LA NACIÓN, 28 de diciembre de 2015

En su acercamiento a las provincias, el gobierno de Mauricio Macri comenzó a cumplir un fallo de la Corte Suprema y desde este mes empezó a devolverles a Córdoba, Santa Fe y San Luis el 15% de la coparticipación que la Nación les descontaba para la Anses. La deuda hacia atrás se negociará desde enero próximo y en 120 días, como fijó el fallo: habrá adelantos en efectivo y en obras públicas.

Pero la prioridad de la Casa Rosada es ahora asistir a las provincias que no pueden pagar los sueldos y aguinaldos de diciembre.

El ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, y su par de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, están abocados a cubrir el bache salarial. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, recibió 10.000 millones de pesos.

Pero el lote de provincias que necesitaron asistencia lo completan al menos Santa Cruz, Chubut, Neuquén, La Pampa, Mendoza, La Rioja y Jujuy.

“El kirchnerismo vació la cuenta de aportes del tesoro nacional (ATN) antes de irse”, dijo un alto funcionario. El grueso habría ido a parar a Santa Cruz. Para esa asistencia se otorgará financiamiento a cuenta de la coparticipación de enero. “No se regalará un solo peso”, dicen en Balcarce 50.

Consultado por LA NACION, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que la situación está “bajo control”. Pero un funcionario político confió que “la prioridad es pasar las Fiestas en paz y que todas paguen los sueldos, luego en enero se negociará todo el fallo de la Corte y la deuda hacia atrás con Córdoba, Santa Fe y San Luis”. Se determinará allí el monto de la deuda y de sus intereses, además de la forma de pago, para lo cual Frigerio, Peña y Macri ofrecen planes de infraestructura con financiamiento externo.

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Es un tema sensible. Macri presume que el éxito con las provincias determinaría sus apoyos en el Congreso para aprobar futuras leyes y para que el Senado le garantice en marzo los dos tercios para convalidar los pliegos de los jueces propuestos para la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Córdoba, Santa Fe y San Luis ya percibieron la cuota de diciembre del 15% de coparticipación que desde 2006 se les descontaba por la transferencia de las cajas previsionales a la Nación e iba a la Anses. Pero el pago de la deuda histórica es lo que se empezará a negociar en enero.

Los montos

¿Cuánto dinero significa? Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadin Argañaraz, Córdoba resignó desde hace diez años $ 19.789 millones y 5196 millones en 2015, un promedio de 433 millones por mes, cifra que cobró en este mes.

Santa Fe perdió 19.967 millones; 5243 millones en 2015, es decir, 437 millones por mes. San Luis dejó de percibir 5018 en diez años y 1317 millones en 2015, o sea, 109 millones mensuales. De todos modos, al monto nominal de esa deuda de diez años habrá que acumularle los intereses. La Corte Suprema fijó un plazo de 120 días para determinar el monto y acordar la forma de pago.

El lunes último, Peña y Frigerio recibieron al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y al intendente de Santa Fe, José Corral. Lifschitz celebró la devolución del goteo del 15% mensual. El mandatario socialista no quiere presionar a Macri y espera recuperar la deuda con obras de infraestructura, especialmente rutas: la 34, la 33 y la 11.

Pero también el puerto de Santa Fe, el puente Santa Fe-Santo Tomé; el ferrocarril, la hidrovía, los puertos del litoral y viviendas. También se habló de la relación política entre Santa Fe y el Gobierno. “Se acordó esperar un mes para ver cómo se organiza la economía con las nuevas medidas. A partir de allí se avanzará en una propuesta más concreta”, dijo Lifschitz en Santa Fe.

Según el Gobierno, todas las provincias presentarán un listado de obras prioritarias. Muchas de ellas, fueron anunciadas por la ex presidenta Cristina Kirchner y nunca fueron ejecutadas o fueron interrumpidas por falta de fondos.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, acordó con Frigerio que su provincia, que tiene un déficit de 700 millones de pesos, dejará de ser discriminada: ingresará en todos los planes de obras y de ese modo se cumplirá el fallo de la Corte.

