La remoción de Luis Cabral por el kirchnerista Claudio Vázquez es el comienzo de la nueva ofensiva K por el control del Poder Judicial. También pueden relevar a Eduardo Farah de la subrogancia de la Sala II de la Cámara Federal, desplazar a Mariano Borinsky de la subrogancia de la Sala III de Casación Penal y reemplazar a cuatro jueces de los tribunales orales federales. En todos estos fueros se tramitan causas presentes y futuras de la corrupción del kirchneirsmo.

La movida no terminaría allí. Si gana Daniel Scioli, el Frente para la Victoria podría acercarse a los dos tercios de manos en el Senado. Eso le serviría para nombrar al reemplazante de Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema –luego del fracaso de imponer a Roberto Carles- y también al futuro sustituto de Carlos Fayt, que podría renunciar en diciembre.

De ese modo, en la Corte habría dos jueces K, que junto con Elena Highton de Nolasco formarían una mayoría de tres a dos (Lorenzetti y Maqueda) para frenar cualquier avance de quienes quieran investigar a los K.

También removieron a Gustavo Hornos y Ana María Figueroa como surbogantes de la Sala I de Casación junto con Cabral. Ahora los tres integrantes de esa sala son jueces kirchneristas.

Esa Sala iba a recibir el expediente de la inconstitucionalidad del Pacto con Irán, dictaminada en la Cámara Federal, que el Gobierno quiere que se revierta. Pero cualquiera sea el resultado luego irá a la Corte Suprema. Cualquier demora en Casación le conviene al Gobierno para no recibir malas noticias antes de las elecciones, por un lado, y para ganar tiempo hasta tener una nueva Corte, donde irremediablemente terminará el caso.

También la sala de Cabral en Casación iba a recibir la apelación de la causa Hotesur, que está en una disputa de jurisdicción en la sala de Farah en la Camara Federal. El kirchnerismo la quiere llevar de la Justicia Federal asentada en Buenos Aires a la de Rio Gallegos. Se investiga allí el posible lavado de dinero de Máximo Kirchner y todo el entorno de la presidenta Cristina Kirchner.

Por último los cuatro miembros de los tribunales orales federales incidirán en los juicios orales que, por ejemplo, se le iniciará a Amado Boudou por el caso Ciccone y en varios juicios orales que en el futuro irán saliendo.

El Gobierno espera más de la Justicia. Ya logró que la Cámara de Casación, por obra del fiscal Javier De Luca, enterrara la denuncia del fallecido fiscal de AMIA, Alberto Nisman, por encubrimiento contra la Presidenta y varios de sus ministros entre ellos el canciller Héctor Timerman.

Esta denuncia de Nisman, que ni el juez Daniel Rafecas ni la Cámara Federal ni la de Casación quisieron investigar, podía encontrar un sustento si la Justicia declaraba que el pacto con Irán era inconstitucional: un acuerdo inválido podía darle verosimilitud a un arreglo espurio con Teherán para lograr la impunidad de los acusados de volar la AMIA. Si el acuerdo es válido, no habría nada que objetar sobre la decisión política de acordar con Irán.

Ambas causas están entrelazadas. Hay una tercera: la muerte de Nisman. La Casa Rosada espera que la fiscal Viviana Fein archive la causa por falta de indicios de un homicidio y declare que fue un suicidio. Fuentes judiciales dicen que este es un escenario probable. El fiscal Ricardo Saenz apelaría ese dictamen y pediría seguir investigando a la Cámara. Pero ese fallo, aunque sea temporariamente, le daría al Gobierno un certificado definitivo de buena conducta antes de las elecciones.

La Casa Rosada quiere cerrar cualquier sospecha de su actuación por la AMIA antes de que se vote en la Argentina. O al menos antes de que Cristina se vaya del poder.

La Nación, domingo 28 de junio de 2015

Los dos principales precandidatos presidenciales de la oposición, Mauricio Macri y Sergio Massa, condenaron ayer la maniobra del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, que removió al juez Luis María Cabral de la Cámara de Casación Penal. Pero el gobierno de Cristina Kirchner evalúa nuevos desplazamientos en ese y otros fueros para nombrar jueces afines y cubrir su inminente retirada del poder.

Según supo LA NACION de altas fuentes oficiales, el cuerpo podría remover a otro camarista subrogante en Casación, a uno más en la Cámara Federal y a cuatro miembros en los tribunales orales federales.

