LA NACIÓN, domingo 31 de enero de 2016

Luego de una seguidilla de traspiés en los primeros 50 días de gestión, el presidente Mauricio Macri decidió armar, la semana pasada, una “mesa política” para discutir preventivamente la mejor manera de instrumentar y comunicar las decisiones y decretos más conflictivos.

Con esa determinación, el Presidente busca evitar nuevos errores políticos que afecten la imagen de su administración y comprometan la gobernabilidad en el Congreso para la futura sanción de leyes.

El disparador de este intento de control de daños fue la crisis de la Casa Rosada con los gobernadores del PJ, que expresaron su rechazo al decreto 194/2016, de hace dos semanas, que aumentó de 1,4 a 3,75% la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires.

Según pudo saber LA NACIÓN, Macri tomó conciencia del riesgo de repetir estas desinteligencias y comenzó a reunir a su mesa chica en la Casa Rosada, después del foro de Davos, y en forma periódica. Participan de manera permanente el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

“Se busca un análisis preventivo para pulir políticamente decisiones que puedan afectar la relación con los gobernadores, sindicatos, partidos de la oposición o que impacten en las encuestas”, confió un ministro.

También integran esa mesa tres influyentes funcionarios: los secretarios de Gabinete, Gustavo Lopetegui; de Coordinación Administrativa, Mario Quintana, y de Comunicación, Jorge Grecco.

Existen otros ministros que son participantes rotativos de esa “mesa política”. Se los convoca, según el tema de cada encuentro: entre otros asistieron Alfonso Prat-Gay (Hacienda y Finanzas), Jorge Triaca (Trabajo), Juan José Aranguren (Energía) y Fernando De Andreis (secretario general de la Presidencia). Si bien Macri y Peña consideran que la gestión y la comunicación deben reemplazar a la política, en los primeros dos meses de gobierno la mala praxis política desató crisis con fuertes costos políticos.

Por el decreto simple 83/2015, el 14 de diciembre último el Presidente designó en comisión a dos nuevos miembros de la Corte Suprema y provocó el rechazo del peronismo y de varios aliados de la UCR. Depende de ellos a fin de obtener el acuerdo para esos jueces con dos tercios del Senado.

Dos semanas después, por el DNU 267, el Poder Ejecutivo reformó por decreto las leyes de medios audiovisuales y de telecomunicaciones y unificó la Afsca y la Aftic en un solo organismo. Esto fue impugnado en la Justicia y seguirá su trámite en Tribunales.

Hace dos semanas, Macri decretó el aumento de la coparticipación a la Ciudad y despertó el reclamo de las demás provincias. Por otra parte, en pleno enero, tras la triple fuga del penal de General Alvear, la Casa Rosada anunció la recaptura de los tres fugitivos y sólo se había detenido a uno. Todos esos conflictos tuvieron alto voltaje y fuerte desgaste.

En medio de ello, el Poder Ejecutivo anuncia todos los días despidos de empleados contratados y desencadenó un conflicto gremial con ATE, que denunció que no todos son “ñoquis” y prepara medidas de fuerza.

“Está bien la imagen de reconocer los errores y enmendarlos. Pero no se puede hacer todos los días”, señaló a LA NACIÓN un funcionario autocrítico. Otro allegado a un miembro de esa mesa política agregó:

“No podemos cometer más errores. Hay que ajustar los mecanismos. En marzo necesitamos sacar leyes clave en el Congreso y no podemos perder apoyos por estas cosas”.

Los encargados de construir mayorías parlamentarias son Frigerio y Monzó, mediante la relación con los gobernadores, los partidos políticos y los bloques parlamentarios, en especial el PJ.

Entre los primeros conflictos que se resolvieron sobresalió el de los gobernadores del PJ, que reclaman la devolución del 15% de coparticipación que retiene la Nación para la Anses desde 1992. Se definió allí la estrategia para negociar con los caudillos en la reunión del miércoles último: el Gobierno llevó la propuesta de ponerse al día con las deudas por obras públicas, abrió una discusión por el flujo de recursos y dictará un decreto correctivo del 194/2016, que consistirá en aplicar el aumento a la Ciudad de 14.500 millones de pesos estrictamente al traspaso de la Policía Federal.

