptan la negociación. Pero Massa es más papista que el Papa y, necesitado de ponerse en valor, está a punto de apoyar con militancia peronista el decreto de Cristina y arrepentirse de lo que juntos hicieron durante doce años: pisotear a las provincias y olvidarse de todas las banderas federales.

Algunas cosas se pueden hacer para cumplir con el 15% contemplando el interés de la Nación y de las provincias. Por un lado, el gobierno central le puede condonar deudas a los Estados federales y compensarlas con la deuda que mantiene con ellos el Tesoro. Si la provincia A le debe a Nacion 5000 millones de pesos y la Nacion le debe 300 millones por mes en función del 15%, en 17 meses el Tesoro y la provincia quedan en cero.

Por otra parte, las provincias deben hacer su ajuste porque tienen administraciones desordenadas y la Nacion debe premiar con la devolución progresiva de ese 15%, más obras y mejores condiciones financieras a las que cumplan metas de equilibrio fiscal. Las más beneficiadas no serían las que más aplauden sino las que mejor administran.

 

 

 

En medio de las tensiones propias de la inflación y el déficit fiscal, el gobierno de Mauricio Macri comenzó a analizar un reordenamiento de la economía con una reforma tributaria integral a mediano plazo, que podría alcanzar a los impuestos a las ganancias, bienes personales, IVA, monotributo, impuestos internos, renta financiera y un revalúo inmobiliario en el interior.

Consultado por LA NACION, un ministro macrista reveló ayer: “Se trata de una reforma tributaria a discutir durante este año”.

Un funcionario cercano al jefe de Gabinete, Marcos Peña, precisó que “todo está en etapa de análisis” para después de la transición del acuerdo con los holdouts, la suba de tarifas, las paritarias y los primeros pasos de la reforma del Estado.

El presidente Mauricio Macri adelantó anteayer que impulsa la reforma del impuesto a los bienes personales. Nació como “impuesto a la riqueza” y por la inflación lo debe pagar hoy la mayoría de la clase media, aunque hay mucha evasión.

Desde 2007 se grava a quienes tienen un patrimonio superior a 305.000 pesos, que equivalía a 100.000 dólares y hoy, sólo a US$ 20.300. Según supo LA NACION, se volvería a una cifra más cercana a 100.000 dólares, cerca de 1,5 millones de pesos. Muchos contribuyentes dejarían de pagarlo, pero esa pérdida de ingresos se compensaría con un aumento de alícuotas que hoy van de 0,5% a 1,25% según las escalas. Podrían llegar a 1,75% en los patrimonios más altos.

La Casa Rosada buscaría además recuperar contribuyentes acordando con los gobernadores el revalúo del impuesto inmobiliario, que es competencia de las provincias y sus legislaturas. En algunas, la valuación fiscal de las propiedades está desactualizada y miles de viviendas o campos se reinscribirían al valor de mercado y deberían tributar.

“Habrá puntos más prioritarios que otros, que pueden quedar para el año próximo. Se hará en colaboración con otros bloques parlamentarios. Es marcar la dirección”, dijo una alta fuente oficial.

El impuesto a las ganancias tiene idas y venidas. Macri anunció la suba de 15.000 a 30.000 pesos del mínimo no imponible y dijo que las escalas se reformarán en 2017, pese a su promesa a los sindicatos de que sería este año. Marcos Peña debió aclarar ayer en Radio Mitre que la suba del mínimo fue “un primer paso muy importante” y que “a lo largo del año se puede conversar en el Congreso para ir ordenando las escalas y el sistema impositivo en general”.

Dejó abierta así la puerta a que en 2016 se debatan las escalas y una reforma tributaria general. Peña trabaja esa idea con sus secretarios de Estado, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay; su segundo, Pedro Lacoste, y con el director de la AFIP, Alberto Abad.