El conflicto conmocionó a la oposición. La Sala I de la Casación tenía previsto fallar el 30 de junio próximo sobre la inconstitucionalidad del pacto con Irán, sentenciada en primera y segunda instancia. Y Cabral podía ratificarla, contra los intereses de la Casa Rosada.

El Gobierno no quiere un fallo adverso al acuerdo de enero de 2013 con Teherán para destrabar el juicio por el atentado contra la AMIA, cuestionado por la comunidad judía. Y menos antes de las elecciones presidenciales del 25 de octubre. De todos modos, cualquier pronunciamiento sería apelado y llegaría a la Corte Suprema.

El jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial del frente Cambiemos, Mauricio Macri, convocó a “la sociedad a movilizarse” en la marcha del 14 de julio próximo, a las 19, a Plaza de Mayo, convocada por abogados y jueces contra la remoción de Cabral y el intento oficial de controlar el Poder Judicial.

“El Gobierno no puede estar permanentemente hostigando a la Justicia”, se lamentó Macri en declaraciones a Radio Mitre. “Me parece que la sociedad se tiene que movilizar y oponerse a este tipo de arbitrariedad, y me parece bien que se estén barajando amparos”, dijo. “Nos parece bien la marcha del 14. Nosotros vamos a adherir”, agregó.

Los diputados Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich (Pro) presentarán mañana una medida cautelar para frenar la medida.

Por su parte, el diputado y precandidato presidencial del Frente Renovador, Sergio Massa, denunció que “el Gobierno mete mano en la Justicia para sacar a los jueces que le incomodan”. Y reclamó que “pongan la misma preocupación para sacar a los jueces sacapresos, los ahijados de (Raúl) Zaffaroni que llenaron de dolor a miles de familias con sus fallos a favor de los delincuentes”.

“Algunos ponen el grito en un lado y los huevos en el otro. Quienes se dicen opositores, de Cambiemos, facilitaron con su ausencia (Ángel Rozas y Gustavo Valdés) la remoción de Cabral”, sostuvo Massa.

La diputada y aspirante presidencial de Cambiemos, Elisa Carrió, los acusó de “complicidad”.

Ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner y asesor massista, Alberto Fernández también respaldó la marcha del 14 de julio. “Yo apoyo toda manifestación pública que respete las reglas de la República”, dijo en declaraciones a FM Concepto.

Según confiaron a LA NACION altos funcionarios, el Gobierno baraja un plan para controlar la Justicia con miras a la inminente retirada de Cristina Kirchner, luego de no haberse postulado a cargos que le confieran fueros parlamentarios.

El jueves último la mayoría kirchnerista del Consejo de la Magistratura reemplazó a tres de los cuatro jueces subrogantes de la Cámara de Casación Penal con otros tantos conjueces oficialistas de una lista diseñada por el Gobierno. Cabral fue sustituido por Claudio Vázquez; Gustavo Hornos, por Roberto Boico, y Ana María Figueroa, por Norberto Frontinmi. Cambió así a toda la Sala I, a la que la Casa Rosada le atribuía demoras porque los subrogantes atienden más de un fuero.

En tanto, el Consejo prorrogó la subrogancia de Mariano Borinsky en la Sala III. Pero el Gobierno no descarta reemplazarlo en el futuro.

Además, analiza quitarle a Eduardo Farah la subrogancia que cumple en la Sala II de la Cámara Federal junto a Martín Irurzun y Horacio Cattani, la más difícil para el Gobierno. Farah es titular en la Sala I con Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, que desestimó la denuncia del fallecido fiscal de la AMIA Alberto Nisman contra Cristina por encubrimiento a Irán en el atentado de 1994.

En Balcarce 50 no descartan cubrir cuatro vacantes en los tribunales orales federales que, por ejemplo, deberán juzgar al vicepresidente Amado Boudou si el caso Ciccone es elevado a juicio oral. Si, además, el kirchnerismo obtuviera suficientes senadores en las próximas elecciones, podría formar allí una mayoría de tres a dos en la Corte Suprema al nombrar un juez propio y un posible sustituto de Carlos Fayt, que podría renunciar en diciembre.