En cambio, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quiere obras, pero también fondos. Sus interlocutores son Peña y Frigerio. Según sus allegados, Schiaretti espera que Macri haga anuncios en Córdoba a mediados de enero, cuando haga allí su reunión de gabinete. Por lo pronto, luego de la restitución del 15% mensual, Schiaretti hizo derogar la tasa vial de 30 centavos por litro de combustible, que recaudaba $ 700 millones por año.

Provincias en la mira

Miguel Lifschitz

Gobernador de Santa Fe

Se reunió con Peña y Frigerio para negociar el pago retroactivo a 2006

A. Rodríguez Saá

Gobernador de San Luis

Acordó con el gobierno que será recompensada con un plan de obras

Juan Schiaretti

Gobernador de Córdoba

Dijo a la Casa Rosada que aceptará obras, pero también quiere fondos frescos

LA NACIÓN, 27 de diciembre de 2015

El gobierno de Mauricio Macri encontró un caos administrativo apenas asumió. Por eso el Presidente le ordenó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, realizar una auditoría integral del Estado y de la administración pública nacional para poder sincerar la herencia que dejó el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner.

El relevamiento durará 60 días y estará a cargo de la Sindicatura General de la Nacion (Sigen), que dirige Ignacio Rial. Pero existe otro problema: la Sigen también fue desmantelada por la gestión del kirchnerista Daniel Reposo.

No sólo eso. Cada ministerio tiene una Unidad de Auditoría Interna (UAI), que reporta a la Sigen. Peña les ordenó a sus sabuesos valerse de las UAI para facilitar el trabajo. Pero todas están desactivadas.

“Todo hay que volver a ponerlo en marcha. Nos encontramos un puñado de contadores en la Sigen. Habrá que contratar decenas de contadores y profesionales”, señaló a LA NACION un funcionario muy allegado a Peña. Macri quiere curarse en salud. Planea medidas duras para sanear el Estado y las provincias y revertir el estancamiento económico. Por eso, presume que necesita un inventario para exhibir lo que recibió como herencia. “Cualquier medida se entenderá mejor si mostramos lo que recibimos”, dicen a su lado. Posiblemente, esa auditoría se articule con las ya anunciadas en el Senado, la Afsca, el PAMI, la Cancillería y el Ministerio de Medios, entre otras dependencias.

Peña puso en marcha a sus dos laderos: Gustavo Lopetegui, secretario de Gabinete, y Mario Quintana, secretario de Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria. Ellos, junto con un grupo de jóvenes distribuidos en mesas del emblemático Salón de las Mujeres del Bicentenario, comenzaron a evaluar por dónde empezar.

Apenas asumió, Peña descubrió que para pagar sueldos en un organismo descentralizado él tenía que firmar una autorización. No había sistema de débito automático. Cuando sus ministros piden informacion a los directores de Recursos Humanos sobre el personal de planta y contratado, las planillas no existen o no llegan.

En muchos casos, los directores de RR.HH. no tienen la información. En otros, no la suministran por viejas simpatías con el kirchnerismo.Cuando Paula Bertol asumió en la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de Jefatura de Gabinete,le agradeció a su antecesor Oscar González el orden en su área. Pero descubrió que el resto del edificio de la ex Somisa, en Julio A. Roca y Belgrano, era un auténtico aguantadero de militantes de La Cámpora. Se chocaban entre sí, sin funciones claras: muchos de ellos no le podían dar la mano y mirarla a la cara. Se notaba la tensión en sus rostros.

Una funcionaria descubrió que en su subsecretaría tenía 27 empleados. Pero le costó tres días descubrir dónde estaban. Nadie le acercaba la información. Al ver la lista descubrió muchos nombres de La Cámpora. Al citar a uno, le pidió los “programas” en los que trabajaba: eran puras fotos de militantes.

“Esta auditoría durará todo el verano, quermos terminarla en 60 días. No queremos hablar siempre del kirchnerismo”, dijo un funcionario de Peña a LA NACION. Los jóvenes de Peña evaluaron tercerizar la auditoría en una empresa especializada. Pero temieron que el proceso se hiciera largo y costoso.

Peña y sus hombres, Lopetegui y Quintana, tuvieron varias reuniones con Rial, titular de la Sigen, y con los sindicos generales adjuntos, Alejandro Ameijenda, y Ignacio Díaz Zavala. Luego de reactivar las UAI revisarán inventarios de bienes del Estado, deudas, licitaciones en marcha, listados de personal, entes cooperadores que contratan personal con recursos del Estado y los posibles focos, cajas y negocios de corrupción que ya comenzaron a encontrar o a sospechar.

