LA NACIÓN,  20 de agosto de 2014

El Gobierno dijo que hubo “una confusión” y no aplicará la norma a la imprenta Donnelley.
Luego de cinco días de haberlo anunciado, la presidenta Cristina Kirchner dio marcha atrás con la aplicación de la ley antiterrorista a la imprenta Donnelley.

El Gobierno aclaró que hubo “una confusión”: la denuncia judicial que presentó contra sus accionistas norteamericanos es por “quiebra fraudulenta” y por el artículo 309 del Código Penal del capítulo de “delitos contra el orden económico y financiero” y, entre ellos, la manipulación del mercado.

Dentro de la Casa Rosada, algunos aseguraron que en un principio buscó presionar a los empresarios para que aceptaran la sanción de una nueva ley de abastecimiento y que, al hacerlo, abrió tantos frentes que hasta peligraba el consenso parlamentario en los propios bloques del oficialismo y debió recular.
Luego de ese retroceso, la mandataria anunció por la noche el envío al Congreso un proyecto de ley para un nuevo canje de la deuda global en default, con cambio de jurisdicción a Buenos Aires. El cambio de estrategia de la Presidenta pudo obedecer a la necesidad conseguir votos en el Parlamento y descomprimir las tensiones con bonistas y empresas.
El encargado de aclarar la “confusión” por la mañana fue el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, que a través de varias radios atribuyó “la confusión” a la oposición, los empresarios y los medios de comunicación.
Señaló que la denuncia de la AFIP, que dirige Ricardo Echegaray, radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas, apuntó a una supuesta “quiebra fraudulenta” de Donnelley. Sin embargo, la Presidenta había anunciado el jueves último de manera explícita y contundente la aplicación de la ley antiterrorista.
Vanoli explicó que la denuncia invocó el artículo 309 del Código Penal, que fue incorporado en 2011 por la ley 26.733, de Delitos Económicos, y penaliza prácticas fraudulentas.
Esta ley había sido sancionada junto con la ley de financiamiento del terrorismo, la 26.734, la llamada “antiterrorista”, que también reformó el Código Penal e introdujo los artículos 303 al 308, que tipifican sí delitos y penas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Desde el artículo 303 hasta el 313 están comprendidos en el Título XIII del Código Penal, que estipula los Delitos contra el Orden Económico y Financiero.

“Fue un error semántico”, dijo un alto funcionario a LA NACION.

Otra alta fuente oficial aseguró a este diario que “la Presidenta fue mal asesorada” para su discurso.”Esto (el 309) no tiene nada que ver con la ley de financiamiento del terrorismo”, dijo Vanoli.

La Presidenta, con todas las letras, había afirmado: “Estamos haciendo uso por primera vez de la ley que se llamó «ley antiterrorista»? Bueno, ya pensaban que esto era contra la protesta social, contra los sindicatos, contra los trabajadores. No”.

Y agregó: “El primer caso que vamos a tener de aplicación de ley antiterrorista, es por el artículo 309 del Código Penal, incorporado por la ley 26.733 (que no es la ley antiterrorista). Es decir, confundió aquí dos leyes que reformaron el Código.
“Hemos formulado denuncia penal ante la Justicia Federal, porque se trata de un delito federal, alteración al orden económico y financiero, artículo 309, inciso 1º, apartado a), del Código Penal de la Nación”, señaló la Presidenta. Esta afirmación, en cambio, fue correcta.
Según confiaron a LA NACION algunas fuentes, la presentación de la Presidenta fue algo más que un error.

“Presionó a los empresarios con la ley antiterrorista para ablandarlos y aceptaran la reforma de la ley de abastecimiento”, dijeron dentro de la Casa Rosada.

“Pero los empresarios no cedieron y en cambio se le complicó el panorama en el Congreso con los diputados y senadores del Frente para la Victoria, que no quieren votar la ley de abastecimiento ni la de hidrocarburos”, agregó otro funcionario.
Con esta aclaración de Vanoli, la Presidenta buscó descomprimir la tensión en los bloques oficialistas para asegurarse votos para hidrocarburos y abastecimiento, criticada incluso por el jefe del bloque, Miguel Pichetto, y para el nuevo canje de deuda global, que busca unificar la tropa con épica patriótica.