LAS CRÍTICAS DE LOS PRESIDENCIABLES

Sergio Massa. Precandidato Presidencial – Frente Renovador

“Algunos ponen el grito en un lado y los huevos en el otro. Porque quienes se dicen opositores, del frente Cambiemos, facilitaron con sus ausencias la remoción de Cabral”

Mauricio Macri. Precandidato Presidencial – Pro

“No está nada bien que el Gobierno permanentemente siga hostigando a la Justicia, que tiene que ser un poder independiente. Nos parece bien la marcha del 14 de julio. Nosotros vamos a adherir”

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La Nación, jueves 25 de junio de 2015

El general César Milani, que dejó anteayer la jefatura del Ejército, el gobierno de Cristina Kirchner redobló el poder del secretario legal y técnico, Carlos Zannini, sobre el sector militar: el candidato a vicepresidente del Frente para la Victoria (FPV) designó, con aval de la Presidenta, al nuevo jefe del Ejército, general Ricardo Luis Cundom.

En realidad, Zannini delegó el nombramiento en la decisión del nuevo hombre fuerte de las Fuerzas Armadas, el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), teniente general Luis María Carena, que tomó distancia del retirado Milani. Carena, a quien Milani acusa de “traición”, es la nueva estrella del firmamento militar kirchnerista.

Zannini y Carena suelen cenar dos veces por mes en dependencias militares y tienen lazos amistosos entre sus esposas. Carena era, además, un interlocutor y emisario entre Milani y Zannini, según confiaron a LA NACION fuentes oficiales.

El plan de recambio comenzó hace semanas cuando Zannini le encomendó a Carena que conformara en el Estado Mayor Conjunto una estructura de inteligencia paralela a la de Milani. El ex jefe del Ejército había comenzado a profundizar entonces sus diferencias con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien ayer relativizó las discrepancias (ver aparte), luego de reunirse con el presidente del Parlasur, Saúl Ortega.

La orden de Zannini a Carena interfería sobre Milani. El entonces jefe del Ejército tenía desde 2003 el control de espionaje interno con una poderosa estructura de inteligencia militar que cuadruplicó su presupuesto desde 2010 hasta llegar a los $ 600 millones actuales.

Incluso, Cristina se sirvió de Milani para aislar a la ex SIDE que estaba bajo control del ex director de Operaciones Antonio “Jaime” Stiuso, quien perdió la confianza presidencial desde 2012 y fue echado en diciembre último. Ahora, es Milani quien cayó en desgracia, aunque sin críticas públicas del kirchnerismo.

“A Milani le soltaron parcialmente la mano desde la Casa Rosada en sus causas judiciales por violaciones a los derechos humanos. Sobrestimo su poder político y perdió”, dicen en Balcarce 50. Allí aseguran que la Presidenta y Zannini lo removieron luego de que se conoció la noticia, el sábado último por el diario Clarín, de que Milani, pese al rechazo de Rossi, había ascendido a su secretario ayudante, el coronel Marcelo Granitto, al grado de coronel mayor.

Granitto era de su extrema confianza, pero Rossi se negó a promoverlo para el grado de general (con acuerdo del Senado) porque consideraba que había sido “carapintada” en 1987 y había participado de la recuperación violenta del Cuartel de La Tablada, en 1989. Este tema produjo una discusión el sábado último en el acto por el Día de la Bandera en Rosario entre Zannini y la Presidenta y el entonces jefe del Ejército.

Tambien en la Casa Rosada acusan a Milani de acercarse al gobernador bonaerense y candidato presidencial, Daniel Scioli, antes de que éste fuera bendecido por la Presidenta y por Zannini. Sospechaban que le suministraba información sensible al candidato y que Milani buscaba un cargo relevante en un hipotético gobierno de Scioli si el FPV gana las elecciones de octubre próximo.

Por eso mismo, en los últimos meses, el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), Oscar Parrilli, había comenzado a conformar otra estructura de espionaje con agentes militantes de La Cámpora.

En los últimos días, no había novedades en las causas judiciales contra Milani que significaran un riesgo para la campaña oficialista.

Cundom, el nuevo jefe del Ejército, era comandante operacional del Estado Mayor Conjunto y dependía de Carena, a quien debe su ascenso. No era del núcleo de Milani. El subjefe del Ejército, general Gustavo Motta, sucesor natural de Milani y de su extrema confianza, no fue ascendido. El general Francisco Pérez Berbain continuará como director general de Inteligencia, pero Cundom y Carena lo supervisarán..