También se analizó en esas reuniones la agenda que inquieta a la Casa Rosada por el impacto de la inflación en el bolsillo de la gente y en el humor social. Se estudió la manera de presentar el aumento de 500% en las tarifas de energía eléctrica, anunciado anteayer; las negociaciones con los sindicatos para las próximas paritarias por aumentos salariales, y el futuro del programa Fútbol para Todos, que transferirá un tope de recursos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a los clubes.

En esas deliberaciones se decide la agenda de los temas instalados y los que el Gobierno quiere instalar a futuro: quiénes son los voceros en cada anuncio, qué y cómo lo dirán, los posibles aliados y la búsqueda de respaldos.

Un fuerte temor en el ala política del Gobierno, que integran Frigerio y Monzó, radica en que la seguidilla de “errores no forzados” dañe la relación con los sectores moderados del peronismo en el Congreso, a los que Macri necesita seducir para sancionar un paquete de leyes clave para la economía. O que, incluso, unifique a esos diputados del PJ dialoguista con los más duros del kirchnerismo, como ocurrió con los decretos de la Corte y de la Ciudad de Buenos Aires.

En marzo próximo, la Casa Rosada intentará aprobar las llamadas leyes cerrojo y de pago soberano, para destrabar las negociaciones con los holdouts en Nueva York, y buscará el acuerdo para los dos jueces de la Corte Suprema, la ratificación parlamentaria de los decretos y de otras leyes, como la del arrepentido, el acceso a la información pública y la reforma electoral.

Una agenda cargada de desafíos

1. Paritarias salariales

Los sindicatos pretenden aumentos salariales por sobre el 30% en función de la inflación proyectada por los aumentos de diciembre y enero. El titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, puso ese piso mientras la CTA de Pablo Micheli habla de un mínimo de 35%. En el Gobierno existe preocupación porque las metas de inflación serán de entre 20 y 25%

2. El bolsillo

Para compensar las malas noticias por la inflación y suba de tarifas, el Gobierno podría apurar algunos anuncios positivos para las próximas semanas: una nueva ley de rebaja al impuesto a las ganancias, la eliminación del IVA para los alimentos; la ampliación de la Asignación Universal por Hijo para los monotributistas y el aumento semestral por ley para los jubilados

3. Temario legislativo

En marzo, la Casa Rosada deberá buscar consenso parlamentario para aprobar en el Congreso las llamadas leyes cerrojo y de pago soberano, para destrabar las negociaciones con los holdouts en Nueva York; también buscará el acuerdo para los dos jueces de la Corte Suprema, la ratificación parlamentaria de los DNU y de otras leyes como la del arrepentido, el acceso a la información pública y la reforma electoral

4. Los despedidos

El Gobierno despidió cientos de empleados públicos contratados. Según ATE totalizan 7800 y asegura que no todos son ñoquis. En la Casa Rosada indican que se les dejó de renovar el contrato a quienes no cumplían funciones, pero aún no hay una explicación del contexto en que fueron desafectados

5. Los gobernadores

Tras el decreto 194/2016, reclamaron la devolución del 15% de la coparticipación que la Nacion le retiene a las provincias desde 1992. La Casa Rosada negociará la manera de compensarlas, le devolverá fondos por obras públicas y planes sociales. Y deberá corregir el decreto de aumento de coparticipación a la Ciudad para pagar la Policía Federal

Más recursos para la Ciudad

La administración de Horacio Rodríguez Larreta recibirá un millonario giro de fondos del Banco Ciudad, luego de que esta semana el Banco Central-presidido por el ex funcionario porteño Federico Sturzenegger- aprobara una operación que la gestión kirchnerista había dejado pendiente.

La banca de la Ciudad, presidida ahora por Javier Ortiz Batalla, dispuso esta semana la transferencia de utilidades netas al Ejecutivo porteño por 476,1 millones de pesos, correspondientes a resultados de los años 2010 a 2014.

De acuerdo con lo expresado en la normativa porteña, los más de $ 400 millones que giró el Banco Ciudad se transferirán a un fondo fiduciario que será utilizado por el gobierno local para realizar obras nuevas con fines sociales y soluciones habitacionales en la ciudad de Buenos Aires.