Se habló entre ellos de elevar el tope de facturación del monotributo, de 400.000 pesos. Quienes lo superen deberán pasar al régimen de autónomos y pagar IVA y Ganancias. Podrían llevarlo a 800.000 pesos y también elevar las cuotas por categoría. Además, se rebajaría el IVA para alimentos a sectores vulnerables. Se evalúa también una suba en impuestos internos que se aplican a tabaco, bebidas alcohólicas, gaseosas, automóviles, telefonía celular, objetos suntuarios, embarcaciones y aeronaves. Se analiza con cautela porque traerían problemas a las economías regionales. También se estudia, aunque en forma preliminar, el impuesto a la renta financiera. Macri lo descartó en campaña porque ahuyentaría inversiones, pero Prat-Gay presentó un proyecto de ley en 2012 en el Congreso.

Es riesgoso en tiempos de inflación. Los bonos, acciones y plazos fijos pueden tener tasas inferiores a la inflación (tasa negativa) y gravar esa renta espantaría inversores.

Puertas adentro del Gobierno se discute cómo reordenar la economía y aumentar ingresos para bajar el déficit fiscal sin tanto ajuste y poner en caja la emisión monetaria y la inflación. Peña pidió ayer “comprensión y responsabilidad” para “cuidar la frágil salud” del sistema y “ordenar el desastre económico” heredado. Dejó otra definición clave: “La decisión del Gobierno es no ir a un camino de shock o ajuste muy grande, porque ya sabemos cómo ha terminado eso en la historia”.

Cerró así un debate abierto en el macrismo entre “gradualistas”, como Macri, Peña y Prat-Gay, y partidarios del “shock”, como los presidentes del Banco Nacion, Carlos Melconian, y del Banco Central, Federico Sturzenegger. Se impuso, por ahora, el gradualismo, que apuesta todo a financiarse en el mercado tras un acuerdo con los holdouts.

La batalla por reducir el déficit fiscal y la inflación

Ordenamiento económico

El Gobierno quiere reordenar la economía con una reforma tributaria general a mediano plazo: se estudian cambios en los impuestos a las ganancias, bienes personales, IVA, monotributo, impuestos internos, renta financiera y un revalúo inmobiliario interior

Piso de US$ 100.000

En 2007 se gravaron los patrimonios superiores a $ 305.000, que equivalían a US$ 100.000. Hoy equivalen sólo a US$ 20.300. Se volvería a una cifra cercana a aquellos 100.000 mil dólares; se aumentarían las alícuotas y buscarían revaluar inmuebles en provincias

Más monotributistas

Se piensa elevar el tope de facturación del monotributo, de $ 400.000 a $ 800.000, para evitar evasión. También se revisan los impuestos internos que pagan tabacos, bebidas alcohólicas, gaseosas, autos, motos y barcos, y gravar la renta financiera

 

Entrevista I

Juan José Aranguren, Ministro de Energía

Verdades en la mesa I

Mariano Obarrio y José Antonio Diaz

Entrevista II

Guillermo Nielsen, Economista

Verdades en la mesa II

Mariano Obarrio y José Antonio Díaz

Entrevista III

Fernando Blanco Muiño, DN de Defensa de la Competencia

Fernando Blanco Muiño, DN de Defensa de la Competencia

Últimas verdades

Mariano Obarrio y José Antonio Diaz

 

 

LA NACIÓN, 20 de febrero de 2016

Luego de haber conseguido oxígeno político anteayer con el anuncio de la rebaja en el impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, el presidente Mauricio Macri aclaró ayer que resolvió postergar hasta 2017 las modificaciones de las escalas del gravamen pese a que había prometido impulsarlas en marzo próximo. Por ese motivo desató fuertes críticas de sectores políticos, sindicales y en tributaristas.

Como contrapartida, dijo que el gobierno nacional analiza una suba en el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales que se comienza a pagar a partir de un patrimonio de 305.000 pesos y que hoy alcanza a la mayoría de la clase media.

“El año que viene, después de un largo debate, habrá que trabajar sobre el tema de las escalas del impuesto a las ganancias”, dijo Macri en declaraciones a la radio Cadena 3 de Córdoba. El propósito de la Casa Rosada es que la discusión se traslade al Congreso, entre todos los bloques partidarios, y así poder dilatarlo en el tiempo.

De ese modo, pareció relativizar del efecto político positivo que había tenido en sectores gremiales su anuncio de anteayer en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en plena discusión por las paritarias salariales. Macri había presentado la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que pasó de un piso salarial de 15.000 pesos a otro de 30.000.