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La Nación, miércoles 24 de junio de 2015

En el gobierno de Cristina Kirchner aseguraban ayer que la caída del jefe del Ejército, teniente general César Milani, quedó sellada el viernes último. Ese día se conoció la noticia de que Milani decidió ascender a su secretario ayudante, el coronel Marcelo Granitto, al grado de coronel mayor, a pesar de que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, se había negado a ascenderlo a general, en medio de un tenso conflicto.

Según confiaron a LA NACION fuentes oficiales, ello enrareció aún más la relación con la Presidenta, que, ahora se sabe, se había ido desgastando. Desde 2003, Milani dirigía el poderoso aparato de inteligencia militar y respondía a las órdenes del secretario legal y técnico, Carlos Zannini, con fuerte influencia sobre la ex SIDE.

Pero en los últimos tiempos Milani se había arrogado una autonomía que molestó a Cristina Kirchner. Además, por su cuenta, se había acercado demasiado al gobernador bonaerense y candidato presidencial del Frente para la Victoria (FPV), Daniel Scioli, cuando aún Cristina no lo había bendecido con la candidatura a vicepresidente de Zannini.

En Balcarce 50 sospechaban incluso que abastecía de información sensible a Scioli. También aseguran que Milani ayudaba al gobernador a prevenir “maniobras” del ex director de Operaciones de la ex SIDE Antonio “Jaime” Stiuso, ahora perseguido por la Casa Rosada. Luego Scioli elogió calurosamente a Milani en un reportaje en LA NACION y eso aumentó las sospechas.

Los reparos de Rossi hacia el coronel Granitto, un oficial de inteligencia ascendido por Milani a coronel mayor, obedecieron a que el titular de Defensa lo consideraba un militar “carapintada” durante el alzamiento de 1987. Rossi se negó a proponer su ascenso en el Senado.

El Gobierno se molestó cuando la noticia del ascenso apareció el viernes último en el diario Clarín. El rango de coronel mayor es honorífico, pero Milani desafió así a Rossi, que no quiso ascenderlo, y buscó demostrar autonomía. En la Casa Rosada lo entendieron como una insubordinación.

En Defensa también objetaban que Granitto está mencionado en la causa por los excesos de los militares en la recuperación del cuartel de La Tablada en 1989.

De todos modos, Milani buscó mantener ayer las formas y en un comunicado del Estado Mayor del Ejército informó que pidió su retiro por “razones estrictamente personales”.

En el Gobierno también vincularon su retiro con un pedido de la Presidenta y de Zannini para “limpiar” la campaña presidencial y evitarle a Scioli un flanco de ataques de la oposición: el hasta ayer jefe del Ejército, reemplazado por el general de división Ricardo Luis Cundom, es investigado en varias causas judiciales por posibles violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar.

De todos modos, Cristina nombró a Milani jefe del Ejército en 2013 y en julio de ese año logró la aprobación del Senado para su ascenso a teniente general. En un extraordinario control de la inteligencia militar, desde 2010 Milani cuadruplicó su presupuesto y hoy supera los 600 millones de pesos anuales.

En el Gobierno aseguraban ayer que el pase a retiro de Milani fue decidido por Cristina y pedido por Zannini para apuntalar la campaña electoral de Scioli. “Ahora estamos en el mismo barco y Milani no será blanco de críticas de la oposición”, dijo un ministro a LA NACION. “Cristina es la principal operadora de la campaña”, agregó.

También hubo versiones de que Milani, luego de un tiempo prudencial, podría ser designado en un futuro como jefe de Operaciones de la ex SIDE, actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI), para coordinar la inteligencia estratégica y la criminal, dejando a hombres suyos a cargo de la inteligencia militar.

El ex secretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma, consultado sobre esta posibilidad, señaló que de ese modo

“toda la estructura operativa de la inteligencia quedaría en sus manos, lo que significaría una regresión a las peores épocas del terrorismo de estado”.

BONAFINI: “LO DEFENDERÉ HASTA LA CÁRCEL”

Bonafini aseguró que la acusación contra Milani por su supuesta participación en la dictadura fue “inventada” por Nora Cortiñas y Jorge Lanata. “Lo voy a defender hasta que esté en la cárcel”, dijo la titular de Madres de Plaza de Mayo, horas antes de conocer su renuncia.
“Nilda Garré y Néstor Kirchner no me hubieran presentado a un mal tipo. Garré me dijo cientos de veces que era mentira [la acusación] y él me mostró adónde estaba, con día y hora”, dijo Bonafini, en referencia a la desaparición del soldado riojano Alberto Ledo, en Tucumán durante 1976.