Apertura

Mariano Obarrio

 

Entrevista I

Sergio Uñiac, Gobernador de San Juan

LA NACIÓN, 29 de enero de 2016

El gobierno de Mauricio Macri continuó ayer en la Casa Rosada las reuniones para acordar la reforma política y electoral. La novedad más importante resultó que el presidente del PJ, Eduardo Fellner, adelantó que respaldará la aplicación de la boleta única electrónica, la unificación del calendario electoral y la creación de un organismo autárquico que organizaría las elecciones por fuera de los poderes Ejecutivo y Judicial.

El ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, recibió en el Salón de los Escudos a los jefes de los partidos políticos con representación nacional junto a su secretario de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional, Adrián Pérez.

Fue la segunda reunión por este debate. Frigerio había recibido apoyo de los gobernadores la semana última y se prevén futuros encuentros con académicos, ONG y los diputados y los senadores. “Básicamente, apuntamos a que en 2017 los argentinos podamos votar de otra manera”, dijo Frigerio en la posterior conferencia de prensa.

Por su parte, Adrián Pérez adelantó que aspira a tratar la reforma “este año en el Parlamento” y anunció que “hay consenso para eliminar la boleta por partido e ir al sistema de boleta única, que ya tuvo buenas experiencias en Salta, la Capital Federal, San Luis y Resistencia”.

Según pudo saber LA NACION, la Casa Rosada enviará uno o dos proyectos de ley al Congreso para instituir la boleta única electrónica y para crear un organismo electoral autónomo que reemplazaría a la Dirección Nacional Electoral.

En cambio, la unificación del calendario electoral se definiría mediante un consenso con los gobernadores, porque no requiere de un cambio en la legislación. Habría dos fechas para cada año electoral: una para las elecciones de cargos provinciales y otra para los nacionales.

“Queremos votar en 2017 con boleta única, en reemplazo de las boletas de cada partido, como mínimo. Pero apuntamos a que sea la boleta única electrónica con la incorporación de la tecnología”, señaló a LA NACION una alta fuente de Interior.

“La aplicación de la tecnología podría incorporarse también en otras instancias del proceso electoral, como la creación de padrones con identificación biométrica”, agregó.

En la misma rueda de periodistas, Fellner adelantó su respaldo. “Nos va a hacer mucho bien a la democracia y a la forma que nos debemos de poder respetar a la voluntad popular”, expresó Fellner.

Pérez, ex diputado de ARI y el Frente Renovador, confirmó que buscará tratarlo en el Congreso “este año parlamentario” porque, dijo, “las reformas electorales se hacen en años no electorales para que rijan en años electorales”. Pero aún no hay plazos para el envío de los proyectos al Congreso: será cuando terminen las consultas.

Por el peronismo asistieron Fellner y el apoderado, Jorge Landau. Además, participaron José Corral (Unión Cívica Radical), Joaquín de la Torre (Renovador Federal), Hermes Binner y Alicia Ciciliani (Partido Socialista), Humberto Schiavoni (PRO), Graciela Camaño (Tercera Posición) y Jaime Linares y Omar Duclós (GEN).

También estuvieron Víctor De Gennaro (Unidad Popular), Humberto Tumini (Libres del Sur), Gabriel Solano (Partido Obrero), Pablo Javkin (Coalición Cívica-Ari), Patricio Echegaray (Partido Comunista), Juan Fernando Brugge (Demócrata Cristiano), Gerónimo Venegas (FE), Carlos Alberto Zaffore (Movimiento de Integración y Desarrollo), Alberto Asseff (Nacionalista Constitucional-Unir) y Mario Mazzitelli (Partido Socialista Auténtico).

Pérez consignó que en 2015 hubo elecciones en “30 de los 52 domingos del año”. Y por eso dijo: “Queremos ordenar el cronograma, respetando las autonomías provinciales. Podría haber dos fechas, una para la elección federal y otra para las de carácter provincial”.

Cualquier reforma electoral requiere mayorías especiales de los dos tercios en el Congreso, por lo cual la Casa Rosada necesitará construir un fuerte consenso entre todos los bloques parlamentarios.

Según trascendió, Fellner propuso invitar a las provincias a adoptar los mismos principios generales para evitar las listas colectoras y los acoples y prohibir que un candidato a gobernador lleve en su boleta más de un candidato a presidente. Fellner fue víctima de ese sistema el año pasado, cuando el radical Gerardo Morales lo derrotó “colgado” de las boletas de Macri y Sergio Massa.

Frigerio admitió que se podrían debatir también el financiamiento a los partidos y cambios en los sistemas de las PASO.