En la Casa Rosada explicaron ayer a LA NACION que el Presidente buscó “hablar con la verdad, no ocultar nada y decir las cosas como son”. La decisión de no avanzar sobre las alícuotas del impuesto a las ganancias obedece a que la situación fiscal es muy comprometida y el impacto habría sido mayor, cuando en el Gobierno existe una discusión interna acerca de la magnitud del ajuste para avanzar en una política contra la inflación.

Con el anuncio de anteayer, 180.000 contribuyentes dejarán de pagar Ganancias y el resto tributará entre 8 y 22% menos. Y el Estado dejará de percibir unos 49.000 millones de pesos al año. En su discurso del jueves, Macri no dijo nada sobre la reforma de las escalas del gravamen.

Pero el oficialismo había dejado trascender que se comenzarían a debatir en marzo próximo en el Congreso para que se dispusiera mediante una ley. Por eso mismo, la mayoría de los dirigentes sindicales había dicho que la medida era un “paso adelante” en el poder adquisitivo del salario.

Macri les había prometido en conversaciones preliminares que la rebaja en ganancias alcanzaba al mínimo no imponible y también a las escalas del impuesto. Pero ayer pateó ese debate hasta 2017 y con ello desató una ola de críticas.

Quizá para compensar la mala noticia Macri anuncio que además se elevará el piso a partir del cual se pagan bienes personales, lo que también implicará una mejora en la clase media. “Estamos trabajando en eso, en subir el mínimo. Hoy entra el que tiene una vivienda familiar. Eso está mal”, dijo.

Sobre Ganancias se excusó de no haber reformado las escalas. “Sé que a algunos les parece poco, pero es un 160% de aumento en el mínimo no imponible. Es un salto enorme. Y el año que viene, después de un largo debate, habrá que trabajar sobre el tema de las escalas, que es la otra cosa que no funciona bien”, sostuvo el Presidente.

“Primero acá se viene un debate de cuál es la escala razonable. Hay que hacer escalones lo más justos posible, porque un peso más dispara excesivamente para arriba; y después, que fijemos cuál es el sistema para que tengan un ajuste automático, para que no vuelva a tener la distorsión de ahora”, señaló Macri.

Tampoco especificó si el mínimo no imponible de ganancias se ajustará automáticamente, discusión que también delegó en el Congreso de la Nación.

La reacción no tardó en llegar desde los sindicatos. El jefe de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, advirtió que “Macri no está cumpliendo con sus promesas” y dijo que postergar el debate por las escalas sería “mantener una injusticia”. Precisamente las mejoras en Ganancias, además del IVA, las asignaciones familiares y los fondos para las obras sociales, son una carta del Gobierno para moderar el reclamo de los sindicatos en las próximas paritarias.

Para el diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, “el anuncio de Ganancias tiene sabor a poco” .

Por separado, diversos tributaristas aseguran que, si se demora el cambio en las escalas hasta 2017, con una inflación del 30% y paritarias con aumentos similares se podría neutralizar la mejora en el mínimo no imponible.

 

LA NACIÓN, 19 de febrero de 2016

Un grupo de organizaciones sociales afines a la ex presidenta Cristina Kirchner realizó ayer una segunda jornada de protesta con más de 200 cortes de ruta en todo el país en reclamo por la liberación de la líder de la agrupación Tupac Amaru , Milagro Sala. Pero el gobierno de Mauricio Macri se abstuvo de despejar los piquetes, pese a que originalmente había advertido que no toleraría bloqueos y ayer acordó un protocolo en ese sentido con varias provincias.

“El Gobierno no quería generar episodios con imágenes de televisión que pudieran ser usados por la oposición para denunciar violencia y criminalización de la protesta”, dijo a LA NACION una fuente de la Casa Rosada. Pesó más la evaluación del posible costo político en medio del clima crispado.

Si bien la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantiene la postura de disolver los piquetes con las fuerzas de seguridad, el jefe del Gabinete, Marcos Peña, no quería que en esta protesta masiva en el territorio nacional se registraran enfrentamientos y contacto físico.