Escuchá a Mariano Obarrio todos los sábados de 9 a 11 en Unas Cuantas Verdades por Radio El Mundo AM 1070 (o hacé click acá)

Los bloques K son un hervidero. Miguel Pichetto criticó el proyecto de ley de abastecimiento. Dijo que lo apoyará de todos modos, pero está tratando de quitarle quorum a la iniciativa. Teme otra 125. Lo mismo pasa con la ley de hidrocarburos. Alejandro Vanoli tuvo que desmentir a la Doctora: no se le aplicará la ley antiterrorista a Donnelley sino que se la denunció por quiebra fraudulenta. Pero la abogada exitosa había dicho otra cosa. Y con todas las letras: anunció con aires triunfales que le aplicaría la ley antiterrorismo a una multinacional, que conspiraba contra el orden economico, y no a los trabajadores. El papelon adquiere dimensiones astronómicas.

Pero tiene explicaciones políticas. Esa ley fue resistida en todos los sectores económicos y políticos, e incluso dentro del propio núcleo del peronismo. Ella no tiene ahora seguridad de contar con los votos para aprobar siquiera la ley de hidrocarburos. Ni la de abastecimiento ni la ley antipiquetes. Eso la hizo dar marcha atrás.

Juega su futuro político en esas batallas inviables. Son intentos brutales de revertir la crisis energética, económica y social que ella misma generó con las delirantes políticas de Néstor Kirchner, Guillermo Moreno y Axel Kicillof. El gobierno es el que se ha vuelto terrorista: siembra el terror para imponer el autoritarismo y la arbitrariedad.

¡No se olviden de Néstor! Dio la receta magistral para desembocar en este desastre. Inspiró la política energética de Julio De Vido y sus amigos. Y le dio rienda suelta a Guillermo Moreno, ahora exiliado en Italia, en la economía. El bloque del peronismo perdió dos diputados de Rio Negro y está a punto de irse Martin Insaurralde.

El propio Massa frenó el pase del ex intendente de Lomas para que no se le rebele su vieja tropa de intendentes, Jesus Cariglino y Darío Giustozzi. Massa crece en las encuestas y la transferencia de Insaurralde es un hecho. No tiene regreso al kirchnerismo. De 134 diputados, el bloque del FPV pasará a 131. El quórum es de 129. Pero pueden continuar las fugas del barco. La ley de hidrocarburos podría llevarse a los diputados de Chubut, Mendoza y Neuquén. Si se le quiebra la mayoría en diputados, en 2015 no habrá Congreso funcionando.

La Doctora está ante una encrucijada. Si el PJ le sanciona la ley de abastecimiento, se caerá definitivamente la economía. La industria se paralizará del todo, proliferarán los despidos y estaremos en Venezuela, donde el desabastecimiento es atribuido a la conspiración de los industriales en contra del gobierno popular y revolucionario de Maduro.

Si no se sanciona esa ley, la de piquetes e hidrocarburos, la alianza de la Señora con el peronismo quedará herida de muerte. Las reformas de los códigos Civil y Penal están dormidas. El test será la ley de hidrocarburos. Porque la de abastecimiento deberá esperar. El debate comienza hoy en el Senado pero dicen que será de largo aliento. No hay acuerdo ahora. Antes se tratarán leyes más sencillas de ese paquete, como la creación de un tribunal del consumidor.

Los bloques legislativos están saturados de los conflictos de corrupción de Boudou y del default de Kicillof. Las ensoñaciones económicas ya no contagian ni emocionan. El peronismo considera al ministro un inepto que se vale de la Doctora para mostrar sus hipótesis universitarias setentistas. Un personaje de la decadencia del ciclo, que no cuida a su jefa y que parece disfrutar con el hundimiento y la venganza.

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