LA NACIÓN, 28 de enero de 2016

El gobierno de Mauricio Macri les dio contención política a los gobernadores del PJ. El ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, recibió ayer a once mandatarios y dos vicegobernadores del peronismo y acordó con ellos negociar dentro de dos semanas la restitución progresiva del 15% de coparticipación que la Nación les retiene a los distritos y devolver en cinco semanas más de 10.000 millones de pesos adeudados en obras públicas y planes sociales.

Frigerio anunció además que el Presidente firmará un decreto correctivo del decreto 194 de 2016, que aumentó la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires (CABA) de 1,4 a 3,75% de la torta coparticipable. Se trata de 14.500 millones de pesos que deben financiar el traspaso de la Policía Federal (PFA) a la Ciudad.

El nuevo índice de coparticipación disparaba automáticamente un aumento idéntico para la Capital en el fondo de la soja, que se reparte entre todas las provincias. Esto último, considerado un error político del Gobierno, provocó el reclamo de todos los gobernadores y es lo que se corregirá, tal como se informa por separado.

Según confiaron a LA NACION allegados a Frigerio, “la reunión fue positiva, hubo gestos del Gobierno, que asumió errores, y logros políticos de los gobernadores, y un compromiso conjunto de apostar al federalismo”.

Los acuerdos, logrados luego de más de dos horas de reunión, fueron anunciados por Frigerio y por los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey, y de San Juan, Sergio Uñac, en una rueda de prensa en el Salón de Conferencias de la Casa Rosada.

El funcionario macrista adelantó que el Gobierno se comprometió a “ponerse al día en cinco semanas” con una deuda que mantiene con las provincias de más de 10.000 millones de pesos: más de 7000 millones corresponden al pago atrasado de obras públicas y más de 3000 millones, a planes sociales demorados.

También informó que dentro de dos semanas comenzará una negociación entre la Casa Rosada y todos los ministros de Hacienda provinciales para la devolución progresiva del 15% de la coparticipación que la Nación les retiene a las provincias desde 1992 para la Anses y que los gobernadores del PJ nunca reclamaron a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Ese porcentaje fue restituido en diciembre último por la Corte Suprema a las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis, que habían demandado a la Nación, juicio que duró diez años. El gobierno de Macri comenzó a cumplir el fallo en diciembre mismo y el resto de las provincias ahora reclaman idéntico trato.

Fondos que no están

Para las tres provincias beneficiadas por el fallo, ese 15% equivale a 12.000 millones de pesos anuales. Si la Nación debiera restituir esos recursos a todas, necesitaría entre 80.000 y 90.000 millones de pesos en 2016, recursos que hoy no tiene.

Por eso se anticipa una ardua negociación. Un gobernador aseguró a LA NACION que las provincias descuentan que la devolución será progresiva y no inmediata. “Esto no es dogmático. Sabemos que no podrán darnos 80.000 millones. Pero vamos a ponernos en un punto intermedio y negociar otras cosas: peras, manzanas o bananas”, aseguró.

Con ese 15%, el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner financiaba la Anses y todos sus programas de “distribución del ingreso”, que eran aplaudidos por todos los gobernadores en los actos celebratorios en la Casa Rosada.

Pero ayer no hubo autocríticas. Urtubey aseguró que siempre impulsó un fondo de convergencia y Uñac señaló que el nuevo reclamo obedecía al fallo de la Corte -su antecesor, José Luis Gioja, de San Juan, nunca demandó judicialmente en épocas kirchneristas- y al decreto que beneficiaba a la Capital, lo cual dejaba en desventaja a 20 provincias.

De la reunión participaron Frigerio; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, y el secretario de Relaciones con las Provincias, Alejandro Caldarelli.

De los gobernadores, además de Uñac y Urtubey, estuvieron Gustavo Bordet (Entre Ríos), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Domingo Peppo (Chaco), Carlos Verna (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Sergio Casas (La Rioja), Lucía Corpacci (Catamarca) y Juan Manzur (Tucumán).

Además, participaron los vicegobernadores de Santiago del Estero, José Emilio Neder, y su par de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.

“Hay que transferir recursos, pero también hay que transferir responsabilidades”, expresó Frigerio durante la conferencia de prensa. Se refería a que las provincias se hagan cargo de financiar las obras públicas y la seguridad, sin asistencia de la Nación.