POSITIVA REPERCUSIÓN POLÍTICA

Myriam Bregman, abogada en causas de DD.HH.

“El Gobierno defendió a este genocida, que debería estar preso por haber sido parte de la máquina de exterminio de la última dictadura”

Margarita Stolbizer, Diputada Nacional

“Milani renuncia a su cargo, pero no escapará de las causas judiciales. Nunca más en la Argentina un doble discurso con los derechos humanos”

Patricia Bullrich, Diputada Nacional Unión Pro

“Esto demuestra que el oficialismo está reacomodándose porque sabe que hay personajes que son muy negativos para sacar en una campaña electoral”

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz

“Se debe aceptar su renuncia mientras la Justicia lo investiga. El Gobierno nunca lo debería haber propuesto para el cargo de jefe del Ejército Argentino”

Ernesto Sanz, Senador Nacional

“La noticia perfecta sería que la Justicia investigue sus responsabilidades. El pase a retiro no puede ser un pasaporte a la impunidad”

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Máximo Kirchner, el hijo de la Presidenta, debutará como primer candidato a diputado nacional de la lista única del Frente para la Victoria (FPV) de Santa Cruz. Su postulación tiene una fuerte carga simbólica: será el líder natural de decenas de candidatos a legisladores de la agrupación La Cámpora, el kirchnerismo puro, que buscarán custodiar el modelo y condicionar al próximo gobierno.

Según pudo saber LA NACION, Cristina Kirchner pretende obtener una masa crítica de 60 diputados propios para formar una mayoría de incondicionales en el bloque del FPV.

“Para mí, es un orgullo representar a la provincia de Santa Cruz”, dijo anoche Máximo Kirchner en esa provincia, en la que enfrentará una elección complicada, según consignó la agencia oficial Télam.

Además de los efectos políticos, su acceso al Congreso le permitirá a Máximo Kirchner asegurarse fueros parlamentarios e inmunidad ante posibles avances en investigaciones judiciales en las que apareció involucrado.

La causa penal que más preocupa a la Presidenta es la que instruye el juez federal Claudio Bonadio, que investiga a la empresa Hotesur SA, propietaria de varios hoteles en Santa Cruz. Bonadio evalúa citar a indagatoria a Máximo Kirchner, al que investiga por lavado de dinero a través de la ocupación simulada de esos hoteles que pertenecen a varios miembros de la familia presidencial, entre ellos Cristina y su hijo.

Por ahora, el juez Bonadio demoró la citación a indagatoria de Máximo y la eventual asunción de éste como diputado lo dejaría a salvo de condenas. Pese a un recurso del kirchnerismo para apartar de la causa a Bonadio, la Cámara de Casación Penal lo confirmó. Sin embargo, el kirchnerismo podría insistir y la apelación llegaría a la Corte Suprema.

El caso Máximo disparó las decisiones presidenciales más controvertidas de los últimos tiempos. La eventualidad de que el pedido de traslado a Río Gallegos de la causa Hotesur -y los casos Clarin y Pacto con Irán- lleguen al tribunal que preside Ricardo Lorenzetti hizo que Cristina ordenara el golpe contra Carlos Fayt y contra todo la Corte a través de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que preside otra camporista Anabel Fernández Sagasti y que la Presidenta usa como herramienta política.

Al no haber podido cubrir una vacante con Roberto Carlés, cuyo pliego fue rechazado en el Senado, la Doctora quiere inutilizar a la Corte y dejarla sin quórum para funcionar. Por ahora, esta embestida no tiene resultados. Fayt no renunció pese a los insistentes pedidos de los jovenes camporistas y del jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, que revisten una gravísima intromisión en otro poder del Estado.

Pero también en diciembre último el caso Maximo llevó a Cristina a descabezar la ex SIDE. En octubre y noviembre había surgido la versión de que Bonadío estaba a punto de citarlo a su hijo para ser indagado: era entonces inminente el procesamiento. La Presidenta, luego de varios fracasos para controlar la Justicia, entrevió que desde la ex SIDE se acorralaba a toda la familia presidencial agitando las causas en su contra.

La sospecha fue entonces que el entonces director de Operaciones, Antonio “Jaime” Stiuso, era el artífice de ese arrinconamiento a través de sus operadores en la Justicia, el estudio de Diego Pirota y Darío Richarte, de fiscales y de jueces amigos. En esa época Bonadío recibió duras amenazas.