¿Quiénes, cómo y en qué se gastaba la plata? También pretenden hurgar el personal de cada ministerio, secretaría o subsecretaría de Estado. ¿Qué empleados trabajan y cuáles sólo militan?

“Muchas veces no hay información y no es mala voluntad. En otros, los de RR.HH. son puestos por el kirchnerismo”, confiaron.

De todos modos, la auditoría no está vinculada a la revisión que anunció el mininstro de Modernización, Andrés Ibarra, de 64.000 contratos temporarios.

En la última reunión de gabinete en la Casa Rosada, Macri escuchó de varios ministros que existía un desorden de contratos de personal y de planes sociales no sólo en la Nación, sino en las provincias. Con ellos el anterior gobierno mantenía el disciplinamiento de los gobernadores. Se acordó que la racionalización debía federalizarse.

También mencionaron cientos de empresas y cooperativas que reciben subsidios caóticos. El desafío de los macristas es hacer el saneamiento profundo, pero sin afectar beneficios laborales y sociales para evitar los conflictos.

Programa emitido el sábado 26 de diciembre de 2015

Editorial
Mariano Obarrio

Verdades Económicas
Mariano Obarrio y José Antonio Diaz

Entrevista I
Ricardo Buryaile, Ministro de Agroindustria

 

Escuchá a Mariano Obarrio en Unas Cuantas Verdades los sábados de 10 a 12 en FM Concepto 95.5 (o hace click acá)

LA NACION – SÁBADO 26 DE DICIEMBRE DE 2015

El gobierno de Mauricio Macri comenzó a explorar nuevas formas de recaudar fondos privados en el programa Fútbol para Todos (FPT) con el propósito de recortar el gasto de 1894 millones de pesos previsto en el presupuesto de 2016. Se estudia comercializar el espacio de la TV Pública con publicidad privada, vender los derechos a los demás canales de televisión y a las cadenas extranjeras y hasta un servicio premium prepago por cable.

“El fútbol será gratis para todos y saldrá por la TV Pública. Eso es seguro. Pero se estudian variantes para bajar el costo y no habrá más propaganda política”, dijo a LA NACION el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, quien dirige el programa, que coordinará el ex presidente de Racing y empresario televisivo Fernando Marín.

El propio Macri sigue de cerca los cambios en FPT. De Andreis tuvo varias reuniones con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, con el asesor presidencial José Torello y con empresarios amigos de Macri y de Torello del colegio Newman.

Otra decisión casi tomada: los recursos que el Estado invierta en FPT no serán transferidos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sino directamente a los clubes de fútbol. En la actualidad, es la AFA la que gira el dinero a los clubes, que no rinden cuentas de sus gastos.

Las transferencias futuras se harían con auditorías y metas estrictas de administración para que no se malgasten esos recursos públicos, lo que fue una de las principales críticas que se le hacía a FPT cuando estaba bajo la administración del gobierno de Cristina Kirchner.

Existía por entonces una íntima relación entre el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini, el fallecido presidente de la AFA Julio Grondona, el ex CEO de Torneos Alejandro Burzaco, ahora imputado en los Estados Unidos por el FIFA-Gate, y el ex dirigente de AFA y Conmebol José Luis Meiszner, también imputado y hombre de extrema confianza de Aníbal Fernández.

Otra novedad es que FPT podrá ser transmitido por los cinco canales de aire. Se incluiría a Canal 13, del Grupo Clarín, el único que había sido marginado por el kirchnerismo en su pelea con el multimedio. Hasta hace un mes, la mayoría de los partidos de la primera división de fútbol se emitían por la TV Pública (Canal 7) y algunos por América, Canal 9, Telefé o Crónica. El cambio que se evalúa es que los canales interesados paguen derechos de televisación y comercialicen sus propios espacios publicitarios.

Según el presupuesto 2016, FPT tendrá una partida de 1894 millones de pesos. Desde que Cristina Kirchner lanzó FPT en agosto de 2009 con el lema de “la liberación de los goles secuestrados”, la Nación pagó más de 9000 millones de pesos por la televisación “gratis” del fútbol.