Urtubey y Uñac dijeron que quieren agotar la discusión política y administrativa, pero que si éstas fracasan, recurrirán ante la Corte Suprema. Consultado sobre posibles acuerdos parlamentarios a cambio de recursos, como un día antes había sugerido el senador Miguel Pichetto, jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Frigerio dijo que el Gobierno “no canjea obras por leyes”.

Para Larreta no fue una sorpresa

La Casa Rosada se comprometió a corregir el decreto que traspasó la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires, ya que contemplaba recursos extras provenientes del Fondo de la Soja y el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi). El anuncio no tomó por sorpresa al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Era lógico que se corrigiera el decreto porque estaba adosado lo de la soja y eso no nos correspondía. No hay ningún inconveniente”, informaron ayer a la nacion fuentes oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El traspaso de recursos extras al distrito que lidera Rodríguez Larreta, aliado del presidente Mauricio Macri, fue el disparador para que los gobernadores del PJ unifiquen sus reclamos contra la administración nacional. Así lo reconoció ayer el mandatario de Salta, Juan Manuel Urtubey.

Una tratativa con avances

Detalle de lo acordado por la Nación y los gobernadores

Coparticipación federal

En dos semanas se comenzará con una restitución progresiva del 15% que la Nación les retiene a los distritos. Sin embargo, los gobernadores dejaron latente su amenaza de judicializar el reclamo

Pago de deuda

En cinco semanas, se desembolsarán más de $ 10.000 millones adeudados en obras públicas y planes sociales

Mesa de trabajo

Se conformará una mesa técnica para analizar la descentralización de recursos y evaluar un mecanismo para la distribución de la coparticipación federal

Decreto correctivo

Se corregirán los montos de dinero que serán destinados a la Ciudad de Buenos Aires para solventar los gastos por el traspaso de la Policía Federal

Asistentes

Participaron ayer 11 gobernadores y dos vicegobernadores del peronismo. Los distritos que estuvieron representados fueron San Juan, Salta, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Chaco, La Pampa, Formosa, Santa Cruz, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Misiones

del editor: qué significa. La relación del Gobierno con los gobernadores podría guardar la llave de los proyectos oficialistas en el Congreso; las señales de ayer atienden ese frente.
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LA NACIÓN, 28 de enero de 2016

El ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, acordó ayer con los gobernadores del PJ que Mauricio Macri firmará un decreto correctivo del decreto 194 de 2016, que hace dos semanas le aumentó la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) de 1,4 a 3,75% de la masa coparticipable. Si bien se mantendrá el porcentaje, se aclarará que no afectará al reparto del fondo sojero y del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) a las demás provincias.

El decreto cuestionado estableció una transferencia de $ 14.500 millones para cubrir el traspaso de la Policía Federal -sueldos y gastos operativos- desde la órbita nacional al gobierno porteño que dirige Horacio Rodríguez Larreta.

Pero el nuevo índice de coparticipación de la CABA disparaba automáticamente un aumento idéntico en lo que la Capital Federal recibiría por el Fondo Federal Solidario (exportaciones de soja) y por el Fonavi.

El fondo sojero reparte entre todas las provincias el 30% de la recaudación nacional de retenciones a las exportaciones de soja. Se distribuye automáticamente según el índice de la coparticipación federal, aunque no forma parte de ésta.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, explicó que el Fonavi se repartía según los mismos índices y que también resultaría afectado.

El aumento del fondo sojero y del Fonavi a la Capital fue lo que de-sencadenó la protesta general de los gobernadores del PJ e incluso de algunos afines al macrismo, como Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Ricardo Colombi, de Corrientes. Por lo tanto, esto último es lo que se corregirá.

El decreto 194, que según pudo saber LA NACION es considerado un error político en la propia Casa Rosada, será corregido por otro decreto, que especificará que ese giro, de 14.500 millones de pesos, se aplicará estrictamente a los gastos del traspaso reciente de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal, del gobierno nacional a la Ciudad. Esta afectación específica de los recursos no estaba consignada en la norma.

En el mismo sentido, dejará aclarado que ese aumento de 1,4 a 3,75% (la diferencia es 2,35%) en la coparticipación federal no se traducirá automáticamente en un incremento idéntico para la CABA en el fondo sojero ni de la vivienda. Ese anuncio, a todas luces, dejó más tranquilos a los mandatarios del peronismo.