Así las cosas, la única intervención de la cartera de Bullrich fue en el kilómetro 29 de la autopista Panamericana. El secretario de Política de Seguridad e Intervención Territorial, Dario Oroquieta, acudió con la Gendarmería Nacional y negoció con los manifestantes para dejar dos carriles libres.

Las agrupaciones kirchneristas que lideraron la protesta en distintos puntos fueron la Tupac Amaru, La Cámpora, el Movimiento Evita, Descamisados, Patria Grande, el Partido Comunista, la CTEP, MILES, la CTA y Quebracho, entre otras.

El conflicto con Milagro Sala comenzó el 16 de enero último cuando fue detenida por incitación a cometer delitos y tumultos y luego la justicia de Jujuy continuó su detención por estar investigada por asociación ilícita, defraudación a la administración pública y extorsión. Se le imputa haber desviado fondos del Estado nacional para la construcción de viviendas sociales.

Pero las organizaciones kirchneristas denuncian que se trata de una “presa política” por estar identificada con la ex presidenta.

Si bien los piquetes se extenderían ayer hasta las 18, las altas temperaturas llevaron a muchos manifestantes a liberar los caminos poco después de las 14. La primera jornada de protesta se había hecho el 22 de enero.

Además de la protesta en la Panamericana, a la altura de Tigre, el corte más representativo fue el del Puente Pueyrredón, desde las 11, que une la Capital Federal con el municipio de Avellaneda. Otro bloqueo fue en el Puente La Noria, que vincula a la Ciudad con Lomas de Zamora. Además, había otro en la rotonda Gutiérrez de la autopista La Plata-Buenos Aires.

También hubo piquetes en Acceso Oeste y ruta 23 (Moreno); en el Camino del Buen Ayre (San Martín); y en la ruta 3 (Isidro Casanova, La Matanza), este último liderado por el presidente de MILES, Luis D’Elía.

El coordinador nacional de Tupac Amaru, Alejandro Garfagnini, dijo que “La idea es que los cortes duren desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde” y estimó en “alrededor de 200 cortes de ruta” los programados por “más de 40 organizaciones”. En el Ministerio de Seguridad no dieron cifras precisas acerca del alcance de los cortes.

Pero se la organización de Sala informó que se hicieron cortes en Rosario, Córdoba, Corrientes, Chaco, Jujuy, La Rioja, San Juan y Mendoza, entre otros puntos.

Por otra parte, en la Casa Rosada aseguran que no pueden intervenir para que Milagro Sala sea liberada. El juez de Jujuy Gastón Mercau rechazó anteayer el pedido de cese de detención de los abogados de la Tupac Amaru debido a la gravedad de los delitos que se le imputan.

El magistrado sostiene que en caso de ser condenada, serían de cumplimiento efectivo, y que si recupera su libertad podría entorpecer el curso de la investigación.

Por otra parte, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, anunció ayer que le enviará al papa Francisco y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una copia de las pruebas que existen contra Milagro Sala y su supuesta defraudación por 29 millones de pesos de viviendas y la presunta sustracción de 14 millones en un día.

El fiscal dijo que Francisco “no está al tanto de algunas cuestiones vinculadas a la causa judicial” cuando se lo consultó sobre el regalo del Santo Padre de un rosario bendecido a la dirigente social cuestionada.

Carrió se enojó con el Papa por el rosario

La diputada Elisa Carrió criticó al papa Francisco por el rosario que le envió como obsequio a Milagro Sala. En una carta publicada en su muro de Facebook dijo que “es sumamente peligroso alimentar la violencia sobre todo desde el plano espiritual”, y remató: “A Roma no voy”.

Bajo el título “Un llamado a la no violencia”, Carrió manifestó: “Hay que defender al Presidente de la Nación, que busca la pacificación y que fue electo por vía democrática, es preciso no generar confusión. Espero en los Obispos de Argentina ya no en el Papa”.

18 de febrero de 2016

El Gobierno pone en marcha un protocolo para evitar piquetes

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aprobó ayer en el Consejo de Seguridad Interior el protocolo para regular piquetes o cortes de ruta como forma de manifestaciones públicas. Se establece allí que las fuerzas de seguridad darán aviso al Ministerio del área, luego a la Justicia e instarán a los manifestantes a deponer los bloqueos, luego de lo cual intervendrán para desalojarlos y disolver la protesta.