Coincidentemente, a mediados de diciembre la Presidenta dispuso el descabezamiento de la ex SIDE. Relevó al entonces secretario de Inteligencia, Héctor Icauriaga, a su número dos, Francisco Larcher, y al propio Stiuso, que era el verdadero blanco de la purga. A partir de allí quedó al descubierto la guerra de espías.

La Presidenta puso el pie en el acelerador en enero habilitando a la procuradora Alejandra Gils Carbó a nombrar infinidad de fiscales amigos y a remover a los que no lo eran. La guerra de fiscales y de espías determinó que el entonces fiscal Alberto Nisman, del caso AMIA, se sintiera desprotegido y acelerara su denuncia contra la Presidenta por encubrimiento a Irán en el atentado de 1994. Luego de ello la historia es conocida.

La novedad de Máximo encierra todos esos enigmas. La otra novedad saliente consistió en que hasta anoche la jefa del Estado no se presentó para ningún cargo electivo, pese a que evaluó su postulación como diputada del Mercosur. En el futuro podría buscar un espacio en un organismo internacional.

Máximo Kirchner tuvo creciente protagonismo en la estrategia electoral del FPV de los últimos días. Con su amigo y referente de La Cámpora Eduardo “Wado” de Pedro, secretario general de la Presidencia, convencieron a Cristina Kirchner de respaldar finalmente al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, como único candidato presidencial del FPV.

A cambio de ello, Scioli debía nombrar al restante miembro de la “mesa chica” de Olivos, Carlos Zannini, secretario legal y técnico, como su candidato a vicepresidente. El propio De Pedro llamó a sus interlocutores del sciolismo y les sugirió que Scioli debía pedirle a Cristina que Zannini fuera su vice. Ella lo iba a acpetar. Ello ocurrió el martes 16 de junio. De ese modo desplazaron al hasta entonces otro precandidato presidencial, Florencio Randazzo, que era hasta allí respaldado por el propio Zannini. Randazzo se sintió humillado y renunció a todas las candidaturas. Y podría irse del Ministerio del Interior y Transportes si no recompone su situación con Cristina y con La Cámpora.

De 38 años, Máximo, el líder indiscutido de La Campora, encabezará la única lista de diputados del FPV santacruceño. Ello se confirmó tras una negociación con el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, que pretendía postular al diputado provincial Martín Paiva para que compitiera contra Máximo en las primarias del 9 de agosto próximo.

Cristina Kirchner sepultó esa disputa por temor a una derrota y Zannini llamó a Peralta para fusionar las listas. “No podés competir contra Mäximo”, le dijo Zannini a Peralta. En esa provincia rige la ley de lemas. Peralta se postularía como candidato a gobernador y posiblemente enfrentaría dentro del FPV a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, tía de Máximo y hermana del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Los dos deberán enfrentar a Eduardo Costa, el popular candidato del frente Cambiemos y esposo de la diputada Mariana Zuvic, que investiga los negocios de los Kirchner en la provincia, entre ellos Hotesur y la ruta del dinero K.

Así las cosas, Máximo será el líder natural de decenas de camporistas candidatos a diputados y senadores en todo el país. Por caso, De Pedro liderará la lista en provincia de Buenos Aires junto con los camporistas Mayra Mendoza, Horacio Pietragalla y Rodrigo “Rodra” Rodríguez.

También en Capital Federal, irán Axel Kicillof y Andrés Larroque, jefe formal de La Cámpora. En Mendoza, estarán Anabel Fernández Sagasti y Guillermo Carmona; en La Pampa, María Luz Alonso; en Santa Fe, Marcos Cleri, y en Chubut, Santiago Igón. Si Scioli gana las presidenciales del 25 de octubre próximo, De Pedro presidiría la Cámara de Diputados y Zannini, el Senado. Sería el reaseguro del un férreo control parlamentario al futuro gobierno.

El oficialismo también fortaleció las nóminas del Congreso con funcionarios importantes, como Julio De Vido y Nilda Garré, y gobernadores que finalizan su mandato, como el sanjuanino José Luis Gioja, el misionero Maurice Closs y el tucumano José Alperovich. Lo mismo ocurrió en la lista del Parlasur, con figuras como Jorge Taiana, Agustín Rossi y Daniel Filmus