“No se reducirá el 3,75%, ni los 14.500 millones de pesos, sino que se especificará que sólo se aplicarán a cubrir los gastos de la Policía Federal y no se aplicarán al fondo sojero”, dijo a LA NACION una fuente oficial del Ministerio del Interior que dirige Frigerio.

“Hemos acordado con los gobernadores que el traspaso de la Policía Federal a la CABA se haga como dicta la ley con los recursos correspondientes”, dijo Frigerio en la conferencia de prensa. Y aclaró lo del decreto correctivo, un mal paso que desató el mayor conflicto entre los gobernadores y la Casa Rosada desde la llegada de Macri al poder.

LA NACIÓN, 28 de enero de 2016

El gobierno de Mauricio Macri recibió ayer, en una tensa reunión, a los organismos de derechos humanos, encabezados por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Las entidades presentaron duros reclamos por la detención de Milagro Sala y los despidos de empleados públicos, y exigieron la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad.

Los organismos fueron recibidos por el jefe del Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis. Garavano les garantizó que continuarán los juicios, pero sus interlocutores no se retiraron conformes. Además de Carlotto, concurrieron la organización Hijos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otras.

Los funcionarios dijeron en la reunión -y luego a la prensa- que “es responsabilidad del que gobierna llevar adelante las políticas públicas” en el área. Garavano aseguró que el Gobierno “ratifica la política del Estado en materia de memoria y justicia”, aunque admitió que “hubo puntos de coincidencias y algunos de divergencia”.

Carlotto planteó sus duras quejas por no haber sido recibida por el presidente Mauricio Macri, como ocurría en la época del kirchnerismo. Dijo que la reunión fue “extensa y clara” y que “hubo momentos de discrepancia, donde nosotros nos sentimos muy preocupadas por los despidos masivos, por la detención de Milagro Sala y la estructura de achicamiento en lugares de trabajo de derechos humanos”.

Las organizaciones entregaron un documento en el cual reclamaron la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, la búsqueda de personas nacidas en cautiverio, la búsqueda e identificación de los cuerpos de miles de desaparecidos y la preservación de los sitios y espacios de memoria.

Carlotto relató que tuvo un contrapunto con Peña cuando presentó el documento, en el que se culpa al Gobierno de tener “las puertas cerradas en el debate de temas centrales de nuestro país”, lo cual -añade- “nos remite a períodos a los que los más de 40 millones de argentinos ya dijimos «Nunca Más»”. Ello molestó al jefe de Gabinete, por la comparación con la dictadura militar. También exigieron que no se nombren represores en la nómina del Estado y que funcione el Congreso.

“No les gustó la frase «Nunca Más» que nos recuerda el Parlamento cerrado”, dijo Carlotto. Y señaló que el objetivo de la reunión no fue “agraviar, sino dialogar; si hubiéramos sentido como agravio cuando, en campaña, el Presidente dijo que éramos «un curro», no hubiéramos venido. Son accidentes que hay que dejarlos pasar”.

Garavano dijo que la continuidad de los juicios “está fuera de discusión” y que es “una política de Estado”. No obstante admitió discrepancias: “Plantearon algunas cuestiones que exceden a la agenda de derechos humanos y tienen que ver con una agenda política. Nosotros señalamos que no compartíamos ese enfoque”.

LA NACIÓN, 24 de enero de 2016

Luego de su paso por Davos y de la luz verde de los Estados Unidos para destrabar créditos de los organismos internacionales, el presidente Mauricio Macri resolvió acelerar un plan de obras públicas, que tendrá como prioridad resolver los problemas de las inundaciones, el hábitat, los ferrocarriles, la vivienda, el suministro de agua y algunos proyectos viales.

Según confiaron a LA NACION altas fuentes del gobierno de Macri, el levantamiento del veto del Tesoro norteamericano para los préstamos de entidades multilaterales a la Argentina liberará a mejor ritmo los envíos que estaban frenados.

“Fue una de las mejores noticias que el Presidente recibió en la cumbre”, dijo uno de los principales funcionarios del gobierno macrista.

“Eso permitirá avanzar en muchas obras que estaban paradas, algunos proyectos antiguos y otros nuevos, sobre todo en materia de inundaciones en la provincia de Buenos Aires”, detalló uno de los ministros que acompañaron a Macri al Foro Económico Mundial de Davos.

