Protocolo para evitar piquetes

18 de febrero de 2016

El Gobierno pone en marcha un protocolo para evitar piquetes

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aprobó ayer en el Consejo de Seguridad Interior el protocolo para regular piquetes o cortes de ruta como forma de manifestaciones públicas. Se establece allí que las fuerzas de seguridad darán aviso al Ministerio del área, luego a la Justicia e instarán a los manifestantes a deponer los bloqueos, luego de lo cual intervendrán para desalojarlos y disolver la protesta.

Según informó su cartera, la reunión se realizó en Bariloche y Bullrich estuvo acompañada por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el subsecretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman.

“Este ministerio no va a permitir que la calle sea un caos. Queremos cambiar la cultura del corte”, dijo Bullrich al terminar la reunión. “No vamos a tolerar la extorsión. Si quieren que los escuchemos, los vamos a escuchar”, agregó.

El “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas” se aplicará mediante una simple resolución del Ministerio de Seguridad, cuyo texto fue difundido ayer. Esa norma estableció que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires adecuarán el protocolo a sus características, a sus códigos contravencionales y de procedimientos y establecerán el momento para dar intervención a la justicia.

La ministra fue recibida por el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, y el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso. Según el texto que se aprobó en el Hotel Inacayal, con ministros de Seguridad de todas las provincias, excepto la de San Luis, legisladores, diputados y senadores nacionales, el protocolo ordenará que, ante una protesta “espontánea” o “programada” con cortes de ruta, las fuerzas de seguridad (Gendarmería, Policía Federal o Prefectura) comunicarán la situación al ministerio de Seguridad nacional o a los ministerios provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, según la jurisdicción.

Luego de ello “se establecerá un espacio de negociación para que cese el corte y se dará aviso a la justicia”. Ante un resultado positivo o negativo, el jefe del operativo “impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz”, de que “los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación”.

Como elemento punitivo, se les advertirá que ante un incumplimiento se les aplicará las penas del artículo 194 del Código Penal o las contravenciones previstas en cada jurisdicción. El artículo 194 establece que “será reprimido con prisión de tres meses a dos años” el que “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

En caso de que los manifestantes no acaten la orden, “se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación”.

Tambien el Protocolo ordena que las fuerzas de seguridad federales y provinciales “deben garantizar la libre circulación de personas y bienes, sea en calles, avenidas, autopistas, rutas nacionales, corredores de transporte público y de los principales accesos y avenidas centrales de los ejidos urbanos y rurales”.

Dispone también que las fuerzas definen “con criterio objetivo la táctica a utilizar, con atención preferencial de personas que requieran una protección especial de sus derechos, tales como niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad”.

Patricia Bullrich afirmó que el protocolo fue aprobado por el 80% de las provincias y que “se busca establecer un nuevo paradigma, que genere cierto orden en la sociedad”.

El texto indica que “las instrucciones de la autoridad policial se harán por medio de frases cortas y claras” y que los uniformados “no deberán reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes”.

Una vez liberadas las rutas, el Ministerio de Seguridad o las autoridades provinciales instruirán a los funcionarios pertinentes de las demandas de los manifestantes para establecer una negociación para canalizar los reclamos. Luego de ello se deberá labrar un acta de todos los participantes.

Si hubiere detenidos, se les informará el motivo de su detención, se dará lectura de sus derechos y se procederá a su inmediato traslado para ser puestos a disposición de la justicia.

El protocolo aclara que “el uso de la fuerza debe limitarse siempre al mínimo posible”. El uso de la fuerza debe respetar los principios de “legalidad, oportunidad, último recurso frente a una resistencia o amenaza, y gradualidad”.

19 de febrero de 2016

Patricia Bullrich: “Si no se cumple con la orden de desalojo se puede detener”

Luego del lanzamiento del protocolo para evitar piquetes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó que las fuerzas de seguridad federales o provinciales desalojarán en “un tiempo corto” a quienes corten rutas o puentes, porque “si un piquete dura dos horas o tres horas, el daño ya está hecho”.

En diálogo con LA NACION, la ministra aseguró que tiene apoyo “total” del presidente Mauricio Macri tras la puesta en marcha del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas.

“Acá hay un cambio de cultura, de paradigma”, indicó, para asegurar que si los manifestantes “no cumplen con la orden (de desalojo), se los puede llevar detenidos”. También rechazó las críticas del Centro de Estudios Legales y Sociales. “El CELS no sabe leer. Lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción”, contraatacó.