El kirchnerismo había anunciado que se iba a financiar con publicidad privada pero terminó usando el espacio para emitir propaganda política e incluso perseguir a adversarios en polémicos spots.

Macri decidió eliminar la propaganda política y reemplazarla por publicidad privada, que le aportaría entre 300 a 500 millones de pesos por año a valores de hoy. La publicidad oficial se limitaría sólo a lo institucional y de interés público: campañas de salud, educación o cronogramas de pagos.

“No podemos vender publicidad aún ni planificar costos porque no tenemos previsibilidad en la organización”, señalaron en la Casa Rosada a LA NACION. La principal falta de certeza obedece a que sólo en los últimos días se definió el torneo de “transición” del primer semestre de 2016, que se hará entre 30 equipos en dos zonas de 15 y con una final entre los dos mejores.

También está en análisis la conformación del plantel de relatores y periodistas y la participación de la empresa Torneos en FPT.

Por otra parte, es una posibilidad bajo estudio que exista un servicio estándar gratis para el gran público, pero que se diseñe otro premium, con mejor calidad técnica, alta definición, más cámaras, o alternativas de repetición de jugadas, que podría comercializarse a través de la televisión por cable. Además podrían vender el programa a las cadenas de televisión especializadas en deportes del extranjero que pagarían así un derecho por la transmisión y ello achicaría la erogación estatal.

Mayor control en el gasto para ver los goles

Fondos a los clubes

Se evitaría girar los $ 1900 millones anuales a la AFA y se los darían a los clubes con rendición de cuentas, auditorías y metas

Publicidad privada

Buscan recaudar entre 300 y 500 millones de pesos por el espacio de FPT. Se eliminará la propaganda política partidaria

Por todos los canales

Se transmitiría por la TV Pública, pero se vendería a América, Canal 9, Telefé, Crónica y Canal 13, del Grupo Clarín, a cambio de un canon para bajar gasto

Cadenas extranjeras

Evalúan vender los derechos a las señales de deportes del exterior

Servicio premium

Sin dejar de transmitir el fútbol gratis, se podría crear una transmisión de mejor calidad técnica pero prepago o por aire

LA NACION – JUEVES 24 DE DICIEMBRE DE 2015

En la segunda reunión de gabinete en la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri organizó la ayuda de emergencia para las inundaciones en Entre Ríos, donde hay unos 20.000 evacuados, les ordenó viajar a la vicepresidenta Gabriela Michetti y dos de sus ministros, evaluó sancionar por ley el próximo protocolo contra los piquetes, y resolvió esperar a que el Poder Judicial defina el fin del amotinamiento de Martín Sabbatella dentro del Afsca, organismo que fue intervenido anteayer.

Sobre la situación del Afsca, habló ante los ministros el jefe del Gabinete, Marcos Peña, y según confió uno de los presentes a LA NACION informó que “Sabbatella está amotinado y no quiere salir, pero que van a dejar que la Justicia vaya resolviendo”.

Según la visión del Gobierno, que denunció a Sabbatella por usurpación de cargo, “en los próximos días va a tener que ceder, pero es muy sensible a los Kirchner y ellos lo impulsan a pelear hasta el final”. El dirigente kirchnerista sostiene que Macri no puede intervenir por decreto un organismo creado por la ley de medios audiovisuales.

Según confiaron allegados a Peña, el Gobierno argumenta la intervención del Afsca y la Aftic, anunciadas anteayer, en el hecho de que el decreto 13 modificó la ley de ministerios y en la nueva estructura esos dos organismos están subordinados al ministro de Comunicación, Oscar Aguad, pero sus titulares no acatan la nueva política.

Además, el Gobierno se ampara en la facultad del Presidente para intervenir organismos y entes autárquicos y en que un decreto de necesidad y urgencia puede modificar una ley porque tiene jerarquía de ley siempre que el Congreso no lo rechace expresamente.

“Vamos a usar todas las facultades constitucionales que tiene el Presidente”, dijo una alta fuente oficial.

En la conferencia de prensa, Peña defendió la postura del Gobierno y exhortó a Sabbatella a acatar la decisión del Poder Ejecutivo, al que pertenece el Afsca. “Le pedimos que evite esta situación complicada, se tiene que ir”, señaló.