Según informó su cartera, la reunión se realizó en Bariloche y Bullrich estuvo acompañada por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el subsecretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman.

“Este ministerio no va a permitir que la calle sea un caos. Queremos cambiar la cultura del corte”, dijo Bullrich al terminar la reunión. “No vamos a tolerar la extorsión. Si quieren que los escuchemos, los vamos a escuchar”, agregó.

El “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas” se aplicará mediante una simple resolución del Ministerio de Seguridad, cuyo texto fue difundido ayer. Esa norma estableció que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires adecuarán el protocolo a sus características, a sus códigos contravencionales y de procedimientos y establecerán el momento para dar intervención a la justicia.

La ministra fue recibida por el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, y el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso. Según el texto que se aprobó en el Hotel Inacayal, con ministros de Seguridad de todas las provincias, excepto la de San Luis, legisladores, diputados y senadores nacionales, el protocolo ordenará que, ante una protesta “espontánea” o “programada” con cortes de ruta, las fuerzas de seguridad (Gendarmería, Policía Federal o Prefectura) comunicarán la situación al ministerio de Seguridad nacional o a los ministerios provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, según la jurisdicción.

Luego de ello “se establecerá un espacio de negociación para que cese el corte y se dará aviso a la justicia”. Ante un resultado positivo o negativo, el jefe del operativo “impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz”, de que “los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación”.

Como elemento punitivo, se les advertirá que ante un incumplimiento se les aplicará las penas del artículo 194 del Código Penal o las contravenciones previstas en cada jurisdicción. El artículo 194 establece que “será reprimido con prisión de tres meses a dos años” el que “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

En caso de que los manifestantes no acaten la orden, “se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación”.

Tambien el Protocolo ordena que las fuerzas de seguridad federales y provinciales “deben garantizar la libre circulación de personas y bienes, sea en calles, avenidas, autopistas, rutas nacionales, corredores de transporte público y de los principales accesos y avenidas centrales de los ejidos urbanos y rurales”.

Dispone también que las fuerzas definen “con criterio objetivo la táctica a utilizar, con atención preferencial de personas que requieran una protección especial de sus derechos, tales como niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad”.

Patricia Bullrich afirmó que el protocolo fue aprobado por el 80% de las provincias y que “se busca establecer un nuevo paradigma, que genere cierto orden en la sociedad”.

El texto indica que “las instrucciones de la autoridad policial se harán por medio de frases cortas y claras” y que los uniformados “no deberán reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes”.

Una vez liberadas las rutas, el Ministerio de Seguridad o las autoridades provinciales instruirán a los funcionarios pertinentes de las demandas de los manifestantes para establecer una negociación para canalizar los reclamos. Luego de ello se deberá labrar un acta de todos los participantes.

Si hubiere detenidos, se les informará el motivo de su detención, se dará lectura de sus derechos y se procederá a su inmediato traslado para ser puestos a disposición de la justicia.

El protocolo aclara que “el uso de la fuerza debe limitarse siempre al mínimo posible”. El uso de la fuerza debe respetar los principios de “legalidad, oportunidad, último recurso frente a una resistencia o amenaza, y gradualidad”.

19 de febrero de 2016

Patricia Bullrich: “Si no se cumple con la orden de desalojo se puede detener”

Luego del lanzamiento del protocolo para evitar piquetes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó que las fuerzas de seguridad federales o provinciales desalojarán en “un tiempo corto” a quienes corten rutas o puentes, porque “si un piquete dura dos horas o tres horas, el daño ya está hecho”.

En diálogo con LA NACION, la ministra aseguró que tiene apoyo “total” del presidente Mauricio Macri tras la puesta en marcha del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas.

“Acá hay un cambio de cultura, de paradigma”, indicó, para asegurar que si los manifestantes “no cumplen con la orden (de desalojo), se los puede llevar detenidos”. También rechazó las críticas del Centro de Estudios Legales y Sociales. “El CELS no sabe leer. Lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción”, contraatacó.

-¿Cómo va a funcionar el protocolo?