Esas obras se repartirán en el actual Plan Belgrano, que dirige José Cano con el rango de secretario de la jefatura de Gabinete, y en la Secretaría de Obras Públicas, que está en manos de Daniel Chain, dentro del Ministerio del Interior y Obras Públicas.

Previo a la decisión del Tesoro norteamericano, cuyo secretario Jacob Lew la informó el jueves pasado personalmente en Davos al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, la Argentina recibía sólo un bajo flujo de créditos porque el proceso para la aprobación se trababa frecuentemente en la negativa norteamericana.

“El flujo neto era negativo porque nos daban menos de lo que teníamos que pagar anualmente. A partir de esta decisión el flujo neto va a ser positivo y va a ser de cientos de millones de dólares, aún no está determinado”, confió a LA NACION uno de los funcionarios del equipo de Prat-Gay.

Lo que espera el gobierno de Macri, de aquí en más, es que ese proceso se acelere porque el gobierno de los Estados Unidos es un accionista importante del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

De todos modos, Macri anunció que no quiere tomar crédito del FMI, y ello obedecería a una cuestión política. Pese a las bajas tasas que ofrece, el organismo está desprestigiado en los sectores populares y está identificado con la pérdida de autonomía nacional. Pero sí, en cambio, el Presidente ordenó gestionar financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

“Esa medida fue una señal muy fuerte hacia los mercados, así como la señal negativa también lo era”, señalan en el entorno de Macri para indicar que a partir de ahora se podría facilitar el acceso a los mercados de capitales internacionales para obtener fondos frescos. Pero el objetivo urgente del Gobierno es alcanzar un acuerdo con los holdouts para lograr bajar la tasa de interés sustancialmente.

Según un informe interno del Gobierno al que pudo acceder LA NACION, “encuadrado en los ejes estratégicos se están proyectando inversiones financiadas por organismos multilaterales para continuar fortaleciendo a las provincias del NOA y NEA (Plan Belgrano) en áreas de obras hídricas, vialidad, obras ferroviarias, acceso a la vivienda y urbanización de villas”.

También consigna que “estamos trabajando en procurar la infraestructura necesaria para evitar desastres naturales producidos por inundaciones en el Litoral, en la provincia de Buenos Aires y en otras localidades que padecen con frecuencia estos fenómenos”.

Dentro de la comitiva que acompañó a Macri consignaron que se gestionan además “líneas de créditos que permitan la construcción y mejoramiento de nuevos centros de atención de primaria de la salud, y en infraestructura productiva (autopistas, puertos, etc.)”.

El trabajo agrega que “se encuentran en ejecución programas de suministro de agua y saneamiento” orientados a “mejorar el acceso y la prestación de los servicios de agua potable en distintos distritos provinciales del país con especial foco en el NOA y NEA (incluidos dentro del Plan Belgrano) y provincia de Buenos Aires”.

Estos programas, según pudo saber LA NACION, financian principalmente acueductos, plantas depuradoras y extensión de redes de agua potable. Los nuevos créditos vendrían a reforzar estos programas ya existentes. Muchos de estos recursos, por ende serán gestionados en las subsecretarías de Hábitat y Desarrollo Humano, que dirige Marina Klemensiewicz, y de Desarrollo Urbano y Vivienda, que está bajo el control de Iván Kerr.

Según informó el Gobierno, Lew le transmitió a Prat-Gay en Davos que “los Estados Unidos considerarán cada uno de los proyectos argentinos según sus propios méritos”.

El veto que pesaba del Tesoro sobre los organismos multilaterales de crédito obedecía a una fuerte presión sobre la Argentina desde 2011 para que pagara sus deudas con los inversores norteamericanos luego de una década de la caída en default de 2001. Eso significaba que los Estados Unidos votaba contra la Argentina en nuevas líneas del Banco Mundial y del BID.

En Washington, según la Casa Rosada, valoraron mucho que Macri hizo algunas reformas clave desde que asumió el 10 de diciembre pasado, como iniciar las conversaciones para resolver el problema de los holdouts por la deuda impaga con fondos norteamericanos.

Además, destacaron que eliminó el control de capitales (cepo) y suprimió o bajó las retenciones agropecuarias.

del editor: qué significa. El atraso en obras de infraestructura es parte de la herencia del kirchnerismo; también en ese terreno el Gobierno busca marcar diferencias.
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