Calificó la intervención de “válida y legítima” y le envió un mensaje irónico al kirchnerismo. “Nos parece excelente que ahora el kirchnerismo promueva la defensa de las instituciones. Esperamos que encontremos acuerdo en el Congreso para todas las reformas institucionales que vamos a tener que hacer”, señaló.

También señaló que Sabbatella “está usurpando las oficinas” del Afsca y lo acusó de “desconocer la autoridad presidencial”. Añadió que la presentación de un habeas corpus por parte del dirigente de Nuevo Encuentro es “exagerada y no es adecuada porque no se están amenazando las libertades” de los trabajadores.

Además, Peña hizo hizo un “llamado a la reflexión” al ex intendente de Morón y señaló: “La realidad es que no nos parece muy adecuada la reacción de Sabbatella, que está quedándose en las oficinas públicas, desconociendo la autoridad presidencial, usurpando las oficinas del AFSCA, y está tomando medidas administrativas”.

Por otra parte, en sintonía con lo que dijo entre los ministros, Peña aclaró que “en todo caso esto se pueda discutir en el plano institucional. Monitorearemos también las acciones de la Justicia, que evidentemente están viendo la misma situación que nosotros”.

Sobre la ley de medios, el funcionario dijo que la intención del Gobierno “es cumplirla” porque durante el kirchnerismo “buena parte de los artículos no fueron cumplidos”.

“Fue como un instrumento de persecución a los medios que no se ceñían a la política oficialista del kirchnerismo. Nosotros no creemos en eso, creemos en la importancia de la libertad de expresión, la importancia de un Estado que no se meta todos los días en la cuestión de los medios, sino que se dedique a gobernar, a informar, que tenga una relación más sana con los medios de comunicación”, subrayó.

Durante la reunión de gabinete, el ministro de Modernización, Andres Ibarra, repasó la situación que todos los ministerios encuentran con el desorden en el listado de los empleados públicos, especialmente entre los contratados.

“Tanto en la Nacion como en las provincias hay que determinar la cantidad de contratados, habló de la falta de información, de buscar información, observar la administración de las provincias, porque nosotros vamos a hacer una racionalización en el Gobierno, pero también donde hay mucha joda es en las provincias y eso hay que ordenarlo”, dijo uno de los ministros.

Del encuentro con Macri, que se realizó en el Salón Eva Perón, participaron la vicepresidenta Gabriela Michetti, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y los ministros Rogelio Frigerio (Interior), Jorge Lemus (Salud), Esteban Bullrich (Educación), Carolina Stanley (Desarrollo Social), Patricia Bullrich (Seguridad), Andrés Ibarra (Modernización), Germán Garavano (Justicia), Lino Barañao (Ciencia), Pablo Avelluto (Cultura) y Gustavo Santos (Turismo), entre otros.

También intervino la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que repasó el conflicto con los trabajadores despedidos de la avícola Cresta Roja y el principio de solución con la quiebra y la compra por parte de nuevos dueños.

Según confiaron a LA NACION testigos del encuentro, “Bullrich propuso que tenemos que ir a una ley o alguna solución a los cortes”. En ese sentido, comenzó a barajarse la posibilidad de que el protocolo contra los piquetes deba ir al Congreso en marzo próximo para ser tratado como un proyecto de ley.

“No profundizó en cómo será el protocolo, sino que van a comenzar a trabajar sobre un protocolo en el Ministerio de Seguridad”, señalaron las fuentes.

El 50% del tiempo de la reunión se lo llevó el tema de las inundaciones en Entre Ríos. Macri junto a Frigerio y sus pares resolvieron que habrá ayuda de las tropas del Ejército, del Ministerio de Desarrollo Social, de Stanley, y desde enero se le otorgarán fondos a través de los aportes del tesoro nacional (ATN), aunque no se evaluó la cifra.

Por la tarde Michetti, Stanley y Frigerio viajaron a Concordia, Entre Ríos, para coordinar la ayuda de varios ministerios a la provincia.