-Se busca cambiar la cultura del corte de ruta permanente, en que la gente termina siendo todos los días rehén de una protesta. Las protestas tienen que hacerse en el marco de un cierto orden. Queremos plantearle a la sociedad de que hay un cambio de cultura, de paradigma.

¿Cómo actuaba el Gobierno anterior?

-El gobierno anterior tuvo una total permisividad. Permitió que el corte sea la regla y no la excepción. La regla fue no actuar. Y si las fuerzas actuaban tenían sanciones disciplinarias. Nuestra idea de cómo se convive y cómo es el buen orden es distinta a la del anterior gobierno.

-¿Cómo actuará la fuerza ahora?

-Hay dos tipos de manifestaciones: programadas y espontáneas. En las “programadas” se va a llamar a los responsables y se les va a plantear un cierto comportamiento y orden. Dónde circular, cuáles arterias van a utilizar, no van a poder cortar todo un puente o una ruta. No pueden decir que van a cortar premeditadamente Avenida de Mayo y 9 de Julio. No. Podrán decir “hacemos una marcha” y les decimos van a utilizar la vereda y una parte de la calle si no alcanza.

-¿Y qué pasa si dicen “hacemos un piquete”?

-No puede programar un piquete. Un piquete programado va a recibir del ministerio nacional o local una respuesta: que tiene que salir y si no salen se los va a desalojar.

-¿Cuánto es el plazo entre la orden y el desalojo?

-Un plazo corto, porque si no, se va a la negociación y dura dos horas o tres horas y el daño ya está hecho.

-¿Cómo desaloja la fuerza de seguridad?

-Actúa en flagrancia. Si ve la comisión de un delito en flagrancia actúa como en cualquier delito.

-¿Puede llevar detenidos?

-Si no cumplen con la orden, puede llevar detenidos. Si tienen armas contundentes se les van a pedir la entrega de esas armas.

-¿Van armadas las fuerzas de seguridad?

-No. Van con armas o instrumentos no letales, no armas. Balas de goma, un carro hidrante, bastones, escudos. Instrumentos disuasivos, típicos de las fuerzas de infantería.

-¿Cómo es el procedimiento en los piquetes espontáneos?

-Allí van las fuerzas de infantería sin armas.

-El CELS criticó el protocolo.

-El CELS hizo un protocolo que planteaba algún tipo de organización en manifestaciones públicas. No sé por qué consideran que nosotros no los podemos hacer.

-Dice que criminaliza la protesta y es inconstitucional.

-El CELS no sabe leer. Lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción. Desde que nosotros somos gobierno, ellos y los que pertenecen al gobierno anterior lo único que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes.

-Dicen que privilegian el orden sobre el derecho a la protesta.

-No lo hacemos. Lo que decimos es que la protesta se realiza, pero no puede interferir en la vida cotidiana de los 40 millones de argentinos. Hay cientos de miles de plazas y lugares. Cortar una calle es querer impedir que otras personas quieran llevar adelante su vida cotidiana. Nosotros además les hacemos todos los puentes necesarios para que tengan diálogo con todos los organismos o ministerios que puedan resolver el reclamo.

-¿Las fuerzas de seguridad están entrenadas para resolver marchas sin exceso de violencia, como pasó en la Villa 1-11-14?

-Vamos a ver. Cuando el juez de la causa y el fiscal den el veredicto de lo que paso, ahí nos vamos a enterar todos los argentinos qué paso.

-¿Ustedes no saben qué pasó?

-Le dimos la información al juez y el juez no nos ha dado todavía la posibilidad de que hablemos y no lo vamos a hacer hasta que el juez no nos deje. Lo que si le decimos es que en muchas oportunidades hay agresión y absoluta falta de respeto por las fuerzas de seguridad. Le tiran con armas de fuego, palos, piedras, los escupen.

-¿Se las va a entrenar para que respondan adecuadamente?

-Totalmente. Vamos a entrenar muy bien a las fuerzas en el uso racional de la fuerza y a garantizar que las fuerzas de seguridad tengan las mejores prácticas, compatibles con el respeto a los derechos humanos. Nosotros apostamos a que cada vez haya menos manifestaciones y más paz social.

-¿Tiene el respaldo del Presidente para esto?

-Total.