-¿Cómo va a funcionar el protocolo?

-Se busca cambiar la cultura del corte de ruta permanente, en que la gente termina siendo todos los días rehén de una protesta. Las protestas tienen que hacerse en el marco de un cierto orden. Queremos plantearle a la sociedad de que hay un cambio de cultura, de paradigma.

¿Cómo actuaba el Gobierno anterior?

-El gobierno anterior tuvo una total permisividad. Permitió que el corte sea la regla y no la excepción. La regla fue no actuar. Y si las fuerzas actuaban tenían sanciones disciplinarias. Nuestra idea de cómo se convive y cómo es el buen orden es distinta a la del anterior gobierno.

-¿Cómo actuará la fuerza ahora?

-Hay dos tipos de manifestaciones: programadas y espontáneas. En las “programadas” se va a llamar a los responsables y se les va a plantear un cierto comportamiento y orden. Dónde circular, cuáles arterias van a utilizar, no van a poder cortar todo un puente o una ruta. No pueden decir que van a cortar premeditadamente Avenida de Mayo y 9 de Julio. No. Podrán decir “hacemos una marcha” y les decimos van a utilizar la vereda y una parte de la calle si no alcanza.

-¿Y qué pasa si dicen “hacemos un piquete”?

-No puede programar un piquete. Un piquete programado va a recibir del ministerio nacional o local una respuesta: que tiene que salir y si no salen se los va a desalojar.

-¿Cuánto es el plazo entre la orden y el desalojo?

-Un plazo corto, porque si no, se va a la negociación y dura dos horas o tres horas y el daño ya está hecho.

-¿Cómo desaloja la fuerza de seguridad?

-Actúa en flagrancia. Si ve la comisión de un delito en flagrancia actúa como en cualquier delito.

-¿Puede llevar detenidos?

-Si no cumplen con la orden, puede llevar detenidos. Si tienen armas contundentes se les van a pedir la entrega de esas armas.

-¿Van armadas las fuerzas de seguridad?

-No. Van con armas o instrumentos no letales, no armas. Balas de goma, un carro hidrante, bastones, escudos. Instrumentos disuasivos, típicos de las fuerzas de infantería.

-¿Cómo es el procedimiento en los piquetes espontáneos?

-Allí van las fuerzas de infantería sin armas.

-El CELS criticó el protocolo.

-El CELS hizo un protocolo que planteaba algún tipo de organización en manifestaciones públicas. No sé por qué consideran que nosotros no los podemos hacer.

-Dice que criminaliza la protesta y es inconstitucional.

-El CELS no sabe leer. Lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción. Desde que nosotros somos gobierno, ellos y los que pertenecen al gobierno anterior lo único que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes.

-Dicen que privilegian el orden sobre el derecho a la protesta.

-No lo hacemos. Lo que decimos es que la protesta se realiza, pero no puede interferir en la vida cotidiana de los 40 millones de argentinos. Hay cientos de miles de plazas y lugares. Cortar una calle es querer impedir que otras personas quieran llevar adelante su vida cotidiana. Nosotros además les hacemos todos los puentes necesarios para que tengan diálogo con todos los organismos o ministerios que puedan resolver el reclamo.

-¿Las fuerzas de seguridad están entrenadas para resolver marchas sin exceso de violencia, como pasó en la Villa 1-11-14?

-Vamos a ver. Cuando el juez de la causa y el fiscal den el veredicto de lo que paso, ahí nos vamos a enterar todos los argentinos qué paso.

-¿Ustedes no saben qué pasó?

-Le dimos la información al juez y el juez no nos ha dado todavía la posibilidad de que hablemos y no lo vamos a hacer hasta que el juez no nos deje. Lo que si le decimos es que en muchas oportunidades hay agresión y absoluta falta de respeto por las fuerzas de seguridad. Le tiran con armas de fuego, palos, piedras, los escupen.

-¿Se las va a entrenar para que respondan adecuadamente?

-Totalmente. Vamos a entrenar muy bien a las fuerzas en el uso racional de la fuerza y a garantizar que las fuerzas de seguridad tengan las mejores prácticas, compatibles con el respeto a los derechos humanos. Nosotros apostamos a que cada vez haya menos manifestaciones y más paz social.

-¿Tiene el respaldo del Presidente para esto?

-Total.

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