Consultado por LA NACION sobre el conflicto sobre los precios, Peña señaló que en enero habrá “buenas noticias” aunque aclaró que la inflación “no se va a corregir de un día para el otro” porque “viene de arrastre”. Señaló que el objetivo es lograr “que no haya más aumentos” y lograr acuerdos con los empresarios.

“Queremos ir logrando políticas razonables y de colaboración para cuidar el bolsillo de los argentinos”, agregó.

“Estamos trabajando con cada uno de los sectores para ir logrando de mínima que no haya más aumentos y de máxima de poder ver que haya retrocesos de aumentos, que en algunos casos fueron un poco excesivos en términos de especulación”, señaló Peña.

“Vamos a seguir trabajando, en principio en el marco de un acuerdo económico social que estamos empezando a charlar y podamos enmarcar estas discusiones de la mejor manera posible para una normalización económica”, dijo el ministro.

“Somos optimistas en el marco del diálogo social con los sectores económicos, no se puede hacer de un día para el otro, pero creemos que en enero vamos a seguir teniendo buenas noticias en términos de sector por sector, de ir trabajando para lograr una política más razonable y de cooperación, porque acá todos tienen que colaborar para cuidar el bolsillo de los argentinos y el poder adquisitivo”, aseguró el jefe del Gabinete.

LA NACIÓN, domingo 20 de diciembre de 2015

Tras la salida del cepo cambiario, que no deparó sobresaltos por ahora, el gobierno de Mauricio Macri apostará a que la devaluación no se traslade a los precios y a atender las necesidades primarias de las organizaciones sociales. El propósito es garantizar la paz social a fin de año y comenzar el diálogo con las centrales sindicales en enero para que en marzo haya paritarias salariales con aumentos razonables.

Según pudo saber LA NACION de altas fuentes oficiales, el objetivo es evitar un salto en la inflación y así superar los fantasmas de las históricas crisis sociales de las últimas dos semanas de diciembre por la llegada de la Navidad y el Año Nuevo.

La semana próxima continuarán las negociaciones del gabinete económico con sectores empresariales para moderar los precios. Esas gestiones comenzaron la semana última y cerca de Macri vislumbran un compromiso del sector privado.

Si se consigue ese objetivo, a mediados de enero de 2016 la Casa Rosada convocará a un Consejo Económico y Social para acordar una agenda entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos.

Se busca así generar un escenario de cierta estabilidad económica propicio para que en marzo la Casa Rosada convoque a negociaciones paritarias en todos los sindicatos y se logren aumentos salariales que no superen el índice de inflación.

“No podemos convocar a paritarias en medio del tembladeral de la salida del cepo”, señaló a LA NACION un ministro involucrado.

Otra decisión: no habrá decreto para generalizar un bono de fin de año, como piden las centrales sindicales que buscan unificar la CGT. “Se homologarán los bonos por sector. Pero hay sectores que no pueden pagarlo, entre ellos el Estado nacional, que debe garantizar el pago de sueldos y aguinaldos. No habrá un bono generalizado”, dijo a LA NACION el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

En Balcarce 50 se escuchó a un allegado a Macri reflexionar sobre que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, había garantizado previamente el resultado de la salida del cepo: un dólar a 13,60 pesos, sin un gran salto.”Estamos tranquilos y sin euforia, no fue una genialidad. Ahora empieza la más brava: precios, salarios y las presiones correspondientes. Pero hay equipo y Macri está muy bien”, señaló esa fuente de primer nivel a LA NACION.

“Si los sindicatos piden un bono por la devaluación no va a caminar”, descartó otro funcionario.

Prat-Gay, Triaca, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el secretario de Comercio, Miguel Braun, se reunieron la semana última con las cámaras de supermercados, de alimentos, y con laboratorios, entre otros. La semana próxima seguirán las reuniones con otros sectores. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, comenzó a dialogar con organizaciones sociales para atender sus necesidades y evitar conflictos sociales. Esta semana seguirá con esa agenda.

Pasado mañana, la CTA de Pablo Micheli hará a una concentración en la Plaza de Mayo por “tierra, techo y trabajo” junto a otras centrales de trabajadores y movimientos populares, entre ellos Tupac Amaru. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anticipó anteayer que luego de la salida del cepo el objetivo principal de Macri era ordenar precios y salarios.

