El Gobierno reforzará el ataque a Macri para minar su credibilidad

La Nación, 18 de septiembre de 2015

El escándalo del caso  amenaza con profundizar la campaña sucia. El gobierno de Cristina Kirchner podría hacer nuevas denuncias contra funcionarios y allegados al gobierno porteño de Mauricio Macri para intentar golpear sobre la credibilidad de la base de la propuesta del candidato presidencial de Cambiemos, que es justamente el cambio en las malas prácticas políticas.

Según pudo saber LA NACION, el primer paso de la estrategia del kirchnerismo es tratar de determinar quién le pagó a la empresa La Usina, de Niembro, contratos por 21 millones de pesos en órdenes de publicidad y encuestas que hasta ahora el ex candidato a diputado de Cambiemos no pudo explicar.
Es por ello que el jefe de Gabinete y candidato a gobernador bonaerense, Aníbal Fernández, dijo anteayer que Macri y María Eugenia Vidal, su competidora directa, deberían explicar el caso Niembro.

Los funcionarios de Balcarce 50 aseguran que intentarán demostrar que tanto Macri como Vidal fueron los responsables. Son los candidatos que representan la mayor amenaza electoral para el kirchenrismo, que considera muy probable que haya ballottage contra Cambiemos luego de las elecciones presidenciales del 25 de octubre.
Además, en las oficinas de la Casa Rosada aseguran que existen otros “carpetazos” previstos para otros funcionarios y allegados al gobierno porteño. Una de las usinas de esos “carpetazos”, según trascendió, es la Agencia Federal de Inteligencia, que dirige Oscar Parrilli. Con ello intentarían instalar que existía en la Ciudad un mecanismo para sacar recursos para empresas amigas.

“La idea es que se sepa que no son tan diferentes, ni el cambio. Nadie espera del peronismo que no robe, por eso a nosotros las denuncias de corrupción no nos dañan. Nuestro electorado no espera que seamos transparentes, en cambio el de ellos sí”, dijo a LA NACION un funcionario de la intimidad del kirchnerismo.
Por eso mismo, pese a que Niembro renunció a su candidatura, como reclamó parte del kirchnerismo, para mostrar un gesto diferente, en la Casa Rosada niegan que los candidatos del Frente para la Victoria acusados de corrupción vayan a declinar sus postulaciones. No les entran las balas; no sufren un costo político al no hacerlo.

En esa misma situación están, por ejemplo, Máximo Kirchner, el hijo de la Presidenta, que se postula para diputado por Santa Cruz, y el propio Aníbal Fernández, que aspira a ser gobernador bonaerense.

Máximo está imputado en la causa Hotesur, en la que se investiga lavado de dinero. El Gobierno logró desplazar al juez Claudio Bonadio, que podía citarlo a indagatoria.

Aníbal Fernández, en tanto, está investigado en la causa Fútbol para Todos, por presunto desvío de fondos públicos y pago de derechos de televisación de torneos internacionales y de partidos de la selección nacional de fútbol, y fue acusado de estar vinculado al tráfico de efedrina y al triple crimen de General Rodríguez, de 2008.

Se supo ayer que en el kirchnerismo crece la inquietud por la declaración que hará hoy el ex CEO de Torneos, Alejandro Burzaco, ante la Justicia norteamericana: podría involucrar en los pagos de derechos a Luis Segura, presidente de la AFA; a Pablo Paladino, director de Fútbol para Todos, y a José Luis Meiszner, secretario general de la Conmebol. Los dos últimos son muy cercanos a Aníbal Fernández, lo que sería un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno.

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