El Gobierno les pidió a empresarios retrotraer los precios al 30 de noviembre o mantenerlos. Los laboratorios acordaron retroceder un 7%, pero muchas alimenticias sólo los mantendrían. Quieren buscar un punto medio. El Gobierno se comprometió a dejar sin efecto resoluciones del kirchnerismo que las obligaban a suministrar información y a revisar rótulos y etiquetas.

También les prometió abrir las importaciones de insumos, lo que fue celebrado en el sector.

La preocupación de las compañías es que no se desborden las paritarias. Es el huevo o la gallina: el Gobierno les pide un compromiso con los precios, para llegar bien a marzo a las negociaciones salariales.

“La baja de precios nos ayuda en las paritarias de marzo”, dijo un ministro a LA NACION. “Hay comprensión y acompañamiento de los empresarios”, agregó. Cabrera acordó con los principales supermercados una canasta navideña de 54 pesos para las fiestas de fin de año, que estará disponible esta semana.

La posible reunificación de la CGT entre Hugo Moyano (Azopardo), Luis Barrionuevo (Azul y Blanca) y la CGT oficial de Antonio Caló fue acompañada por reclamos que, según Triaca, son exhibiciones de dureza para la interna. Barrionuevo pidió 50% de aumento y todos los gremios reclamaron un bono de entre 8000 y 10.000 pesos.

Una agenda muy cargada

Los pilares del cambio económico que busca el gobierno de Macri

Medidas adoptadas

Eliminación del cepo cambiario

El Gobierno suprimió las restricciones para adquirir dólares. Dejaron de existir el dólar ahorro, el dólar tarjeta y el dólar turista, y se unificó el tipo de cambio. En el primer día en los mercados, la liberación supuso una devaluación del 36% contra el precio mayorista

Supresión y baja de retenciones

Se eliminaron las retenciones a las exportaciones de todos los productos del campo, salvo las de la soja, que caerán 5% para quedar en 30% y seguirán reduciéndose en el tiempo. Se hizo lo mismo con los bienes industriales, que tributaban 5 por ciento

Liberación del comercio exterior

Las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) ideadas por Moreno caducarán a fin de mes y habrá un nuevo sistema. Habrá licencias automáticas y no automáticas por sectores. Se podrá exportar e importar sin permiso

Financiamiento local y extranjero

Mediante acuerdos con las cerealeras para que liquiden sus dólares, convenios con bancos, el pase a dólares del swap chino y préstamos bilaterales con distintos países, el Gobierno apuntó a reforzar las reservas. Además, se encaminaron créditos con el BID

Reforma de los ministerios

Se destaca la del Ministerio de Economía, del que surgieron nuevos ministerios, como el de Hacienda y Finanzas, por la elevación de rango de algunas secretarías. También se repartieron las atribuciones del ex Ministerio de Planificación Federal

Medidas por tomar

Plan contra la inflación

La contención del traslado a precios por la devaluación se buscará con el plan Precios Cuidados y acuerdos de “autorregulación” con las empresas. El Gobierno prepara un esquema de metas de inflación y una mesa de negociación de precios y salarios

Quita de subsidios energéticos

El Gobierno ratificó que es inminente la quita de subsidios en gas y electricidad, lo que significará un alza de tarifas, aunque se protegerá a sectores vulnerables. Una versión indicó que la poda empezaría en enero, pero el ministro Aranguren lo desmintió

Déficit fiscal e impuestos

Con un déficit que se acerca al 7% del producto bruto, el frente fiscal aún espera más acciones. En materia impositiva, el nuevo director de la AFIP, Alberto Abad, anticipó que se analizarán cambios en el impuesto a las ganancias y a los bienes personales

Normalización del Indec

El nuevo director del organismo, Jorge Todesca, informó ayer que en 15 días habrá un nuevo índice de inflación provisorio, y que se está trabajando en otros como pobreza y PBI. También que “pronto” se enviará un proyecto de ley para darle autarquía al Indec

Diálogo con los holdouts

El secretario de Finanzas, Luis Caputo, ya tuvo los primeros contactos en EE.UU. con el mediador del conflicto con los fondos buitre, designado por el juez Griesa. Según el Gobierno, la intención es llegar a un acuerdo con ellos, pero “sin dejar de negociar con dureza”